Texto del 01/12/2008
Al frente de un bufete con tres sedes en Mora, Orgaz y Toledo, Luis Miguel Garrido analiza, con verbo ágil y visión críticamente aguda, la situación de la Justicia española. En este sentido, opina que es necesario descongestionar y racionalizar el sistema judicial y acercar los juzgados a los ciudadanos. Cree, además, que deberían replantearse las competencias autonómicas, dado que están restando poder al Estado y a los ayuntamientos. Para él, la monarquía supone un mal menor aceptable.
Antes y después de Franco, la Facultad de Derecho de la Complutense era una isla de libertad
Cuando murió Franco, estaba estudiando Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, que entonces era un hervidero de proyectos y grupos políticos de todas las tendencias. Recuerdo que llegaba a la facultad y veía carteles de todos los partidos, aún ilegales, colgados en las paredes. Aquel recinto era una isla de libertad donde se podía hablar abiertamente, aunque de vez en cuando actuaba la policía política y la extrema derecha. Contábamos con profesores extraordinarios, como Gregorio Peces-Barba, que impartía Filosofía del Derecho; Iñigo Cavero, que daba Derecho Constitucional, o Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho Político, entre otros. Fuimos afortunados de poder contar con gente de esta talla, que nos hablaba de las constituciones europeas y los procesos democráticos de otros países, una realidad desconocida para nosotros que nos despertaba ansias e inquietudes.
Las leyes básicas del tardofranquismo acogían principios ideales que luego los reglamentos y las instrucciones cambiaban sustancialmente
La represión se palpaba cuando salías de la universidad y, sobre todo, estaba muy presente en el medio rural. Cuando llegaba el fin de semana, me trasladaba hasta mi pueblo natal, Villanueva de Alcardete. Allí seguían teniendo mucho peso la oligarquía y los adictos al régimen franquista. Me licencié en 1981 y ese mismo año tuve mi primer juicio en Quintanar de la Orden. Recuerdo que entonces aún no había asistencia al detenido y el juzgado seguía funcionando como lo había hecho en los últimos 30 años. Durante esa época pensaba que había mucho por hacer, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que lo que hay que cambiar no son las leyes sino su interpretación. A lo largo del tardofranquismo existían unas leyes que, en teoría, acogían principios utópicos e ideales, pero más tarde se publicaban los reglamentos y, con el añadido de las órdenes e instrucciones, la realidad cambiaba sustancialmente.
La Transición fue una época excepcional pero difícil, marcada por el recuerdo de la guerra
Entonces había dos corrientes: una que abogaba por la reforma y otra que lo hacía por la ruptura; los dirigentes políticos optaron por la primera. La Constitución nació de ese entendimiento. Los representantes de los partidos mayoritarios se reunieron en el parador de Gredos y, tras largas sesiones, y a pesar de las enormes diferencias de opinión, consiguieron llegar a un acuerdo. Por supuesto, como siempre sucede en los pactos, finalmente todos tuvieron que ceder en algo. Fueron años fantásticos pero difíciles; siempre teníamos presente la guerra vivida. Recuerdo que voté la Constitución por correo desde la Academia de Infantería de Toledo donde estaba haciendo el servicio militar. Allí se leía el periódico El Alcázar, así como otras publicaciones de tendencia similar. Entre la oficialidad, eran mayoría los que tenían las ideas muy claras, estaban organizados y armados. Prueba de ello es que posteriormente hubo dos intentonas de golpe de Estado, además de la del 23-F.
Castilla y León y Castilla-La Mancha, cajones de sastre
La Carta Magna requiere ciertos retoques, como en los temas del servicio militar, la Ley Sálica o las autonomías. Por lo que respecta a este último, la Constitución intentó contentar a todo el mundo, pero no se pueden comparar comunidades históricas como Cataluña o Galicia con otras creadas de manera artificial como La Rioja. Además, tengo que reconocer que vivo en Castilla-La Mancha y que, como manchego, puedo tener más puntos en común con Madrid, Ciudad Real o Cuenca que con Guadalajara. Se crearon fronteras artificiales de manera que Castilla y León y Castilla-La Mancha actuaron como cajones de sastre.
Si lo que se pretende es descentralizar, la autonomía debería ceder poder a la autoridad local
También se debería replantear el tema de las competencias. Aunque el artículo 149 de la CE delimita las competencias exclusivas del Estado, la Constitución tendría que acotar las funciones básicas de la autonomía, del Estado y del ayuntamiento. Así se evitarían las actuales guerras para ver quien acapara más poder o presupuesto. Las autonomías están restando competencias a los consistorios, cuando tendría que ser a la inversa. Si lo que pretendemos es descentralizar, la autonomía tiene que ceder poder a la autoridad local. Por otro lado, cuando se redactó la Carta Magna no se apostó por un Estado autonómico pleno de 17 autonomías, y por eso mismo se mantuvieron las provincias. En definitiva, si lo que se quiere es reforzar el Estado de las Autonomías, hay que restarle protagonismo a provincias y diputaciones.
