Texto del 26/01/2009 .
Fotografía cedida por Paulino Sánchez.
El Estado de las Autonomías no fue otra cosa que una cesión de los padres de la Constitución a algunas comunidades para que pudieran tener su pequeño margen de actuación. En el fondo, asegura el abogado cántabro Paulino Sánchez, todos los españoles sentimos que pertenecemos a un Estado común. Por otra parte, encuentra que el modo de acceso de los jueces a la judicatura debe ser mejorado: no cree suficiente el sistema de oposiciones y sugiere activar controles de carácter profesional.
Efervescencia del ambiente estudiantil durante la Transición
De la Transición me gustaría evocar la sólida y emotiva vinculación de los estudiantes universitarios y los del bachillerato. El ambiente de las facultades se implicó positivamente en los cambios que entonces se operaron para construir la España en la que hoy vivimos. Los estudiantes sabíamos que teníamos que entendernos entre todos, aun siendo muy distintos en cuanto a origen familiar y formativo. Aún conservo amigos de la época con los que mantenía intensas discusiones verbales acerca de nuestras respectivas influencias políticas. La amistad, no obstante, prevalece por encima de las discrepancias. A lo largo de mi vida académica tuve la fortuna de conocer a algunos profesores que me marcaron de un modo especial. Como bachiller “pilarista” que fui, con lo que ello supone de respeto, igualdad y valores cristianos asumidos, recuerdo a Manuel Ortiz, profesor de Literatura y a don Felipe, profesor de Química; y ya en la facultad destacaría a catedráticos y profesores como Manuel Iglesias Cubría, Ramón Cotarelo y José Luis López Muñiz.
El tiempo se erige en juez de la clase política
Quizás si el éxito no hubiese coronado nuestro proceso de transición, el país habría naufragado en el desastre y actualmente seguiríamos encallados en una situación semejante a la que existía antes del paso a la democracia. Si incluso estando donde estamos seguimos enfrentándonos por cosas nimias, no quiero imaginar el estado de cosas que viviríamos de haber vuelto a la realidad de las dos Españas. Y si bien ahora no contamos con figuras políticas de la entidad de las de entonces, lo cierto es que sólo el tiempo acaba erigiéndose en juez de la clase política. De momento, nos queda el recuerdo alentador de personalidades como Fraga, Tarradellas, Carrillo o Suárez, sin olvidarnos por supuesto del Rey don Juan Carlos, cuya talla política y carisma personal nos han traído a donde estamos ahora.
Interpretar la Constitución, pero no modificarla
Debemos celebrar que nuestra Carta Magna haya durado 30 años, y reconocer a la vez que su interpretación ha de darse en función del tiempo y la historia que nos toca vivir. Interpretarla no significa modificarla. Dada la talla de una clase política que gobierna a golpe de decreto según intereses partidistas, pretender una modificación del texto constitucional acaso no fuera lo más recomendable. Toda ley es abstracta y general, esto es, no se puede aplicar a un solo caso; tiene que cubrir e imbricar todos los aspectos de la realidad social. La interpretación de la norma jurídica permite la subsunción del caso particular dentro de la generalidad de la propia norma. Por tanto, creo que debemos dejar el texto constitucional tal y como está.
A los políticos no les interesa dotar de contenido al Senado
El Senado ha sido la única institución que ha quedado falta de desarrollo. Convertirla en la Cámara de representación territorial que debiera ser es una tarea que en el lejano año de 1982 tendría que haber quedado resuelta. Sin embargo, todo indica que a los políticos, debido sin duda al poder que adquiriría en tal caso, no les interesa acatar lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución, por lo que el Senado se ha conformado con ser una institución sin ningún contendido.
Un Tribunal Constitucional dedicado en exclusiva a cuestiones políticas
El Tribunal Constitucional no deja de ser un tribunal político que actúa en función de los intereses del partido gobernante o del que tiene en ese momento la potestad de nombramiento. Las cuestiones de carácter político, reflejadas en grandes titulares de prensa, parecen constituir todo el trabajo de este órgano totalmente imprescindible. Un recurso de amparo de un particular, en la mayoría de los casos, lo resuelve el Constitucional con providencia de formulario, y sucede así porque dicho recurso carece de peso político. Esto acaba perjudicando al ciudadano, y socava la confianza en la institución.
