Texto del 20-01-2008 .
Fotografía cedida por Felipe Solano.

Comprometido políticamente durante la Transición, demanda hoy un Estado central firme que contrarreste las fuerzas centrífugas de algunas comunidades. Opina que el Estado de las Autonomías está vulnerando el principio de igualdad de los españoles ante la ley. Es partidario de reformar la Constitución, pero no de deformarla mediante reformas autonómicas. Respecto a la sucesión monárquica, estima más conveniente la abdicación que el relevo obligado tras la muerte del Rey.

En el contexto de la Transición, la reforma fue la mejor opción

En el contexto de la Transición, la reforma fue la mejor opción que pudo tomarse: la ruptura hubiera sido mucho más convulsa. Tan bien nos fue el pacto entre fuerzas políticas, que nuestro período de transición política hacia la democracia se ha convertido en un modelo para el resto del mundo. Todos cedieron en sus posturas iniciales y con ello nos dieron la estabilidad y el progreso que hoy disfrutamos. No soy de los que piensan que ya había algún tipo de Estado de Derecho en el tardofranquismo. Desde el punto de vista político, evidentemente no fue así: no existían los partidos políticos, ni tampoco la libertad de expresión, y además había censura. Desde el punto de vista jurídico, había ya un cierto aperturismo: se aplicaban el Código Civil, el Derecho mercantil, la ley de lo contencioso-administrativo. Existía, por tanto, algo similar a un Estado de Derecho, pero en absoluto podríamos hablar de un sistema democrático.

Vocación de abogado y compromiso político

Recuerdo con mucho cariño las elecciones del año 1977. Me presentaba en las listas de AP. Recorrimos toda la provincia y llenábamos los pabellones, hasta que llegó Suárez y aunó el voto conservador en su candidatura. Y no sólo eso; la aparición de UCD la escoró a la derecha y la identificó con el pasado. Aunque fui diputado autonómico de 1983 a 1987, y presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha de 1983 a 1985, siempre he vivido de mi despacho. Mi auténtica vocación, de tradición familiar, es la de abogado. Mi padre fue presidente de la Diputación de Guadalajara y alcalde de la ciudad, como ya fuera antes mi abuelo, también abogado. No es extraño, pues, que mi despacho date de 1906.

El café para todos frenó las aspiraciones de las regiones históricas

Cuando se redactaba la Constitución pertenecía a la Junta Directiva Nacional de Alianza Popular. Al llegar al Título VIII, el de las autonomías, empezó a debatirse cuáles de ellas eran las históricas, porque tal reconocimiento iba acompañado de derechos históricos, con lo que ello implicaba de desigualdad. Finalmente, se decidió dar autonomía a todas las regiones, y no sólo a las históricas, para frenar las aspiraciones de éstas. Así surgió el café para todos. Hoy, sin embargo, la escalada autonómica parece no tener fin, y detrás de los tirones de las comunidades históricas, vienen los de otras que no quieren perder privilegios. Y el resultado es que de España va quedando poco. Debe haber determinados poderes del Estado central que han de ser irrenunciables. Ya se han perdido competencias y soberanía en favor de la Unión Europea (moneda, tipos de interés) como para seguir dejándonos llevar por las fuerzas centrífugas internas. Además, van en sentido contrario a la tendencia unionista europea.

Instrumentalización mediática: la Ley de Memoria Histórica

Opino que tenemos buenas leyes, pero demasiado condicionadas por el llamado “cuarto poder”. Cuando hay temas de marcado carácter social, los grupos mediáticos intentan influir en las resoluciones judiciales sin ni siquiera conocer el sumario del caso. La Ley de Memoria Histórica, por sus características, es de las que se presta más a esta instrumentalización. Es obvio que cualquier persona con un familiar muerto en una cuneta tiene derecho a recuperar sus restos y darles una sepultura digna, pero para eso no hacía falta esta ley, ya existían disposiciones al respecto.

Invasión del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes del Estado

Se da una invasión del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes estatales. Entiendo que no hay mucho interés por parte el Ejecutivo de que exista un verdadero poder judicial. Para mí, tal y como está ahora, no es tratado como el tercer poder del Estado, sino como el último ámbito del que ocuparse. Y será así mientras la magistratura no se autogobierne y la cúpula judicial no pueda hacer lo que hace el presidente de las Cortes: pedir a la Administración dinero para organizarse; o mientras los jueces sean elegidos por los políticos, y no por ellos mismos. No debería existir el Ministerio de Justicia; en todo caso, el Ministerio de Relaciones con la Justicia. Por otro lado, hay jueces que trabajan mucho y que están desbordados a causa de la creciente judicialización de la vida pública.

