Texto del 03-11-2008 .
Fotografía cedida por José Vidal Sucunza.
La experiencia de José Vidal Sucunza como exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Álava, exmiembro del Consejo General de la Abogacía y expresidente del Consejo Vasco de la Abogacía, así como su pasada vinculación a importantes entidades de ahorro alavesas, sumada a su trayectoria política, le otorgan una visión única para juzgar la evolución de nuestra democracia y poner el acento en sus carencias, tales como el estado de la Justicia, el caos legislativo o la deficiente fuente de ingresos de los municipios.
Idealismo, ilusión y generosidad
La Transición fue significativa por la cantidad de idealismo que conllevó su proceso. No negaré que aquella etapa también entrañó una gran carga política pero, a su vez, se trató de un proyecto colmado de generosidad. El transcurso de la Transición no fue fácil, si bien siempre prevaleció un pensamiento positivo. Las personas responsables de llevar a cabo aquella transformación actuaron con nobleza y lealtad, y su esfuerzo culminó con la Constitución de 1978. Considero que el recuerdo de la ilusión vivida durante aquel tiempo y la generosidad de quienes hicieron posible la Transición son un legado que quedará para siempre en la memoria de nuestro país.
No podemos juzgar el pasado con la mentalidad de hoy
Cuando hoy se valora la actitud de nuestros dirigentes políticos durante los primeros años de democracia, a menudo se incide únicamente en los errores cometidos. Lo mismo sucede cuando hoy en día se habla de la memoria histórica. Considero un desacierto por parte de los historiadores el hecho de querer juzgar épocas pasadas partiendo de la mentalidad actual, pues resulta algo tan descabellado como si, aquellos que nacimos después de la Guerra Civil, empezáramos a juzgar las conductas de nuestros padres con los conocimientos y las realidades históricas que poseemos en la actualidad.
Sólo deberá reformarse la Constitución en caso de insoslayable necesidad
Cuando a veces leo en la prensa declaraciones de ciertos dirigentes estatales que se decantan por modificar la Constitución basándose en asuntos como el orden de sucesión de la monarquía o la reforma del Senado, no puedo estar de acuerdo con ellos. Particularmente no creo que el Senado tenga sentido cuando ya disponemos de los distintos parlamentos autonómicos. Y con respecto a la sucesión monárquica, para mí no tiene la menor importancia que el heredero a la Corona sea hombre, mujer, el primero o el último en el orden de descendencia. Pienso que una reforma de la Constitución debería plantearse cuando adquirieran relevancia asuntos más profundos, esto es, opino que no merece la pena el esfuerzo de emprender la modificación del texto constitucional por temas menores.
Profesionales independientes entre los miembros del Tribunal Constitucional
Considero que el Tribunal Constitucional cumple su misión, pero agradecería que sus miembros fueran elegidos de otro modo. Ya que España aglutina unos 200.000 juristas, pediría a los políticos de nuestro país que, para el nombramiento de los integrantes del Tribunal Constitucional, se recurriera a los profesionales independientes y no se demandaran personas que, por su historial y su currículum, parecen propensas a una cierta inclinación política. Por su naturaleza, a mi juicio, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional deberían estar del todo desligados de cuestiones ideológicas.
No existe voluntad política real de reformar nuestra Justicia
Sólo al ponerse de manifiesto el mal funcionamiento de la Justicia y hacerse público un error judicial, las fuerzas políticas se plantean modificar el sistema jurídico. Personalmente no creo en este tipo de promesas porque, si observamos la parte de los Presupuestos Generales del Estado destinada al ámbito judicial, advertimos que es insignificante. Por otro lado, ante los bajos sueldos de jueces y funcionarios, nos damos cuenta de que es necesario un replanteamiento global del sistema. A mi parecer, es inconcebible que, por la responsabilidad que se le supone, un juez tenga una retribución inferior a un miembro ejecutivo. La Justicia española necesita una renovación, pero no percibo una voluntad política real para llevarla a cabo.
Verificar el cumplimiento de las leyes promulgadas
En España abundan los parlamentos y se legisla en exceso. Creo que antes de seguir haciéndolo, sería menester comprobar si se cumplen todas las leyes promulgadas. Tengo la sensación de que, en el gran complejo de la legislación actual, existe un conjunto de leyes que quedan inutilizadas esperando un desarrollo que no se lleva a cabo.
