Texto del 17-06-2008 .
Fotografía: Estudio Fotográfico Miguel Ángel.

Luis Felipe Sánchez Sáez es especialista en Derecho inmobiliario y se reivindica sin complejos como “picapleitos” de comunidades vecinales. Su experiencia le dicta que la ley ha de mejorar en el amparo de los propietarios de pisos si se desean incluir más viviendas dentro del mercado de alquiler. Igualmente, reclama la pronta informatización de la Justicia y la despolitización de las altas instancias judiciales. Se define como esencialmente republicano y funcionalmente monárquico.

Los profesores dejaron de pegarnos con la regla

Cuando murió Franco tenía seis años. Mi recuerdo más nítido de aquella fecha histórica se reduce a que nos dieron el día libre. Téngase en cuenta que iba a un colegio de la Falange Española, así que hasta su muerte formábamos en el patio todos los días y cantábamos el Cara al Sol mientras izaban la bandera. Tras el funeral, sin embargo, las reformas se precipitaron. Seguimos formando un tiempo en el patio, pero ya sin uniforme, y dejamos de cantar los himnos. A partir de entonces, los cambios se sucedieron vertiginosamente. Recuerdo especialmente, por lo que representó para mi integridad física, y por mencionar algo en concreto, que los profesores dejaron de pegarnos con la regla. Hoy esto puede parecer un detalle, pero en realidad supuso un gran avance.

Especialista en Derecho inmobiliario en tiempos de crisis

Como letrado, me he especializado en el Derecho inmobiliario, tocando puntualmente otros campos relacionados con él, como el urbanístico o el de la construcción. No cabe duda de que los últimos años han sido espectaculares en cuanto al desarrollo de estos sectores. Nuestro auge económico se explica tanto por los fondos de cohesión europeos que recibimos como por el desarrollo de las infraestructuras, carreteras y ferrocarriles que aquéllos han comportado en los últimos años. Veo poco probable que en el futuro sea posible repetir un auge económico de la misma magnitud; o, por lo menos, no alcanzo a dibujar el escenario que lo haría posible. Ahora se vive un momento de crisis en el sector, tanto de la primera vivienda como de la segunda en las zonas costeras, y habrá que esperar para saber cómo sobrellevar esta situación y cuánto durará. Entiendo que una economía basada en el sector inmobiliario no es una construcción sólida: debemos diversificar nuestras actividades económicas para que el país no se resienta tanto cuando se produzcan estos estancamientos sectoriales.

“Picapleitos” para solucionar problemas de comunidad

Las comunidades de propietarios son mis principales clientes. Me defino como su picapleitos (me gusta la sonoridad de la palabra y me la adjudico sin ningún tipo de complejo). En el campo de las comunidades de vecinos ha habido y hay muchos problemas. El auge inmobiliario de los últimos quince años se caracteriza, entre otras cosas, por la circunstancia de que se ha construido mucho y muy rápido, y la mayoría de los edificios se han entregado con defectos de construcción. Estos deterioros llevan a los dueños, legítimamente, a litigios que en la mayoría de los casos no suelen solucionarse por la vía extrajudicial, sino mediante procesos judiciales. Y es ahí donde entra en juego mi labor profesional, desde la que me ocupo de contratos de arrendamiento, desahucios, problemas entre vecinos y con constructoras y temas de propiedad horizontal, entre otras cosas.

Necesidad de potenciar el mercado de alquiler

Los propietarios de pisos tienen miedo de ponerlos en alquiler. Ello se debe en parte a que en el procedimiento español hay una gran deficiencia en la ejecución de las sentencias. En el tema de los arrendamientos, el arrendador puede tener a su favor una sentencia en la que se reconozca que un inquilino le debe una determinada cantidad, pero si luego ese fallo no puede ejecutarse por la dificultad que entraña localizar los bienes del deudor, es como si a todos los efectos no tuviera nada. En definitiva, si cobrar una deuda es tan difícil, muchas veces por ineficacia de la Justicia, quien alquila sopesará la posibilidad de arrendar su vivienda antes de exponerse a posibles problemas. De ahí que haya tantos pisos vacíos. Se ha intentado mitigar esa desconfianza con la creación de las Agencias Públicas de Alquiler, asegurando por parte del Estado 6.000 euros y la garantía de la renta durante 5 años; sin embargo, no ha sido suficiente para que los propietarios venzan su recelo y saquen sus pisos vacíos al mercado.

