Texto del 2-06-2008 .
Cedida por Emilio José Zegrí.

Emilio José Zegrí Boada es penalista y experto en oratoria. De extensa trayectoria divulgativa, ejercida tanto desde su labor docente como en calidad de autor de numerosos artículos y libros, opina que la Filosofía y la Humanística deberían formar parte del bagaje de todo profesional del Derecho. Se define, asimismo, como conservador de la Constitución de 1978, avanzada a su época e inspirada, según él, por una ingenuidad democrática extraordinaria e irrepetible.

Penalista y profesor de oratoria

Desde 1986 combino mi labor como socio del bufete Zegrí + De Olivar + Ráfales, especializado en Derecho penal, con la de profesor de Oratoria, tarea docente a la que me dedico desde hace aproximadamente veinte años. Empecé en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona; luego, en un Máster de Derecho Empresarial para la Escuela Universitaria Abat Oliba, y, ahora en IL3, otro Máster de Derecho de Empresa de la Universidad de Barcelona. Poca gente opta por su aprendizaje: la mayoría de las personas rehúsan hablar en público. Sin embargo, es una materia que debería cobrar mayor importancia y no solo en la facultad de Derecho, sino también en la Enseñanza Secundaria. Para los abogados, por ejemplo, supone un apoyo fundamental en los procedimientos civiles, ya que actualmente se desarrollan de forma oral. Con el tiempo, la técnica de la oratoria, e incluso del teatro entendido como dominio escénico durante una alocución, se convertirán en asignaturas transversales.

Vocación alentada por el arte dramático:

Fui fundador de Comediants: es mi faceta artística. Me gustan el teatro y el cine y me apasionan las películas que unen el arte de la interpretación con el Derecho, como Testigo de cargo, Doce hombres sin piedad, Matar a un ruiseñor, El caso Paradine… Atesoro alrededor de 200 títulos, e incluso hice un estudio sobre los juicios y las películas: han despertado muchas vocaciones de abogado.

Estudio de la Filosofía, arma adicional a la oratoria

Cicerón es uno de mis referentes y, en cierta manera, está presente en mis actuaciones. Considero que un buen abogado, un buen orador, amén de tener una amplia cultura general, debería ser también un buen conocedor de la naturaleza, la Filosofía y las costumbres. Su observación da una estructura mental muy útil para abordar problemas intelectuales. La oratoria consiste en enfrentarte a un reto intelectual, digerirlo, hacerlo tuyo, sintetizarlo y expresarlo de una manera emocional, persuasiva y artística a la vez. Para ello, la Filosofía es fundamental.

Responsabilidad del abogado

Que alguien acabe en la cárcel es algo angustioso. Obviamente, los letrados tenemos una responsabilidad sobre el destino de nuestros defendidos. Aunque carezcamos del poder de decidir –lo tienen jueces y jurados–, debemos ser conscientes de nuestra importancia para inclinar la balanza a favor de la absolución o la condena del acusado. Hemos de estar concentrados y saber jugar con nuestra habilidad para solicitar aquello que más convenga a nuestro defendido.

Escasa informatización en el mundo judicial

Los avances informáticos se han introducido escasamente en los juicios. Son útiles para el trabajo previo de documentación, pero aún se teme que se borren datos o declaraciones, por ejemplo. Los juzgados sí están informatizados, pero mal interconectados. No obstante, se aprecian algunos cambios: se filman juicios civiles en formato DVD, se toman notas directamente en ordenadores, etc., pero, en general, la Justicia no va al ritmo del resto de la sociedad en este ámbito.

Desconfianza de los políticos en la Justicia

Con el paso de los años he llegado a la conclusión de que el poder político sigue una regla escrita en El Príncipe de Maquiavelo: “No hay que conceder demasiado poder a quienes se pueden volver contra el Príncipe”. Estoy convencido de que ahí radican los problemas de la Administración de Justicia. De hecho, ningún gobernante desde la Transición ha querido acometer la reforma de la Justicia, cuando sería relativamente fácil. Se trataría de aplicar criterios de ratio, optimización, etc.; de funcionar, en definitiva, con una organización de empresa, con medios y facultades suficientes.

Contrario a los juicios rápidos

A menudo se oyen quejas sobre el retraso de la Justicia. Para mí, el tempo es consustancial a la actividad de juzgar. Los procesos penales deben ser resueltos en un tiempo razonable. Soy enemigo de la Justicia inmediata, excesivamente rápida: se parece demasiado a un linchamiento. Estoy de acuerdo con la adopción de medidas cautelares, pero no con los juicios rápidos. Son poco reflexivos, y lo precipitado no suele ser justo. Es bueno que la Justicia disponga de los medios para juzgar un delito al día siguiente, pero lo ideal es que no lo haga. El paso del tiempo obliga a tomar distancia y transforma la vehemencia de los primeros momentos en algo más civilizado.

