Texto del 10/12/2002
Fotografía: Àngel Font

Francesc Andreu ha llegado a su relevante posición empresarial por méritos propios. Es un vivo retrato del hombre que contribuye a levantar la economía del país.

Representa al industrial con éxito, cuyas declaraciones, no exentas de cierta crítica, nos permiten captar las inquietudes de un sector clave para el desarrollo y el progreso de la nación, al que se exige mucho pero se consulta poco.

Proceso de recuperación de los derechos políticos de Cataluña

Soy una persona normal, formo parte de esa inmensa mayoría de gente ­corriente que aporta su trabajo diario a la construcción de este país y no muestra especial interés por los asuntos de la política, ni practica ningún tipo de compromiso o militancia partidista expresa. Y como la mayoría –según ­demuestran los resultados electorales en este territorio– soy catalanista: siempre he votado al partido político más radicalmente catalán. En este sentido, puede definírseme como tradicionalmente nos llaman, a muchas personas de esta tierra, en el resto de España: un catalán separatista. Quizá no resulte políticamente correcta esta declaración; no pretendo ofender a nadie con ella, sólo manifestar cómo me siento desde que tengo uso de razón, en lo referente a materia política.

Recuerdo con gran alegría, como muchos conciudadanos, el retorno del President Tarradellas. Fui a recibirle con mi novia, Montserrat, que hoy es mi mujer, y estuvimos en la plaza de Sant Jaume escuchándole junto a tantos catalanistas anónimos. Por fin podíamos demostrar nuestro sentimiento nacional. Nos pasamos el día entero dando vueltas en coche por Barcelona, haciendo sonar el claxon con el soniquete de la consigna reivindicativa: lli-ber-tat, am-nis-tía, es-ta-tut-d’au-to-no-mía. Aquel día fue una de las jornadas más importantes de mi vida. Tuvo mayor significación que otros posteriores y no menos relevantes, a los que en su momento no concedí tanta importancia, por no darme cuenta de su significado o por mi manifiesto desinterés por la política. En aquella época tenía una socia en la empresa, bastante veterana ya, que el día de la reapertura del Parlament de Catalunya se quedó en casa llorando de emoción.

En definitiva, el proceso de recuperación de las libertades políticas me alegró mucho, aunque careciera yo de la suficiente visión de futuro y de los conocimientos políticos necesarios para juzgar si acabaría bien o no. Era y sigo siendo optimista, no creía que se pudiese dar marcha atrás de ningún modo. Tras la llegada de Tarradellas, el proceso me planteó ciertas dudas, pero ahora, con ayuda de la perspectiva histórica, estoy convencido de que siempre avanzamos y ya no daremos pasos atrás. Cataluña siempre avanza; poco a poco, pero avanza. Nos paramos en ocasiones, cuando nos ponen obstáculos, pero estas trabas concluyen por sí mismas o son vencidas por nuestra voluntad política.

Evolución del sector industrial

Tanto a nivel individual como en el ámbito colectivo, el proceso democrático despertó las ilusiones y ansias de libertad de la gente. Pero la dinámica empresarial siempre es la misma, con dictadura o democracia: íbamos tirando, sin plantearnos demasiado las consecuencias futuras del cambio político. Desde el punto de vista laboral, si echamos la vista atrás, no podemos regocijarnos en el decurso de los acontecimientos. En 1977, mi fábrica tenía un operario para cada máquina; en cambio, hoy cada trabajador se encarga de dos o tres, y la producción es, sin exagerar, diez veces mayor por empleado; sin embargo, los plazos de entrega son más exigentes, los precios no han subido considerablemente y los salarios sí. En términos globales, no creo que el sector industrial esté mejor ahora.

Ciclos de crisis

Los años de la transición estuvieron marcados, a efectos económicos, por ciclos de crisis periódicas, sucesivas épocas de vacas gordas y vacas flacas. En Cataluña, los políticos nos decían: creced, invertid en vuestras empresas y posicionaros para competir en el mercado europeo. Así hice, y ahora tengo una fábrica moderna, gracias a la cual he sobrevivido a la crisis del sector, pese al descenso de la facturación. Con la llegada de la democracia, el sector industrial esperaba un cierto apoyo político. Pero el cambio de régimen no ha deparado ningún tipo de concesiones para los empresarios. Los políticos hablan muy bien, aunque sólo de boquilla, porque nunca han dado muchas oportunidades reales. Cuando los políticos dicen que el país debe avanzar gracias al esfuerzo de los empresarios, empiezo a desconfiar de sus intenciones. Valga como muestra una anécdota personal: el encargado de nuestro sector económico me animaba fervientemente, desde la Generalitat, a que invirtiese en el crecimiento de mi empresa. Seguir sus recomendaciones me causó ciertos problemas de tesorería.

