FERNANDO AZCONA RECIO
FERNANDO AZCONA RECIO
TH, 3r VOLUM. El estado de derecho después de 1978

FERNANDO AZCONA RECIO , MAZUELOS & AZCONA

Texto del 27/01/2009,
Fotografía cedida por Fernando Azcona.

En opinión de Fernando Azcona, la nueva Ley Concursal permite establecer los criterios por los cuales lograr que una empresa sobreviva a sus dificultades. Lamentablemente, la escasez de medios judiciales y la avalancha de concursos que se está produciendo hoy día impiden que esta norma demuestre sus bondades. Con experiencia docente en el ámbito del Derecho mercantil, fiscal y laboral, aboga por una firme política de inversión industrial en el territorio andaluz.

Sensatez y clarividencia de una generación de políticos

Aunque, por edad, no poseo grandes recuerdos personales de la época de la Transición, pienso no obstante que no hace falta haber vivido intensamente una época para conocerla o incluso recordar nítidamente cosas puntuales de ella. De todo aquel período destacaría la enorme convulsión que el salto a la democracia produjo en una sociedad española que, sin embargo, supo encarar la quiebra del poder antiguo y la asunción de uno nuevo con gran confianza en el futuro. Según fue transcurriendo el proceso democrático, los españoles fuimos constatando la realización de nuestras mejores esperanzas y llegamos a ver las cosas con una cierta tranquilidad. El Rey, así como los miembros de la clase política, lograron sobrellevar y apaciguar aquella convulsión, hasta el punto de que hoy día todavía nos sorprende lo sensatos y clarividentes que fueron los políticos de entonces al saber canalizarla para, con inteligencia, ir paso a paso dirigiéndola hacia una definitiva plasmación de las libertades.

Solucionar problemas del Estado sin necesidad de modificar la Carta Magna

La Constitución, fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, es un pilar básico de nuestro Estado de Derecho, y por ello la respetamos. Este respeto, en mi opinión, contribuye no poco a que aún perviva. Puede ser que el transcurso de estos 30 años haga necesarias, no obstante, una serie de reformas. Aunque es cierto que tanto nuestro sistema representativo como la independencia de los poderes políticos del Estado están pidiendo una revisión a fondo, creo que son problemas que podrían solucionarse sin tener que modificar el texto constitucional. Se podría, por ejemplo, despolitizar un poco el poder judicial mediante un ajuste de su ley orgánica. Evitando modificar la Carta Magna, reformaría el sistema electoral de mayorías, para que los partidos minoritarios no tuvieran el peso que actualmente tienen y que tanto condiciona la gobernabilidad de nuestro país.

Convertir el Senado en un foro para las minorías territoriales

Sería conveniente reformar el Senado con el fin de convertirlo en un buen foro donde las minorías territoriales del país pudieran gozar de la importancia de tener voz y voto en aquellos asuntos que les conciernen.

Necesitamos un cambio sustancial en la Justicia

Me temo que, a pesar de las huelgas, y por mucha que sea la presión que actualmente estén ejerciendo los jueces para solucionar los graves problemas que aquejan a la Justicia, la clase política no dejará de contentarse con hacer remiendos para no decidirse de una vez por todas a cambiar sustancialmente el sistema judicial. Si bien todo se arreglaría en gran medida con un aumento presupuestario, la crisis económica que ahora padecemos no dibuja el panorama más apropiado para lograr una solución.

El problema de la lengua: una cuestión de respeto

La cuestión del idioma en España se reduce a un tema de respeto: las comunidades bilingües deben profundizar en ambas lenguas. Lo importante es que el acento no se ponga en una sola, como parece estar pasando ahora, con clara desventaja de la lengua oficial del Estado. Nadie puede dejar de saber español y nadie, a la hora de buscar un trabajo o acceder a los servicios públicos, debe ser discriminado porque sólo sepa hablar español.

Otorgar al Estado más responsabilidad en materia educativa

La educación es una prioridad en todos los países. Por desgracia, en el nuestro no se está desarrollando acertadamente. En ciertas zonas, la historia de España apenas se estudia en base a los pactos políticos impuestos por algunas comunidades. Como sucede con la lengua, el péndulo debe centrarse otorgando mayor responsabilidad al Estado central en materia educativa.

Descentralizar no significa debilitar el Estado

Todas las comunidades se sumaron a las legítimas aspiraciones de Cataluña y el País Vasco, punta de lanza del Estado autonómico. EE. UU. y Alemania son dos buenos ejemplos que demuestran que una intensa descentralización no está reñida con el sentimiento de unidad de la nación. Y aunque nuestro proceso autonómico ha sido extraordinariamente bueno para el desarrollo del país, hay que reconocer que algunas comunidades están cruzando el límite competencial que establece la Constitución. El afán de aplacar la conflictividad política no debe llevarnos a mermar la fuerza de un país. A pesar de todo, creo que podemos sentirnos afortunados del sistema democrático y del Estado de las Autonomías que hemos logrado.

