Texto del 09/07/2008
Fotografía cedida por Clifford Chance.
Ignacio Ojanguren Maiztegui dirige en Madrid la asesoría jurídica multinacional Clifford Chance, recientemente elegida el mejor despacho de abogados en España. Posee una extensa experiencia en reestructuraciones empresariales, tanto para entidades nacionales como internacionales, lo que le permite declararse gran defensor del sector servicios. Sensible siempre a las realidades humanas más tangibles, añora una clase política que se ciña a su papel ejecutivo, capaz de dialogar y tomar decisiones en virtud del bien común, sin fines partidistas.
La firma de abogados más grande del mundo
Soy socio director de la firma Clifford Chance en España desde hace unos años. Se trata del despacho de abogados más grande del mundo, con presencia en los cuatro ejes del desarrollo económico mundial: Europa, incluido Reino Unido; Oriente Medio y los Emiratos Árabes Unidos; EEUU, con sede en Nueva York, y Asia, es decir, China, Singapur, Hong Kong y Tokio. Como es un grupo tan extenso, dedicado a una porción determinada de clientes de gran relevancia, tiene una fuerte influencia en el desarrollo de los mercados financieros, al facilitar al máximo la inversión. Tendemos a tramitar fusiones de envergadura. Somos 22 socios en España y formamos a nuestra propia gente, aunque algunos se hayan incorporado ya con bagaje de otras empresas o de administraciones. No hay que olvidar que los principios básicos y el método de trabajo en Derecho financiero suelen ser extrapolables.
Falta autonomía en los órganos reguladores de los mercados
Gestionamos las grandes transacciones financieras, los préstamos, las luchas empresariales, la banca doméstica e internacional y las grandes familias inversoras. En nuestro sector, echamos de menos una independencia real, y también de imagen, de algunas instituciones y órganos reguladores del Estado, concretamente los que supervisan el mercado de valores, el energético y el de las telecomunicaciones, así como los órganos de defensa de la libre competencia. Tales organismos deberían guiarse por cuestiones técnicas, pero, en las batallas empresariales, a la hora de dar con empresas inversoras de fuera, parecen no haber actuado con la necesaria independencia del Gobierno como para ofrecer credibilidad y facilitar así la inversión extranjera. En España sobrellevamos una inflación añadida a la media del resto de países europeos, lo cual se debe, sobre todo, a la dependencia energética y a la poca competencia que existe en el sector servicios.
Recuperar el espíritu de consenso que alentó la Transición
En los años de la Transición yo todavía estaba en la escuela. Comencé la universidad en 1980, poco antes de que el PSOE alcanzara el poder. Conozco aquel emocionante período por lo leído en los libros de historia y lo escuchado a amigos cercanos y profesionales que lo vivieron de un modo más inmediato y consciente. No obstante, resaltaría la apertura social y política que se vivió entonces, acompañada de una enorme generosidad por parte de todos los partidos políticos. El consenso llevado a cabo por las distintas ideologías existentes en el país nos permitió avanzar notablemente, y de tal progreso, sin duda, se ha beneficiado el pueblo español. Creo que valdría la pena no olvidarse de ello. Es más, estimo que en nuestros días sería necesario un consenso semejante a aquél. Es patente que en los últimos años ha venido faltando una voluntad de acuerdo que evite la constante confrontación política que sufrimos. El que España haya crecido económicamente ha hecho olvidar el principio de consenso, lo que ha provocado una exigua capacidad política para consensuar las cuestiones fundamentales del Estado.
Afrontar sin miedo la necesaria reforma de la Constitución
La Constitución española dejó abiertos ciertos temas para un previsible desarrollo ulterior de los mismos. Entre ellos, por ejemplo, se contarían la organización territorial en lo referente a la monarquía y a la cuestión de la sucesión dinástica. Nuestra Carta Magna es muy amplia y en ella se tratan muchos y variados asuntos. Considero que 30 años es un tiempo más que razonable para empezar a plantearnos seriamente la posibilidad y conveniencia de modificarla. Debemos superar los miedos que hacerlo –naturalmente– nos despierta, y dedicarnos de lleno a la tarea de adecuarla a los tiempos que corren. No tendría que suponer ningún problema enfrentarse a este reto, e incluso obligaría a un consenso entre los políticos actuales.
