José Luis Bonet Ferrer

Presidente de la Cámara de Comercio de España

Desde 2014, me honra presidir la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Esta corporación de derecho público representa, promueve y defiende los intereses generales de las empresas españolas. En ella concurren hasta ochenta y cinco Cámaras de Comercio territoriales, que coordinamos para alcanzar objetivos comunes a todas ellas y a las compañías que aglutinan. Asimismo, existen otras cuarenta y cinco Cámaras en el exterior que ejercen de puente con determinados países para facilitar las relaciones comerciales con los mismos. Una de las principales misiones de estos organismos reside precisamente en favorecer la internacionalización de las empresas, que buscan asesoramiento y ayudas para introducirse en nuevos mercados y conseguir, de este modo, la expansión de sus negocios. Son instrumentos públicos incardinados en la estructura del Estado y que se diferencian de patronales y asociaciones empresariales que se deben estrictamente a las compañías voluntariamente adscritas a las mismas. Eso no impide que mantengamos buenas relaciones con algunas de estas entidades, como pueden ser la CEOE, Fomento del Trabajo o PIMEC, y que incluso trabajemos conjuntamente en algunos proyectos aunando fuerzas con ocasión de viajes de Estado que S. M. el Rey o el presidente del Gobierno realizan al exterior.

Las Cámaras de Comercio no se inmiscuyen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. Su cometido consiste en estimular la creación de empresas y empleo, la formación de equipos humanos, el respaldo a esas compañías para su crecimiento y su internacionalización. El capítulo exportador constituye una de las claves de la expansión de las empresas, algo que entendieron muchas firmas de nuestro país una década atrás cuando, a causa de la crisis derivada de las subprime y el desastre que se vislumbraba en el horizonte, se vieron obligadas a asomarse al exterior. Aquel momento fue un importante punto de inflexión, ya que comportó un cambio en la estructura empresarial, sobre todo porque no respondía a una acción esporádica, sino que existía el convencimiento de iniciar una senda internacional sin límites. Ahí fueron muchas las compañías que derrocharon esfuerzos para sobrevivir y mostraron determinación para avanzar en la aventura exportadora. Fruto de ello, el sector exterior español ha experimentado un cambio notable, pasando en una década de representar el 24 % al 34 % del PIB. La balanza exterior se ha equilibrado y España ha demostrado que está tomando el camino adecuado en lo que respecta a internacionalización.

En el actual escenario de pandemia se ha evidenciado que las empresas que mejor han resistido son aquellas que, en su día, decidieron emprender el camino al exterior. Por tanto, resulta recomendable que las compañías que aún no han iniciado el capítulo exportador lleven a cabo esfuerzos en ese sentido. Ahí el respaldo de las Cámaras será vital y, por supuesto, hallarán en ellas toda la ayuda posible. Puedo predicar con el ejemplo que seguimos en Freixenet, compañía que, al margen de la calidad de sus productos y su reconocimiento de marca, ha alcanzado el liderazgo a través de la internacionalización. Algunos empresarios del cava cuestionaban la posibilidad de exportar nuestros espumosos. Josep Ferrer, mi tío, certificó que esa meta era factible y consiguió demostrar que cualquiera que se lo proponga puede conseguirlo con esfuerzo y talento. Ese episodio vivido me llevó a plantear la internacionalización de Fira de Barcelona con mayor ahínco que durante mi etapa como presidente del Consejo de Administración de la institución. Simultáneamente, junto a otros empresarios, decidí poner en marcha la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, conscientes de cómo podíamos poner en mayor valor de este modo y en el exterior la competitividad de los productos de nuestras firmas y, al mismo tiempo, contribuir a la mayor reputación de la marca España. Ese fue el paso previo a mi nombramiento como presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España en 2014 una vez publicada la ley creadora de la misma.

