Texto del 22/10/2008,
Fotografía cedida por Jorge Caramés.
El poder judicial y el Estado de las Autonomías son dos cuestiones que preocupan a Jorge Caramés, socio del bufete Uría Menéndez y profesor de Derecho civil en la Universidad de Deusto. En su opinión, tanto los partidos políticos como los mismos jueces son responsables de la actual situación de la cúpula judicial, siendo un problema de sentido de la medida. En cuanto a la materia autonómica, considera que cualquier aspiración nacionalista contraviene el curso de la historia.
Grandes empresas y asesoramiento jurídico preventivo
Cada vez más, las grandes empresas se deciden a contratar servicios de asesoramiento jurídico personalizado y preventivo. Lo he podido comprobar desde mi ejercicio diario, orientado sobre todo al Derecho privado patrimonial. Es lógico que las empresas que se dedican a grandes operaciones y transacciones estén prevenidas.
Ejemplo de los Pactos de la Moncloa
La Transición constituye una página brillante de la historia reciente de España. Fue una época de grandes e importantes decisiones. Tuvimos la claridad de ideas suficiente para vislumbrar que debíamos dar un paso adelante decisivo, y así lo hicimos. No es menos cierto que los tiempos que vivíamos nos abocaban irremediablemente a ello, pero sin el esfuerzo de todos los partidos políticos y de la sociedad en general lo más probable es que todo se hubiese producido de otro modo. Se llevó a cabo, en definitiva, una sobresaliente labor complementada con acciones destacadas como, por ejemplo, los Pactos de la Moncloa. Me temo, sin embargo, que hoy, a tenor del nada admirable comportamiento de la clase política, estamos estropeando un poco lo que conseguimos alcanzar tan admirablemente en su día.
Una Carta Magna joven que no urge modificar
La Constitución, como texto técnico-jurídico en sí, es una obra notable. Otra cosa muy diferente son los problemas políticos derivados de la interpretación de ese texto. Pienso que no hay que tener miedo a reformarla, siempre y cuando se alcance por consenso la necesidad de hacerlo y, en caso de que así fuera, sólo si se realizasen las modificaciones de la manera más reflexiva posible para que así pudiese durar otros treinta años. Se trata de una Carta Magna joven y personalmente no veo la urgencia de modificarla.
Independencia del poder judicial, decisión de jueces y políticos
El poder judicial es un poder esencial en un Estado de Derecho. La clase política no está interesada en otorgarle una verdadera independencia y es comprensible, aunque no aceptable, que intente influir en las decisiones que toma su órgano responsable. Algunos jueces, por su parte, se han dejado cautivar por los intereses políticos y, sobre todo en las grandes cuestiones estatales, se percibe con claridad esa influencia. No se ha procurado establecer un poder judicial de gran prestigio social y profesional, lo que ha revertido negativamente en la autonomía de sus miembros. Tanto los partidos políticos como los mismos jueces son responsables de esta penosa e irritante situación.
Exigir un funcionamiento eficaz del sistema judicial
Lograr independencia, adquirir los medios técnicos y humanos necesarios, así como hacer oír la voz de quienes trabajan dentro del ámbito judicial, son tres aspiraciones naturales de la Justicia que no debieran por ello ser motivo de debate. En cuanto a su Administración, arrastramos la organización judicial clásica de antaño. El juez resuelve conflictos y aplica el Derecho, pero además gestiona la oficina judicial, algo para lo que no está formado ni constituye en realidad parte de sus competencias. Se impone, por tanto, una verdadera gestión empresarial acompañada de una seria dotación de medios materiales. El papel que le corresponde a la Administración debe ser redefinido. La oficina judicial ha de poder funcionar con celeridad ante cualquier trámite burocrático. No debiera ser tarea del juez, por ejemplo, hacer memoria de cuántas sentencias ha dictado a lo largo de un año; este tipo de cuestiones entretiene la labor de los magistrados y afecta negativamente a la Justicia. Pensemos que sólo una parte de los asuntos jurídicos se desarrolla ante los tribunales, pero que todo tiene como referencia la posibilidad de llegar a ellos. Es, en definitiva, un problema de adecuación, de sentido de la medida.
