Entrevistado 09/07/2008
Fotografía cedida por Fernando Escura.
El letrado Fernando Escura Serés dirige el renombrado Bufete Escura y es presidente de Hispajuris, una de las más importantes corporaciones de servicios jurídicos en España. Partidario del consenso y de la independencia judicial, su experiencia le lleva a afirmar que una sociedad digna debe empezar por dignificar la labor de sus magistrados. Cree en una forma de gobierno conceptual que tienda a integrarse plenamente en el concierto europeo.
Un bufete creado en el año 1905 y refundado en 1992
El Bufete Escura, formado por cuarenta profesionales, es un despacho multidisciplinar integrado por abogados, economistas y graduados sociales. Fue creado en el año 1905 y refundado en 1992 con el objetivo de constituirse en una sociedad de servicios integrales para empresas. Desde entonces, se ha ido consolidando cada vez más. En la actualidad, está presente en la totalidad de las administraciones públicas y es un referente indiscutible a nivel local. De hecho, contamos con la mejor base de datos de toda Cataluña; prestar un buen servicio local es sinónimo de buena abogacía.
Hispajuris: una innovadora alianza de bufetes locales de primera fila
En España, durante mucho tiempo, los abogados no hemos podido promocionarnos como es debido frente a otros colegas transnacionales que ofrecían una gama completa de servicios, en una situación de absoluta competencia desleal. Por ello, hace 15 años se fundó Hispajuris, sin duda la organización que aglutina a bufetes de abogados con mayor implantación en este país. Hispajuris se transformó de una mera asociación en una verdadera entidad prestadora de servicios con vocación de despacho único e integrado, que apuesta por la independencia de sus firmas. Hispajuris aglutina 45 despachos, con un total de aproximadamente 600 profesionales. Es una innovadora alianza de bufetes locales de primera fila donde, a través de la dinamización global, se refuerza la competitividad de sus miembros. El concepto de servicio integral se combina con la filosofía del despacho tradicional, próximo, flexible y de trato directo entre cliente y abogado. Hispajuris ha sido muy bien recibida por las grandes empresas y hasta ahora viene dando excelentes resultados.
La Transición fue un período de nuestra historia tan apasionante como difícil
Guardo una memoria indeleble de los años de transición hacia la democracia, que coincidieron con mi etapa universitaria y que fueron para mí un período de pasión e intensidad. Creo que la sociedad también vivió con igual fervor esa época. Debido a ello, la tendencia de la gente es recordar cariñosamente aquellos años, pero, con la perspectiva y los conocimientos que otorga el devenir temporal, puedo afirmar que fue un momento muy duro y complicado de resolver políticamente. El resultado final, gracias entre otras cosas a un contexto internacional propicio a que la Transición se realizara pacíficamente, fue bueno.
Durante el franquismo tuvimos un Estado de Derecho exclusivamente civil
Desde un punto de vista jurídico-civil, España, durante la dictadura franquista, era un Estado de Derecho limitado y carente de derechos sociales y políticos. En nuestro país, durante los años 50 y 60, estaba garantizada la propiedad privada del ciudadano y el Derecho civil español era perfectamente homologable con el de otros países, pero bajo la impronta represora propia de un régimen dictatorial.
La Constitución debería ser un decálogo de ideas y derechos y no un texto articulado más propio de una ley de desarrollo
En su conjunto, la Constitución de 1978 es meritoria porque pretende regular una situación sociopolítica determinada; igualmente, siento un profundo respeto por sus redactores, quienes realizaron una labor muy delicada y loable. Sin embargo, me declaro muy crítico con su redactado, propio del deficiente sistema constitucional español. Hay que recordar que la inmadurez democrática de nuestro país es un hecho histórico. Lo cierto es que todas nuestras cartas magnas han tenido el mismo defecto: pecan de extensión. Se trata de una declaración de voluntades tan dilatada que el intento de modificarla tiende a provocar el caos. El texto constitucional debería reducirse a un decálogo de ideas razonadas que se vieran desarrolladas a posteriori mediante una práctica juiciosa. La Constitución, mal que nos pese, se vulnera inevitablemente a diario, contiene una buena cantidad de artículos impracticables y lleva en sí misma una semilla de conflicto que, tarde o temprano, dará su fruto amargo si no somos capaces de interpretarla adaptándola a cada período determinado.
