Texto del 21/07/08
Fotografía: Pachi Gomariz.

Juan Antonio Ferrer cuenta que nació en Albacete, con arraigo valenciano, hijo de agricultores y murciano de adopción. Las palabras de este abogado descubren a un humanista convencido, que aboga por aplicar la psicología y el sentido común a la práctica jurídica. Su filosofía le sirve para comprender el alma de sus clientes; también, para sugerir ideas tan innovadoras como la elección del juez y de la audiencia provincial por parte de los ciudadanos.

Humanista antes que jurista

La tarea de jurista debe hacerse con mucha dedicación, trabajo y humanidad; es la idea que intento imprimir en mi profesión y transmitir a mis dos hijos, Juan José, de 21 años, que está estudiando tercero de Derecho, y Vicente, de 18, que empezará la carrera en 2009. Al fin y al cabo no somos sólo números: ésta es la diferencia entre el Derecho anglosajón y el europeo continental. Con estos preceptos desarrollo mi tarea diaria en el bufete multidisciplinar que tengo en Murcia, donde colaboran varios compañeros letrados. Tras 25 años de profesión veo las leyes de otra manera, porque el Derecho es dúctil y maleable. He aprendido que para ser juez no basta con memorizar un extenso temario, sino tener madurez y un sentido común muy desarrollado. Estamos obligados a ayudar a razonar al cliente, porque generalmente viene al despacho aturdido. La mejor manera de hacerlo es explicándole cómo son las cosas, dónde está y qué puede lograr.

Responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos

Estoy escribiendo un libro sobre la responsabilidad del Estado y las administraciones públicas para con los ciudadanos. Es un tema que me apasiona. Cuando la Administración se equivoca, obviamente tiene que compensar a los usuarios. Esta vertiente del Derecho está mal regulada, ya que suele ser un campo donde se originan procesos demasiado largos y tortuosos para el cliente. El camino, generalmente, es la vía contencioso-administrativa, y puede llevar unos 7 u 8 años obtener una sentencia definitiva, lo cual es cuanto menos un dislate jurídico.

Durante la Transición se logró el acuerdo entre las dos facciones sociales enfrentadas

Pese a la recesión industrial que tuvo lugar en los 70, la etapa de transición fue, política y socialmente hablando, una de las mejores épocas que hemos vivido, porque al fin dos partes enfrentadas de la sociedad se pusieron de acuerdo. Gracias a la habilidad de Adolfo Suárez, todas las fuerzas vivas de España pactaron la redacción de un texto constitucional que sirvió de vínculo entre los españoles. Lo más hermoso fue que todos sus protagonistas supieron ceder: ésta es la verdadera grandeza de la cultura democrática.

Comprensibles deficiencias de la Constitución

El consenso que posibilitó la Carta Magna también ocasionó los defectos de los que ésta adolece, especialmente en el Título VIII. En este sentido, se intentó armonizar el modelo federal alemán con el sistema de regiones constituidas en régimen de autonomía adoptado en 1931, que no funcionó en su momento. Estas imperfecciones se comprenden si tenemos en cuenta que los padres de la Constitución tuvieron que trabajar bajo fuertes presiones. Recordemos que sobre sus cabezas aún se cernía la sombra del ejército, la Iglesia, el sector inmovilista del franquismo y los poderes fácticos; ni siquiera la propia monarquía estaba muy consolidada.

Un Consejo General del Poder Judicial elegido por el pueblo

Que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial no sean totalmente imparciales es un gran problema y una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia. Ni los políticos ni los jueces deben ser quienes elijan a los componentes de estos estamentos, que deberían nutrirse sobre todo por méritos y nunca por afinidad de ideas. Una tercera vía alternativa sería que los ciudadanos pudiesen escoger a sus representantes dentro del Consejo General del Poder Judicial. Si he llegado a esta conclusión ha sido a base de ver demasiadas sentencias partidistas del Tribunal Supremo y del Constitucional. Cuando estas instituciones cambian de criterio es porque reciben presiones políticas, mediáticas o económicas. El hecho de que un juez pueda tener formada de antemano una opinión sobre un tema candente que puede afectar la vida pública del país es francamente inquietante en un Estado que debe respetar los principios constitucionales. Creo que el pueblo debería estar directamente representado en la composición del Consejo General del Poder Judicial. Junto a las elecciones generales o por otro sistema, se podrían ir nombrando también a los jueces que componen el Tribunal Constitucional: sería cuestión de oportunidad pero que convendría no ignorar.