Cuando acudí a solicitarle apoyo económico para salir del trance, se negó a ello aduciendo que la oposición no consentiría ningún tipo de ayudas; de todos modos, estaba dispuesto a presentarme, si lo quería, a una persona con capacidad para respaldarme. Mi segundo contacto transfirió el caso a un tercero, asistente suyo, que a la sazón me remitió al director de otro departamento, y éste a su secretaria. En definitiva, contacté con cinco personas seguidas, cada una de ellas me presentó a sus subalternos y así hasta llegar al botones. Conclusión: estaba de nuevo en la calle, con las manos vacías y sin la prestación prometida. Moraleja: si hemos salido adelante es por coherencia, moderación, sensatez y, también, porque la empresa estaba estratégicamente posicionada y se invirtió bien en maquinaria.

Si hubiéramos hecho caso omiso de las recomendaciones de los políticos hubiéramos crecido más lentamente, pero sin agobios. En resumidas cuentas, el industrial no ha podido contar con ningún tipo de aportación pública, o al menos eso ha ocurrido en mi caso, salvo una sola vez, cuando la administración se ofreció a subvencionar parte de la implantación del programa de calidad (vino un gestor e hizo un buen trabajo, gracias a esa participación puntual el sistema de control de la calidad ha contribuido mucho a modernizar el sector). Pero es la única intervención favorable de que tengo constancia en estos veinticinco años de democracia.

Necesidad de flexibilizar el empleo

La política actual de apoyo a las empresas desarrollada por las instituciones me parece equivocada. La administración concede subvenciones y exenciones económicas para contratar trabajadores, cuando los problemas surgen, por el contrario, a la hora de despedirlos. Si necesito una persona para una tarea concreta, parece ridículo que me ayuden a contratarla, pues la oferta laboral de nuestro sector productivo es muy amplia en la actualidad. Ahora bien, ese puesto de trabajo no puede considerarse eterno: la progresiva automatización de los procesos industriales, así como las necesidades de producción (relacionadas con los flujos de la demanda), exigen la flexibilización de las plantillas.

No pretendo abogar subrepticiamente a favor del despido libre, sólo pido comprensión a la administración y los sindicatos, porque la legislación

laboral, en este punto, no es favorable a los empresarios. El mantenimiento de mano de obra sobrante en los periodos sin trabajo suficiente perjudica a las empresas y, en general, a la economía del país. Hace poco escuché en la radio el debate entre un empresario y un sindicalista: el empresario sostenía posiciones semejantes a las que acabo de exponer, y abogaba por cambiar la denominación “empresario” por “empleador” (entendido como quien solicita empleados cuando los necesita y prescinde de ellos si no le hacen prestación). Pues bien, estoy muy de acuerdo con tal definición.

No es lo mismo ser industrial que ser empresario

Con frecuencia se confunden los términos empresario e industrial; a mi modo de ver, son dos cosas distintas. En los últimos tiempos está aumentando espectacularmente el número de empresas (es decir, de negocios dedicados a la legítima especulación o comercialización de un producto, que ha sido fabricado precisamente por el industrial). Proliferan, sobre todo, las compañías de servicios, intermediarias entre la industria y el consumidor final; su actividad permite obtener beneficios fáciles, pues necesita poca inversión inicial y una plantilla de empleados corta, a menudo de escasa cualificación. En comparación con ellas, el industrial es una especie en extinción: su margen de bene­ficios conlleva mayores riesgos y está sujeto a más fluctuaciones. Además, la evolución del mercado global impone el traslado de los centros de producción a países del Tercer Mundo, al sentirse desamparado por los poderes públicos de su propia nación.

Era muy joven cuando inicié mi actividad industrial. Empecé cargado de ilusiones; con el paso de los años he visto crecer mi fábrica, que hoy ocupa un lugar importante y respetado en el sector. Pero no me siento satisfecho. Vista la evolución de los tiempos, preferiría ser empresario de una actividad ajena a la producción fabril; de un negocio con reducido volumen de trabajadores, para ahorrarme muchos quebraderos de cabeza.

