Texto del 12/11/2008
Fotografía: Àngel Font.
El Derecho de familia ha centrado la actividad profesional de este abogado, de verbo veloz y expresivo. Considera que hay que atreverse a modificar la Constitución y se postula a favor de un referéndum de autodeterminación en el País Vasco. No duda en afirmar que un juez no puede hacer justicia con la escasez actual de medios de los que dispone, Cree que las monarquías desaparecerán, dado que un país demócrata debe poder elegir a sus dirigentes. Pertenece a la Asociación de Abogados de Familia desde su fundación.
El Estado de Derecho no se ejerce de forma plena
En los últimos 40 años la sociedad española se ha transformado de tal manera que parece que hoy vivamos en otro país. Cuando empecé a ejercer existía un sistema social y legal absolutamente diferente. Recuerdo que durante esos primeros años tuve que defender a una persona a la que habían echado de un banco por haberse separado. De aquella situación a la actual hay un abismo mental de un siglo. Sin embargo, todavía no se ha conseguido que la ley esté en consonancia con este cambio social. Es decir, hemos modificado el país a base de constituciones, leyes y preceptos, pero el avance social ha ido más rápido, a una velocidad de vértigo, y, por tanto, existe un desfase. Disponemos de normas que en principio no son malas, pero cuya aplicación no está de acuerdo con la realidad. El Estado de Derecho, pues, resulta un concepto harto conocido, aunque después no se ejerza plenamente como tal. Y no existirá del todo hasta que la partida más importante del gasto público vaya a parar a la Justicia. El mejor Estado de Derecho sería aquel que permitiera tener un juez en cada barrio, pues opino que, si la ley no tiene una aplicación inmediata y correcta, pierde sentido.
La Ley del Divorcio transformó el concepto de familia
Cuando comencé a trabajar como pasante era la Iglesia quien resolvía los problemas matrimoniales. Todavía conservo el Código Civil de la época: es toda una reliquia. Sin ir más lejos, hasta 1958 el esposo podía llegar un día a casa y decirle a su mujer que le había vendido todos sus bienes sin incurrir en responsabilidad civil alguna. Hasta 1975, por ejemplo, no se podía llevar a cabo la separación de bienes por mutuo acuerdo después de casados; y hasta 1979 si alguien se quería separar tenía que ir al tribunal eclesiástico, que realizaba siempre sentencias con culpabilidad. El cónyuge declarado culpable perdía la patria potestad, la custodia de los hijos y el derecho a obtener alimentos, además de lo que le hubiera dado o prometido al otro cónyuge. Lo único que podía hacer una mujer que tenía problemas con su marido era pedir al juez que la “depositara” en casa de sus padres. El año 1981, con la Ley del Divorcio, fue histórico. Desde entonces, el concepto de familia se ha transformado completamente.
No se podía eliminar de súbito el franquismo porque era una realidad de años
Hay que tener en cuenta que Franco no trasladó el poder ni fue vencido en las urnas. Murió y nos encontramos entonces con el franquismo y su sinergia. En todo régimen dictatorial, el poder es ostentado por una persona que es a la vez cruel y paternalista, de modo que también crea ciudadanos afectos a la seguridad que les otorga. Así, cuando muere el dictador es como si muriera un padre de familia: los hijos se encuentran totalmente desorientados. En España no se podía eliminar el franquismo, porque existía. ¿Cómo conseguir, entonces, promulgar una Constitución? La respuesta fue la negociación, la única salida posible. Se tenía que hacer una revolución sin que lo pareciera. La Carta Magna no surgió de la voluntad inequívoca de la sociedad, como en otros países, sino que fue el mejor producto que podía conseguirse dada la situación existente.
Atreverse a modificar la Constitución
El texto constitucional fue un código redactado por unos políticos que tuvieron una gran inteligencia práctica: supieron afrontar un momento histórico determinado y evitaron una probable revolución sangrienta. Fue un texto bueno que hay que agradecerle al Rey y a los padres de la Constitución. Sin embargo, esa época ha quedado ya obsoleta; la historia ha avanzado y en la actualidad ese texto ya no nos sirve, no lo necesitamos tal como está. Tenemos tendencia a modificar otras leyes y a creernos modernos. ¿Por qué nos asusta, pues, reformar la Constitución? Hay que atreverse a hacerlo y a hablar de cualquier asunto sin por ello significarse políticamente.
En nuestro país, existe una angustia legislativa
La democracia en España ha venido a ser una suerte de regalo maravilloso para un pueblo que no estaba del todo preparado para recibirlo y que, por ello, ha hecho un mal uso del mismo. En nuestro país existe una angustia legislativa; todo el tiempo estamos legislando. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos civiles de familia se han reformado demasiados artículos. Habría que ser más prudente con los códigos, ya que modificar una sola cosa supone haber cambiado otras muchas. El problema parece residir en que los parlamentarios legislan únicamente para justificar su sueldo. Pero en lugar de tanta norma nueva, lo que sería necesario es la reforma de la Constitución: de ahí parte todo.