Carecemos de una política de inversión industrial firme en Andalucía

En Andalucía no se sabía exactamente qué se iba a votar en el referéndum político de 1980, pues nadie tenía una idea clara de lo que era la autonomía. Pero fue la forma que encontró el pueblo andaluz de impulsar el proceso democrático. Actualmente, y aun contando con el crecimiento que hemos experimentado, somos, junto con Extremadura, la comunidad más desprotegida a nivel económico. Y lo seguiremos siendo mientras no aboguemos por una firme política de inversión en industria y de creación de empresas en lugar de depender de los subsidios, los cuales tampoco han de faltar. Por otro lado, es curioso observar cómo los medios siempre se centran en lo peor de esta tierra: el constante empeño de la prensa en mostrar la Andalucía profunda me parece irritante.

El español es un ser acomplejado

El pasado persigue a este país. Nuestra falta de presencia en Europa durante el franquismo y una política exterior demasiado partidista, le han hecho un daño más grave de lo que creemos a España. El español es un ser acomplejado. Salvo en el ámbito deportivo, donde parece que vamos imponiendo nuestra valía, todavía no hemos aprendido a resolver por nosotros mismos los problemas que nos acucian.

Leyes con disposiciones adicionales para modificarse unas a otras

En España se legisla demasiado y mal, entre otras razones porque la legislación se encuentra en manos de los políticos, quienes, naturalmente, se conducen más por impulsos partidistas que por la técnica jurídica. Ello permite, por ejemplo, que muchos estén utilizando la nueva Ley de Violencia de Género para conseguir un divorcio más ventajoso. Por lo demás, los bandazos políticos no son lo mejor si se quiere conformar una normativa consensuada y sólida. Hoy día las normas contienen disposiciones adicionales para modificarse unas a otras. No tenemos, en suma, una legislación adecuada a un proyecto serio de país.

Empleo erróneo de la Ley Concursal

En nuestro despacho estamos especializados en Derecho concursal. La nueva norma hace que el concurso disponga de medios para establecer aquellos criterios por los que una empresa pueda mantenerse a flote; digamos que la cura se halla en la Ley Concursal. Lamentablemente, dicha cura se está utilizando para enterrar a las empresas, es decir, se está haciendo un uso pernicioso de ella. Una buena utilización consistiría en establecer un amplio diálogo entre administradores, bancos, trabajadores y el juez de lo mercantil. Ahora bien, además de la avalancha descomunal de concursos que se está produciendo y que la ley no preveía (aunque todos sepamos que la actual crisis económica se veía venir de lejos), hay cantidad de concursos pendientes de ser atendidos debido a la falta de medios materiales. Por añadidura, no son pocos los despachos que se están apuntando a llevar concursos sin tener conocimientos concretos acerca del tema. Es mucha la responsabilidad y mucho el trabajo que exige esta materia nada fácil de dominar, pero parece ser que hay letrados que optan por estos casos exclusivamente por su rédito económico, aunque desconozcan el procedimiento. Se equivocan quienes pretenden aprovecharse de esta norma: el mercado les castigará.

Mayor rigor en la práctica del arbitraje

El arbitraje es el gran desconocido de la abogacía en España. Estoy a favor de intentar solucionar los conflictos de forma pacífica, pero entiendo que a este mecanismo le falta rigor. En el fondo no es más que una sentencia, pero hay que tener una gran capacidad técnica y jurídica para dar con la adecuada. Las grandes empresas tienden siempre al arbitraje, pues no en balde es una buena fórmula para ahorrarse tiempo y dinero. Además, nada alienta tanto al entendimiento como el hecho de que las entidades o personas enfrentadas se vean voluntariamente vinculadas por un árbitro.

Seguir el protocolo establecido y esperar a la sucesión por deceso del actual Monarca

Nada hace suponer que en España no llegará a reinar un día Felipe VI. Si bien es cierto que la institución monárquica, dada nuestra historia contemporánea, todavía no está totalmente consolidada, creo que perdurará en el tiempo. El Rey ha sido clave en el feliz desarrollo de la Transición y no es ajeno al respeto que los españoles sentimos por la Constitución. La monarquía, pues, se consolidará con el ascenso al Trono del heredero; algo que, por otra parte, no considero urgente en absoluto. Salvo por problemas serios de salud, entiendo que la institución responde a un protocolo definido y que habrá que esperar a que el Monarca fallezca para que le suceda su hijo en lugar de recurrir a la abdicación