Fallos en la nueva legislación sobre violencia doméstica

La Ley de Violencia de Género es positiva: intenta atajar una situación tremenda que afecta a nuestra sociedad. Sin embargo, siempre se ha utilizado en los procesos matrimoniales para obtener ventajas en las separaciones, falseando a menudo la realidad. Este hecho debería también contemplarse.

Es bueno que los penalistas pacten

En mi opinión, el pacto a la americana, entre fiscales y abogados, es una medida acertada que debería promoverse. En su discurso de toma de posesión, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, Martín Rodríguez Sol, hizo una defensa de estos pactos muy acertada. El abogado defensor y el Fiscal saben que en ocasiones es mejor huir del debate y pactar. Lo importante es poner en orden el bien jurídico que se perturbó, más que celebrar un juicio a ultranza; porque un juicio, pese a su vistosidad, no deja de ser un momento extraordinariamente traumático para cualquier persona.

Bendita ingenuidad de la Transición

De aquella época reivindico, sobre todo, la ingenuidad democrática extraordinaria que se apoderó de la sociedad con entusiasmo y que cristalizó en una Constitución consensuada. Me declaro conservador de la Constitución de 1978, un texto muy equilibrado. Sin embargo, la ingenuidad democrática que la alumbró ha ido decreciendo, casi desapareciendo. Creo que, como decía León Felipe, en la vida es muy importante el amateurismo; también en la vida política y judicial: conservar cierta ingenuidad profesional –“no sabiendo los oficios los haremos con respeto”–, ver el lado humano de las cosas, saber cuándo y cómo apretar el botón de la misericordia.

Nuestra Constitución es avanzada

Al ser tardía en comparación con la de otros países, nuestra Constitución recoge derechos fundamentales de “tercera generación” que no recoge ninguna otra, como el derecho al medio ambiente o al trabajo. Esto es así porque fue inspirada en principios progresistas, generosos, pactistas y racionales; una clase de virtudes que no adornan hoy a nuestros políticos y que dejaban superada la dicotomía marxismo-capitalismo con el objetivo de solucionar asimismo los nacionalismos fratricidas. El gobernante debe hacer propuestas y tratar de llevarlas a cabo pensando en el bien del país, con independencia de los réditos electorales que pueda obtener a corto plazo.

No debería reformarse la Constitución

La Constitución del 78 es un gran pacto de Estado. Nos ha servido durante tres décadas y puede servirnos muchos años más. Si no nos parece justa en algún aspecto, cambiémosla según los métodos que establece la ley, un referéndum de ámbito nacional, pero no la incumplamos, no hagamos objeciones de conciencia. Es peligroso un cambio, sobre todo si lo propician los políticos en fraude de ley. Para mí, sería recomendable mantener tanto el sistema monárquico como el actual Estado de las Autonomías; modificarlos en falso abriría la caja de Pandora, y a eso me opongo decididamente.

Estado de las Autonomías y soberanía del pueblo español

Me parece contra lege que solamente una parte de los habitantes del territorio español pueda decidir sobre todo el resto. Opino que, quien debe decidir si los catalanes o los vascos podemos ser una nación aparte, es todo el pueblo español, detentador en origen de la soberanía nacional, según declara la Constitución. No creo que sea verdad que la gente que vive en un sitio tenga derecho al autogobierno sin oír a sus conciudadanos: es una visión libertaria, ultra-conservadora, excluyente y que parte de una irrealidad jurídica. Respeto la opinión, pero no la comparto.

Utopía de la independencia del poder judicial

Otro de mis referentes históricos es Tomás Moro, sintomáticamente el autor de Utopía, quien debería ser el patrón de la abogacía, dado que murió por defender la ley y la independencia en su aplicación. Estoy convencido, como él, de que el poder judicial debería ser independiente, y sin embargo no lo parece. Actualmente, en España su cúpula se encuentra anquilosada por las cuotas parlamentarias y carcomida por la política. Sólo un gobernante muy generoso, con una gran visión de Estado, podría poner remedio a la situación y lograr que se volviera a la independencia del poder judicial –siempre contrapesada por la ley–, empezando por aumentar y dignificar los haberes de los jueces. No puede aceptarse que los jueces cobren poco: es pura demagogia y populismo. Deben ser independientes económicamente, retribuidos en función de su gravísima y altísima función social, limitarse a juzgar y hacerlo bordeando la excelencia monástica. No está bien que, para complementar sus ingresos, puedan llevar a cabo trabajos suplementarios que potencialmente puedan mermar su independencia.