Texto del 30-06-2008 .
Fotografía: Celia Murillo Moreno.
Vicente Sánchez Rodríguez, especialista en Derecho civil y penal, es un firme defensor de la función de los colegios de abogados. Con convencimiento y elocuencia, opina que se legisla adecuadamente, en cumplimiento de los programas electorales. Deplora, en cambio, la politización del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y defiende el Estado de las Autonomías como garante de una cierta paz social. Sueña con el advenimiento de una república española.
Tres abogados en la familia
Mi padre era ordenanza del Ayuntamiento de Madrid. Dos de sus hijos, mi hermana Covadonga Sánchez y yo, nos hicimos abogados. Por desgracia, Covadonga murió en 1987 después de haber ejercido juntos durante tres años. Más tarde, entré a trabajar en un despacho laboralista en Alcalá de Henares. La experiencia me sirvió para constatar que el Derecho laboral no era de mi interés. Me decanté hacia otros campos, el penal y el civil, en los que ya llevo casi un cuarto de siglo, y donde espero que me suceda pronto mi hija, Laura, abogada en ciernes. Desde 1992 tengo también responsabilidades en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, actualmente como presidente de la Comisión de Turno de Oficio, Asistencia Letrada al Detenido y Violencia de Género.
Necesidad de los colegios de abogados
La función de los colegios de abogados es absolutamente necesaria. Sirven sobre todo para velar por los intereses de nuestra profesión. En materia de estudios y bibliografía, por ejemplo, dan respuesta y seguimiento a los continuos cambios normativos que nos afectan. También son imprescindibles para organizar los turnos de oficio, la asistencia al detenido, etc. No estoy de acuerdo en que estos asuntos deban competer al Ministerio o las consejerías, porque ello haría del abogado una suerte de funcionario. Los colegios no son meros organismos de defensa corporativa; también se encargan de garantizar el aspecto deontológico de nuestra labor y sirven para canalizar las quejas que los usuarios quieran hacernos llegar.
Estado de Desecho y Transición
Lo que heredamos del franquismo, más que un Estado de Derecho, fue un Estado de Desecho. Muchas de aquellas normas, una vez muerto el Caudillo, se mostraron repentinamente inservibles, porque respondían a circunstancias muy concretas que no tenían cabida en la Transición. Lo que puedo decir de esa época es que representó un cambio total en todo el sentir de la sociedad, y su influencia en el mundo del Derecho fue absoluta, con todos los cambios normativos y legislativos que conllevó y que, dado que empecé a ejercer en 1984, viví en primera persona.
Se legisla para cumplir los programas electorales
Se está legislando mucho, pero ello es consecuencia de la necesidad de cumplir y aplicar la renovación constante de los programas de los partidos políticos que sucesivamente van ganando las elecciones. No soy de los que piensan que se legisla demasiado y mal. Se legisla según la dinámica política. La función del legislador es doble: por un lado, percibir y estudiar la realidad social cambiante, y, por otro, una vez percibida y estudiada esa nueva realidad, intentar darle soluciones a través de la modificación legislativa oportuna.
La Ley de la Violencia de Género no da los resultados previstos
No soy un gran penalista, pero sí un trabajador del Derecho penal, y entiendo que nos estamos excediendo a la hora de penalizar cualquier conducta. Por ejemplo, en el tema de la violencia de género, se ha creado una legislación ex profeso y unos juzgados específicos, y sin embargo el problema no sólo no remite, sino que se agrava. Está claro que las medidas previstas no están dando los resultados esperados. Personalmente, estoy en contra de la creación de juzgados especializados para esta clase de problemas sociales.
Una única Administración pendiente de reforma: la de Justicia
La Reforma de la Justicia es una cuestión pendiente. Uno de los principales aspectos a reformar es el de su Administración. Cuando empecé a ejercer, allá por 1984, y batallaba con las distintas Administraciones –no sólo la de Justicia–, llegué a la conclusión de que toda la Administración era vieja, caduca y maleducada, en el sentido de poco preparada. Hoy, las administraciones, en términos generales (locales, autonómicas, estatales) han evolucionado. Los funcionarios son más jóvenes, están más preparados y saben atender mejor al ciudadano. Sin embargo, hay una excepción: la Administración de Justicia. Sus funcionarios aún siguen inspirando temor, no se ha normalizado su trato con los ciudadanos, y la atención con los profesionales del Derecho tampoco es fluida.
