Texto del 28-07-2008
Fotografía cedida por Gaspar Ariño.
La dilatada carrera de este ilustre letrado abarca no sólo el ejercicio libre de la abogacía, sino la política, la docencia y el periodismo. Preocupado por el estado de la Justicia y del colectivo judicial, Gaspar Ariño define la tarea de los magistrados como una función sagrada: conseguir la justicia en la sociedad, la clave de la civilización. Asimismo, apuesta por la reforma del sistema electoral y del Estado de las Autonomías y defiende la necesidad de fortalecer institucionalmente la Corona.
Más de treinta años de actividad jurídica
Fundé el bufete Ariño y Asociados en 1972, con el compromiso de ofrecer un servicio especializado, riguroso y profesional. Somos un despacho con prestigio y experiencia, gracias sobre todo al esfuerzo permanente de sus miembros en formación, investigación, docencia y publicación de estudios, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para poder trabajar en sectores cuya regulación jurídica pasa por transformaciones constantes. Catedráticos, y profesionales de sólida trayectoria se integran en el despacho, que desde sus inicios ha asesorado a la Administración, así como a particulares, empresas e instituciones españolas y extranjeras en áreas muy diversas.
Catedrático de cuatro universidades y autor de 25 libros
Me licencié en Derecho en la Universidad de Valencia en 1958 y me doctoré en la Universidad de Madrid en 1967. He sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Valladolid y, desde 1988, lo soy en la Universidad Autónoma de Madrid. A lo largo de mi trayectoria profesional he publicado 25 libros, 93 artículos y gran número de prólogos, presentaciones y discursos políticos. Por otro lado, cuento en mi haber con el Premio de la Energía otorgado por el Club Español de la Energía y el Premio Luca de Tena. Además, he desarrollado cierta actividad política como diputado al Congreso durante la 4ª Legislatura y he sido miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones y consejero de Telefónica. El despacho ha desarrollado una gran actividad en sectores regulados de la economía como el agua, la energía eléctrica, el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, el transporte, la contratación pública, la sanidad o el urbanismo. He trabajado especialmente en las áreas de Derecho público referentes a contratación de obras y servicios, organización del Estado y Derecho de la economía. En los últimos años hemos llevado a cabo una expansión horizontal, incorporando también abogados expertos en las áreas de Derecho civil, mercantil y procesal. Esto nos convierte en un bufete con amplitud de servicios jurídicos sustentado por una veintena de profesionales en Madrid y Valencia.
El Estado de Derecho tardofranquista era plenamente occidental y, en algunos sentidos, poseía más garantías de calidad jurídica que el actual
En el tardofranquismo se puede apreciar una actitud de respeto hacia el Derecho en todas las áreas, salvo una: la representación política a través de partidos. El Estado de Derecho en España, durante esa época era plenamente occidental y, en algunos sentidos, poseía mayor calidad jurídica que la que tenemos hoy. El Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, la Función Pública, los Ayuntamientos, la Intervención General y la Abogacía del Estado y, en general, las instituciones que configuran el dominio del Derecho sobre la arbitrariedad política funcionaban bastante bien en los sectores ordinarios de la vida. Es cierto, empero, que el Tribunal de Orden Público, encargado de actividades y actuaciones políticas, carecía de garantías jurídicas.
A excepción del Tribunal Supremo, los juzgados han perdido calidad y excelencia
Durante la dictadura, los contratos se cumplían y los nombramientos de funcionarios eran respetados; el principio de mérito y capacidad estaba más vigente entonces que hoy. Soy hijo de un secretario de Administración local de primera categoría de un Ayuntamiento valenciano, el de Catarroja. Viví a través de mi padre una forma de trabajar muy diferente de la actual. En lo referente a los jueces y tribunales había tanta o más calidad y seguridad jurídica a principios de los setenta que ahora. La Justicia en España ha perdido calidad y excelencia, a excepción del Tribunal Supremo.
Prudencia como característica esencial del buen juez
Un buen magistrado debe ser capaz de encontrar en cada momento la respuesta prudente, la solución jurídica que el caso reclame. Y eso sólo se consigue con una preparación básica de lo que son las reglas, el Derecho, los criterios de interpretación y las técnicas jurídicas de las distintas ramas del Derecho.
