Texto del 26-05-2008
Fotografía: FOTO BEST.

El abogado Pérez Mena, al frente de sus cuatro despachos, contagia un gran entusiasmo por su tierra. Con casi dos décadas de ejercicio profesional a sus espaldas, considera imprescindible el papel de los abogados en la modernización de Extremadura y de nuestro país en general. Demanda un mayor reconocimiento histórico de la labor de la Corona así como la plena adecuación de la legislación a las nuevas realidades tecnológicas y sociales.

Cuando empecé, en Trujillo apenas había abogados

Mi padre, Juan José Pérez, era agricultor. Gracias a sus esfuerzos, dos de sus hijos (José Luis e Ignacio) somos abogados. Recuerdo que, al principio, en Trujillo éramos solamente seis o siete. Ahora seremos diecisiete. Este aumento se debe a que el Estado de Derecho ha supuesto una judicialización de la vida social y esto, a su vez, una mayor demanda de nuestros servicios. Los letrados no hemos de limitarnos a los pleitos: debemos ser, también, asesores de familias y empresas. Hoy hay más burocracia y más papeleo que nunca para cualquier trámite: subvenciones, ayudas estatales y autonómicas, creación de empresas… Nuestra implicación también debe ser mayor socialmente. Esto ya sucede en las ciudades pequeñas, donde la integración del jurista en la vida de sus clientes es mayor.

Emblema de la Extremadura autonómica

Antes del Estado autonómico, Extremadura era una gran desconocida, arrastraba la imagen de tierra introvertida y olvidada que reflejaba la famosa película de Buñuel sobre Las Hurdes. La Junta se ha encargado de dar a conocer al resto del país una Extremadura más acorde con la realidad; no sólo a través de sus campañas institucionales, sino también gracias a la creación de nuevas infraestructuras que han mejorado las comunicaciones, como la Autovía de Extremadura, que nos enlaza con Madrid y con Lisboa.

La Justicia funciona mejor en las pequeñas ciudades

Tenemos despachos en Guareña (Badajoz), en Cáceres capital y en Trujillo, y estamos domiciliados en Madrid, donde también llevamos asuntos. Esto nos permite ejercer nuestra labor en diversos ambientes: el gran entramado judicial de Madrid, lento y voluminoso; el mediano de Cáceres, y el de una ciudad pequeña con alrededor de 10.000 habitantes como es Trujillo, en la que los clientes, los funcionarios y los jueces son conocidos por todos… En este sentido, siempre he afirmado que hay mejor Justicia y mejor administrada en las pequeñas ciudades que en las grandes urbes. Llevamos casos de derecho civil, penal, de tráfico (para compañías aseguradoras) y también asesoramos a empresas. Los empresarios se están dando cuenta de que el asesoramiento de expertos en el ámbito económico, jurídico y fiscal es la base fundamental para el desarrollo empresarial.

Máxima honradez y veracidad

La perfecta integración con los clientes, la armonía entre ambas partes, representante y representado, sólo se consiguen con honradez y honestidad. El cumplimiento escrupuloso del código deontológico es básico: el letrado debe ofrecer a su representado una información objetiva y veraz, hacerle sopesar las ventajes y los inconvenientes, darle conocimiento del posible resultado del procedimiento judicial y de la manera en que éste le puede compensar o no… Forma parte de nuestras obligaciones que el usuario sepa las consecuencias económicas y jurídicas de su decisión, todo ello expuesto con el máximo rigor y siempre firmando la correspondiente hoja de encargo.

La lacra de los accidentes de tráfico

Hemos querido especializarnos en los accidentes de tráfico porque entendemos que, actualmente, el tráfico es una lacra social y comporta una gran carga económica para las aseguradoras y para el Estado. Se producen gran cantidad de accidentes y es necesario abordarlos desde un mayor rigor jurídico, si bien es un ámbito en el que, precisamente, la Legislación se ha actualizado, lo que ha terminado en parte con el laberinto interpretativo en el que nos encontrábamos hace unos años.

Código deontológico y conciencia

Ante ciertos supuestos de la práctica de la abogacía, surgen preguntas como la de si es posible defender a un asesino confeso. Pues bien, la respuesta es que no sólo es posible, sino que es necesario. El derecho a la defensa es un derecho sagrado, inviolable. Una buena defensa siempre está basada en la concienciación de hacer las cosas bien, en el estudio de las múltiples circunstancias que llevaron al defendido a cometer su acción. Es nuestra obligación que el tribunal conozca esas circunstancias y que las conozca también la sociedad.