Partidario de la codificación de las leyes

El abogado debe tener claro el principio de seguridad jurídica, que a su vez ha de transmitir ulteriormente a los clientes o a las instituciones. Necesitamos normas claras, que no ofrezcan dudas, lo cual se logra con la codificación, no con leyes sectoriales que modifican parcialmente otros textos legales. Esto se consiguió ya en 1804 con el Código Napoleónico, un sistema metódico que unificó las leyes civiles francesas y que influyó notablemente en el ámbito jurídico internacional. Por tanto, soy partidario de la codificación antes que de la promulgación de numerosas leyes complementarias, que últimamente han recibido el mal nombre de “leyes de Acompañamiento”.

Legislar con serenidad

Un error frecuente en el ámbito parlamentario es el de legislar apresuradamente cuando ocurre algún suceso que genera inquietud social. Y como las prisas son malas consejeras, se olvida que, al legislar, hay que tener presentes las leyes existentes y prever que no entren en conflicto unas con otras. Sin embargo, se dictan leyes para resolver cuestiones circunstanciales, sin tener una visión global; se legisla pensando en el presente y se conculcan otras normas vigentes. Y esto, sin perjuicio de que una misma materia esté regulada simultáneamente por el Gobierno central, los parlamentos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos.

Pésimas condiciones de gran parte de los juzgados

Muchos juzgados españoles se hallan en unas condiciones lamentables. Ello podría paliarse si, además de crear leyes que ofrecieran seguridad jurídica, se invirtiera dinero y se planificaran las acciones a corto y medio plazo. Se diría que a los políticos no les interesa buscar soluciones, pues lo único que se ha hecho para intentar que la Justicia funcione ha sido subir el sueldo a los jueces, lo que deja a los trabajadores auxiliares en unas condiciones deficientes, como se ha visto tras la última huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia no transferidos a las comunidades autónomas.

Elegir un juez como se elige un notario

Actualmente, en función de lo que piense un magistrado de una audiencia provincial, puede predecirse como será la sentencia, algo muy grave, pues va contra el principio de seguridad jurídica. La Constitución habla de juez predeterminado por la ley. Esto significa que los ciudadanos deben acudir al juez y a la audiencia que les corresponda. Quizás esta propuesta sea revolucionaria, pero creo que si puedo elegir el notario que ha de hacerme la escritura, también debería tener derecho a elegir el juez y la sección de la audiencia provincial a los que confiar un proceso. El principio de independencia de jueces y magistrados no debe estar nunca reñido con el de uniformidad y seguridad jurídica que marcan el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional dentro de las materias que les competen.

Punto de encuentro con las autonomías

Felipe González definió muy bien la situación de las autonomías, diciendo que esta realidad no podía ser como la historia del perro que corre en el canódromo y nunca alcanza a la liebre. Tenemos que llegar a un punto en el que el perro coja a la liebre y cada cual sepa cuál es su lugar. El rumbo a seguir debe orientarse a que las materias de la Administración o Gobierno central, de las autonomías o regiones, de las provincias, en su caso, y de los municipios, estén claramente determinadas. Ello debería arreglarse en parte mediante leyes marco o grandes leyes de principios que, sectorial o reglamentariamente, fueran luego desarrolladas por las autonomías. Igualmente, las comunidades autónomas deberían constituirse de una manera mucho más consensuada y sabiendo claramente cuáles son sus competencias y las del Estado central. En suma, convendría establecer una ley marco de principios y una armonización clara en todo el Estado.

La mejor institución que podemos tener

El pueblo no es esencialmente monárquico, sino republicano, pero la monarquía nunca ha estado tan bien asentada como ahora. El Rey ha sabido ganarse al pueblo, básicamente con su actuación en el 23-F, dejando claro que quería la democracia. Lo más sensato es inclinarse por la continuidad de la monarquía, que es la mejor institución que podemos tener ahora mismo. No olvidemos que nuestros dos intentos republicanos han sido pésimos, sobre todo el segundo (1936-1939), que originó una guerra civil. El Estado no malgasta el dinero que destina a la Casa Real, pues, en el ámbito internacional, el Rey nos representa prestigiosamente. Además, contra lo que suele decirse, una monarquía no es más costosa que una república. Y tampoco es importante quién ostente la Jefatura del Estado, puesto que, en última instancia, en una monarquía parlamentaria los que llevan a cabo toda la acción política son los representantes elegidos por el pueblo, esto es, el Gobierno del Estado constituido por su presidente (jefe de Gobierno) y sus ministros.