Proliferación normativa y colapso de los juzgados
En nuestro país existen unas leyes básicas de competencia estatal, cuyo desarrollo, a veces es, en mayor o menor medida, de competencia autonómica; a ello se le suman las leyes dimanantes de los parlamentos autonómicos, lo cual constituye un acerbo jurídico ingente, de forma que a los letrados se nos hace muy difícil poder estar al corriente de todo. Además, la proliferación de asuntos de todo tipo induce al colapso de los juzgados, pese haberse producido un aumento del número de los mismos.
Los medios de comunicación representan una coacción para los juzgados
Creo en la independencia de los jueces, pero, sin duda, los medios de comunicación representan una coacción para los juzgados. Frecuentemente parece que se intenta que la Justicia se dirija hacia una dirección determinada y se realizan verdaderos juicios paralelos. De la prensa hoy se dice que es el cuarto poder y, ciertamente, es uno de los principales grupos de presión de este país.
Incertidumbre ante la actual crisis económica
La presente crisis económica que experimenta nuestro país nos ha sorprendido a todos y, aunque es imposible ser profeta en esta materia, no me siento tan optimista como para afirmar que vayamos a dirigirnos hacia un orden nuevo. Se está hablando de refundar el capitalismo, pero pienso que no hallaremos ningún camino diferente del que ya existe. Quizás habrá mayores controles y las entidades financieras tendrán unos porcentajes de depósito y de fondos propios superiores, pero, sinceramente, dudo que vayamos a finalizar una etapa para adentrarnos en otra diferente.
No comprendo la razón de ser de algunas autonomías
Principalmente, el origen del Estado de las Autonomías se encuentra en las reivindicaciones vascas y catalanas, algo que no desmerece que algunas comunidades, como Andalucía, también hayan querido, con posterioridad, reivindicar su identidad. Igualmente, el proceso de instauración de las autonomías tuvo un precedente importante en la Constitución de la II República, que ya aludía al hecho de establecer regiones y autonomías. Sin embargo, últimamente, y tras la alta abstención en Cataluña sobre la reforma de su estatuto, nos hemos dado cuenta de la falta de implicación ciudadana en estos temas. Por ello, temo que la clase política sea la única que verdaderamente se beneficia del Estado de las Autonomías. Quizás, en este asunto, deberíamos redefinir cuáles deben ser las autonomías de España porque, personalmente, considero excesivo reunir 19 comunidades y, sin pretender faltar el respeto a nadie, no comprendo la razón de ser de algunas de ellas.
Muchos problemas municipales se solventarían con una fuente de ingresos saneada
El problema de los ayuntamientos radica en la disposición de recursos propios suficientes. Frecuentemente, dichos recursos son empleados por un cúmulo de competencias, propias del gobierno autonómico al que pertenecen, el cual, imagino que por razones económicas, las desatiende. Quizás en el País Vasco tenemos la ventaja de contar con un Concierto Económico que reconoce su propia Hacienda autónoma para el ejercicio y el desarrollo de sus competencias, una circunstancia que probablemente aporta una posición más solvente a nuestra comunidad que al resto de España. Por ello, considero que muchos de los problemas municipales podrían intentar resolverse con una fuente de ingresos saneada. En el ámbito municipal me preocupa la deuda pública, porque al fin y al cabo no deja de ser una obligación que viene a hipotecar a las generaciones futuras.
Existen pocas diferencias entre monarquía parlamentaria y república
Gran parte de mi generación idealizó la república partiendo de las libertades que aquel sistema político consagraba, pero finalmente fue la Transición la que nos brindó las libertades que tanto anhelábamos. Con el tiempo hemos aprendido que entre monarquía parlamentaria y república no hay gran diferencia. Pienso que, en un país como el nuestro, dividido de modo visceral entre tendencias de derecha e izquierda, un supuesto presidente de la república no sería capaz de unir más al país que nuestra actual monarquía, puesto que ésta evita la alternancia en la aceptación o el rechazo a un hipotético Jefe de Estado con vinculaciones políticas. En mi juventud tendí hacia el republicanismo pero, a día de hoy, la monarquía no me plantea ningún problema ni creo que tampoco preocupe a los españoles.
Lógica y adecuada abdicación del Rey a favor de su hijo
A un rey se le exige prudencia e imparcialidad y, por ello, considero que la monarquía prevalecerá o caerá dependiendo de su futura conducta. Mientras la Corona siga manteniendo lealtad hacia el pueblo y respeto a la Constitución, el Príncipe de Asturias tiene muchas probabilidades de llegar a ser proclamado Rey. Una abdicación por parte de don Juan Carlos a favor de su hijo me parecería una actitud racional y lógica, a pesar de que este acto conllevaría una ruptura con la tradición, y la monarquía es una institución muy tradicionalista.