Negativa politización del Consejo General del Poder Judicial

No se han dado suficientes pasos para que la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial funcione como debiera. Dicha división es un elemento fundamental del Estado de Derecho, y éste no puede funcionar si uno de sus tres pilares falla. No se ha modernizado la Justicia: falta un gran pacto entre los grandes partidos que ponga coto a la politización del Consejo General de Poder Judicial. Este país no funcionará mientras el poder ejecutivo siga interfiriendo en el poder judicial.

Pocos medios materiales y humanos

Es intolerable que en plena era informática una sentencia no se ejecute. Debemos dotar a la Justicia de los medios técnicos (materiales e informáticos) y humanos que impidan que tales hechos se produzcan. ¿Por qué no podemos obtener una información rápida de lo que está sucediendo en nuestro país en materia judicial? ¿Por qué cuesta tanto, por ejemplo, obtener datos sobre un encausado? Estas cosas minan públicamente nuestra labor. Los medios materiales existen: sólo hace falta ponerlos a nuestra disposición.

No hay una adecuación total de la legislación a los nuevos tiempos

Existía una legislación muy antigua en materia civil, penal y procesal que ha tenido que ser adaptada a los nuevos tiempos. Esto ha causado una cierta maraña legislativa que debe ir aclarándose y concretándose. Partíamos, por ejemplo, de un Código Civil antiquísimo. Lo mismo puede decirse de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Obviamente, se hacía necesaria una reforma para hacerla coincidir con las realidades modernas, pero en mi opinión sólo se han creado parches legislativos, sin emprender reformas en profundidad. El poder legislativo debe seguir esforzándose si quiere que la legislación sintonice plenamente con los ritmos sociales actuales. Por ejemplo, en el ámbito informático o de las nuevas tecnologías, los delitos siempre van por delante de la legislación al respecto.

Descentralización del Estado como un hecho positivo

A pesar de la duplicidad de instituciones y administraciones que ha supuesto –con el consiguiente aumento de la función pública, del funcionariado y de la burocratización–, la descentralización ha sido un hecho positivo. Y lo seguirá siendo siempre que no se olvide la integridad y la unidad del territorio nacional, de España como nación dentro de la Unión Europea. En el marco de una Europa común, el Estado de las Autonomías representa la consecuencia lógica de nuestra reordenación territorial interna. Entre eso y la balcanización hay unos límites que nunca deberíamos cruzar.

Prudencia ante la posible reforma constitucional

Es un hecho objetivo que la Constitución nos ha dado un período de estabilidad política y jurídica importante. Sin embargo, nuestra Carta Magna es un texto legal, y como todos los textos legales, es modificable. No obstante, debemos abordar con mucha prudencia las eventuales modificaciones. Desde mi punto de vista, la base fundamental de nuestro texto constitucional es correcta. Quizá son perfectibles aspectos como la sucesión a la Corona o la igualdad hombre-mujer; también asegurar la división de poderes u otorgar al Senado una mayor labor territorial. Otros aspectos, en cambio, son para mí intocables, como el de la integridad territorial del Estado, que debe salvaguardarse a toda costa.

Monarquía, la estabilidad necesaria

Sin duda, cabe la posibilidad de modificar la forma de Estado, y pasar de una monarquía a una república, pero creo que éste no un asunto demasiado cuestionado en nuestro país. La Monarquía ha hecho una labor fundamental de estabilización política, y la sigue haciendo. ¿Para qué modificar la naturaleza del Estado cuando la institución monárquica funciona adecuadamente? Comprendo las diferentes sensibilidades que este tema genera, pero no creo que sea ninguna prioridad mayoritaria modificar el sistema estatal: el Rey reina pero no gobierna, y su figura, su presencia, salvaguarda la integridad del país.

Debe reconocerse más el papel de la Corona

Es evidente que el Rey no puede intervenir en las decisiones del Ejecutivo, y de hecho no lo hace. Pero sí puede moderar, integrar y conciliar, algo que el monarca lleva a cabo con absoluto rigor y lealtad al pueblo español. El problema es que su labor, imprescindible, es poco conocida. Quizá debiera conocerse más para que los ciudadanos sean conscientes de ella. Como muestra, el Golpe de Estado de 1981; o bien otro hecho aún más importante, como que el Rey, después de haber jurado los Principios Generales del Movimiento, posibilitara tanto el cambio jurídico que derivó en nuestra Constitución de 1978 como el cambio político que hizo de Suárez presidente.

Futuro monárquico

El príncipe Felipe, a ojos de la sociedad española, y por haber jurado nuestra Carta Magna, cuenta con mayor legitimidad democrática que la que tuvo su padre al principio de su reinado. Sin embargo, esa legitimidad no bastará para ser reconocido por el pueblo, y tendrá que demostrar a los españoles que el trabajo que realiza es necesario y óptimo, continuando, si no mejorando, la labor que desempeña su padre.