Empresario o recaudador de impuestos

Con la democracia llegó la reforma del régimen fiscal, una renovación diseñada y ejecutada sin el concurso de un agente social tan importante como la patronal. En un principio, las empresas no estaban debidamente preparadas para la gestión de sus nuevas obligaciones fiscales, hoy día totalmente asumidas por empresario y trabajador. Pagar impuestos supone haber ganado dinero, y si todos cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y el sistema resulta justo y equitativo, nadie debiera quejarse de los impuestos instituidos tras el cambio de régimen político. De todos modos, la administración fiscal ha derivado sobre el empresario la obligación recaudadora, asumiendo que entre sus obligaciones figura la alimentación de las arcas públicas. Esta responsabilidad fue aceptada de buen grado, pero deberían buscarse alternativas que liberasen al empresario de una carga para la cual no está específicamente preparado y por cuyo desempeño nadie le compensa económicamente. Cumplir con este compromiso obliga a contratar los servicios de un asesor fiscal y financiero, un encargado del papeleo de la Seguridad Social y un responsable de las auditorías obligatorias; de este modo, además de ­recaudar los impuestos directos e indirectos, también se sufragan a fondo perdido las funciones tributarias que deberían correr a cuenta del Estado. No somos gestores ni abogados, sino fabricantes y comerciantes, y no tenemos obligación de saber aplicar las leyes ni de perder nuestro tiempo estudiándolas. Por otra parte, el empresario tampoco recibe ninguna compensación del Estado, aun pagando un montón de impuestos. Si mi industria quebrase, valga el ejemplo, nadie de mi familia tendría derecho al paro, pese a la obligación –cumplida– de cotizar a la Seguridad Social y a los servicios prestados en la recaudación de toda clase de tributos.

Apostamos por la innovación y la calidad

Mi empresa fabrica piezas de caucho para todas las ramas de la industria, somos proveedores de grandes marcas comerciales del sector del automóvil, el pequeño electrodoméstico, la electrónica y un sinfín de aplicaciones industriales ­diversas. Nos hemos hecho relativamente conocidos a raíz de los sucesos del 11 de septiembre1 , porque también fabricamos máscaras antigás.

Tal como evolucionaba el mercado, hace unos años decidimos convertirnos en líderes de nuestro sector, como garantía de futuro para la empresa: o éramos una empresa puntera o no teníamos porvenir. No nos interesaba ser una industria pequeña, que basara sus ventas en la carencia de una costosa estructura; preferimos ser una empresa de alta tecnología, muy automatizada y con la mejor maquinaria. Invertimos mucho en equipos informáticos adaptados a nuestras necesidades específicas, también en máquinas más seguras y robotizadas para reducir mano de obra. Nuestro departamento de i+d2 realiza estudios detallados de cada encargo, para poder ajustar el presupuesto en función del coste de producción, el número de piezas, el precio del mercado y el plazo de entrega. A la larga, apostar por la calidad supone siempre un ahorro de dinero: una vez controlado el proceso de fabricación, para subsanar los errores basta con parar las máquinas y corregir el fallo, sin que por ello aumente el coste de producción. Las grandes marcas reducen costes limitando su número de proveedores y exigiendo auditorías de calidad, buenos precios y mejoras en el servicio, condiciones que nuestra fábrica cumple. En este sentido, tomamos conciencia de la importancia de la calidad gracias a los consejos de la Generalitat.

Mejorar las infraestructuras catalanas

Cataluña necesita la modernización y mejora de sus infraestructuras. La falta de previsión sobre el crecimiento del país ha dejado sin cubrir una serie de necesidades y servicios. Ejemplo claro ofrece el aeropuerto de Barcelona: ­debe dar servicio a toda la población de Cataluña y, muchas veces, también a la de Aragón, pero no dispone en la actualidad de vuelos internacionales directos más allá del área europea. Volar largas distancias supone la obligación de tránsito por Madrid, París, Londres o Dusseldorf. Nuestro aeropuerto no crece, y no precisamente por falta de viajeros; es como si el gobierno central nos hubiera castigado. Ya ocurrió algo parecido con el caso del ave Madrid-Barcelona, obra mal gestionada por el ejecutivo. El primer tramo construido tal vez reportase prestigio al gobierno, pero no dinero ni beneficios económicos para cubrir la inversión.

Desconozco los medios económicos puestos a disposición de la Generalitat para el desarrollo de grandes infraestructuras; los supongo limitados, pues tampoco ha hecho grandes cosas, el ejecutivo autonómico, en infraestructuras propias como el eje transversal, ya proyectado durante la Segunda República y que, una vez terminado, resulta insuficiente para las necesidades de conexión del país, tanto a nivel viario básico como a nivel de circulación del transporte comercial e industrial (aquí se demuestra, una vez más, el error de previsión ya comentado).

