Texto del 2-09-2008 .
Fotografía cedida por José Luis Soldevilla.
Entre las múltiples ramas del ejercicio de su profesión, José Luis Soldevilla destaca las bondades del arbitraje. Considera que esta modalidad de impartir justicia debería promoverse más, sobre todo para asuntos menores. Muy crítico con la sumisión del poder judicial al ejecutivo, opina asimismo que se está sacralizando la Constitución española, y que nuestra historia contradice a quienes temen que los vascos se pronuncien sobre su futuro.
Con el arbitraje, los tribunales son descargados de casos
El arbitraje debería ser más promovido por la Administración, sobre todo para asuntos de índole menor. Desde mi experiencia en este campo, me interesa romper algunas ideas preconcebidas al respecto. Suele asociarse el arbitraje a litigios entre grandes sociedades, e incluso a conflictos entre Estados, a la diplomacia. No es exclusivamente así. Se han constituido juntas de arbitraje en el campo de transportes de mercancías o de pasajeros, para reclamaciones tan sencillas, por ejemplo, como una pérdida de equipaje. Una de las bondades del arbitraje respecto a la Justicia ordinaria es que las juntas se especializan en materias determinadas. Ello facilita que se dicten unos laudos muy acordes con el día a día, más cercanos al ciudadano. Aún siendo laudos en Derecho y, por lo tanto, ejecutables por los tribunales, no están tan sujetos a la legislación vigente. Gracias al arbitraje se descarga de casos a los tribunales, lo que palia el colapso al que éstos se ven sometidos. Además de al arbitraje, me dedico especialmente a accidentes, urbanismo y acuerdos y desacuerdos entre cónyuges.
Antes de la Transición, España no era un Estado de Derecho
Los primeros cambios de la Transición los viví en la universidad, y mis inicios como profesional coincidieron con leyes tan importantes como la LOAPA, que dio tanto que hablar. A 30 años vista, recuerdo la Transición como la conquista de unos derechos de los que habíamos estado privados. Fueron tiempos de ilusión. Anhelábamos un Estado de Derecho con todos sus derechos y libertades. En mi opinión, hasta entonces, España no era un Estado de Derecho. El Derecho se aplicaba, pero de forma domesticada, sin tener un cuenta la voluntad popular. Por eso fueron, también, años muy duros. Hubo una parte idílica, de consenso ilusionante; pero se dio en un contexto hostil, casi dictatorial.
Un país sin Justicia no es un país solidario
No interesa poner a la Justicia al nivel en el que debiera estar. Un país sin Justicia no es un país solidario. Al fin y al cabo, la Justicia sirve para evitar desviaciones. Si no funciona, éstas están a la orden del día. Yo tengo la suerte de ejercer en el País Vasco, cuyo Gobierno autónomo ha invertido muchísimo dinero en los medios materiales de la Justicia. En el resto del Estado, en cambio, hay juzgados en edificios bochornosamente tercermundistas. No entiendo que el Gobierno no haya abordado aún estas cuestiones. Pero lo peor de la falta de medios es la lentitud, porque una Justicia lenta no es justa. Y ésa es, por desgracia, la percepción general de los ciudadanos.
Es vergonzoso cómo el Ejecutivo domeña los órganos judiciales
Es vergonzoso cómo el Ejecutivo domeña los órganos judiciales. El poder judicial debe ser independiente. De entrada, ha de modificarse la forma en que se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos judiciales. Al margen de que las cámaras de representación popular puedan también intervenir en alguna medida en los nombramientos, en mi opinión el Consejo General debería ser conformado mayoritariamente por miembros activos de la Justicia (magistrados, fiscales, abogados y procuradores).
Se legisla a remolque de las tertulias mediáticas y los editoriales de prensa
En España, se legisla a remolque de las tertulias mediáticas y los editoriales de los periódicos, y eso es grave, porque da pie a legislaciones precipitadas y de poca altura jurídica que se demuestran incapaces de solucionar los problemas que abordan. El legislador, o no consulta a los agentes que más tarde deberán velar por la aplicación de las leyes, o, si lo hace, les ignora. Un ejemplo claro es el de la Ley de Violencia de Género, tan pésimamente redactada desde el punto de vista técnico que propicia su uso inadecuado, sobre todo en cuanto a denuncias falsas. Legisladores aparte, echo de menos a los venerables jueces que tuve el privilegio de ver en acción cuando me incorporé profesionalmente al mundo del Derecho, no hace tantos años. Añoro la sensatez de la que hacían gala, un bien tan preciado en la judicatura de hoy.