Descargar de trabajo al Tribunal Constitucional

El papel del Tribunal Constitucional es determinar si una ley está conforme con la Carta Magna. Por la vía de los recursos de amparo les llegan multitud de asuntos y, por ello, se encuentra colapsado. Cada recurso exige poner un auto, ser admitido a trámite, etc. Podrían crearse secciones en los juzgados con la misma función que el Tribunal Constitucional para descargarlo de trabajo, y así podría dedicarse plenamente a los temas constitucionales puros y duros, que son los más políticos (matrimonios homosexuales, aborto, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, etc.).

Estado de las Autonomías y vulneración del principio de igualdad

El Estado autonómico está rompiendo uno de los principios básicos que proclama la Constitución: el de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Esto ya no es así. En unas comunidades se pagan más impuestos que en otras; los funcionarios de una comunidad están más retribuidos que los de otra, etc. Son disfunciones, anomalías y agravios comparativos del Estado de las Autonomías que habría que intentar corregir.

Reformar la Constitución, no deformarla

La Carta Magna prevé la posibilidad de ser revisada, aunque el mecanismo es complicado y supone convocar unas nuevas elecciones generales. Habría que jerarquizar el tipo de reformas necesarias. Algunas, las que cuentan con un consenso mayoritario, como la de la Ley Sálica, deberían poder hacerse sin tantas complicaciones. Lo que es evidente es que no puede modificarse la Constitución a través del cambio de los estatutos de autonomía, como se está haciendo. Eso no es reformarla, sino deformarla; es un fraude, porque se hace sin el consenso que el texto constitucional tuvo. En ese sentido, creo que la Carta Magna, una vez haya sido remodelada, tendrá que articular más claramente las delimitaciones del poder central y del autonómico, así como del régimen financiero a aplicar.

De nacionalidades a naciones

La Constitución recogió el concepto nacionalidad aplicado a algunas partes del territorio español. El problema es que de la nacionalidad se ha pasado a la nación, como ya recoge algún estatuto de autonomía. Y esto es así porque hay que redefinir de una vez por todas el Estado. Si se decide mayoritariamente que hay que evolucionar hacia un Estado federal o confederal, deberá plantearse, estudiarse y organizarse seriamente. Pero lo que no se puede hacer es reformar la Carta Magna de forma sibilina, a través de la modificación estatutaria. Si nos descuidamos habrá 17 naciones y, para mí, no hay más nación que la española. Otro cambio urgente es el de la Cámara Alta: el Senado resulta hoy inútil. Estaría bien que pudiera hacer algo de contrapeso con respecto a lo que se decide en el Congreso. A parte de esto, debería abordarse también el tema de la lengua común. En este sentido, se ha querido contrarrestar la imposición del castellano durante el franquismo con la casi prohibición actual que se da en algunas comunidades con lengua vernácula. No obstante, se trata de la tercera lengua del mundo, algo que nadie debería menospreciar.

Sería más prudente recurrir a la abdicación a favor del heredero que a la sucesión natural

Decir que España es juancarlista es un mensaje capcioso de los republicanos. Si es juancarlista, es felipista; o sea, monárquica. Para mí una monarquía constitucional representa lo mismo que una república. Nuestro sistema nos ha dado 30 años de paz y progreso y ha desempeñado el papel moderador que la Constitución le atribuye. Parece que caminamos hacia una sucesión natural, que se produzca al morir el Rey, pero quizá sería más prudente en esta primera ocasión, y en el momento adecuado, recurrir a la abdicación en favor del hijo. De esta manera la monarquía se asentaría definitivamente y nos olvidaríamos de las veleidades republicanas, que hoy por hoy no veo convenientes para nuestro país. Si la monarquía parlamentaria ha funcionado, debemos darle un margen de confianza al sucesor; me parece innecesario un referéndum sobre monarquía o república.

Obama y el nuevo orden mundial*

Comprendo que los americanos se sientan defraudados con Bush y con las guerras alimentadas por la industria de armamento del país, pero dudo que el flamante nuevo presidente pueda acometer todos los proyectos que incluía en su discurso. En un momento tan complicado no pueden hacerse grandes cambios en política exterior. Obama aporta ilusión, y es un hito histórico que un hombre de raza negra haya llegado a la Casa Blanca; pero, por desgracia, seguirá habiendo guerras y problemas. Tampoco soy muy crédulo sobre un replanteamiento financiero del mundo más sensible con los desfavorecidos. Sí que habrá, en cambio, un nuevo orden mundial: EE. UU. tendrá que compartir hegemonía con India o China.

* Nota del autor: Al coincidir la fecha de la conversación mantenida con don Felipe Solano y la toma de posesión del 44 presidente de EE. UU., fue inevitable que habláramos de este tema, dadas las dificultades, probablemente históricas, que va a tener su mandato.