El acceso a la presidencia tuvo lugar poco después que Jaime García Legaz, exsecretario de Estado de Comercio y alma de la Ley de Cámaras, efectuara una visita a Freixenet. Realmente, un gesto que hay que agradecer, pues es necesario que los cargos públicos pisen el territorio y se acerquen a la realidad de las empresas. Mantuvimos una conversación durante ese encuentro y, semanas más tarde, me llamó para sondear si aceptaría esa responsabilidad. Quise recabar la opinión de Josep Ferrer, quien me animó a asumir el reto. Creo que acerté, ya que mi talante en la vida se ha definido por una entrega absoluta a la empresa. Nací en el seno de una empresa familiar, lo cual te marca y consigue absorberte. Por fortuna, tuve la posibilidad de compaginar esa faceta con la ciencia, el pensamiento y la reflexión que encarna la Universidad, ya que la familia me permitió compatibilizar la carrera de profesor titular de Economía Política y Hacienda Pública en la Facultad de Derecho con mis labores en Freixenet. El tercer pilar que ha definido mi trayectoria vital es la vocación de servicio al colectivo. No he podido ejercer como político, porque cuando formas parte de una empresa como la nuestra no resulta fácil conciliar ambas facetas. No obstante, siempre me he caracterizado por una manera de actuar similar a la de hacer política, a través de servir al colectivo y velar por el interés común. He participado en muchas instituciones privadas y públicas, algunas de ellas muy importantes, invirtiendo muchos esfuerzos y aportando experiencia e ideas. Por ejemplo, en Fira de Barcelona o en Fira 2000, S.L., que promovió la construcción del recinto ferial de Gran Via o rehabilitó el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. También presido Alimentaria, salón que ejemplifica la colaboración entre firmas competidoras con el objetivo compartido de hacer crecer el sector en su conjunto.

Existe mucha confusión respecto a las Cámaras de Comercio y mucho desconocimiento en torno a cuáles son sus funciones. Las propias Cámaras, en parte, son responsables de ello, pues cuando se disponía de recursos no los dedicaron de manera absoluta a conseguir que el tejido empresarial experimentara el mayor impulso posible, aunque es innegable su aportación. El origen de estos organismos se remonta a 1886, cuando el ministro Eugenio Montero Ríos dio luz verde al decreto fundacional de las mismas, siguiendo el ejemplo de otros países como Francia. En apenas un par de años se crearon medio centenar en toda España. No resulta extraño, pues eran momentos de fuertes tensiones laborales, en los que los empresarios debían aglutinar fuerzas para defenderse, en especial de las continuas huelgas. En sus inicios, siguieron el modelo inglés, prácticamente como organizaciones patronales, de carácter privado y con cuotas voluntarias. Con el tiempo, se dieron cuenta de la necesidad de mantener encuentros periódicos y convocaron asambleas, incluso coincidiendo con la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Paulatinamente, fueron convirtiéndose en un incipiente organismo de relación que, en 1922, desembocaría en el Consejo Superior de Cámaras, antecedente de la Cámara de Comercio de España.

Una ley de 1911 dictamina que las Cámaras son corporaciones de derecho público tuteladas por el poder público, al tiempo que establece que todas las empresas deben pertenecer a ellas y que aquellas deben representar a todas las compañías. Asimismo, se consigna que deben disfrutar de financiación pública para poder dar respuesta a las funciones para las que han sido creadas. De este modo, pasan a disponer del recurso cameral permanente, de una exacción fiscal y, también, de una pequeña aportación procedente de las actividades privadas. Pese a todo, las empresas en general no percibían la importancia de aunar esfuerzos y promover una plataforma que les ayudara en la internacionalización. Una verdadera lástima, porque existían recursos económicos con los que se hubiera podido llevar a cabo una potente promoción de las exportaciones. El salto monumental se produce a mediados del siglo XX, especialmente en la década de los 60, con el plan de estabilización, cuando el impuesto de sociedades se incrementa y la dotación del recurso cameral permanente crece de manera exponencial. Esa circunstancia provoca que las patronales intenten acabar con la situación privilegiada de las Cámaras, un objetivo que ya se había propuesto el movimiento sindical franquista. No obstante, el ministro de Comercio de la época, Alberto Ullastres, no cedió a las presiones y logró salvar estos organismos. Sin duda, un desafío que no resultó fácil, pues existían tensiones derivadas del hecho de que muchas pequeñas compañías eludían el pago de las cuotas, mientras que las grandes empresas satisfacían los impuestos, pero no veían retorno suficiente, lo cual les llevaba a cuestionar la utilidad de las Cámaras.

