Texto del 09-06-2008,
Fotografía cedida por Juan Carlos Castro.
Juan Carlos Castro Martín pertenece a una de las generaciones de abogados que iniciaron su recorrido profesional con la democracia ya instaurada en España. De sus casi veinte años de trayectoria como jurista destaca sus experiencias vinculadas al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, especialmente a su cargo como Presidente del Turno de Oficio durante más de una década. Sabe que el conocimiento se traduce en la capacidad de aprender de cada caso que le confiere su profesión.
Un despacho de provincias
Soy titular del bufete Castro & Asociados Abogados, donde colaboro con otros dos letrados en materia, sobre todo, de Derecho penal y mercantil. Sin embargo, tocamos todas las especiales de la abogacía, pues sólo con una perspectiva generalista podemos ofrecer un servicio personalizado y completo a nuestros representados. Combino la gestión del despacho con una intensa colaboración con el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, de cuya Junta de Gobierno soy actualmente Secretario.
Lenta concienciación en la prevención de los riesgos laborales
Soy asimismo Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y, como tal, conozco la paulatina concienciación que se ha ido produciendo al respecto entre empresarios y trabajadores de nuestro país. Aunque en algunas áreas laborales la legislación española de prevención de riesgos es muy joven, en otras, como en el sector minero, contamos con una normativa muy eficaz y de gran solera.
Transición, una etapa que asentó principios esenciales
Empecé a ejercer como abogado en 1989 y, por motivos generacionales, los primeros recuerdos políticos que conservo con conocimiento de causa no se inician hasta el mandato de Felipe González, pero mi interés personal y el estudio de mi oficio me han llevado a conocer la etapa de la Transición y a crearme un criterio de lo que significó. Con respecto a la abogacía, considero que durante ese período se consiguieron prácticamente las mismas bases de atención a los ciudadanos y de garantía de derechos fundamentales que las que empleamos actualmente; aunque a día de hoy estén más consolidados, ya entonces se asentaron unos principios esenciales que han perdurado.
Tragedia de Atocha: punto de partida para las libertades y los derechos
Respecto a los sucesos que marcaron la Transición, lo primero que me viene a la memoria es el múltiple asesinato de 1977 que acabó con la vida de cuatro abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid. Aunque los letrados de mi generación no fuimos plenamente conscientes de aquel triste acontecimiento, por parte de los colegiados más veteranos siempre ha existido un interés especial para que lo ocurrido no se olvide. Sé que aquel incidente marcó un momento importante que causó que la abogacía española empezara a tomar partido en la Transición. En cierto modo, aquella tragedia fue el pistoletazo que llevó a los juristas a iniciar una lucha por las libertades de los ciudadanos y los derechos humanos en España.
Modificar la Constitución con sensatez
Después de treinta años de Constitución no debemos sentir miedo ante una posible modificación de la misma. La Carta Magna tiene ya sus mecanismos de reforma y, si fuera necesario emplearlos, deberíamos hacerlo con sensatez. Cuando se instituyó el texto, se desarrolló a efectos de que el consenso que lo había favorecido durara el máximo tiempo posible y su modificación no fuera practicable con el único apoyo de unas minorías. Sin embargo, creo que la situación actual de la política autonómica dificulta sobremanera una modificación constitucional mesurada y que satisfaga a todos.
Legislación poco contrastada con los expertos
En España, la legislación no responde a las expectativas que el ciudadano se crea sobre ella, porque se ejecuta desde la esfera política, por intereses a menudo muy alejados de la práctica judicial, donde la consulta a los especialistas del Derecho es un hábito escaso. Si bien los técnicos y políticos son imprescindibles en la redacción y aprobación de las leyes, contar con el punto de vista de los expertos (jueces, funcionarios, abogados…), que son quienes conocen plenamente el funcionamiento de los tribunales, es una manera de poder dilucidar, a través de la experiencia, qué normativas son necesarias y cuáles no, y qué tipo de inversiones hacen falta para llevarlas adecuadamente a cabo.
Debemos organizar la Justicia con un enfoque más práctico
El abogado mantiene un trato directo con el ciudadano y, por ello, percibe sus dificultades. Por este motivo considero que sería necesario facilitar el acceso del letrado a la Justicia. La abogacía tiene la obligación de cumplir los plazos establecidos, mientras que el juzgado se mantiene dentro de un acatamiento más laxo, una situación que coloca al jurista en un estado de desigualdad que acaba arrastrando al ciudadano, quien percibe que la Justicia es lenta, parcial y que no funciona como debiera. Ante ello, creo que sería importante empezar a organizar la Justicia, tanto desde el punto de vista material como legal, con un enfoque más práctico.