Las buenas leyes son cortas
Las normas civiles no hay que hacerlas muy largas porque entonces crean conflictos. En el siglo xxi no podemos tener un código con más de 1.800 artículos o una Ley de Enjuiciamiento Civil con 800. Esto es una de las consecuencias de haberle dado el regalo mentado a un pueblo sin preparación. No se trata de crear más medidas, sino únicamente las acertadas. España es un país que todavía no tiene asumidos los conceptos básicos de la democracia y la eficacia. Vivimos con unos títulos que habíamos añorado tanto que ahora nos han hecho enloquecer.
Tres preguntas para el pueblo vasco: ¿Quiere usted seguir así? ¿Quiere más autonomía? ¿Quiere la independencia?
La territorialidad de España es un tema que debe discutirse. Nos estamos rigiendo por el problema de siempre: la razón de ser de uno sigue siendo la contrariedad del otro, y se trata de un sentimiento recíproco. Éste es un peligro histórico que tiene que acabar. No se puede seguir viviendo con terrorismo ni con odios. Hay que atreverse a saber qué opina la gente. Oigo todos los días hablar a los políticos del Estado de Derecho. Les diría una cosa: ese concepto se basa fundamentalmente en la voluntad popular, que determina las leyes que nos obligan a todos. En Euskadi tenemos un problema muy grande y debemos atrevernos a saber qué opinan los vascos, sea por medio de un referéndum o de una estadística. Es importante que les hagamos tres preguntas, mejor si fuera con carácter obligatorio: ¿Quiere usted seguir así? ¿Quiere más autonomía? ¿Quiere la independencia? Nos olvidamos de que el pueblo español tiene algo que le une y es su capacidad de cambio. Si cuando tenía 20 años alguien me hubiera dicho que la Pasionaria iba a presidir las primeras cortes democráticas no lo habría creído. Pero se aceptó, y no pasó nada. Sin embargo, se tiene miedo a hacer una consulta popular.
Los mejores juzgados del Estado, en cuanto a medios, están en Euskadi
Es evidente que se organiza mejor económicamente una familia de dos miembros que de ocho. La Administración debe ser localizada porque entonces se manejan cifras menos altas, el control es mayor, al igual que el rendimiento y la eficacia. Un buen ejemplo es la transferencia parcial de la Administración de Justicia al País Vasco que ha permitido que hoy los mejores juzgados, en cuanto a lo material, estén en Euskadi.
Lo prioritario para los políticos es el voto
El voto es lo prioritario para los políticos. Pretenden tener el poder a cualquier precio. No hay una idea básica que ponga por encima del rédito electoral el bien común del país. Persiguen dominar a la prensa y a los ciudadanos. Existe, desde mi punto de vista, el peligro de llegar a una dictadura de reverso, con leyes democráticas pero con un sistema que aniquile el concepto de individualidad. Además, en un Estado de Derecho es fundamental que exista la responsabilidad de los gobernantes. Y en un caso como el de la niña Mari Luz Cortés se responsabiliza únicamente a un juez y a una secretaria. Esto demuestra que no estamos en un Estado de Derecho plenamente constituido. El primero que debería dimitir es, sin duda, el propio ministro de Justicia.
Actualmente, un juez no puede hacer justicia
Hoy en día no le puedo exigir a un juez que imparta justicia porque sé que materialmente no puede hacerlo, y si lo consigue será por mera casualidad. Cuando salgo enojado de un juicio porque el juez no ha actuado correctamente, después siempre llego a la misma reflexión: ese magistrado dicta 1.300 resoluciones al año y, por lo tanto, es imposible que escuche al letrado, pues bastante trabajo tiene ya con hacer lo primero. Ahora bien, lo que no entiendo es que un magistrado no se pare y no se niegue a continuar con su oficio si no es a cambio de una razonable provisión de medios o de un sistema que le permita trabajar en mejores condiciones.
El Príncipe Felipe lo tendrá difícil, a no ser que su padre le ceda el Trono
En España somos juancarlistas porque vivimos la Transición y elegimos la continuidad de la monarquía como parte del paquete de reformas que se ofrecían entonces. Sin embargo, creo que el príncipe Felipe lo tendrá difícil, a no ser que su padre le ceda el Trono. De esta manera, la monarquía española alargaría su longevidad. Ahora bien, considero que el puesto de los Monarcas se ha extinguido, ya no tiene razón de ser: un pueblo moderno y demócrata elige a sus dirigentes y escoge sus leyes.
