Texto del 02-06-2008,
Fotografía cedida por Ignacio De Andrés.

Con una experiencia de casi treinta años a sus espaldas, Ignacio de Andrés, especialista en Derecho penal, defiende con un convencimiento sosegado y perspicaz que las causas penales sean instruidas por los fiscales. Aboga por una judicatura bien organizada y libre de presiones externas y valora, asimismo, el papel de la Corona como figura simbólica, tutorial y aglutinante de un pueblo, el español, por idiosincrasia algo ingobernable.

Especializado en lo penal

A partir del año 2000, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, me ha apetecido retomar las primeras iniciativas que emprendí en la vía civil. Sin embargo, soy básicamente un abogado penalista y, en consecuencia, mi bufete se ha dedicado fundamentalmente al Derecho penal. Trabajo, empero, con un equipo de gente joven que no siente mucha inclinación por este campo tan espinoso y que están especializados en ámbitos como el Derecho civil, mercantil o administrativo.

La instrucción de las causas penales debería ser llevada por los fiscales

Una de mis viejas aspiraciones en el ámbito de la Justicia es hacer que los fiscales instruyan las causas penales, sin supeditación a la jerarquía de la Fiscalía. Ahora parece que se está dando cabida a esta iniciativa, aunque sigue existiendo el problema de que la figura del fiscal lleva una carga de acusación implícita que dificulta su posición de imparcialidad a la hora de instruir las causas.

Crear organismos cuya misión sea la búsqueda de arreglos y pactos

Me imbuí del pactismo durante mi larga estancia en Cataluña. Soy partidario de llegar a acuerdos, y tengo la opinión de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, aunque no siempre encuentres un interlocutor con el mismo enfoque. Pero más allá de las pretensiones personales de cada uno, veo necesaria la creación de organismos que tengan como misión la búsqueda de arreglos, de pactos.

Avanzamos con el Estado de las Autonomías

El Estado de las Autonomías ha sido positivo para todas las comunidades autónomas: gracias a él, el Gobierno está más en contacto con el pueblo. Por otra parte, si la multiplicación de organismos conlleva siempre mayor gasto público, ello se compensa con las ventajosas contrapartidas que este sistema proporciona al ciudadano. Viví los inicios del autonomismo en Barcelona; estuve en la primera Diada de Cataluña en 1977, en Sant Boi de Llobregat, y vi cómo el pueblo catalán, unánimemente, respondía a unos deseos, a unas inquietudes y a una necesidad. Y respondimos igual todos los que allí vivíamos, fuésemos catalanes o no. Yo me sentía –y me siento ahora desde Aragón– integrado en Cataluña. Me considero tan catalán como aragonés.

Aragón y su impulso hacia un perfil e identidad propias

Mi primera impresión al volver fue que Aragón, como entidad política, había perdido todo su valor: no existía conciencia ciudadana, no se había despertado. Ante la decepción, exhorté a algunos dirigentes políticos de entonces a que aprendieran de Cataluña, a que crearan esa conciencia, a que enseñaran a la gente a valorar su comunidad, su territorio. Pero entonces no había conciencia de singularidad, tal vez porque nuestros políticos, que nunca fueron regionalistas, no habían hecho nada al respecto, a pesar de que Aragón tiene una historia muy particular, estrechamente ligada a Cataluña. Ahora este perfil propio por fin se está impulsando.

Faltan más líderes como José Antonio Labordeta

Con la salvedad de mi admirado José Antonio Labordeta, Aragón siempre ha adolecido de la falta de políticos de envergadura. Haber conseguido la organización de la Expo 2008 no debe llevarnos a engaño respecto a ello. Lamento decirlo, porque quiero mucho a mi tierra, pero es así.

Encontrar el equilibrio en la cuestión territorial

Nuestra Constitución da cabida a diversas formas de autogobierno, de participación política. Creo que ir más allá, como algunas comunidades o nacionalidades pretenden, sería traspasar un límite difícilmente asumible. Me refiero, por ejemplo, a recientes propuestas del País Vasco. Desde mi punto de vista, la unidad siempre es favorable, con independencia de la especificidad de los miembros que la compongan.

Gran labor de los políticos de la Transición

Del espíritu colectivo de la época, destacaría la voluntad de cambio. Queríamos algo diferente, diametralmente opuesto a la forma dictatorial de enfocar las cuestiones de la vida de los ciudadanos. Y el cambio se hizo. En mi opinión, los políticos de entonces eran más consecuentes con su forma de pensar, mientras que hoy son más volátiles. Se ha hablado mucho y bien de los políticos que propiciaron el cambio de régimen desde fuera, pero tan o más importante fue el papel de los que lo hicieron posible desde dentro. Es cierto que la situación habría sido distinta de todas formas, pero ellos precipitaron los acontecimientos, facilitándolos.

