Texto del 14/10/2008 .
Fotografía: Fotos Ricardo.

A juicio del abogado Gerardo Uriarte Fernández, nadie tendría que oponerse a una modificación de la Constitución si de veras existe un consenso social y político para ello. En cuanto a la descentralización, opina que el Senado debería representar a las comunidades en toda su extensión, es decir, teniendo como base el idioma. Asimismo, anhela que las autonomías se pongan de acuerdo en un conjunto de normas básicas, sin que primen las diferencias entre territorios.

La Transición trajo consigo la libertad de expresión

Aunque era muy joven en aquella época, tengo en la memoria imágenes bastante nítidas del proceso de cambio de régimen. Inolvidable es para mí la figura de Adolfo Suárez, así como el fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La Transición, qué duda cabe, supuso una transformación total para España; de entre las novedades más importantes que trajo consigo esta etapa, destacaría la libertad de expresión. No fue tarea fácil alcanzar el consenso entre las fuerzas políticas y sociales del país, pues, como nadie ignora, existían muchos intereses creados por parte del Gobierno anterior. Y los medios de comunicación tampoco fueron totalmente propicios a dicho consenso. La Constitución fue un auténtico referente para los abogados del País Vasco, quienes la estudiamos con toda la atención y la buena fe posibles.

Reconocimiento constitucional de los derechos históricos del País Vasco

Tal y como está redactada, la Constitución de 1978 reconoce todos sus derechos históricos al País Vasco. Es, por tanto, un marco perfecto en el que desarrollar la autonomía de nuestra tierra. En el ordenamiento jurídico español, el respeto a la Carta Magna es, lógicamente, una cuestión fundamental. Pero, por supuesto, cualquier norma es modificable. Sólo mediante un nuevo consenso, y ponderando siempre la labor de los que crearon anteriormente el texto constitucional, deberíamos aventurarnos a modificarlo. Y siempre habría que tener presente que cualquier principio jurídico ha de ser universal: nada es inalterable.

¿Qué trabas existen para impedir la modificación del Senado?

Buscar una mayor y mucho más eficaz adecuación del Senado a las necesidades reales del Estado de las Autonomías constituye hoy día uno de los grandes retos de la estructura territorial de nuestro país. Las funciones del mismo, el sistema de elección de sus miembros, así como su estructura interna y sus relaciones con el Congreso con miras a convertirlo en Cámara de participación autonómica son cuestiones que están pendientes de solución. Se impone, pues, una pronta reforma del Senado. La Constitución define el Senado como la Cámara de representación territorial. Pues bien, convendría entonces convertirlo realmente en esa Cámara territorial de la que habla el texto. No tiene sentido su función actual, esto es, la de aprobar algo que ya haya sido aprobado previamente en el Congreso. Y no veo qué trabas existen para impedir tal modificación.

Eficacia de la Administración de Justicia si la gobiernan los propios jueces

La Justicia, antes que cualquier otra consideración, debe estar gobernada por los propios jueces. En España venimos esperando la ansiada reforma de la Justicia desde hace muchos años. Siempre parece que ese día está llegando pero no acaba de ser así realmente. Para realizar dicha renovación es preciso invertir en material informático y potenciar la conexión entre las distintas administraciones autonómicas. Espero y confío que se hará pronto, puesto que es a todas luces una cuestión fundamental para el buen funcionamiento democrático de nuestro país.

Se está legislando de acuerdo a ciertos poderes establecidos e intereses creados

Aunque nos cueste reconocerlo, el hecho es que se está legislando de acuerdo a las directrices de los poderes establecidos a nivel mundial: la banca, los seguros y las sociedades de inversión económica, y no, desde luego, de acuerdo a los intereses del ciudadano. Apenas hay plazos de resolución y el 90% de los casos son de desestimación; las estrategias políticas dictan la dirección legislativa. La ciudadanía, desgraciadamente, no está informada de lo que en verdad ocurre. Los medios de comunicación tienen un poder excesivo y una influencia desmesurada: los titulares marcan pautas a la hora de dictar nuevas normas. Y al margen de todos estos intereses creados se encuentra la persona de a pie, a la que apenas se tiene en cuenta.

No creo que exista un hecho diferencial en ninguna autonomía

La reforma de la Justicia en el País Vasco no habría de diferir de la del resto de las comunidades autónomas. No creo que exista un hecho diferencial aquí en Euskadi ni en ninguna otra autonomía. Quizá en Cataluña se haga más hincapié en la cuestión del idioma, pero aquí los juristas se expresan en castellano y están muy bien organizados. Recuerdo que sólo una vez en mi carrera me han solicitado un traductor oficial durante una vista judicial.

