Texto del 09/09/08
Fotografía: Diego Pais Rodríguez.
Una tradición familiar en la docencia universitaria, a la que él contribuyó como profesor auxiliar en las universidades de Santiago y Sevilla, define los orígenes de Ramon Jorge Pais. Fue Secretario General de España del Partido Demócrata y miembro del Grupo de Estoril, partidario de la continuidad dinástica en la figura de don Juan de Borbón, con quien mantenía una gran amistad. Los recuerdos de aquellas intensas vivencias se mezclan con las críticas a la forma de llevar a cabo la Transición, entre otros motivos porque generó una creciente demanda de soberanía territorial.
Fundador de una saga de abogados
La mayoría de mi familia está relacionada con el ámbito de la docencia universitaria, algo en lo que participé como profesor auxiliar en la Universidad de Sevilla y en la de Santiago. Respecto a mi descendencia, la saga de abogados empieza conmigo y continúa con mis cuatro hijos, de los que me siento muy orgulloso, pues son muy buenos juristas, tenaces y con un gran interés por la investigación: Ramón es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad a Distancia; Amelia, doctora en Derecho, ejerce de profesora en la Universidad de Londres; Miguel y Diego, también letrados y economistas, trabajan en el despacho de Santiago, donde nos centramos en el terreno empresarial y concursal. Por otro lado, en el bufete en Madrid solemos atender asuntos de gran relevancia. Para llevar a cabo ambas tareas, cuento con la colaboración de un equipo integrado por mis cuatro hijos, tres empleadas y varios pasantes.
Sobre la nueva Ley Concursal
La Ley Concursal de 2004 pretende convertir en una quiebra menor la suspensión de pagos y propiciar un convenio que permita salvar puestos de trabajo. Aunque no me gustan algunos de sus aspectos, como la ley penal paralela, no obstante es indudable que esta norma mejora su antecesora, la caótica Ley de Suspensión de Pagos de 1922, redactada por Cambó y que respondía fundamentalmente a intereses partidistas y económicos.
Con la Transición eclosionaron los conflictos independentistas
Durante la Transición fui Secretario General de España del Partido Demócrata y de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, con Joaquín Garrigues y Antonio Fontán. Viví con mucha intensidad esta etapa, aunque discrepo de la forma en que fue llevada a cabo. Entonces tuvimos la oportunidad de evitar llegar a un pacto en inferioridad de condiciones. Lo cierto es que la izquierda actuó perdonando a la derecha y al centro y, a su vez, UCD lo consintió todo pensando que podían arreglarse las desavenencias prescindiendo de la historia. Sin embargo, era evidente que los movimientos independentistas de Cataluña, País Vasco y Galicia saldrían a la superficie tarde o temprano. Al final, hoy hemos comprendido que no se quería una república ni unas comunidades autónomas subordinadas al Estado central, compatibles con él y solidarizadas con todas las demás, sino la independencia. En el País Vasco y Cataluña este afán se hace patente de manera especial en detrimento del idioma y la cultura de España en su conjunto. En mi opinión, es evidente que no puede atribuirse a las regiones una soberanía inexistente con anterioridad.
En Galicia, se ha desplazado el castellano
Constantemente se observa que el idioma se constituye como una eficaz arma, utilizada por el poder, para dividir a los ciudadanos. Considero inaudito que en el Parlamento de Galicia, una comunidad donde existen dos lenguas, se haya desplazado el castellano. En principio, en todo país bilingüe, las administraciones y los organismos públicos se comprometen a hablar y a entender ambos idiomas. No obstante, en la práctica no es así, lo cual sitúa a estas autonomías en una clara situación de diglosia. Por ello me resulta incomprensible que se pretenda que en el Senado cada uno hable sólo en la lengua que le es propia, sea gallego, vasco o catalán; sería como si en Alemania se propusiera hablar en bávaro en el Parlamento nacional, un despropósito que, intuyo, no sería tomado en serio por los diputados germanos.
En contra de la Ley del Aborto y de la regulación del suicido asistido
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad estudia normas para garantizar que los enfermos terminales no sufran dolorosas agonías. El paso siguiente apunta hacia la regulación del suicidio asistido, es decir, la posibilidad de que un enfermo pueda recibir ayuda para poner fin a su vida. Particularmente, no comprendo cómo puede publicarse una ley de suicidio asistido. Hasta la fecha, no conozco ningún caso de condena por auxiliar a un suicida. Otra norma inexplicable, independientemente de la cuestión religiosa, es la Ley del Aborto, contraria a la sensibilidad de nuestro país, al amparo de la cual existen muchas clínicas que –todos lo sabemos– practican el aborto sin que se cumplan ninguno de los tres supuestos establecidos por dicha ley.
