Texto del 28/01/2009
Fotografía cedida por Ramiro Pacios.
La España de las Autonomías no puede, según Ramiro Pacios Fernández, desacreditar la fortaleza del Estado central. La clase política debería sentarse a negociar sensatamente las competencias que han de ser transferidas a las comunidades autónomas. Hay que intentar vertebrar el país respetando las singularidades de cada región, empezando por la lengua propia. Además, se muestra partidario de que el Rey abdique y de que, desde su privilegiada experiencia, asesore a don Felipe en los primeros años de su reinado.
Madrid, 1982
Guardo memoria del Madrid de 1982, un año caracterizado por todas aquellas manifestaciones que se producían en contra de la violencia y a favor de la democracia y, desde luego, por la celebración de las elecciones generales, con la alta participación y éxito rotundo del PSOE.
Vergüenza ajena ante el intento golpista de Tejero
El ejército ha tenido siempre mucho peso e iniciativa en España. Por generación, ya no me correspondió hacer el servicio militar, una verdadera suerte para mí, dado mi espíritu pacifista y mi antimilitarismo. Siempre he considerado una vergüenza la intentona golpista de Antonio Tejero. En este sentido, nuestro país comenzó a progresar durante el gobierno socialista de Felipe González, a medida que se fueron desmilitarizando poco a poco los cuerpos de seguridad del Estado.
Necesitamos consolidar la Constitución antes de reformarla
Soy partidario de que la Carta Magna sea un cuerpo normativo vivo y, por lo tanto, de que se desarrolle todo lo que el texto permita, que ya es mucho. Sin embargo, no estoy a favor de que se modifique exhaustivamente en ciertos títulos fundamentales, tal y como algunos pretenden. El buen articulado de la Constitución se hizo pensando en los momentos en que fue redactada y no en el futuro. Opino que sería conveniente dejar pasar unos años más para dar tiempo a que se consolidara.
¿Avanzar hacia un modelo territorial federado?
Con la intención de colmar las exigencias de autogobierno de los pueblos catalán y vasco se creó el llamado “Estado de las Autonomías”, una suerte de amalgama bienintencionada que procuró dar cabida al conjunto de comunidades del territorio español. Toda vez que estamos de acuerdo en la aceptación del modelo autonómico como algo positivo para el desarrollo del país, en España lo único que queda es solventar la conveniencia o no de adoptar un referente federal absoluto. Mientras no se llegue a solucionar esta cuestión –y no creo que se dé estos momentos el mejor contexto sociopolítico para plantear tal debate–, lo mejor, a mi juicio, es dejar las cosas como están.
No podemos debilitar la fortaleza del Estado central
No podemos desacreditar la fortaleza del Estado central. Debemos negociar sensatamente las competencias que han de ser transferidas a las comunidades. En una situación de crisis económica como la que vivimos actualmente, poco o nada pueden hacer las autonomías sino dirigir su vista al Gobierno del país. Nuestro nivel de burocracia es superior al de Francia, y por eso se hace imprescindible procurar no debilitar el Estado central fijando claramente sus competencias. Economía, Defensa y asuntos sociales como la Educación y la Sanidad son responsabilidades que no han de verse deterioradas o disminuidas en el prorrateo de su gestión.
Desastrosa situación de la universidad española
La transferencia de competencias en materia de Educación debería hacerse marcando claramente las pautas a seguir e indicando qué asignaturas son obligatorias y cuáles transversales. En la universidad, por ejemplo, la situación es desastrosa. El número de las asignaturas de una misma Licenciatura en Derecho varía según la comunidad a la que pertenezca la Facultad en cuestión. Con este sistema estamos deteriorando la salud académica de las jóvenes generaciones. En EE. UU. pasa lo mismo, y son conocidos sus resultados nada ejemplares. Cuanto más sepas de tu país y del mundo, tanto mejor. Hay que adoptar lo sobresaliente de los países de nuestro entorno y buscar el modo de vertebrar el país respetando las singularidades de cada región –la lengua principalmente–.
Se necesitarían expertos para gestionar la oficina judicial
La oficina judicial adolece de ineficacia a nivel organizativo. Por tanto, se impone la búsqueda del desarrollo de una gestión de auténtica calidad que, mediante métodos efectivos de trabajo, posibilite una organización judicial mucho más operativa y que cumpla con las exigencias de los ciudadanos. De este modo, los jueces podrían dedicarse plenamente a lo suyo, esto es, a resolver y a ejecutar sentencias, lo cual, desde luego, supondría ir en contra de la arraigada costumbre de los jueces de ser ellos mismos quienes controlen el funcionamiento de dicha oficina.