Aunque la labor de las Cámaras no resultara del todo eficiente, lo cierto es que llevaban a cabo iniciativas interesantes de apoyo a las empresas. Uno de sus problemas radicaba en la burocratización de sus estructuras, lo cual a menudo limitaba su potencialidad. También adolecieron de cierta falta de capacidad de pedagogía y comunicación para explicar cuáles eran sus fines. Ese fue uno de los retos que me propuse salvar cuando asumí la presidencia de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España: dotarla de visibilidad y conseguir una mayor coordinación de las ochenta y cinco empresas que integran la red cameral. Tuve que luchar, asimismo, con la nostalgia por el antiguo régimen de alguno de los presidentes. Resulta obvio que la presidencia de este tipo de organismos está asociada a un aura de liderazgo social. Pero no hay que confundir la entidad que te confiere el cargo con la misión que te corresponde al asumir esa responsabilidad, que precisamente tiene que ver con el servicio que se presta a las empresas, el asesoramiento a personas faltas de criterio y necesitadas de que les pongan al corriente del estado de la economía, de las oportunidades de negocio, de las ayudas a que pueden optar…

De la importante función que desarrollan las Cámaras de Comercio fueron muy conscientes los activistas del separatismo, consiguiendo que la candidatura impulsada por l’Assemblea Nacional Catalana alcanzara la presidencia de este organismo en Barcelona. Si bien, el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo inadmitió un recurso de la Generalitat contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que cuestionaba las elecciones por haber primado el voto electrónico, los órganos de gobierno de la Cámara barcelonesa se mantienen en funciones a la espera de que un nuevo decreto del Ejecutivo catalán convoque nuevos comicios. Se trata de una situación irregular y anómala, derivada de la orientación adoptada por quienes ocupan el Gobierno de la Generalitat y otras administraciones públicas catalanas, que viven a espaldas del conjunto de la ciudadanía. En 2017 se propusieron suprimir las leyes con las que no comulgaban. Su propósito no reside en trabajar para el conjunto del país, sino solo para la parte de la población que les resulta afín. Reivindican la mayoría independentista, lo cual es cuestionable. Puedo respetar a las personas que defiendan la opción de una Catalunya independiente, pero pienso que es fundamental atenerse a lo establecido en la Constitución y las leyes, el Estado de Derecho y la democracia, pues en caso contrario corres el riesgo de dinamitarlo todo.

Debemos depositar esperanzas en esta etapa de diálogo que se ha abierto, pero sobre todo es necesario el sentido común. Quien está dispuesto a dialogar debe admitir que no siempre se puede tener la razón. La omisión absoluta de la ley y la elección de atajos no son los caminos más recomendables. Asimismo, hay que saber valorar la evolución experimentada en estas últimas décadas. El salto económico de España a partir de la Transición ha sido espectacular. La ayuda europea ha sido inestimable, sin duda, pero nadie puede discutir que el marco jurídico del que nos dotamos, con la aprobación de la Constitución y la incorporación a la Unión Europea y la OTAN, ha propiciado un desarrollo y una calidad de vida que sería una lástima echar por tierra. Todo ello fue posible gracias a un clima de consenso en el que participaron figuras con un alto sentido de Estado y una enorme capacidad de liderazgo; empezando por el Rey don Juan Carlos y continuando por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez; el presidente de las Cortes Torcuato Fernández Miranda; y otros políticos de muy distintas ópticas que demostraron una gran altura de miras como Manuel Fraga, Santiago Carrillo o Felipe González. Consiguieron ponerse de acuerdo para evitar repetir el desgraciado episodio histórico que fue la Guerra Civil. La Transición constituyó un capítulo ejemplar, un mérito de nuestra generación.

La adhesión a la Unión Europea es otro de estos hitos extraordinarios infravalorados. Cabe preguntarse qué habría sido de España durante la pandemia de no formar parte de este exclusivo grupo de países. En primer lugar, por la coordinación en lo que respecta a la producción, compra y distribución de vacunas. Pero, en segundo lugar, porque las medidas económicas adoptadas por las autoridades comunitarias han permitido mantener la actividad en el Continente. Recuerdo que cuando estalló la crisis del coronavirus recababan mi opinión respecto al futuro de las empresas. En ese momento, ya auguré que era necesario el despliegue de una especie de plan Marshall; una solución que finalmente fue aprobada de manera consensuada y mayoritaria que permitió la emisión masiva de dinero por parte del Banco Central Europeo. De esa manera, se garantizaba la liquidez ante el cierre obligado de las empresas, pues en caso contrario la economía se habría quebrado.

El acierto de la Unión Europea fue más allá, ya que se ha querido convertir la crisis en una oportunidad a través de los fondos Next Generation. Con estas dotaciones se pretende impulsar la actividad económica prestando atención a tres pilares básicos: la sostenibilidad, la digitalización y la formación. Curiosamente, estos conceptos los defendí yo mismo frente al Rey en 2019, cuando el monarca asistió al acto de renovación de mi mandato al frente de la Cámara de Comercio. Ahí expuse que nuestro propósito residía en apoyar a las empresas a través de cuatro líneas. Además de las tres mencionadas, añadí la internacionalización, un aspecto que Europa creo que también debería contemplar. Y aún debería añadirse otro aspecto: el emprendimiento.