No se puede resquebrajar el principio de solidaridad para conseguir mayores comptetencias
La Constitución fue muy clara sobre las competencias que asignaba al Estado y las que podían asumir las comunidades, pero luego se han hecho otras interpretaciones. Por ejemplo, la Carta Magna afirma que la legislación mercantil, penal y penitenciaria es competencia exclusiva del Estado, igual que todo lo referente a las relaciones internacionales. Asimismo, es muy clara en cuanto a la solidaridad interregional y la igualdad entre los españoles. Sin embargo, hay quien pretende resquebrajar estos principios a fin de conseguir mayores competencias. Lo mismo ocurre con el tema del agua: en el texto constitucional se afirma que es competencia exclusiva del Estado la ordenación de los recursos y los aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad, pero hay autonomías que hablan de blindar el agua. Parece, pues, que resulta difícil aplicar el sentido común en algunos temas.
Abogados desbordados por una legislación excesiva y deficiente
Se legisla demasiado, y además muy mal. Por ejemplo: el Código Penal de 1995 que sustituyó al de 1973 está actualmente lleno de reformas y puntualizaciones. No hay artículo en el que no se encuentren matizaciones añadidas a posteriori. Y no es inusual que se aproveche la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para, con nocturnidad y alevosía, colocar en las disposiciones transitorias otras reformas importantes, como modificaciones en la legislación hipotecaria o en el Código Civil. Los abogados nos vemos desbordados por toda la legislación que entra en vigor.
Estudiar en profundidad y consultar con los expertos antes de legislar
Los políticos actúan con prisas, sin haber realizado un análisis o previsto consecuencias. Antes de legislar, deberían contar con expertos y realizar un estudio previo para tomar la decisión más acertada. Lo que no se puede hacer es variar el voto a una norma en función de la bancada que se ocupe en el Congreso.
Juzgados mixtos
No nos engañemos: la Justicia española funciona mal; además de la escasez de medios que padece, no está especializada, a pesar de que la realidad tiende a ello. En los pueblos existen juzgados mixtos, que llevan tanto asuntos penales como civiles. Un juez que llega a su primer destino en un pueblo, sin experiencia suficiente, tiene que resolver casos tan dispares como instruir un asesinato, un expediente hipotecario o una división de herencia. A ello se añade la escasa formación del personal administrativo, quienes sólo tienen que pasar unas pruebas escritas en unas oposiciones para trabajar en un tribunal.
Hay que acercar los juzgados a los ciudadanos
La Justicia no se hace proveyendo de más juzgados a la capital, sino descentralizando, es decir, acercando el juzgado al ciudadano. Además, es necesario que se abra mayor número de tribunales de Justicia para conseguir que, por ejemplo, una sentencia de desahucio tenga una aplicación inmediata. No puede señalarse un juicio para dentro de un año porque eso ya no es Justicia. Se trata, en definitiva, de racionalizar los recursos.
El juez no puede, ni debe, asumir todo el trabajo
Los jueces son reacios a delegar su firma, pero creo que tendrían que dedicarse exclusivamente a desempeñar su labor, que es la de juzgar. Al frente de la oficina judicial podría, y debería, estar otra persona. El juez no puede ni debe asumir todo el trabajo. Sin embargo, si el problema reside en que dichos profesionales se niegan a delegar sus funciones, entonces también tendrían que asumir la responsabilidad de sus errores. Últimamente parece que se ataca la independencia de los magistrados. Considero que la independencia de un juez implica su libertad de criterio y de interpretación razonable de la ley, no hacer y deshacer a voluntad; eso es más bien soberbia.
Sobre la monarquía: toda persona ha de conseguir un cargo por sus propios medios
Para mí, la monarquía es un mal menor, pues opino que una persona ha de conseguir un puesto valiéndose de sus propios méritos. Admito, no obstante, que el Rey ha consolidado su cargo y su prestigio; del mismo modo, el Príncipe Felipe se ha formado para ocupar algún día el lugar de su padre. Hasta los partidos más republicanos ya no lo son tanto. De todas formas, creo que a la mayoría de la gente este tema no le preocupa en exceso y tengo la sensación de que el actual Monarca tendrá su relevo.