Hay títulos de la Constitución poco o nada desarrollados
Hay muchos títulos de la Constitución que todavía no han sido desarrollados o que lo han sido escuetamente. Sin ir más lejos, el Senado como Cámara de representación territorial es uno de ellos. Tendría que ser un foro para todas las comunidades; atendería las reclamaciones, pero pensando en las legislaciones central y autonómica, buscando un consenso entre las distintas leyes. Apliquemos el Código Civil y evitemos de ese modo a los letrados perder un tiempo precioso leyendo los múltiples boletines oficiales.
El Tribunal Constitucional se ha convertido en un instrumento más de la lucha política por el poder
Que un tribunal de la importancia del Constitucional evidencie de forma tan clara que actúa políticamente lo deslegitima ante la sociedad. Se ha convertido en un instrumento más de la competición entre partidos para conseguir el poder, haciendo de los jueces meros intermediarios entre las distintas opciones políticas. Se trata, en definitiva, de una tercera Cámara o sala de revisión en la que los partidos sitúan a quienes son de su confianza. En tal caso, es lógico esperar que sus miembros actúen de acuerdo con los intereses de quienes les han nombrado, y por ello parece un problema de difícil solución.
Una terna de jueces elegidos por los propios jueces
El Consejo General del Poder Judicial debería tener una asignación presupuestaria, tal y como sucede con la Casa Real. De este modo, sus miembros serían nombrados por los propios jueces, quienes articularían una terna de candidatos que proponer al Parlamento para que éste investigara a cada uno de los propuestos, al modo de EE. UU. Pero el Consejo General del Poder Judicial no representa hoy a los jueces, sino a las opiniones de los políticos. Y puesto que el ciudadano, aunque lo sufra, no presenta queja alguna, son los propios jueces quienes han alzado la voz. Ningún gobierno quiere la reforma de la Justicia, aun cuando su solución sea sencilla: incrementar la dotación presupuestaria. Hay que preguntar al juez, a los secretarios, a los procuradores, a los abogados, y al propio ciudadano, qué es lo que quieren. Y si bien es cierto que un magistrado tiene una gran responsabilidad de decisión, y por tanto debe estar bien remunerado, es más urgente reformar antes la Administración; no entiendo, por ejemplo, que haya tantos sustitutos. Los jueces deben serlo por oposición y, si acaso, seleccionar una minoría de jueces de cuarto turno entre profesionales de reconocido prestigio.
Legislar y aplicar la norma con medios suficientes
España legisla deficientemente. En época de Franco había buenos legisladores, pero sometidos siempre al poder autoritario. Hoy en día, en cambio, dependen de la presión mediática de actualidad; cada dos o tres meses surge una modificación en la normativa y de este modo no es posible consagrar las leyes o encontrar alguna que sea verdaderamente eficaz. La Justicia consiste en aplicar las normas que tenemos y ofrecer los medios necesarios para ello. Quienes legislan deberían hacerlo con calma y dejándose asesorar por expertos.
Utilización de la Ley de Violencia de Género para intereses espurios y personales
Es lamentable que las personas y hasta los mismos profesionales del Derecho intenten aplicar la Ley de Violencia de Género para satisfacer intereses espurios y personales. Por desgracia, este tipo de maltrato supone una preocupación constante de la sociedad, y los medios, al denunciarla, contribuyen a que cobre un carácter prioritario. Ello trae consigo un mal empleo de la ley, llegando a darse casos de denuncias del todo extravagantes.
No se trata de liquidar la empresa, sino de salvarla
Reconozco que la nueva Ley Concursal está hecha con corrección, pero, tristemente, resulta demasiado beneficiosa para los grandes despachos. Esta norma posibilita a la empresa una solución mitigada, y sin embargo resulta cuando menos sospechoso que el 90% de los concursos concluyan con la liquidación de la sociedad, siendo como es su intención inicial procurar no llegar a ese final, sino solventar los problemas que la acuciaban en un principio. Por otra parte, las minutas de atestados concursales conllevan en no pocas ocasiones una sobrequiebra de la empresa que se pretende salvar, lo cual no deja de ser un contrasentido.
Que el Rey abdique e instruya el reinado de su hijo
No estoy a favor de la monarquía, pero soy partidario de defender la labor que don Juan Carlos ha llevado a cabo hasta ahora. Del mismo modo, me parece positivo el papel de nexo entre la clase política y la sociedad que la institución representa. Lo importante, por encima de otras consideraciones, es que su continuidad no suponga un despilfarro para el país. Por otra parte, quizás fuera bueno que el Rey abdicara y que, desde su privilegiada experiencia, asesorara al Príncipe Felipe durante los primeros años de su reinado.