Los Colegios de abogados acercan la Justicia al ciudadano
Originariamente, los colegios de abogados tenían la función de actuar como una institución corporativa de letrados. Pero, a partir de la publicación de la Constitución de 1978 y del establecimiento del Estado de Derecho, se convirtieron en un instrumento fundamental de la Administración para acercar la Justicia a los ciudadanos, quienes progresivamente han visto acrecentados tanto sus derechos como la protección de los mismos.
Generosidad de los abogados en aras del bien común
En nuestro país, a menudo se instituyen leyes, pero no se establecen los fondos económicos necesarios para desarrollarlas. El procedimiento habitual del sistema consiste en que los servicios se pongan en marcha con la buena voluntad de los colegios de abogados y, solamente después, llegan los fondos públicos. Quizás la abogacía esté algo resentida con los organismos de la Administración, porque parece que éstos no están dispuestos a remunerar dignamente al letrado, quien, con su benevolencia, otorga un servicio que correspondería a los cuerpos del Estado. No creo que sea una exageración considerar que, en ocasiones, los colegios de abogados han llegado a actuar tal como si fueran una suerte de ONG, y debemos recordar que las ONG surgen cuando el Estado no cubre una necesidad ciudadana concreta.
Particularidades que politizan nuestro Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, conforme está trazado en la Constitución, no deja de ser un tribunal que tiene aspiraciones jurídicas, pero que en realidad es político. Para empezar, a diferencia de otros tribunales de garantías constitucionales de Europa, el número de magistrados que lo integran es par y su presidente tiene voto de calidad. Ello se debe a que, durante su creación, se buscó tanto el consenso que se dejó intervenir en exceso a los poderes políticos. No pretendo que desaparezcan los nombramientos por parte de las Cortes, pero quizá se debería otorgar mayor potestad al poder judicial, que para algo es un poder independiente, en estos asuntos.
Deberíamos devolver ciertas competencias al Estado central
El Estado de las Autonomías ha permitido un acercamiento de la Administración al ciudadano y ha favorecido una descentralización no traumática. Pero la presente realidad internacional, marcada por el fenómeno de la globalización, hace imperativo reforzar la estructura estatal de nuestro país, para equilibrar y dar coherencia a ciertas desigualdades autonómicas. Sin embargo, seguramente por temores heredados de cuarenta años de dictadura, a día de hoy parece impensable que el Gobierno central pueda reclamar momentáneamente algunas transferencias sin que ello provoque un revuelo político. Las comunidades autónomas deberían disponer del derecho a la supervisión del territorio que ocupan, pero estoy en desacuerdo con ciertas cuestiones que se barajan en nuestra actualidad política, como el hecho de que haya comunidades que dispongan de un método de financiación que difiera del resto de autonomías. A fin de garantizar una igualdad entre las distintas entidades regionales deberíamos devolver algunas competencias al Estado central para replantearlas.
Potenciar el poder de los municipios
Con la instauración de las autonomías, conseguimos disgregar el poder, algo que supuso un acercamiento al ciudadano merced a la potenciación de los municipios. Mi punto de vista personal converge con la tendencia de encaminar la potestad de administrar hacia los municipios y conferir a las autonomías la autoridad que ya tuvieron las antiguas diputaciones provinciales.
Un país confesionalmente republicano que adora a su Rey
Aunque existan sectores de la sociedad española que contemplan la posibilidad de llegar, algún día, a alcanzar un sistema político republicano, en términos generales España podría definirse como un país confesionalmente republicano que, paradójicamente, adora a su Rey. En ocasiones, la labor del monarca ha sido cuestionada por su falta de notoriedad, pero considero que su actitud es la correcta. Un intento de moderación pública por parte del Rey don Juan Carlos podría llegar a interpretarse como una imposición desde su condición de Jefe del Estado. Cuando una institución actúa como se espera de ella, normalmente el pueblo desea mantenerla. Nuestra monarquía se compone de una familia profesionalizada para representar a nuestro país en el exterior y mantenerse neutral en el interior, y es precisamente esta capacidad una de las más valoradas por la opinión pública, sea ésta del signo político que sea.
