Texto del 27/01/2009
Fotografía: Mª José Martínez-Boné Montero.
Que los letrados deberían procurar agotar todas las posibilidades con que cuenten para solucionar los conflictos sin necesidad de llegar a los tribunales, es algo de lo que no tiene ninguna duda el abogado sevillano Fernando Osuna Gómez. Por tanto, el arbitraje habría de ser potenciado. Al frente de un despacho con varias sedes en España y relaciones internacionales, considera que los políticos tienen que comprometerse con sus funciones parlamentarias y descargar de trabajo a un órgano del Estado tan importante como el Tribunal Constitucional.
Se avecinaba un cambio normativo de gran importancia
La muerte de Franco generó en la sociedad española una expectación y una esperanza de cambio muy grandes. Por primera vez el futuro podía ser sinónimo de seguridad. El ambiente estudiantil de la Universidad de Sevilla mostró una especial sensibilidad ante las transformaciones que se avecinaban. Tuvimos que cambiar todo el sistema jurídico. La Constitución supuso una nueva manera de enfocar los derechos y deberes del ciudadano. Las normas eran otras. Hubo una modificación completa en todos los ámbitos del Derecho civil, administrativo, penal y fiscal. Sin duda fue un paso importante para la sociedad. Mi promoción, en la que por cierto figuró Baltasar Garzón, no llegó a estudiar la Carta Magna ni el Código Civil. Comentábamos, claro es, la importancia del cambio normativo formidable que en materia fiscal o administrativa se iba a producir. El sistema tributario, por ejemplo, fue totalmente distinto y la reforma de Fernández Ordóñez obligó a los letrados a estudiar el tema con profundidad.
Hubo catedráticos de solera que participaron activamente en la política de aquellos años
Había un sector universitario muy reducido reacio a la democracia, pero la gran mayoría votaba por el cambio a fin de desarrollar una serie de instrumentos legislativos acordes con los países de nuestro entorno. Además del importante papel que jugaron Felipe González y Alfonso Guerra, hubo catedráticos de solera que participaron activamente en la política de aquellos años. Entre ellos, el que fuera ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, y el de Hacienda, Jaime García Añoveros.
Lo peor del Estado autonómico es su enorme coste
El Estado de las Autonomías, qué duda cabe, ha sido positivo para el desarrollo del país. Permite gestionar mejor los recursos materiales e instrumentos hábiles para el funcionamiento de cada comunidad. No obstante, también tiene su lado negativo, patente en la duplicación excesiva de funcionariado y en el alto coste económico que conlleva.
No había razón para situar Andalucía en una segunda fila
Que el pueblo andaluz alcanzase, a través del referéndum del año 1981, el derecho a una autonomía plena fue esencial para el desarrollo de nuestro Estado de las Autonomías. No había ninguna razón de peso para que se nos pusiera a los andaluces en una segunda fila dentro del debate territorial. Si otros iban a gestionar su vida pública, ¿por qué no íbamos a poder hacerlo igualmente nosotros? Hubo mucha presión por parte de los grupos sindicales y finalmente se consiguió el estatuto autonómico.
Falta maduración y mesura a la hora de legislar
En determinadas materias como son el Derecho laboral, el administrativo y el fiscal no se legisla correctamente. Se efectúa una nueva normativa sin otorgarle la reflexión debida y sin dar tiempo a una maduración que ponga en evidencia los problemas o deficiencias de la misma. Cuando se tropieza con alguna traba en una ley, enseguida se opta por cambiarla; sin embargo, es preferible tardar más en elaborar las leyes si ello va a redundar en beneficio de todos. El hecho de que el Estado salga continuamente derrotado en los distintos litigios contencioso-administrativos prueba que la normativa no se ha hecho con la mesura y el razonamiento debidos.
Potenciar el conocimiento del mundo del Derecho en el ámbito parlamentario
La legislación procesal no atiende la demanda social del ciudadano, el cual, naturalmente, ambiciona una Justicia rápida y eficaz. Desde el despacho advertimos que existen muchos problemas procesales debidos a trámites innecesarios y demasiado garantistas con las personas. Me refiero a que, con la tecnología de que hoy día disponemos, cuesta creer que todavía funcionemos mediante un sistema obsoleto de notificaciones y comunicaciones. La presión social que se ejerce sobre el legislador no se ve recogida y atendida por éste. No se hace eco, por ejemplo, de la Justicia expeditiva que la sociedad reclama. No estoy satisfecho con el modo y la forma en que se está legislando en Andalucía. Habría que potenciar el conocimiento del mundo del Derecho en el ámbito parlamentario.