Necesidad de un concierto económico

Durante el proceso de elaboración de los primeros estatutos de autonomía, los vascos consiguieron un concierto económico. Quizás lo obtuvieron por ser mejores negociadores que nosotros, los catalanes, o porque el gobierno central pretendía con ello promover la estabilidad política de la comunidad autónoma, ante el problema de la violencia. De cualquier modo, un acuerdo económico de tal naturaleza constituye la única vía para el progreso futuro de Cataluña. Es preferible recaudar el dinero en Cataluña y luego pagar la parte correspondiente al Estado, que estar siempre pendientes del reparto planificado por el gobierno central.

Un deportista amateur

Empecé a hacer deporte cuando era muy joven. En aquella época, la gente vivía de una forma muy distinta, bastante más sencilla y austera (por ejemplo, en casa sólo teníamos una estufa y una radio), y el deporte no era una cuestión de moda o un signo de status social. Lo practicaba por afición personal; considero que es una actividad sana, educativa y muy satisfactoria, siempre me ha gustado y procuro mantener todavía una buena forma física. Empecé con el balonmano, después pasé al atletismo y me decanté finalmente por la práctica del rugby; he jugado en la división de honor de este ­deporte y con la selección catalana.

Guardo muy buenos recuerdos de esa etapa y conservo la amistad de excompañeros con los que aún me reúno regularmente, para continuar practicando alguna actividad física.

La figura de Jordi Pujol

Con Jordi Pujol he coincidido en alguna embajada comercial, o bien en las reuniones periódicas que mantiene con representantes del sector industrial. Admiro como persona al President de la Generalitat y reconozco cuanto ha hecho en pro de Cataluña. Es un buen político y como tal ha contribuido a la estabilidad de los sucesivos gobiernos de España, valor que no se le reconoce de modo suficiente.

Dicen que Pujol tiene una excelente memoria y una vasta cultura: puedo constatarlo, es capaz de acordarse de una infinidad de detalles y hablar prácticamente de cualquier tema con gran erudición. Pero, más allá del personaje político, me gustaría recordar una anécdota curiosa, anterior a su etapa de President de la Generalitat. Uno de sus hijos jugaba a rugby en mi misma época, y él acudía a los partidos a animarle. Durante un encuentro en La Fuixarda3 , su hijo cometió un error en una jugada y una persona del público le insultó e increpó de malas maneras. Pujol, que estaba en las gradas, saltó sobre las sillas para dirigirse hacia el espectador, y se le encaró a gritos en defensa de su hijo.

Este comportamiento enérgico, propio de cualquier padre, contrasta con el talante de moderación del President, así como con la propia actitud institucional en que estamos acostumbrados a conocerlo.

Soy partidario de una reforma de la Constitución

Últimamente se debate con frecuencia sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución. Personalmente estoy de acuerdo con tal reforma, más por razones de lógica que de política. Soy industrial, cada día debo conseguir una serie de metas y objetivos nuevos, no puedo permanecer quieto y sentirme satisfecho con lo logrado la jornada anterior. En el caso de la Carta Magna, prefiero concebirla como un ordenamiento vivo, dinámico: cuanto ayer estaba bien, hoy puede haber quedado obsoleto con respecto a la realidad. La Constitución habría de modificarse siempre que la opinión social lo exigiese, si es preciso de continuo, para adaptarse a las nuevas circunstancias y funcionar correctamente. Debería amoldarse a los tiempos actuales, muy diferentes de la época de su redacción, y dar cabida a las aspiraciones nacionalistas. No quisiera olvidar una queja anecdótica, no por ello menos grave, del sector empresarial e industrial contra la actual Constitución: la inconveniencia de celebrar su fiesta el 6 de diciembre, en el mes con más jornadas festivas; ese puente da la puntilla a la poca facturación que puede hacerse en tales fechas. Propongo el traslado de su celebración y pido disculpas por lo irreverente del comentario.

El problema de la inmigración ilegal

En un tono más serio, debe mencionarse un tema de constante actualidad: la inmigración ilegal. Cada vez son más las personas que, forzadas por la situación de sus países, llegan a Europa con la intención de mejorar su nivel de vida o, al menos, subsistir; pero se encuentran sin trabajo estable ni vivienda digna, y sin posibilidad alguna de legalizarse. El gobierno no tiene ideas claras para solucionar el problema, salvo el recurso fácil de la expulsión. Soy partidario de la expulsión de los indocumentados, pero no por racismo o falta de solidaridad, sino para atajar la creciente inseguridad ciudadana que deriva de esta situación. Algunos inmigrantes vienen con muchas ganas de trabajar y son muy buenos trabajadores, sobre todo los procedentes de los países del este de Europa, pero la falta de papeles les aboca a la delincuencia (de algo tienen que vivir, necesitan comer todos los días y vestirse). La convivencia ciudadana se resiente cada vez más de esta situación.

