Texto del 08/07/08
Fotografía: Pomarón-Fotógrafo.
Nacida en Linares, Rafaela Poyato parece haber heredado la sensibilidad de los ilustres músicos de su tierra. Sus palabras expresan la preocupación por el funcionamiento de un sistema y de una sociedad cuyos desajustes provocan situaciones indignantes, como la desprotección del menor o la aplicación desmesurada de órdenes coercitivas contra los hombres. Convencida de hallar el remedio en las medidas preventivas, aboga por el fomento del espíritu conciliador y la educación.
Especializada en Derecho de familia
Nací en Linares, cuna del compositor Andrés Segovia, donde viví hasta los siete años. Luego, mi familia se trasladó a Zaragoza, ciudad en la que resido y desarrollo mi labor de abogada especialista en derecho de familia y del Tribunal de La Rota. Desde hace diez años comparto despacho con una compañera letrada que me ayuda a llevar el trabajo adelante y me sustituye en las vistas a las que me es imposible asistir. Mis clientes habituales son hombres en el 90% de los casos. Mi trabajo consiste en una lucha diaria contra la impotencia, ya que la defensa del hombre en los asuntos de divorcio suele ser una guerra perdida de antemano, a lo que colabora el propio cliente, quien a menudo se obstina en asuntos que no son fundamentales en la defensa de sus intereses dentro del proceso. Afortunadamente, el porcentaje de separaciones que se resuelve de mutuo acuerdo en mi despacho es muy alto: ronda el 85%. No obstante, en los contenciosos donde intervienen dos abogados suele complicarse el asunto, pues algunos letrados no tienen el mismo criterio según el sexo de su cliente, con lo que llegar a un acuerdo es muy difícil; además, cuanto más se alarga el proceso, a veces sin razón alguna, más honorarios se devengan.
Preocupación por los menores
Como abogado de familia, cuya finalidad es ser mediadora en el conflicto familiar, me inquieta mucho la falta de tacto hacia los menores, porque, a menudo, se utilizan los hijos como arma para obtener prestaciones más favorables para el cónyuge con el que se quedan. En este sentido, hemos retrocedido a pasos agigantados. Los menores acaban convirtiéndose en víctimas de nuestro propio sistema, pues se les pone en la tesitura de tener que elegir entre sus padres y soportan situaciones penosas. Si se actuara con mayor sensibilidad y lógica con los hijos, nos ahorraríamos muchos problemas.
Gran parte de las denuncias por malos tratos son falsas
Me irrita la actitud de ciertas mujeres que hacen valer erróneamente sus derechos, aprovechándose de la actual coyuntura social en el tema de la violencia de género. Nunca entenderé el supuesto amor de madre de las que dañan a sus hijos creyendo que así castigan al marido, ni tampoco el hecho de que gran número de las denuncias por malos tratos presentadas por mujeres sean falsas, y no se actúe contra tal comportamiento. No me parece justo que saquen esposado a un hombre de su casa y permanezca uno o dos días en el calabozo sólo porque una mujer diga que tiene miedo, sin más pruebas que su testimonio.
Educar es la mejor forma de evitar la violencia de género
Tras casi cuatro años con la Ley de Violencia de Género, siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas o ex parejas; algo, pues, está fallando. Se está presionando a muchas personas y, en esa tesitura, pueden cometer verdaderas atrocidades. La solución pasa por resolver el problema de fondo mediante la educación previa y la aplicación racional de la Justicia. Este procedimiento es extensible a todos los ámbitos del maltrato, incluyendo a los niños y los ancianos. En España, el hecho de maltratar a un anciano, un niño e incluso a un hombre en el ámbito familiar supone un juicio de faltas; me pregunto por qué esa diferencia entre el tratamiento del maltrato a una persona mayor, un menor y un hombre y al de una mujer, máxime cuando la finalidad de la discriminación positiva a favor de la mujer era disminuir las muertes por violencia, lo que no sólo no se ha cumplido, sino que, al contrario, han aumentado las muertes de mujeres.
Abogar por una actitud conciliadora
Aunque la actitud pacificadora ahorraría trabajo a los juzgados y sufrimiento a las familias, desgraciadamente veo poca gente conciliadora. Deberíamos recordar que estamos en un terreno donde no hay buenos ni malos, sólo personas con un problema crítico que hay que ayudar a resolver de la manera más razonable y humana posible, a fin de causar el menor daño familiar. Generalmente, el ejercicio de esta profesión es un trabajo arduo, pero la satisfacción que siento cuando el cliente me agradece el tratamiento del caso compensa todos los sinsabores.