Intervención del Gobierno en delitos con grave alarma social

Estamos es un Estado en el que todo tiende a regularse. Padecemos un exceso de normativización, puesto que sólo en algunos casos puntales sería verdaderamente acertado que el Gobierno interviniera: cuestiones que atañen a delitos con grave alarma social, tales como el terrorismo, la violación, etc. En realidad, sucede que llevamos poco tiempo viviendo en democracia y aún hay muchas cosas del sistema que deben, y pueden, pulirse.

Revisión de los baremos de indemnización por accidente laboral

Me interesa enormemente todo lo relacionado con asuntos de responsabilidad civil. Trabajo, desde hace años, con compañías aseguradoras. Puedo decir por tanto que actualmente una persona lesionada en un accidente de trabajo cobra bastante menos que hace diez años. Obviamente, pongo esto de manifiesto como parte interesada en ello, pero también porque considero que es precisa una revisión de los baremos de indemnización, marcados siempre de un montante muy escaso.

Acuerdo entre autonomías para las normas básicas

En todo lo que atañe al ámbito fiscal es indudable que cobra una importancia enorme el hecho de que se produzcan desbarajustes administrativos, algo que afecta menos al resto de la legislación. Ojalá todas las comunidades nos pusiéramos de acuerdo en unas cuantas normas básicas que acatar de forma conjunta, sin intentar buscar diferencias entre los unos y los otros.

Prefiero llegar a un acuerdo formalizado por un juez

Tengo como norma que cualquier problema entre partes ha de acabar siempre en el pacífico fondeadero de una solución amistosa. El juicio, naturalmente, debe ser la última solución posible, un último reducto. Aunque yo sepa que puedo ganar el caso, prefiero llegar a un acuerdo que formalice un juez. Porque un juicio, a la postre y como nadie ignora, lo que supone más que nada es sobrecargar un juzgado con citaciones a testigos.

Los grandes juristas de antaño no tienen ahora una réplica correspondiente

Considero que sería positivo que los jueces realizaran una pasantía o algo similar: lo creo incluso necesario. Más que una práctica procesal, convendría que llevasen a acabo una práctica real en despachos profesionales. En Euskadi es muy frecuente encontrarse con un juez sustituto: no me parece la solución más acertada. Personalmente prefiero un magistrado difícil pero con experiencia profesional que uno muy sencillo pero novato. Es imperioso mejorar el acceso a la judicatura e intentar acabar con las sentencias modelo. Los jueces se están olvidando de estudiar y de prepararse a conciencia, ya no le dan toda la importancia que merece al estudio de la doctrina jurídica. Es triste decirlo, pero los grandes juristas que había antaño no tienen ahora su debida y correspondiente réplica.

Adaptar el ordenamiento jurídico a la idiosincrasia del país

Estimo que cualquier ordenamiento jurídico debe ser cabalmente adoptarlo a la idiosincrasia de cada país. Lo que no se puede admitir bajo ningún concepto es que la Constitución española se convierta en una especie de cáliz sagrado y, por consiguiente, no pueda ser modificada nunca. Es sabido que en países como Inglaterra o Francia no existe este problema. Poco tiene que ver la sociedad del año 1978 con la de 2008, así que nadie tendría que oponerse a una modificación constitucional si de veras hay consenso y si existe una mayoría cualificada para llevarlo a cabo. España, como reza nuestra Carta Magna, es ante todo una nación. Ningún estatuto de autonomía puede arrogarse ningún derecho sobre las demás comunidades. Bueno es conseguir cada vez más autogobierno, pero junto a la ikurriña siempre ha de ondear la bandera española. El desarrollo del autogobierno no está reñido con la convivencia. A los ciudadanos nos interesa sobre todo poder vivir en paz, bienestar y democracia, sintiéndonos libres de utilizar la lengua que nos sea más afín. Por ello es tan importante que el Senado, como dije antes, represente a las comunidades autónomas en toda su extensión, teniendo presente que la extensión total de una comunidad es su idioma.

Felipe VI reinará apoyado por la voluntad mayoritaria

Creo que el Príncipe Felipe gobernará apoyado por la voluntad mayoritaria del país. Entiendo que ha hecho bien en casarse con una mujer moderna y preparada, acorde con los tiempos que corren, y que él mismo se encuentra plenamente capacitado para reinar en España en un futuro próximo. Las monarquías, por fortuna, ya no son lo que eran, y actualmente tienden a acomodarse a la realidad global que nos involucra a todos.