Predominio del corporativismo en la judicatura
Hay quien confía en que el actual Consejo General del Poder Judicial se encargará de modernizar la Justicia; sin embargo, esto ocurrirá sólo cuando se nombre a un revolucionario al frente del Ministerio de Justicia. Sucede que en la Administración judicial la mayoría acepta con agrado la organización corporativa de los funcionarios; y encima parece que baste con memorizar una serie de temarios para que alguien se considere en condiciones de impartir justicia. Uno de los principales inconvenientes de nuestro sistema judicial es que se acostumbra a premiar el número de sentencias dictadas, pero no la calidad de las mismas. Esta tendencia convierte a los jueces en funcionarios temibles para el ciudadano. Tampoco existe ningún organismo que controle las sentencias y vigile que respondan a razones sociales y legislativas. Muchas veces, los fallos judiciales se rigen estrictamente por la ley y la jurisprudencia, aunque en conciencia se discrepe absolutamente. Con frecuencia se olvida que el Derecho no sólo debe crearse, sino que también ha de aplicarse día a día.
Con el actual sistema de nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial nunca llegará a ser independiente
Por mucho que los políticos intenten convencernos de sus buenas intenciones, creo que, con el presente sistema, el Consejo General del Poder Judicial nunca llegará a ser independiente. Es cierto que sus nuevos miembros son todos relevantes, pero también lo es que provienen del mundo de la política. El hecho de que el Parlamento sea el organismo encargado de la elección de dicho Consejo significa ignorar completamente el principio de separación de poderes defendido por Montesquieu. Para empezar a notar cambios significativos, este organismo debería estar formado por juristas de reconocido prestigio, que fuesen verdaderamente imparciales y que tuvieran potestad y credibilidad para investigar a los jueces.
Monárquico pero no juancarlista
Sin ser juancarlista, me siento monárquico en el sentido genérico de la palabra y, consecuentemente, soy contrario a la alteración de la línea dinástica. Por esta razón, en su momento, me disgustó mucho el hecho de que Juan Carlos fuera nombrado Rey, anteponiéndose así a su padre, don Juan de Borbón. Creo que la monarquía posee escasa defensa argumental que la justifique frente a la sociedad: su único valor seguro es precisamente el dinástico, puesto que, asegurando la estirpe, se evita la elección y se asegura un referente imperecedero, que se prolonga en sus sucesores. Pero, si se quiebra la línea dinástica, se alteran todas estas ventajas, y esto es lo que ocurrió aquí en España. Como monárquico en el sentido apuntado, deseo la continuidad de esta forma de gobierno y por tanto que algún día llegue el reinado de Felipe VI.
El grupo de Estoril, partidario de don Juan de Borbón
Pertenezco al denominado “Grupo de Estoril», partidario de don Juan de Borbón. Don Juan tendría que haber reinado, aunque hubiese sido simbólicamente, al menos por un día, para no romper el principio de continuidad dinástica. El Conde de Barcelona era un hombre muy austero y estoy convencido de que habría sido un rey ejemplar. Me relacioné muy directamente con él. A menudo le escribía cartas y documentos que debía presentar o leer. Poco antes de la renuncia a favor de su hijo, le escribí una carta en la que le aconsejé no hacerlo. Manteníamos una gran amistad, personalmente sentía por él una devoción casi filial. Recuerdo con cariño que una vez nos invitó a mi mujer y a mí a pasar un fin de año en su casa de Estoril.
Una renuncia dolorosa
El palacio de la Zarzuela fue el escenario de la dolorosa renuncia de don Juan de Borbón el 14 de mayo de 1977. Tanto era su pesar que algunas lágrimas brotaron de sus ojos. Se acordó que el Rey le besara la mano a su padre en el momento de la renuncia, cosa que no hizo. En cambio, don Juan, al finalizar su discurso, se cuadró ante su hijo y le dijo: “Majestad: ¡Por España, todo por España! ¡Viva España! ¡Viva el Rey!” Ni siquiera fue una declaración en toda regla ante el Parlamento, como le hubiera correspondido por su categoría; tampoco le dieron la oportunidad de ser Rey por un día. Simplemente, acudió el ministro de Justicia como notario mayor del Reino para levantar acta de su renuncia. Aquel fue un día verdaderamente triste.
Un liberal en estado puro
Siempre he individualizado mi criterio, todas las opiniones expresadas a lo largo de mi vida han sido personales, jamás intenté imponérselas a nadie. Me siento un liberal en estado puro, pues creo que la mejor forma de enfocar la política es respetando las creencias de las personas y luchando por el progreso del país y la solidaridad entre todos sus ciudadanos.