Absurda sacralización de la Constitución
El nivel de la clase política actual, y sobre todo de los grandes dirigentes políticos estatales, no llega, ni de lejos, al de las grandes personalidades políticas que pergeñaron la Constitución. Hoy tenemos una calidad de legisladores manifiestamente mejorable; están encastillados en sus posiciones y son incapaces de llegar a ningún tipo de consenso. Ello se traduce en una sacralización ficticia y absurda de la Constitución que genera un importante rechazo entre amplios sectores de determinadas zonas del Estado español. Los padres de la Constitución ya previeron un mecanismo que permite la modificación de ésta, de manera que la sacralización actual va en contra del espíritu que la inspirara. Lo importante en una democracia constitucional es que todo el mundo la sienta como propia, y en mi opinión no sucede así. E intuyo que este desapego crece progresivamente.
Por una nueva solidaridad desde la diferencia
El principio de solidaridad que se establece en la Constitución es básico, como cualquier norma fundamental que nazca de un pacto de sensibilidades diferentes. Dicho esto, nadie ignora que en España existen históricamente tres hechos diferenciales importantes: el catalán, el gallego y el vasco, territorios que secularmente se han dotado de unos regímenes específicos que la Constitución ha procurado integrar sin perder de vista el mencionado principio de solidaridad, con el fin de que no se dieran situaciones de privilegio entre comunidades. En mi opinión, la Constitución plasma bien dicha integración. Lo que falla es el desarrollo posterior del marco constitucional (con leyes, por ejemplo, como la LOAPA), que ha dado lugar a un café para todos que ha acabado por agraviar a los hechos diferenciales anteriores a la Constitución. Quizá la solución sea un nuevo pacto por la solidaridad, pero esta vez desde la diferencia, sin apelar a la igualdad total entre comunidades. No veo otra manera de aglutinar a todo el mundo.
La descentralización ha sido buena sobre todo para comunidades con un atraso secular
Todo Estado centralista siempre tiene algo de dictatorial. Por su propia esencia, los polos de poder no distribuyen su potestad. Por ello mi valoración de la descentralización que se recoge en nuestra Constitución ha sido buena, sobre todo para comunidades con un atraso secular como Andalucía o Extremadura, que han despegado gracias a inyecciones de capital que antes no les llegaban. Redistribuyendo los polos de poder por toda la geografía, acercándolos a los ciudadanos, se consigue aplicar de manera más efectiva la solidaridad entre territorios.
Ningún referéndum balcanizará España
No temo a la llamada balcanización de España. Quizá exista a nivel de prensa, pero no en la calle. ¿Balcaniza un referéndum? No. La democracia consiste en que la voluntad popular se plasme en una ley, en una organización. Preguntar al pueblo es algo que en una democracia jamás debería dar miedo. Sólo habrá balcanización si se obstaculiza la voluntad popular. En Quebec han celebrado varios referéndums de independencia, los han perdido, y no ha pasado nada. El problema es que Franco inculcó en nuestra estructura mental el miedo a escuchar al pueblo. Imaginemos que se celebra un referéndum en el País Vasco y en Cataluña. Si la gente opta por permanecer en España, que es lo más probable, ya nadie podrá decir que el País Vasco y Cataluña quieren la independencia, porque se habrá demostrado que la mayoría no la quiere. El problema lo tendremos si no damos la oportunidad a que el pueblo de esas comunidades se posicione al respecto. Yo, antes de llegar a una situación sin salida política, sería partidario de que se permitiese una consulta en ese sentido.
Vascos, fueros y Rey
No debemos olvidar que, históricamente, los vizcaínos hemos sido fieles al Señor de Vizcaya, quien, desde hace mucho tiempo, es el Rey de Castilla. A cambio, una de las cosas que tenía que hacer el Rey era venir a jurar los fueros a Guernica. Había un pacto entre Vizcaya y la Corona, y lo mismo pasaba con Guipúzcoa y Álava. Se ha hecho así durante siglos, a lo largo de los cuales muchísimos vascos han estado al servicio de Castilla y han contribuido a su grandeza. No entiendo, por tanto, porque despierta tanta desconfianza que los vascos se expresen. Aprendamos de la historia: el pacto es siempre la mejor solución.
No me parece importante que llegue a reinar el Príncipe Felipe
No creo que la monarquía esté siendo cuestionada, ni que vaya a serlo en un futuro próximo. Tampoco aprecio mucha diferencia entre una monarquía constitucional y un presidencialismo de la misma naturaleza. Lo importante en una democracia es que el Ejecutivo lo forme quien elija las urnas, y eso ya sucede. Además, si pensamos en el coste económico que supone tener una Casa Real, resulta que puede salir más barato a los presupuestos del Estado que los expendios que demandan determinados presidentes estelares. Otra cuestión es que, en estos momentos, no me parezca importante que llegue a reinar Felipe VI.