Las aspiraciones nacionalistas no responden a la realidad social
Para empezar, no contamos con un bicameralismo efectivo sino que el Senado viene a ser una especie de segunda Cámara puramente decorativa. Hay demasiados asuntos que quedan por resolver en materia autonómica. Pienso que se trata de un tema que se nos ha escapado de las manos. Personalmente, no entiendo el nacionalismo. Encuentro que se aleja del devenir de la propia historia: el mundo camina hacia la globalización, y creo que son positivas las grandes unidades. En este sentido, España está inmersa en una dispersión cultural sin sentido que no responde a una auténtica realidad social. No es cierto, tal y como quieren presentarlo los políticos regionales, que exista una demanda ciudadana de nacionalismos: a casi nadie le interesa la soberanía. Se trata más bien de un juego político que está generando un empobrecimiento cultural formidable. Además, estoy convencido de que la sociedad del bienestar se ha implantado al margen del Estado de las Autonomías, pero que, en contraposición, hemos duplicado las administraciones y, por consiguiente, encarecido el aparato del Estado. Lo cierto es que existe tanta descentralización como multiplicación de administraciones. Sería apremiante llegar a un acuerdo político en este asunto crucial.
Supondría una ventaja uniformar el espacio jurídico
La abundancia legislativa es cosa cierta y, en parte, inevitable. Pero, al disponer nada menos que de 20 fuentes de producción normativa, se crea inseguridad jurídica. Por el contrario, estamos inmersos en un constante proceso de unificación del Derecho europeo. En mi opinión, es bueno uniformar el espacio jurídico. En España se legisla de un modo muy coyuntural, deficiente desde un punto de vista técnico. No creo que los medios de comunicación tengan tanta influencia como se dice. No sé a ciencia cierta dónde se localiza el epicentro o foco de influencias e intereses de los grupos de presión, pero me parece obvio que los medios actúan más bien como transmisores de determinadas pretensiones políticas. Estamos en la era de la sociedad de la información y mediática y cualquier noticia, más o menos comprobada o precisa, cobra dimensiones desmesuradas en el ánimo del ciudadano.
La Ley de Memoria Histórica: una norma innecesaria y mal planteada
Estimo que la Ley de Memoria Histórica es una ley innecesaria y que, para colmo, está mal planteada. Requiere más reflexión de la que tiene, mayores matizaciones, y exige mucho sentido del equilibrio. Hay que evitar a toda costa crear una fuente de división en la sociedad.
Mayor concreción para la Ley de Violencia de Género
No hay más violencia hoy día que hace cincuenta años. Desde luego que no puedo tener objeciones a la hora de defender la situación de la mujer en caso de que ésta se halle manifiestamente en desventaja, pero sin avivar por ello ninguna animadversión hacia el varón. También es cierto que ya es momento de poner coto a los lamentables casos de violencia doméstica, pero evitando legislar coyunturalmente de cara al voto en la urnas. Las miras han de ser más amplias.
Estamos revisando el sistema liberal capitalista
No creo que vayan a producirse modificaciones importantes en la estructura empresarial a nivel mundial. Habrá más salidas a bolsa, más concursos de acreedores, menos estrategias y grandes fusiones que requieran una fuerte financiación. Simplemente, estamos viviendo una revisión del sistema liberal capitalista. La política internacional errática de los últimos años ha impedido que los europeos nos hayamos sabido organizar frente a EEUU. Hemos perdido oportunidades. Creo que los llamados “países emergentes” cambiarán la relación de fuerzas del mercado.
Propiciar el arbitraje para resolver conflictos económicos
Las modalidades alternativas de solución de conflictos como el arbitraje, del que me declaro partidario, aplicadas o dirigidas a aquellos asuntos de mayor relieve no están asentadas del todo. Sin duda sería muy ventajoso propiciar este sistema para la resolución de conflictos económicos.
Es necesario recuperar la importancia de la educación
La cultura debe primar en la regulación de la educación. En los tiempos que corren, la instrucción quizás es más extendida que hace años, pero sin duda de una calidad notablemente inferior. Se ha ampliado la cultura general del país pero ha bajado el número de personas verdaderamente ilustradas. Hemos olvidado, menospreciándola, la importancia del mérito y el esfuerzo. Hay que intentar recuperar ese espíritu de aprendizaje. El estudio es algo muy personal, y los profesores sólo sirven –y no es poco–, para encauzarlo y motivar a los alumnos en el ejercicio del mismo.
El Príncipe Felipe está perfectamente preparado para suceder al Rey
Es obvio que en España ya no quedan demasiados monárquicos al modo del viejo ABC. Personalmente, no entiendo la fórmula “Monarquía versus República”. Sólo tengo presente la democracia. Sin embargo, opino que no es casual que países tan bien organizados como los nórdicos practiquen el sistema monárquico. Es más económico para la sociedad y mucho más práctico, un punto de unión y una referencia para el país. Simboliza la unidad del Estado evitando los apasionamientos que quizá un sistema republicano despertaría. Considero, además, que el príncipe Felipe está perfectamente preparado para suceder al Rey.