Independencia del poder judicial, básica para el Estado
Entre las modificaciones perentorias de la Constitución se halla, en primer lugar, el importante asunto de la Justicia. Está demostrado que, a lo largo de los años, algunas instituciones del ámbito judicial se han ido politizando cada vez más. Los propios miembros de la Justicia son los primeros en constatar esta realidad. Algunas resoluciones judiciales resultan previsibles, pues acaban dependiendo del partido que domina políticamente el país. La independencia del poder judicial es algo fundamental para cualquier Estado que se precie. La Justicia emana del pueblo español pero no ha de ser elegida por él; se han de establecer mecanismos independientes basados en términos de profesionalidad y acatamiento del Estado de Derecho para regirla.
Se ha perdido calidad y capacidad en la Justicia
Aparte de la falta de independencia de la Justicia, la otra carencia evidente que padece es la escasa agilidad en dictar sentencias. Por desgracia, hemos perdido calidad y capacidad en la Justicia. La defectuosa formación o poca experiencia de los jueces y la complejidad de los asuntos que se dirimen contribuyen a restarle eficacia. La práctica privada del Derecho, por su parte, al luchar siempre por alcanzar las cotas más altas de excelencia en el cumplimiento de su oficio, ha ido incrementando tanto los medios humanos como los materiales, lo cual ha provocado una disfunción importante y un desequilibrio negativo entre la Justicia y los abogados. El país ha crecido mucho económicamente, lo que ha traído aparejado un uso mayor de la Justicia. De ahí el gran atasco judicial en que nos encontramos inmersos y cuyo principal perjudicado es siempre el ciudadano.
Demasiada improvisación en materia legislativa
Se legisla mucho y desigualmente. Existe demasiada improvisación en materia legislativa, debido, entre otras cosas, a una flagrante descoordinación entre los ministerios. En el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, debería de haber un órgano regulador de la normativa. En general, se incorporan preceptos cuando no correspondería hacerlo. Sería positivo no rectificar tanto como ahora ocurre. Le ahorraríamos trabajo al Tribunal Constitucional y redundaría en provecho de los ciudadanos. En mi opinión, hay mucha influencia de grupos de presión en el diseño de ciertas normativas.
Analizar en profundidad la organización territorial del Estado
El acercamiento de la Administración al ciudadano que ha permitido la descentralización me parece del todo positivo. Ha aportado mayor dinamismo a las relaciones entre las comunidades autónomas y ha sabido incentivar la economía y favorecer los derechos del pueblo. Sin embargo, la implantación de dicha descentralización dentro del territorio español ha ido demasiado lejos; su desmesura ha provocado una serie de normativas que trabajan unas contra otras y perjudican, por tanto, el comercio y la movilidad de las empresas. Creo que el Estado de las Autonomías debería ser analizado en profundidad, ver cuáles son en realidad las aspiraciones del país y, en función de ellas, restablecer los criterios ya señalados en la Constitución. Convendría, además, evitar las modificaciones de estatutos y las pequeñas reivindicaciones políticas puntuales que diversifican las autonomías.
Acercar la Justicia al ciudadano: juicio del 11-M por televisión
Creo que todo lo que suponga acercar la Justicia al ciudadano es positivo. Una forma de hacerlo fue emitir el juicio del 11-M por televisión. De lo que ya no estoy tan seguro es de que todo el mundo actuara razonablemente en aquel juicio. Por otro lado, se resolvió relativamente pronto, apenas tres años, lo cual no deja de ser esperanzador.
Revisar la Ley de Huelga para garantizar servicios mínimos
Los últimos acontecimientos vividos en España al respecto no dejan ninguna duda acerca de la Ley de Huelga: habría que actualizarla. Sería conveniente reforzar los derechos de quienes no participan en la huelga y asegurar unos servicios mínimos para la ciudadanía. La sociedad no debería resultar perjudicada por el legítimo derecho a la huelga de los trabajadores que realizan un paro.
Precisamos una ley de garantías para el inmigrante
En cuanto al asunto de la inmigración, cada día más trascendental para la humanidad, pienso que sería imprescindible llegar a la mayor estabilidad posible a través de una normativa clara y bien definida. Nuestro país ha vivido años difíciles y ha padecido un exceso de ilegalidad en este sentido. La nueva normativa habría de proporcionar un marco estable que resguardase los derechos y garantías de toda persona.
Hasta hoy, la monarquía ha funcionado bien en España
Las formas de Estado, obviamente, no son nunca inamovibles. Mi criterio en cuanto al sistema monárquico es el mismo por el que me rijo en casi todos los aspectos de la vida: si las cosas funcionan tal como están, lo mejor en la mayoría de los casos es no cambiarlas. De no ser así, habría entonces que abordar el problema sin miedo y buscando la mejor solución para todos.