Necesitamos un órgano inspector de los plazos judiciales
Hace falta una gran trasformación en lo que a Justicia se refiere. Para empezar, es imprescindible aumentar el número de jueces, crear más juzgados y, por tanto, elevar la plantilla de funcionarios. Asimismo, es fundamental elaborar un sistema que controle la actuación de los jueces; una suerte de órgano inspector que garantice que los plazos judiciales se cumplen. Existen mecanismos para llevar a cabo dicho control. Es verdaderamente lamentable que muchos letrados nos veamos en la encrucijada moral de recomendar a nuestros representados que no inicien un pleito por la única razón de que no merezca la pena esperar tanto como hay que hacerlo para obtener una sentencia. Es una situación penosa, porque lo cierto es que la Justicia deja que el procedimiento muera por sí mismo antes de ser resuelto. Con un poco de buena voluntad y un gran espíritu de sacrificio y trabajo se solucionarían todos los problemas.
Modalidades y virtudes del arbitraje
Me parece de todo punto incuestionable que los letrados debemos procurar agotar todas las posibilidades con que contemos para solucionar los conflictos sin llegar a los tribunales. Sería enormemente positivo lograr que la fórmula del arbitraje se acabara imponiendo sobre los orgullos y amores propios del justiciable, pues sin duda éste también tiene su parte de responsabilidad en la sobrecarga de trabajo de la Administración de Justicia. Todos debemos aprender a ceder en nuestros puntos de vista. La verdad nunca es absoluta, y conviene subrayar cuantas veces sea necesario que a través del arbitraje evitaríamos que los órganos judiciales estuvieran tan saturados de trabajo como hoy lo están y, a la vez, se paliaría un poco el paro laboral, porque muchos abogados cobrarían por su trabajo como intermediarios. Podría establecerse de este modo: que el joven abogado que vaya a ser asignado al arbitraje perciba unos honorarios modestos con el fin de que el cliente se sienta de entrada inclinado a aceptar esta forma de solucionar sus problemas. Esto revertiría positivamente tanto en el abogado bisoño, que templaría sus armas retribuidamente, como en quien recurriese al procedimiento, que además de ahorrarse un gasto, acaso comprobara las bondades del arbitraje al evitar las trabas de la Justicia ordinaria. Pero la gente, en el fondo, es muy tozuda. Creo, en suma, que socialmente no se le da a este mecanismo la importancia que en realidad tiene.
Apostar por programas de mentalización del ciudadano
El Gobierno debe intentar encontrar un equilibrio entre su loable propósito de reducir el impacto de la sociedad de consumo sobre el medioambiente y las acciones punitivas que se adopten en este sentido. Serían convenientes, tal vez, unos programas de mentalización del ciudadano en los que se le insuflara una corriente de respeto y comprensión del entorno en que nos desenvolvemos todos. No creo que mediante el hostigamiento y la represión se vayan a conseguir de un modo más eficaz los objetivos de salvaguardar el medio. Hay que evitar trivializar la práctica penal.
Solventar la sobrecarga de trabajo del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional se está convirtiendo en una especie de cuarto poder. Hay cuestiones que tienen que debatirse y solucionarse en sedes legislativas, y para eso están los parlamentarios, cuya formación les permite llevar a cabo tal tarea. Lo que no puede admitirse es que, en cuanto un asunto plantee la mínima dificultad, se destine al Tribunal Constitucional. Los políticos no deben evidenciar semejante falta de compromiso con sus funciones y sí en cambio dedicar tiempo y esfuerzo a debatir determinadas materias en el Parlamento antes de hacer uso del alto Tribunal, evitándole a éste hallarse tan sobrecargado.
Estamos quebrantando la separación de poderes
Soy partidario de que haya un perfecto equilibrio y una máxima independencia de los tres poderes del Estado. Desde el momento en que el poder judicial está tan imbuido y mediatizado por el Legislativo y el Ejecutivo, desarmamos el sistema de libertades de un Estado verdaderamente de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial ha de ser un órgano autónomo que actúe sin interferencias de otros poderes; de no ser así, el sistema de equilibrio de poderes se derrumba. Si para que el poder judicial logre esa independencia y sus miembros no sean nombrados por el Ejecutivo es necesario reformar la Constitución, me declaro favorable a ello.
No veo razones que justifiquen la abdicación del Rey a favor de su hijo
Soy monárquico y contemplo con agrado la función constitucional que ha venido realizando el Monarca. Estimo que don Juan Carlos debe seguir cumpliendo con sus obligaciones y no abdicar por ahora en favor de su hijo. El pueblo está contento con él y no veo razones que justifiquen dicha abdicación. Es más conveniente esperar a que las circunstancias naturales dicten el momento del relevo.