Texto del 22-07-2008
Fotografía: Foto Torres, Ibiza.
Al frente del bufete que lleva su nombre, Jaime Roig está especializado en temas penales y en Derecho administrativo. Detractor de un poder legislativo que vive sometido al impacto mediático y que legisla en demasía y de forma precipitada, clama contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por considerar que vulnera los derechos del detenido. Asimismo, afirma sin ambages que prefiere un Estado constitucional, fuerte y plural, al actual Estado autonómico.
Mi hijo Miguel Ángel sigue mis pasos en el bufete
En mi despacho, al ser varios abogados, tenemos la posibilidad de especializarnos en los temas que más nos gustan. Yo opté por el Derecho penal y el administrativo. Otros compañeros se ocupan de la rama civil, de familia, temas inmobiliarios, Derecho internacional, etc. Ello nos da la posibilidad de abarcar una clientela heterogénea que, en cambio, comparte una característica: en un 95% son extranjeros, la gran mayoría residentes en Ibiza, y a los que atendemos en su idioma, ya sea francés, inglés o alemán. Amén de a particulares, asesoramos a empresas extranjeras en España, Portugal y el Magreb. Mi hijo Miguel Ángel, abogado y economista, sigue mis pasos en el bufete.
La Transición es un proceso aún pendiente de consolidación
Desde el inicio de la Transición el progreso social ha sido más que evidente. Sólo por ello ya habría que valorar este período positivamente. En el aspecto político, significó también la consolidación del Estado de Derecho. Consensuamos una nueva estructura del Estado español con las autonomías y nos dotamos de una Constitución para garantizar el paso de un sistema político a otro sin poner en peligro la cohesión social y territorial. La Transición fue –es– un proceso dinámico, y no debemos ponerle punto final. El progreso, la justicia y la libertad no tienen –no deben tener– punto final. La consolidación de la Transición, que considero inacabada, no llegará hasta que el Príncipe asuma las competencias del Rey. Aún valorando muy positivamente la figura de don Juan Carlos, éste no deja de tener sus raíces en el pasado político.
Una legislación precipitada que provoca inseguridad jurídica
Se legisla a base de golpes mediáticos, precipitadamente, para solventar las preocupaciones sociales que la prensa va sacando a la luz pública. Si luego una nueva ley es de difícil seguimiento, espolearán a los profesionales de la Justicia para lidiar con ella. Los legisladores dejan en nuestras manos el problema: ésa es la dinámica. Se legisla muchísimo, hasta el punto de que un estudio calculó que un abogado necesitaría entre 8 y 10 horas diarias de lectura para actualizar sus conocimientos sobre todas las normas dictadas regularmente por el Gobierno, las comunidades autónomas y otras entidades menores. El exceso legislativo es una barbaridad que se intenta justificar por la “alarma social”, un concepto más mediático que estrictamente judicial. Mientras el poder legislativo siga sometido al permanente efecto mediático, se legislará mal. Dictar leyes requiere un cierto reposo y una cierta serenidad. La legislación precipitada suele convertirse a menudo en papel mojado, cuando no da pie a sentencias contradictorias, de manera que asuntos totalmente idénticos se resuelven de modo distinto incluso en una misma sala. Sobran normas: unas solapan a otras en un totum revolutum que no se unifica. De ahí la inseguridad jurídica que padecemos, sobre todo en cuestiones relacionadas con el urbanismo.
Excesiva judicialización y criminalización de la vida social española
La vida social española se está judicializando a marchas forzadas, hasta cuatro veces más que Inglaterra, un país de larga tradición democrática. Dentro de esa judicialización, lo penal, de una trascendencia social importantísima, está adquiriendo una excesiva relevancia. Se están creando juzgados especiales en lugar de incidir en la educación social; se opta por reprimir en vez de educar. Por mucho que se diga, la realidad demuestra, tozudamente, que el internamiento en prisiones no reinserta, no reeduca, no sirve para reincorporar a la sociedad. Por desgracia, es más cómodo criminalizar la vida diaria y disfrazar la represión de reinserción que sentar las bases educativas de una sociedad menos problemática.
Se vulneran los derechos de los detenidos
La asistencia al detenido adolece en estos momentos de gravísimas carencias. Mi actividad al respecto es cada día menos libre, eficaz e independiente, y me siento corresponsable y cómplice involuntario de algo que no funciona, y, por ello, muy frustrado. Los derechos de asistencia al detenido son vulnerados por indebida aplicación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al ciudadano detenido, se le niega la posibilidad de hablar con su abogado antes de prestar declaración y, al abogado, la vista previa de los atestados de la policía. Los letrados defensores somos meros espectadores. No podemos conocer los hechos de primera mano, sólo limitarnos a adivinar lo ocurrido a partir del interrogatorio policial. Ello distorsiona cualquier principio de defensa real y efectiva.
