Texto del 16-09-2008
Fotografía: Àngel Font.
Después de diez años de ejercicio como decano del Colegio de Abogados de Girona, Josep Maria Prat Sàbat considera la vocación algo indispensable en la carrera de todo letrado. Titular de un bufete que sobrepasa un siglo de actividad, actual miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y condecorado con la Cruz de Honor de Sant Raimon de Penyafort, este jurista defiende que el abogado debe ser, ante todo, una persona humanista.
Una longeva tradición en la abogacía
Pertenezco a una saga familiar de juristas de Girona y soy titular de Prat Sàbat Advocats, un bufete formado por una plantilla de nueve profesionales, siete abogados y dos colaboradores habituales. A día de hoy, nuestra empresa se perfila como la continuación del despacho de abogados que fundó mi abuelo, Narcís Prat Picó, a principios del siglo pasado, en el año 1902, y que continuó mi padre, Josep Mª Prat Roca. Con la incorporación en el bufete de mis dos hijos, Josep y Gerard Prat Riuró, queda garantizada la prolongación de una larga tradición que ya suma cuatro generaciones de letrados.
Dedicarse al Derecho implica una vocación firme y la voluntad de ayudar a los demás
Para dedicarse al Derecho hay que tener una vocación arraigada. No me parece viable estudiar la carrera de Derecho con el objetivo de enriquecerse económicamente. Quienes deciden optar por la abogacía deben sentir que les satisfacen las enseñanzas que reciben y percatarse de que aprenden una disciplina cuyo propósito es, esencialmente, ayudar a los demás. Cuanta más formación reciba un abogado y cuanta mayor cultura posea, mejor servicio podrá ofrecer a la sociedad. Sin lugar a dudas, el letrado tiene que ser un humanista: en cada despacho profesional debería estar presente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Transición culminó con el surgimiento de un Estado de Derecho
La Transición en España fue un período de ilusión y esperanzas que, con la Carta Magna de 1978, culminó en el nacimiento de un nuevo Estado de Derecho. Durante mi etapa de estudiante en la Universidad de Barcelona, que coincidió con el inicio de dicho proceso de cambio, tuve la satisfacción de conocer a dos grandes docentes, quienes, a su vez, fueron grandes políticos: Jordi Solé Tura e Isidre Molas Batllori. Recuerdo a Solé Tura como una persona enormemente vitalista, que nos enseñó lo que realmente representaba y significaba el término “Constitución”; Isidre Molas, por su parte, destacó como eminente hombre de historia.
La Ley de Memoria Histórica es una oportunidad para no cometer los mismos errores del pasado
La Ley de Memoria Histórica ha de servir para no olvidar los errores cometidos en el pasado y para recordar a todos los que lucharon por la libertad y por los derechos de los ciudadanos. Esta ley, por tanto, no debe convertirse en una excusa que propicie enfrentamientos, sino más bien deviene un recurso para otorgar al pasado su justo valor y entender así las enseñanzas que éste nos brinda.
Defiendo la existencia de la ventanilla única para que el ciudadano pueda resolver simultáneamente todos sus asuntos
Acercar la Administración al ciudadano es encomiable; no obstante, lo que no podemos hacer es crear una gran gerencia en la cual los ayuntamientos sean únicamente recaudatorios. En este sentido, también pienso que sería necesaria la existencia de la ventanilla única para que los ciudadanos pudieran resolver de una vez todos sus asuntos. En la actualidad, al menos en Cataluña, aquellos profesionales que desean crear algún negocio se encuentran con un sinfín de problemas e incomodidades burocráticas. Las empresas crean riqueza y hacen progresar a un país. En consecuencia, cuantas más facilidades se ofrezcan para crearlas, cuanto más apoyo de la Administración reciban los emprendedores, más fácil será hacer realidad ideas y entusiasmos que quizás hoy van quedándose en el camino. Desde mi punto de vista, habría que propiciar que el emprendedor tuviera la formación suficiente y adecuada para que, por una parte, dispusiera de un conocimiento profundo del negocio que desea emprender, y, por otra, para que dicha formación le hiciera competitivo. Si además logramos simplificar el proceso de la creación de empresas, ganaremos muchas oportunidades: el emprendedor debe emplear su tiempo en crear su negocio y no en colas innecesarias. Hoy en día, las herramientas informáticas facilitan mucho las gestiones.