En la Cámara de Comercio tenemos muy presente que somos un país de pymes. El 99,8 % de nuestro tejido empresarial lo componen pequeñas y medianas empresas, a quienes nos debemos, principalmente porque las grandes firmas, por fortuna, ya disponen de sus propios recursos y una estrategia de expansión definida. Estamos para facilitarles su labor y acompañarlas en sus retos, proporcionándoles los recursos necesarios para su expansión. Para ello, es necesario conocer muy bien el terreno y la realidad del entorno. En este sentido, merece la pena poner algún ejemplo como es el de Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, quien tiene perfectamente identificadas las nueve mil empresas de su demarcación y que procura ajustar la oferta de servicios a los requerimientos de esas enseñas. Y como él podría citar a una gran mayoría de presidentes de Cámaras de Comercio territoriales. Uno de los instrumentos de los que nos hemos dotado son las sesenta «acelerapymes», surgidas de un convenio firmado con Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el marco de Red.es. Se trata de hubs que, precisamente, permitirán acompañar a estas compañías más modestas en su digitalización y en la adquisición de competencias digitales. Es una cuestión clave, toda vez que en los equipos humanos hay gente de cierta edad que debe adaptarse a los requerimientos que demanda el nuevo entorno. Y, por supuesto, eso reclamará un esfuerzo por parte de ellos si no quieren quedar al margen del mercado laboral.

Ya he subrayado la importancia de la formación en el futuro de las empresas. Como profesor universitario, conozco este entorno y puedo asegurar que la obtención de un título no presupone que estés preparado. Durante la carrera puedes adquirir formación, pero es la vida la que después te prepara de verdad. Hemos impulsado la Comisión Universidad-Empresa, conscientes de la necesidad de acercar estas dos esferas. En la década de los setenta, en cambio, imperaba en un clima marxistoide que expulsaba de las cátedras aquellos que atesoraban una experiencia práctica, a quienes estigmatizaban por supuestamente impuros. Lo cierto es que los estudiantes llegan a la Universidad ignorando por completo qué es una empresa. Además, en la escuela y en los institutos se imparten conocimientos, pero no se transmiten valores. Adolecen de una falta de arte navegador, necesario para saber dónde están y qué ocurre a su alrededor; una mínima formación contextual sobre el marco en el que se hallan y que les permita entender cómo funciona la economía y la sociedad. La Formación Profesional debería contemplar una concepción dual, de modo que las empresas facilitaran a los alumnos el aprendizaje práctico en sus instalaciones. Asimismo, todo profesor universitario debería invertir cada año unas semanas en una compañía para tomar el pulso empresarial, al tiempo que los altos directivos de las empresas deberían ejercer eventualmente como profesores asociados y sin percibir estipendio.

En este momento, estamos impulsando un proyecto iberoamericano que coordina el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero. Se trata de un proyecto ambicioso, no exento de dificultades, pero ahí los españoles podemos ayudar mucho. También tenemos la vista fijada en África, considerado el continente del futuro y que, en estos momentos, constituye un generador de flujo migratorio hacia Europa. Esa realidad pone de relieve el principal problema de las economías occidentales: la demografía. En nuestras latitudes, la tasa de natalidad ha caído drásticamente y eso supone pérdida de potencia y, con seguridad, inmigración.

Al problema demográfico hay que añadir otros dos grandes problemas: la pérdida de valores y la débil generación de empresas. En España se calcula que existen dieciocho millones de hogares. Casi en un tercio de estos, seis millones, no existe ni un solo miembro que trabaje. No nos pasa por alto la existencia de la denominada economía sumergida, como también que hay mecanismos de atención social que permiten la supervivencia de muchas de esas familias. No obstante, la solución a esta situación pasa por la creación de empresas, que debería constituir el objetivo número uno a nivel nacional, porque las empresas son el primer escudo social. Las Cámaras de Comercio tendrían que hacer pedagogía en este sentido, al igual que a nivel general habría que sensibilizar a la población de la necesidad de trabajar para dignificar este mundo. En este sentido, recuerdo una frase del Evangelio según San Mateo, que atribuye a Jesús la siguiente frase: «Quien quiera ser el primero, que sea vuestro servidor». Una lección humanística de liderazgo pronunciada hace dos mil años pero que hoy en día se mantiene muy vigente, y que ilustra a la perfección las tareas que tenemos encomendadas en nuestras Cámaras de Comercio, que están al servicio de las empresas y, al final, de la gente.