La Justicia está peor que antes de la Transición

Viví la situación jurídica anterior a la Transición, sobre todo en el ámbito penal, y he constatado que, con las nuevas modificaciones del Código Penal motivadas por cuestiones políticas, hemos retrocedido. Con toda sinceridad, he de decir que el Código Penal no se ha adaptado a los tiempos modernos, ni en lo práctico ni en lo ideológico. No se da estabilidad, en virtud de la seguridad jurídica, a las normas, lo que repercute en nuestra libertad personal, que se ve agredida. La sociedad ya no sabe a qué atenerse, qué está bien o qué está mal, qué era delito ayer y qué estará mañana despenalizado.

Contra la Ley de Violencia de Género

Esta ley, para mí, es innecesaria; incluso dudo de si es constitucional y lucho denodadamente contra ella porque me afecta a nivel profesional. ¿En base a qué la mujer necesita mayor protección? ¿Por qué es el sexo débil? Irónicamente, mientras las mujeres están reclamando la igualdad total con el hombre, la ley las pone en una tesitura de desigualdad. Cualquier profesional del Derecho, hombre o mujer, opina que esta ley no tiene sentido: con unas simples modificaciones en el Código Penal se podrían haber subsanado los déficits que existían en este ámbito.

Mayor formación y control para los magistrados

Es fundamental que se les proporcione a los jueces una buena formación que complemente la que ya poseen, humanística, social y ética. Los magistrados deben adquirir un criterio y una sensatez que no se aprenden en los libros. Además, es necesario establecer un control que permita que, si un juez es responsable de un error flagrante, haya quien le abra un expediente disciplinario. Por supuesto, debo manifestar mi total apoyo a los jueces que denuncian la falta de medios con la que están trabajando.

Libertad de los jueces en las resoluciones judiciales

La libertad como principio aplicable es perfectamente entendible; como principio aplicado, en cambio, creo que falla. El magistrado tiene libertad para poder determinar, en un momento dado, una resolución sobre un caso civil o penal –es la propia Constitución la que le otorga dicha independencia–; sin embargo, a la hora de la verdad sabemos que el juez, en muchas ocasiones, no utiliza esa potestad para resolver libremente. Esto sucede por diversas razones: presiones de orden político, social e incluso personal, que hacen que, lamentablemente, un magistrado no se sienta con la suficiente capacidad para dictar resoluciones totalmente objetivas e imparciales.

Proliferación de leyes como proclama electoral

El español se dota de muchas normas para luego cumplir pocas: forma parte de nuestra idiosincrasia. Se está legislando en exceso, quizá para hacer ver ante la opinión pública que el Parlamento trabaja, que los diputados son remunerados por un motivo concreto. Ese abuso en la proliferación de leyes se utiliza, además, como proclama electoral. Me gustaría preguntarles a los políticos qué han hecho para llevar a la práctica todas las normas que han dictado durante una sola legislatura. Legislar cuesta poco, pero, cuando son demasiadas las normas establecidas, es muy difícil encuadrar una conducta determinada dentro de una sola de ellas.

Necesario dinamismo de la Constitución

La Constitución no puede quedarse anclada en 1978: tiene que evolucionar con los tiempos. Creo que la Carta Magna tiene muchas posibilidades de cambio en varios sentidos: por ejemplo, a la hora de destensar la relación entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos. No ha de tratarse de modificaciones esenciales, sino de adaptaciones. La redacción de la Constitución, en su momento, se adecuó a las diferentes sensibilidades políticas de entonces. Hoy, las sensibilidades son otras: de ahí la necesidad de adaptarla, de reformarla.

Monarquía e idiosincrasia española

¿Queremos un rey o al Rey? ¿Queremos un gobierno del pueblo y por el pueblo, una democracia en su etimología griega? ¿O queremos que alguien nos mande, o por lo menos, nos dirija? Aprecio al Rey don Juan Carlos porque ha tenido gestos que, de alguna manera, nos han salvado de una situación que podría haber sido catastrófica. No obstante, me pregunto si la monarquía es la mejor forma de gobierno, porque, al fin y al cabo, se trata de un sistema absolutista, aunque matizado, ya que el Rey no tiene ahora el poder que tenían los reyes antaño. Sin embargo, es la figura que está por encima de todos y que cuestiona, en sí misma, la idea del gobierno del pueblo. Ahora bien, otra cuestión sería si el español, por su idiosincrasia, tiene capacidad para gobernarse sin necesidad de una figura que lleve el bastón de mando. Parece que históricamente tenemos algo de ingobernables: en nuestro fuero interno quizá seamos conscientes de que necesitamos esa figura tutorial que nos aúne.