Cataluña debe redefinirse y mirar hacia el futuro
Mantengo una relación asidua con ciudadanos de todo el Estado español y he podido comprobar como Cataluña está dejando de ser admirada por una parte del país. A mi parecer, este hecho es debido a que la política catalana vive un momento en que ha dejado de contemplar el futuro para centrarse en su día a día. Sería importante que los catalanes nos redefiniésemos para averiguar hacia dónde queremos ir. Del mismo modo que les sucede a las personas, un país ha de tener unos objetivos a los cuales dirigirse y una visión que le permita definir el método para llegar a dicha meta. Los intereses particulares de unos y de otros no deben impedirnos caminar hacia la consecución de una Cataluña de progreso, a la altura de los países centroeuropeos. En el Principado tenemos una larga tradición empresarial y emprendedora y creo que deberíamos trabajar para que dicha tradición nos proporcione el empuje necesario para situarnos donde queremos estar. Hay que definir objetivos claros; sin éstos, carecemos de futuro.
El Consejo General del Poder Judicial está completamente politizado
Considero que el Estado dispone de algunos de los mejores abogados de nuestro país pero, cuando el político se inmiscuye, a menudo la labor de los profesionales se estropea. Una prueba evidente de esta afirmación la tenemos en el Consejo General del Poder Judicial, el máximo organismo del sistema judicial en España, que por desgracia se encuentra completamente politizado; sus miembros son elegidos por la clase política, una facultad que, en mi opinión, debería recaer en los propios jueces.
Ante el colapso de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir
En la Administración de Justicia española existe un gran déficit de magistrados y los asuntos desbordan los juzgados. En el momento en que los tribunales se colapsan, el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir e incrementar la dotación de medios materiales y de profesionales. Asimismo, sería deseable disponer de juzgados que gozaran de cierta movilidad para, en caso de producirse una catástrofe, habilitar un juez al cargo exclusivo del asunto. Al respecto, recuerdo mi actuación como defensor de los perjudicados por el naufragio del catamarán “La Oca”, acontecido en la localidad de Banyoles en 1998; en aquella ocasión, tanto la jueza de instrucción como la jueza penal resolvieron el caso magistralmente, pese a no habar contado con la ayuda y el refuerzo que hubieran merecido de sus superiores.
Dictar leyes punitivas no es la solución a los problemas sociales
Últimamente se diría que en nuestro país se penaliza en exceso. Sin embargo, soy del parecer que, para solventar los comportamientos delictivos, lo apropiado debería ser empezar por educar correctamente al ciudadano. Si la clase política española se empeña en dictar leyes punitivas, sería necesario que primero valorara sus propias acciones y sancionara a aquellos miembros que ejercen de forma incorrecta su labor pública. En mi opinión, la educación es la piedra angular de nuestra sociedad: toda buena formación amplía la perspectiva ante la realidad y proporciona mayores oportunidades sociales y económicas a las personas, quienes entienden que los problemas no se pueden resolver a través de la violencia o del enfrentamiento. La formación desde la base es un factor decisivo para tener una sociedad más pacífica, más tolerante con la diferencia y más preparada para aceptar los retos vitales. La violencia y el enfrentamiento nacen de la ignorancia y la inseguridad, del miedo a lo que no conocemos. Por ello, cuanta más formación, más convivencia pacífica.
Pactar es siempre más equitativo
En Prat Sàbat Advocats tenemos una mentalidad pactista. Considero que, en beneficio del representado, el abogado ha de intentar conseguir un acuerdo antes de llegar a pleito. Un litigio puede solventar, o no, un asunto, pero lograr un pacto es siempre más equitativo. En Girona disponemos de un tribunal arbitral que se dedica a pactar los contratos de arrendamientos urbanos y, en casos como las resoluciones por impagos, por ejemplo, no es necesario acudir a los juzgados. En general, pienso que el arbitraje no acaba de complacer a algunos abogados porque les lleva a pensar en un beneficio económico inferior. Lo cierto es que ni los profesionales ni la sociedad están aún habituados a este sistema, pero es el único que establece relaciones equitativas entre las personas: si se llega a un acuerdo ambas partes ganan. Hay que huir, pues, del binomio “ganar-perder” para pasar al de “ganar-ganar”. Después de tantos siglos, las personas deberíamos darnos cuenta de que lo importante no es imponerse al otro, vencer a toda costa: lo que construye sociedades es la suma y no la división.
El Rey don Juan Carlos ha aportado estabilidad a nuestro país
No me declaro ni monárquico ni republicano, aunque considero que nuestro actual Monarca ha aportado estabilidad al país y, por esta razón, me merece todo el respeto. Con el tiempo, ha demostrado ser un hombre hábil que sabe afrontar las situaciones con acierto. Además, se trata de una persona de trato agradable, cercano y sociable.
