Texto del 04-11-2008 .
Fotografía: Àngel Font.
Titular de un bufete de abogados ilerdense, Francesc Sapena ejerce también como profesor universitario de Derecho Penal, ostentando el título de Investigador Universitario y siendo asimismo profesor de la Escuela de Práctica Jurídica. Antiguo miembro de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, está en posesión de la Medalla Colegial. Declara su añoranza del espíritu de cooperación de la Transición y piensa que la abdicación del Rey sería un buen aval para el Príncipe Felipe. Autor de varias publicaciones editadas en revistas especializadas, asimismo colabora en la prensa con artículos de divulgación jurídica.
Una etapa de entendimiento y tolerancia
De la Transición recuerdo el espíritu de entendimiento y tolerancia que caracterizó aquella etapa. Las personas responsables de llevarla a cabo sumaron sus ansias de progreso y se unieron para poder superar los obstáculos que, indudablemente, existieron. El objetivo primordial era llegar a una democracia, y tal deseo implicó a grupos políticos de tendencias e ideologías muy dispares. Precisamente, lo que más echo de menos en el mundo político actual es el arte de saber ensamblar esfuerzos que tanto caracterizó a los padres de la Constitución.
Considerar que la Transición no culminó es un error
Hace unos años creía que la Transición se había completado, pero, en cierto modo, a día de hoy se ha iniciado un replanteamiento que pone en duda el acierto de cómo se orquestó. A mi juicio, en nuestro país tenemos la mala costumbre de querer empezar las cosas sin tener en cuenta las experiencias previas. Personalmente considero un error la opinión, cada vez más difundida a través de los medios de comunicación, de que ahora es el momento de hacer la auténtica Transición.
Luchamos para no perder la oportunidad de vivir en democracia
El hecho de que poco después de instaurarse la Constitución llegáramos a salvar conflictos de Estado, como el intento golpista del 23 de febrero de 1981, nos muestra claramente que quienes impulsaron la Transición tenían la experiencia suficiente para aguantar los envites, nada fáciles, que conlleva todo cambio radical de valores. Considero que la superación de aquellas contrariedades es la muestra evidente de que existía un criterio consolidado por muchos años de esfuerzo y sufrimiento.
Rechazar una ruptura radical nos hizo evolucionar
A mi parecer, si la Transición representó un cambio gradual y no una ruptura radical con el antiguo sistema político, fue gracias a que personas como Santiago Carrillo, que representaban a grupos de un cierto extremismo pero que decidieron actuar dentro de un marco constitucional para acceder a un diálogo democrático donde todas las opiniones fueron respetadas. Si a ello le añadimos que tuvimos la fortuna de beneficiarnos de grandes políticos que tenían una visión de largo alcance, es incuestionable que rechazar cualquier tipo de ruptura fue lo más acertado para poder empezar a evolucionar.
Matices en la Ley de Memoria Histórica
Soy partidario de que se respalde a los familiares de las víctimas y de que los ciudadanos tengan sus derechos, sobre todo quienes no los tuvieron en su día. Creo que la Ley de Memoria Histórica es una ley justa en el sentido de que cualquier ciudadano debe tener la potestad de saber qué sucedió con nuestros allegados. Aún así, tengo mis discrepancias respecto a que se ponga en marcha un proceso penal. Considero que debemos centrarnos en el presente, aparcar el pasado y proyectar nuestros anhelos hacia un futuro dentro de un ámbito democrático. No existe nadie que no reconozca que una guerra civil es una barbaridad de la cual sólo puede extraerse una lección profunda.
No realizamos una buena labor con el sistema educativo
Uno de los fallos de la democracia que más me preocupa es el tema de la educación. Siempre he empleado la metáfora de que la democracia es una mesa que debe estar bien asentada por cuatro pilares, que son: la educación, la sanidad, el orden público y la Justicia. En cuanto uno de sus puntales falle, la mesa podría volcar. Quizás porque en su momento nos preocupaba más la política o el Tribunal Constitucional, no realizamos una buena labor en el ámbito de la educación. Es posible que no supiéramos establecer un modelo educativo eficaz y que nos asentáramos en la ingenuidad de no querer coartar al niño. Probablemente, con esa actitud aportamos unas perspectivas excesivamente edulcoradas y ajenas a la realidad.