Acceder a la judicatura con un criterio de elección más amplio que el de la oposición
Como órgano superior de uno de los tres poderes del Estado, el Consejo General del Poder Judicial debería gozar de una independencia mayor de la que tiene, pero además hay que plantearse otra cuestión al respecto: el modo de acceso a la judicatura. Hemos acabado creando un sistema para llegar a la judicatura que premia exclusivamente la capacidad memorística de los candidatos. Cierto que esta habilidad otorga un grado de excelencia, pero además deben buscarse otros filtros o controles, como su valía académica, desarrollo profesional, controles o baremaciones de carácter psicológico. Quien ostenta tanto poder sobre la vida y patrimonio de los ciudadanos ha de estar sometido a un férreo control en su profesión.
Jueces omnipotentes que no responden por sus errores
Hoy los militares han perdido el poder que ostentaban en el pasado, los médicos carecen de la influencia de antaño, y los grandes funcionarios, abogados del Estado, se han acomodado a la sociedad; sólo quedan los jueces como amos y señores “de vidas y haciendas”. Son omnipotentes y nunca responden de sus posibles errores; por lo menos, si éstos no son de carácter político. La Justicia y el Derecho son cosas distintas. El veredicto final siempre está manos del juez, quien, aun equivocándose al dictar su resolución, queda limpio de responsabilidad.
Se legisla en exceso y según las necesidades políticas y no sociales
En España se legisla en exceso y casi siempre en función de las necesidades políticas y no sociales. En EE. UU. los diputados sólo responden ante su electorado, nunca ante el partido político en el que militan, es decir, cada diputado es dueño de su escaño. Aquí deberíamos intentar seguir el ejemplo. A la hora de legislar convendría mantenerse alejados del radio de influencia de los medios.
Leyes políticamente rentables pero jurídicamente lamentables
Existen normas que son políticamente rentables, pues proporcionan ventajas de cara al electorado; sin embargo, su aplicación crea situaciones lamentables. La Ley de Violencia de Género, en mi opinión no ajustada a la Constitución, pues incrementa la pena por razón de sexo, es un buen ejemplo de ello. Una gran mayoría de jueces y fiscales piensan lo mismo. Lo peor es legislar y no dotar a los juzgados de los medios necesarios para que se cumpla lo dictado; entre otros defectos, ello ocurre con la Ley citada.
Mejorar la Administración de Justicia, cuestión de presupuesto
La Justicia, se ha dicho, es el hermano pobre del resto de administraciones. Y es cierto; se estima que tan solo un 10 o un 15% de la ciudadanía acude a la Administración de Justicia. En consecuencia, no es una necesidad ciudadana masiva, como la Ecuación o la Sanidad. Ante ello, los políticos no la dotan económicamente. Pensemos si no en el turno de oficio: se aprovecha el entusiasmo de los jóvenes letrados para ofrecer asistencia jurídica gratuita.
Les falta peso específico a las autonomías uniprovinciales
La descentralización ha supuesto un gran logro y ha contribuido al progreso del país, pero su desarrollo no se ha ajustado a criterios de igualdad entre las partes. Este desequilibrio debe ser solucionado. Asimismo, considero que las autonomías uniprovinciales son un auténtico error y van en la cola del desarrollo del Estado: sólo producen beneficio a los políticos que las gobiernan. Asturias, sin ir más lejos, es un claro ejemplo de esta apreciación; carece de peso específico y se halla relativamente aislada de las demás provincias.
Cuando surgen problemas serios para el país, todas las miradas se dirigen hacia Madrid
El peligro de desmembramiento del Estado a nivel nacional es mera ficción. Las tensiones son mucho menores de lo que rezan los medios de comunicación. A las comunidades que no han tenido desarrollo, es lógico y constitucionalmente justo darles competencias para igualarlas al resto. Cuando surgen problemas serios para el país, todas las miradas se dirigen hacia Madrid. En el fondo sentimos que pertenecemos al Estado español. Lo demás son ficciones de la historia. El Estado de las Autonomías no fue otra cosa que una cesión de los padres de la Constitución para que algunos pudieran tener su pequeño margen de acción. Pero nuestra clase política actual carece del aplomo necesario para sentarse a discutir este tipo de cuestiones que nos incumben a todos.
Don Felipe acredita una importante excelencia académica
Si la actuación de quien suceda a don Juan Carlos en el Trono, es decir, la de su hijo el Príncipe don Felipe, va a guiarse por los mismos criterios de actuación que han caracterizado hasta ahora la labor de la monarquía como poder estabilizador del Estado, tendrá sin duda el beneplácito de la sociedad española. El deterioro es perjudicial para todas las personas y también para las instituciones. El Rey ya ha cumplido sobradamente con su cometido todo este tiempo, mientras que don Felipe, por su parte, ostenta muchos méritos académicos para poder mantener con éxito el equilibrio entre el Gobierno central y las autonomías, amén de moderar las relaciones de España con el extranjero.