Habituados en exceso por la sugestión del suceso de actualidad
Lo ideal sería que nuestra Carta Magna fuera más conceptual, bastante más ligera, y que concretara firmemente la filosofía o el ideal de Estado de Derecho. De este modo nos evitaríamos tener que legislar constantemente. Además, en España nos hemos acostumbrado a dejarnos sugestionar excesivamente por el suceso de actualidad y por el consiguiente sentimiento público que desencadena. Por otro lado, parece que no tenemos confianza en quienes aplican el Derecho, que todo debemos dárselo rígidamente establecido, lo cual deja poco margen al siempre interesante, y en gran medida fundamental, desarrollo del consenso por parte de la jurisprudencia.
La desconfianza que padecen quienes administran justicia
El gran problema de nuestro sistema judicial, dejando aparte su más que evidente falta de medios, tanto tecnológicos como humanos y logísticos, es una cuestión que ya he apuntado: la desconfianza que padecen quienes administran justicia. En efecto: los jueces y los magistrados carecen del apoyo de la sociedad, la cual desconfía, por ejemplo, de que el Tribunal Constitucional vaya a desarrollar adecuadamente la Constitución. Conviene subrayar, no obstante, que nuestros textos son tan reglados y la política se incardina de tal manera en el proceso de administrar justicia, que los jueces tienen realmente dificultades a la hora de demostrar eficacia y así poder generar confianza. Una sociedad que se quiera digna empieza por dignificar a aquéllos que ejercen sus funciones públicas, mostrándoles respeto y confianza y retribuyéndoles adecuadamente.
Mantener la independencia del poder judicial, deber moral de todo político
El hecho de que el Parlamento elija a los miembros del Consejo General del Poder Judicial es inevitable, en realidad es como debe ser. La deficiencia reside en la falta de independencia de los diputados y de quienes son elegidos en el ejercicio de su cargo. Por otro lado, una vez nombrados los miembros del mentado organismo judicial, éstos deberían luchar por no perder la integridad en sus juicios: un mal deriva del otro. Se trata de una realidad difícil de controlar que va minando la moral de la ciudadanía en la calidad de nuestro sistema judicial.
Permitir que la interpretación de los hechos circunstanciales sea llevada a cabo por los jueces
Existen dos modos de regir una sociedad: uno es el puramente reglamentario, propio de sociedades atrasadas, que consiste en someter al ciudadano a todo un conjunto de reglas severas, y otro, desarrollado en sociedades realmente avanzadas, es aquél donde se parte como base de una evaluación propia, que permita que la interpretación de los hechos circunstanciales sea llevada a cabo por los jueces. Nosotros vivimos más cerca del primero de ellos, de ahí que se legisle demasiado y, en muchos casos, no se haga acertadamente.
Desigualdades propiciadas por la descentralización
Por lo que atañe al asunto del Estado de las Autonomías, se tiende a confundir muchos temas. El acercamiento de la Administración al ciudadano es un hecho sin duda positivo, que habría de perfeccionarse en lo posible. Ahora bien, una administración central, si es buena, puede llegar a ser tan o más cercana que una autonómica. En su momento, la situación política requería asumir unas desigualdades que no quisieron aceptarse. Tal vez la idiosincrasia de nuestro país presentaba una serie de particularidades, de hechos diferenciales, que debían ser respetados y que la descentralización no supo reconocer y resolver.
Caminamos hacia un gobierno unificado en Europa
El futuro, evidentemente, está en Europa, donde existe un gobierno de carácter conceptual. Desde el punto de vista jurídico, se están produciendo grandes transformaciones a nivel europeo. Por ejemplo, la figura del ministro de Exteriores se va delimitando; es decir, los Estados, poco a poco, van perdiendo influencia a nivel de política exterior: es el camino lógico que marca la unificación europea.
Polemizar sobre la Ley de Memoria Histórica me parece lamentable
Bajo mi punto de vista, es lamentable que, en una sociedad madura como la que, en principio, conformamos los españoles, se creen polémicas de esta índole. Todo el mundo tiene derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos; los muertos han de ser desenterrados si los vivos así lo solicitan. No hacerlo resulta inadmisible, vulnera los derechos individuales.
Sistema monárquico aceptado por la sociedad internacional
Por suerte para el sistema monárquico, la sociedad internacional actual, salvo excepciones notorias como la francesa, de larga tradición republicana, se acomoda a su existencia perfectamente. El gran debate en este sentido ha pasado a la historia. Los ciudadanos no desean cambios inútiles ni traumáticos, además de estar bastante alejados de esta clase de controversias ideológicas. Excepto en caso de vivir una gran crisis, opino que no conviene plantearse ciertos temas. Si las cosas funcionan correctamente tal y como están, no comprendo la necesidad de cambiarlas.