No es prioritario modificar la Constitución
No creo que nuestra Carta Magna se halle en una etapa de caducidad, básicamente porque posee una gran riqueza en cuanto a los reconocimientos de los derechos de las personas. Es cierto que en treinta años, a caballo del siglo xx y xxi, la vida ha evolucionado y quizá algunos asuntos menores del texto constitucional no acaban de encajar del todo con nuestro presente. Aun así, actualmente hay prioridades más acuciantes, y poner en marcha una modificación de la Constitución significaría detener muchos aspectos de la vida nacional.
Carencias del Tribunal Constitucional
Bajo mi punto de vista, el Tribunal Constitucional resulta un organismo poco eficaz en algunos aspectos. Frecuentemente se observa una mezcla de los asuntos que le competen que afectan tanto a libertades particulares del individuo como a propuestas políticas sobre la modificación de grandes leyes. Si no se guarda una proporción, o si el Tribunal, por su composición o por su forma de actuar, no posee la suficiente capacidad de decisión, muchas cuestiones del particular pueden quedar automáticamente rechazadas y aspectos importantes para la vida política ser desatendidos. Para mantener la auténtica función del Tribunal Constitucional deberíamos equilibrarlo y realizar una prolongación de las fuerzas sociales y del poder político. Lo mismo es aplicable al Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son designados por los políticos en base a su filiación y no a sus destrezas profesionales.
Evitar el corporativismo de los magistrados
No debemos creer que los jueces hayan perdido el sentido de su independencia, aunque ciertamente debe evitarse que caigan en el corporativismo. Quizá un modo de conseguirlo sea tener en cuenta, para la formación del Tribunal Constitucional, no sólo a las asociaciones de jueces existentes como ocurre ahora, sino también contar con una cuota de participación de la inmensa mayoría de jueces que no están afiliados a ningún partido. Creo que, si se siguiera este método, sería posible comenzar a enmendar el funcionamiento del Constitucional.
Los parlamentos deberían hacer una revisión anual de su legislación para derogar todas aquellas leyes que no se apliquen
En España se legisla en demasía. Opino que sería muy positivo que los parlamentos realizaran una revisión anual de la legislación para derogar todas aquellas leyes que no se apliquen. Respecto al Código Penal, pienso que sería efectivo que las normas penales previeran unos criterios de política criminal claros y no se centraran únicamente en el aumento de penas, puesto que ello no evita que se sigan cometiendo delitos ni tampoco ayuda a la reinserción.
El proceso autonómico desatendió los hechos diferenciales
El Estado de las Autonomías fue la clave del progreso de nuestro país y nos trajo el Estado del Bienestar del que hoy disfrutamos. Con la creación de las autonomías tuvimos la descentralización que aproximó la Administración al ciudadano. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con la denominada solidaridad entre territorios, porque considero que se optó por un modelo de Estado simétrico y uniforme que generalizó el proceso autonómico sin atender debidamente los hechos diferenciales en el encaje de las nacionalidades históricas.
Subvenir las necesidades autonómicas
Las autonomías históricas tienen un peso específico como instituciones, algo que vemos claramente en el Código Civil de Cataluña o en el Concierto Económico vasco, realidades que no tienen aplicación en el resto del Estado. Particularmente, creo que los derechos que diferencian a unas comunidades de otras deben seguir prevaleciendo. La población debe comprender que ciertas circunstancias, como puedan ser la inmigración y el consiguiente crecimiento acelerado de la población, provocan la necesidad de que algunos territorios sigan manteniendo facultades diferenciadas para subsanar sus necesidades, que son distintas a las del resto de autonomías.
Necesitamos un referente que no sea motivo de discusión
Creo que los españoles necesitamos de un referente que no sea motivo de discusión y, actualmente, la monarquía cumple esta función. En el momento de su reinstauración, se optó por una monarquía parlamentaria, lo que significa que el Parlamento no solamente regula el funcionamiento del Estado, sino que también mide la actuación y las funciones del propio Rey. Si algo nos han enseñado las experiencias republicanas vividas en España a lo largo de su historia es que, una vez puesto en marcha dicho sistema político, deviene difícil garantizar su estabilidad y aceptación social.
El mejor aval para la continuidad monárquica: la abdicación del Rey a favor de su hijo
Las probabilidades de que Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, llegue algún día a ser Rey de España dependerán en gran medida de su habilidad para acercarse a los problemas reales del país y de los sentimientos que su actitud despierte en la población. La posibilidad de una abdicación por parte de Su Majestad, don Juan Carlos, en favor de su hijo, quizá sería un buen aval para los primeros años de reinado de don Felipe; tengamos en cuenta que su padre logró claramente la adhesión del pueblo cuando demostró que respetaba los valores y los criterios democráticos.