Legislar demasiado genera confusión

Se ha legislado demasiado en el sector administrativo, en sanidad y en transportes. Al carecer de una normativa unificadora, se ha creado una gran confusión y mucha inseguridad. Los profesionales del Derecho debemos manejar normativas distintas: las del Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos… Fraccionar tanto la Legislación supone una dificultad para el conocimiento del ciudadano y para el ejercicio del Derecho. Algunas reformas que se han llevado a cabo han sido acertadas, como el Código Penal, que era del tardofranquismo y se reformó en 1995, o la Ley de Enjuiciamiento Civil, que era casi decimonónica. Otras reformas no se han desarrollado, como el Recurso de Casación o la Ley Orgánica del Poder Judicial. El problema de fondo es que no se acaba de afrontar una reforma completa.

Necesaria informatización de la Justicia

No es de recibo que en plena era informática todavía estemos presentando escritos en los registros de los juzgados. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social se han informatizado, pero no se ha hecho lo mismo con la Justicia. Es como si desde el propio Estado se aceptase que debe haber dos velocidades entre sus administraciones; ese agravio comparativo repercute en la tan cacareada lentitud de la Justicia. Si nos informatizásemos, los procedimientos se resolverían con mayor rapidez y todos saldríamos ganando mucho más que con soluciones de cara a la galería como la Ciudad de la Justicia, que no resuelven sustancialmente nada. En este tema, como en tantos otros, dependemos totalmente de la voluntad política, y de momento es escasa.

La política influye demasiado en la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial, la instancia más alta de la Administración de Justicia, es el órgano que debería poner sobre la mesa nuestras demandas. Sin embargo, su excesiva dependencia del reparto de poder entre los partidos políticos lo hace inoperante. Mientras no interese la auténtica separación de poderes, mientras ésta no exista de facto, seguiremos en esta lamentable distorsión que erosiona uno de los tres pilares del Estado de Derecho, con el agravante de que la opinión pública tampoco presiona al respecto.

La descentralización es un sistema susceptible de mejora

Estoy a favor de la descentralización del poder, y buena parte del bienestar experimentado por nuestro país se lo debemos a esa redistribución de competencias, a pesar de las contrapartidas que conlleva en el aparato administrativo. En pro de la eficacia y de la simplificación, las competencias municipales deberían estar bien definidas respecto a las de las comunidades autónomas; y lo mismo, las competencias de las comunidades autónomas respecto a las estatales. La descentralización es un sistema siempre perfectible.

Vacilante definición constitucional de las competencias autonómicas

En su día, la Constitución fue la mejor solución para el país, pero el consenso que conllevó ha dejado algunos temas mal resueltos, o resueltos de manera incompleta. El tema territorial, por ejemplo. No es que las comunidades autónomas hayan tenido un mal resultado, pero continuamente se dan conflictos por competencias entre ellas y el Estado, perdiéndose en ello mucho tiempo y energía. Si se hubiera definido mejor en la Carta Magna esa relación, nos ahorraríamos ciertos trances. Quizá debimos optar de entrada por un Estado federal, con todo más definido, una estructura estatal no pendiente de tiras y aflojas coyunturales en función de la correlación de fuerzas políticas, por muy rupturista que entonces nos hubiera parecido.

No apremia una reforma de la Constitución

Nuestra Constitución me parece muy avanzada si la comparamos con las de otros países de nuestro entorno. Las reformas de la Carta Magna que se están proponiendo, no son, a mi parecer, perentorias. Ni la sucesión de la Corona ni la redefinición del Senado me parecen sustanciales. Tampoco los cambios propuestos respecto al sistema judicial, el Tribunal Constitucional o el sistema de derechos fundamentales. Pero parece claro que esta cuestión tendrá que resolverse tarde o temprano, sobre todo en el aspecto territorial.

Monarquía funcional

En el plano estrictamente teórico soy más partidario de las repúblicas que de las monarquías. Soy esencialmente republicano pero funcionalmente monárquico. El pragmatismo me lleva a estar de acuerdo con lo que funciona en todos los órdenes de la vida, y la Monarquía, en la persona del Rey don Juan Carlos, está cumpliendo su función. Principalmente, nos da estabilidad. La continuidad o no de la institución me parece una cuestión, por ahora, secundaria. Tampoco observo entre los ciudadanos una demanda clara que la cuestione, ni siquiera entre los partidos de izquierda. En los últimos tiempos ha resurgido un cierto republicanismo, pero es más retórico y simbólico que real.

Rey y política

No considero que el Rey deba manifestarse públicamente sobre aspectos políticos. Su función es diplomática, de representación del Estado. El arbitrio de las diferentes fuerzas políticas que la Constitución le reconoce es una competencia, en mi opinión, meramente simbólica que no tiene, ni debe tener, efectividad alguna.