Se sitúan en la Justicia a profesionales que sintonizan con las ideas del político de turno
En el régimen anterior había, como ya he dicho, bastante calidad en la judicatura y la función pública. Todos habían pasado por unas oposiciones serias y exigentes. Sólo alguna personalidad ilustre, después de practicar la abogacía o trabajar durante años en alguna institución eminente, se incorporaba al Tribunal Supremo como culminación de su trayectoria jurídica. Esto enriquecía a la judicatura, pero hoy ha sido sustituido por una entrada poco rigurosa por distintas vías. Se han suprimido las pruebas objetivas haciendo una especie de selección por curriculum vitae, lo cual es fuente de endogamia, de partidismo, de arbitrariedad y a veces, incluso, ocasión de situar en esta institución a profesionales que sintonizan con las ideas de los políticos de turno.
No hay función más sagrada que impartir justicia, clave de la vida ordenada y civilizada
Yo me moriré con una frustración: la de no haber sido juez. No me es posible abandonar mi estudio jurídico. Pero sigo creyendo que no hay función más sagrada que hacer Justicia en una sociedad y “dar a cada uno lo suyo”. La Justicia, penal, civil o administrativa es la clave de la vida ordenada y civilizada en sociedad. La confianza en ella no sólo es fundamental para conseguir la paz social, sino también base de la prosperidad económica. Suelo decir últimamente esto: países ricos, grandes jueces; países pobres, malos jueces. Y a la inversa: es imposible que un país mantenga su riqueza con un mal sistema judicial. Me llevaría tiempo explicarlo, pero créanme que es así.
“El Estado de las autonomías. Realidad política e interpretación jurídica”: una premonición fechada en 1979
Dos aspectos esenciales de la Carta Magna que deben modificarse son, por un lado, el sistema electoral y, por el otro, el Estado de las Autonomías; ambas cuestiones son básicas para una posible regeneración política en España y para una verdadera democratización de los partidos. El caudillismo que los grupos políticos imponen a sus miembros y la desconexión entre electores y elegidos es cada vez mayor. En mi artículo de 1979 “El Estado de las autonomías. Realidad política e interpretación jurídica” analizaba el hecho de que la realidad política del Estado de las Autonomías, tal como se había configurado en la Constitución, estaba inacabada. Esta indefinición nos ha llevado a la realidad actual, donde se produce el progresivo vaciamiento del Estado y la centrifugación de las competencias y las tareas administrativas; con ello, la división del mercado y del territorio.
Claroscuros del Estado autonómico
Debemos mantener el Estado de las Autonomías porque ha devuelto la vida a las provincias y a sus ciudades, ha dado responsabilidad a quienes viven en un territorio, ha recuperado gran parte del patrimonio histórico y ha generado una dinámica de crecimiento económico interno que es admirable y un gran logro. El país se ha modernizado gracias a ello. Pero, por otra parte, se ha dejado al Estado desamparado. Las últimas reformas de los estatutos han sido un gran error. Detrás de ellas no hay un mejor servicio al ciudadano, sino la pura reivindicación de una clase política nepotista que quiere tener más poder en su casa.
Devaluación de la calidad legislativa y política
Mi etapa de diputado en las Cortes Generales entre 1989 y 1993 me enriqueció mucho. Tomé contacto profusamente con la organización del Estado y me di cuenta de la responsabilidad del legislador. La vida política, entonces, tenía bastante más consistencia, solvencia y preparación de la que tiene ahora. La calidad legislativa y de debate político se ha devaluado.
El órgano de gobierno de la Justicia es una representación a escala de las mayorías y minorías parlamentarias
A ningún político le interesa que la Justicia funcione bien porque ellos mismos son objetos de justicia. Las carreras judiciales se han mediatizado políticamente. El sistema de formación del Consejo General del Poder Judicial y de promoción a través del mismo de las carreras judiciales ha obligado a muchos magistrados, que no eran en absoluto políticos, a posicionarse políticamente, para ser tomados en consideración como candidatos a un ascenso. El órgano de gobierno de la Justicia ha sido en los últimos años una representación a escala de las mayorías y minorías parlamentarias; se han movido y han tomado decisiones siguiendo alineamientos políticos y ello ha politizado ampliamente a los integrantes de las asociaciones. Pero parece que estamos al final del camino: los jueces han dicho basta.
Hay que despersonalizar la monarquía e institucionalizar la Corona
Es básico darle a esta institución el fortalecimiento institucional que necesita, o, de lo contrario, la persona que ascienda a Monarca puede ver peligrar la Corona cada mañana. La monarquía es hoy más sólida que en la Transición, aunque cada vez tiene menos funciones porque no hay instituciones que la sustenten.