Incertidumbre jurídica durante la Transición
Cuando empecé a ejercer hacía varios años que la Constitución estaba en marcha. De aquella época recuerdo las diferencias entre los principios de seguridad jurídica de antaño frente a la incertidumbre que se creó con los cambios legislativos posteriores. Antes podía haber diversas audiencias o juzgados, pero existía básicamente una línea general que nos permitía en todo momento saber a qué atenernos y prever los resultados. Ahora existen variables que dependen del territorio, del juez y de numerosos imponderables.
Discriminación sexista en la custodia de los hijos
Desde la puesta en vigor de la Constitución, hemos tenido 30 años de progreso, pero la evolución ha sido muy lenta. Aunque el texto diga que todos los ciudadanos somos iguales en derechos y que no debe existir discriminación alguna, la realidad demuestra que, por lo que atañe al Derecho de familia, todavía no ha llegado la igualdad entre los sexos; es la vertiente donde hay mayor discriminación a favor de las mujeres. La jurisprudencia nos muestra diariamente que la mayoría de los jueces se decanta por las madres a la hora de conceder la custodia de los hijos, aun en casos donde la madre tiene ciertas disfunciones y peligra el desarrollo psicológico del menor.
Con la descentralización se han duplicado los gastos
Económicamente, la descentralización no ha sido positiva porque se ha incrementado el gasto público sólo para hacer lo mismo que se hacía antes. Soy partidaria de que se haga un referéndum en Cataluña y en el País Vasco, si es lo que estas comunidades desean, siempre que sean consecuentes y luego no reclamen apoyos del Gobierno español. Con todo, creo que son dilemas políticos y no problemas que preocupen realmente a los ciudadanos, incluyendo a los de esas comunidades. En el texto constitucional debería acotarse claramente el concepto de España como Estado soberano, administrativamente dividido en comunidades autónomas, y empezar así a sentirnos orgullosos de ser españoles.
Un órgano superior que vigilara a los jueces
Hay varios puntos susceptibles de reforma en el ámbito judicial. En primer lugar, somos el país de Europa con menor número de jueces. Ello provoca una gran saturación de trabajo y numerosas sentencias absurdas. Asimismo, es inconcebible que haya tanta diversidad de criterios en ámbitos como el Derecho de familia. Esta sección debería tratarse como una especialidad, de cara a unificar criterios, sobre todo en temas de custodia y reparto del patrimonio familiar. Paralelamente, los jueces gozan de una inmunidad profesional inexistente en otros trabajos: haría falta un órgano superior que hiciera sentirse vigilado al juez y le pidiera cuentas por los errores cometidos. Hoy los jueces de primera instancia tienen el control de las audiencias, pero las audiencias no tienen el control de nadie. Por último, para garantizar la independencia de la Justicia, sus órganos deberían ser nombrados por magistrados experimentados.
Sobrecarga de leyes, reglamentos y normativas
El texto legal básico de regulación jurídica en el ámbito privado –donde se desenvuelve mi labor– es el Código Civil, así como las leyes que lo han desarrollado parcialmente, siendo evidente que la Justicia española soporta una sobrecarga de leyes, reglamentos y normativas de las que sobran más de la mitad, dado que muchas casi nunca se aplican, bien por motivos económicos o porque tienen escasos efectos. Asimismo, sólo se modifican los temas con mayor impacto mediático, mientras cuestiones capitales que requieren soluciones prioritarias suelen quedarse en el tintero.
Leyes preventivas y no coercitivas
En España se penaliza en exceso, incluso trivialmente. Las leyes deben orientarse hacia la educación y la reinserción, y el sentido de las normas es indicar a la gente cómo deben actuar en vez de ordenar arrestos gratuitos. Esta tendencia nos está llevando a una situación donde todo parece ser motivo de prohibición, lo que carece de sentido, ya que día a día vemos que una excesiva penalización no implica reducción del número de delitos.
No hay que prolongar la monarquía, ya cumplió su labor
Todos sabemos que el capítulo relativo a la monarquía se aprobó mayoritariamente, pero también que en parte se debió a la especial coyuntura política que vivíamos en los 70. Entonces España necesitaba una figura que garantizara la continuidad para dar el paso siguiente hacia la democracia; optar por la monarquía fue correcto y tuvo razón de ser. La intervención dinástica, en la persona de Juan Carlos I, fue sin duda útil para el país, pero una vez cumplida su misión no existe razón por la que no podamos elegir una forma distinta de gobierno. Hoy se comienza a cuestionar la validez de la monarquía y muchos deseamos un cambio. De ahí la reticencia de los políticos a tocar el tema de la ley sucesoria, ya que, para introducir cualquier cambio, antes debe refrendarse el título entero, y la primera pregunta que se plantearía sería si querríamos mantenerlo.