Extremada lentitud de la Justicia
Tenemos una Justicia lenta e ineficaz, incapaz de ofrecer respuestas de carácter inmediato. Y en cuanto a jurisdicciones concretas, la jurisdicción penal es quizá la más lenta. Esta misma mañana he pasado un juicio sobre un accidente de tráfico ocurrido en 2001. ¿Qué les decimos a los clientes? ¿Qué les decimos a las víctimas? ¿Qué les decimos a quienes tienen que cobrar indemnizaciones siete años después? Y estoy hablando de un accidente de tráfico: el retraso es aún superior en casos de mayor calado.
Poder judicial en manos de los políticos
Tanto los miembros del Consejo General del Poder Judicial como los del Tribunal Constitucional responden a intereses de carácter político-partidista. La paralización que afecta a ambas instituciones se explica por el enfrentamiento entre los dos grandes partidos. Si hubiera acuerdo entre ambos, no habría paralización en los nombramientos o en la renovación de cargos. Es escandaloso que el tercer poder de este país –y digo tercero sin ánimo de jerarquizarlos–, el Consejo General de Poder Judicial, esté en manos de los políticos. Este organismo debería de responder a otras dos motivaciones: en primer lugar, a las propias exigencias sociales; y en segundo lugar, a los requerimientos de las diversas asociaciones judiciales. Por desgracia, éstas, hoy por hoy, también se dejan influir por el ritmo que marcan los partidos. Desde Rousseau, la necesidad de un poder judicial independiente está clara: ¿Cuánto tardaremos en hacerla efectiva?
Tribunal Constitucional: la última trinchera
Las funciones originarias del Tribunal Constitucional no previeron el abuso y saturación a los que son sometidas en forma de recursos de amparo o de inconstitucionalidad. El Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial están ahí para garantizar el cumplimiento de la ley, no para ser convertidas en la última trinchera de discusión política. Lo hemos visto recientemente con el referéndum de Ibarretxe. Mientras el Lehendakari solicitaba la aprobación en el Parlamento vasco en materia de referéndums de autodeterminación, el Presidente del gobierno, sin encomendarse a nadie, se avanzaba a anunciar que dicho sufragio será rechazado por el Tribunal Constitucional. ¿Dónde está la independencia del Tribunal Constitucional si el dictamen ya lo da el señor Zapatero?
Estado de las Autonomías, más positivo que negativo
En materia de autonomías siempre he tenido una doble visión, negativa y positiva. En el aspecto negativo situaría la duplicación del gasto público que implica el aumento del funcionariado. También es problemática la nebulosa en la que a menudo nos movemos para dilucidar si una materia en concreto es competencia central o autonómica. En el aspecto positivo, entiendo que se ha conformado una cierta paz social que determinados movimientos nacionalistas no hubieran permitido. Además, la descentralización ha significado un mejor reparto de la riqueza por todo el país.
Modificar la Constitución es conveniente
La Constitución, conforme se redactó en 1978, respondía a las necesidades de la época. Cualquier pretensión por encima de las que en ella se recogen, hubiera sido motivo de desencuentro o de conflicto. Proponer su modificación, a 30 años vista, no es de ninguna manera algo descabellado. No es necesario modificarla a fondo, pero sí en determinadas cuestiones que pueden ser sustanciales. Sin embargo, parece que flota en el ambiente político y social la negativa a ultranza a cualquier cambio, sobre todo en cuestiones como la sucesión al trono.
Ley de la Memoria Histórica
La memoria histórica no se puede abandonar a su suerte. El conocimiento de lo que ha ocurrido es lo que va conformando la cultura de un país. Por ello, no debemos olvidar la historia reciente: la delincuencia franquista debe ser investigada. Y la gente tiene derecho a saber dónde están enterrados los suyos, por simple humanidad, sin revanchismos.
Juancarlismo, sí; Monarquía, no tanto
La Monarquía, o más bien el juancarlismo, desde la perspectiva actual se juzga mayoritariamente como un hecho positivo. Fue muy eficaz sobre todo en la Transición para frenar el involucionismo y sustentar el proceso democrático; pero de ahí a perpetuar la institución, entiendo que hay un gran trecho. Algo que no ha sido elegido democráticamente, en 2008 no procede. Cuando se votó la Constitución, vino aparejada la Monarquía. Bien está el juancarlismo mientras dure, pero perpetuar la institución me parece exagerado; aunque a juzgar por el índice de natalidad de la familia real, parece que ellos están por la labor.
España será republicana
España está preparada para ser una república. Es cierto que, hoy por hoy, con el juancarlismo en vigor, y con el carisma que el Rey tiene en determinados estamentos importantes y mayoritarios, la República se ve como algo muy lejano. Pero ya hemos sido República y no nos fue nada mal. Con el tiempo volveremos a serlo, porque políticamente la Monarquía es insostenible, sobra, es un sistema caduco, peleado en su misma concepción con la democracia.