Reformar la Constitución es viable siempre que haya consenso
No debería darnos miedo adaptar la Constitución a la realidad cambiante, y eso no significa perderle el respeto. Nuestra Carta Magna goza de un amplio consenso en la sociedad, y cualquier modificación debería gozar de un acuerdo similar. No olvidemos que es el marco jurídico que regula nuestros derechos y nuestra convivencia: es obvio que estamos hablando de un texto muy complejo y delicado. Sin embargo, me preocupan, no tanto las eventuales modificaciones, como la orientación que se les dé. Una de las prioridades sería llevar a cabo la anhelada reforma del Senado, una institución fallida desde su nacimiento; otra prioridad debería ser la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
A pesar de los buenos profesionales con los que contamos, tenemos una Justicia precaria
El Consejo General de Poder Judicial es un órgano mal diseñado desde sus inicios, y ello genera una sensación permanente de provisionalidad. A pesar de los buenos profesionales con los que contamos, tenemos una Justicia precaria. Sufrimos de mala organización, falta de medios y una rigidez de funcionamiento impropias de un Estado moderno. Y ello es así porque la Justicia, a diferencia de la Agencia Tributaria, no da ni dinero ni votos. Y poco puede hacer el Poder Judicial al respecto. Primero porque, como ya he dicho, no hay medios; además, porque funciona como una mera terminal de los poderes políticos, con la consiguiente pérdida de independencia que ello conlleva. Un hecho, sin duda, muy grave, que pone en peligro el Estado de Derecho. Se ha dicho desde las más altas instancias políticas que ésta va a ser la legislatura de la reforma de la Justicia. No es la primera vez que se promete algo parecido para no cumplirlo. Modernizar la Justicia no figura entre las prioridades de los partidos políticos, de un signo o de otro, más centrados en aspectos de los que puedan sacar réditos electorales a corto plazo.
El Estado autonómico ha incrementado gastos, triplicado el centralismo y exacerbado el independentismo
No me entusiasma el Estado de las Autonomías. No alcanzo a comprender su beneficio final. El café para todos de Suárez nos ha llevado a diecisiete pequeños estados, con sus respectivas burocracias administrativas, de un coste económico muy alto para el contribuyente. El Estado de las Autonomías se ha fundamentado en discutibles hechos diferenciales como el de las Baleares, que respeto pero que no tengo muy claro. Otra cosa serían Cataluña, el País Vasco o Galicia, cuyo nacionalismo se ha exacerbado con el sistema autonómico y han acabado liderando reivindicaciones cada vez más independentistas, en una espiral que sólo puede terminar en la fragmentación de España. La comunidad autónoma no debe ser una lanzadera del ultrarregionalismo: es un paso atrás en el desarrollo histórico actual. Además, en lugar de acabar con el centralismo, propicia un doble o triple centralismo. Y tiene un inconveniente más: va en detrimento de la Administración más cercana, el municipio. A mí me gustaría consolidar un Estado constitucional plural, pero con un Gobierno central fuerte que mantenga el concepto de España y que garantice un Estado de Derecho social y democrático.
Sucesión monárquica tutelada
Todo sistema político, al nacer, siembra la semilla de su propia desaparición. Dicho esto, entiendo que una vez formado su sucesor, y dada la edad del Príncipe, convendría que don Juan Carlos abdicara en él. No hay prisa, pero no me parecería correcto agotar el reinado hasta el final. Sería un gran lujo que don Felipe reinara aún en vida de su padre, y que pudiera contar con la voz de la experiencia de éste. Si se tiene la oportunidad de llevar a cabo una sucesión tutelada no debería desaprovecharse.
Estamos muy cerca del modelo de monarquía escandinava
Espero que nuestro futuro rey mantenga las líneas de actuación trazadas por su padre y que sus poderes sigan siendo más simbólicos y conciliadores que reales y efectivos. Don Juan Carlos sabe que un monarca es importante tanto por lo que dice como por lo que calla. Y don Felipe ha aprendido de él. Respecto al debate sobre la elección entre monarquía o república, entiendo que si la primera funciona no hay por qué modificarla. Creo que el modelo de monarquía a la escandinava es muy deseable y, sin miedo a equivocarme, diría que estamos bastante cerca de él. La figura del Rey globaliza el concepto de España e impide dinámicas disgregadoras. Aunque sólo sea por esa función unitaria, su papel es importantísimo.