Muchas voces proponen, como solución alternativa al problema de la inmigración, crear puestos de trabajo en los países de origen de los emigrantes, hacer un esfuerzo inversor en esas zonas geográficas deprimidas para mejorar las condiciones de vida y evitar la huida de la población. Como empresario fui invitado a abrir una fábrica en un país africano, y mi sorpresa e indignación fueron parejas ante las condiciones impuestas para la inversión: tenía que dar un 10% de las acciones de la factoría a un señor, primo del presidente; un 5% a otro, amigo del ministro; y así hasta regalar la mitad del negocio. En resumidas cuentas: el montaje de un gobierno corrupto. De ahí que la solución no sea invertir en esas economías, sino sustituir los políticos sin escrúpulos que detentan el poder (y eso, no está en la mano de los empresarios).

Recuperar la figura del aprendiz

En ocasiones se comenta que el mercado laboral necesita más jóvenes preparados profesionalmente y menos licenciados universitarios. Puede ocurrir así en determinados sectores, mas no en la industria. Siempre será bueno ­para el país un incremento en el número de licenciados universitarios, personas éstas de amplia formación cultural, aunque luego, por desgracia, no todos puedan trabajar en su campo. Ciertamente, esta situación no es justa, pero tampoco me parece motivo suficiente de frustración profesional, pues su preparación superior les facilita la adaptación a cualquier actividad. En la industria, los procesos de producción perseveran en el automatismo. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar se necesitaba un operario por máquina y muy pocos ejecutivos de planificación e ingenieros para hacer funcionar la maquinaria. Hoy, en cambio, los nuevos métodos de producción y comercialización exigen muchos ejecutivos e ingenieros bien preparados, pero muy pocos obreros a pie de máquina. Cuantos más obreros haya en una fábrica, cualificados o sin cualificar, más caro sale el producto y, por ello, menos competitivo en el mercado internacional. Con buenas máquinas, robótica de última tecnología e ingenieros que sepan hacerlas funcionar, la industria catalana ofrece el mismo precio que los fabricantes chinos, pues ­apenas se emplea mano de obra directa. De todos modos, la formación profesional es muy importante y absolutamente necesaria. En este sentido, creo que Adolfo Suárez cometió un grave error al suprimir la figura del aprendiz, equiparando su cotización laboral a la de un operario cualificado. Lo estamos pagando ahora, con el déficit de mano de obra en oficios primarios como la albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, etc. Para cubrir esta necesidad, el empresario a menudo debe recurrir a la contratación de profesionales extranjeros.

Predican contra la violencia, pero ellos mismos se valen de ella, aunque sólo sea verbal

La ciudadanía está desengañada de las campañas electorales. La abstención crece en cada convocatoria. Los partidos no inspiran sino desinterés y desconfianza a la gente. Me pregunto el porqué de ese desprestigio ­general del oficio político. Todo es debido, según mi opinión, a la crispación imperante en el panorama político, con unos dirigentes dados al insulto y la descalificación, en vez de ocuparse en debatir sus programas de acción (a veces inexistentes). Esta actitud no reporta beneficio alguno al interés público y demuestra la escasa talla política de nuestros estadistas. Se muestran como oradores incongruentes: predican contra la violencia, pero ellos mismos se valen de ella, aunque sólo sea verbal, en sus actos. Han acabado por aburrirnos a todos y no les puedo perdonar su incapacidad para terminar con el terrorismo, a mi entender por intereses electorales partidistas.

Evidentemente, quiero vivir en una democracia. Pero en todo sistema democrático debe existir un cierto orden; un sentido común que no observo últimamente en nuestros políticos. Una coherencia interna que debe alcanzar también las declaraciones públicas y las actuaciones de quienes administran la res publica. Sólo se llegará a una buena solución de los conflictos si hay pactos, diálogo constructivo, sin abandonar por ello el cuidado del orden público, el trabajo de la policía y el interés por la seguridad ciudadana. Los violentos y la gente honrada no deben vivir juntos, lo cual no es fácil de conseguir, pero así cabe hacer para garantizar la salud de nuestra convivencia.