Texto del 01-12-2008 .
Fotografía: Àngel Font.

Desempeña el cargo de decano del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca y es titular de un despacho profesional sito en la misma ciudad. Miembro del Consejo General de la Abogacía Española, le preocupa la formación de los letrados como coadyuvantes de la Administración de Justicia, la cual ve sometida a la presión de los medios de comunicación, a una actividad legisladora deficiente, al control de un órgano de gobierno politizado y a un deficiente sistema de inspección.

En el bufete me debo a mis clientes y, en el Colegio de Abogados, a mis compañeros y a los ciudadanos

Aquellos letrados que ejercemos como decanos de un colegio de abogados gozamos de la ventaja de poder mostrarnos públicamente con una mayor independencia. Considero que siempre que un decano conozca bien su colegio, fácilmente podrá ejercer su responsabilidad en las distintas situaciones. Mi posición profesional es muy clara: en el bufete del cual soy titular sé que me debo a mis clientes y, en el Colegio de Abogados, me debo a mis compañeros y al resto de los ciudadanos. Por este motivo, nunca el factor económico ha sido motor de mi profesión.

La abogacía es un sector en el que la formación permanente es insoslayable

La abogacía es una profesión absolutamente comprometida con el aprendizaje y la puesta al día de sus profesionales. Particularmente, en el Colegio de Abogados de Salamanca tenemos un gran empeño por el fomento de la formación de nuestros compañeros y, en este ámbito, nuestro mayor problema es la gran cantidad de cursos que coinciden en el tiempo y que colapsan nuestros espacios. Los colegios profesionales no reciben ayudas estatales, se financian a partir de las cuotas de sus colegiados y, aunque mantener iniciativas de este tipo representa un gran esfuerzo, tenemos la absoluta convicción de que la formación permanente es esencial en nuestra profesión y hemos de mantenerla.

Reconocimiento a don Torcuato Fernández-Miranda

Considero que, durante la Transición, las personas responsables de decidir el cambio político fueron conscientes de que no podían propiciar una ruptura absoluta y, por ello, vivimos un proceso de adaptación hasta llegar a la democracia. Aunque a menudo la Transición se recuerde como una etapa un tanto idílica, considero que fue período muy difícil para todos los españoles, que demostraron tener una gran conciencia cívica con independencia del régimen que dejaban detrás. De la Transición destacan varias personalidades que lucharon por ofrecernos un buen porvenir, como el propio Rey don Juan Carlos. Pero el paso del tiempo me ha llevado a considerar que don Torcuato Fernández-Miranda fue una persona que merece un reconocimiento adicional por la encomiable labor que realizó entonces.

No dotamos al Estado de Derecho de medios que garanticen la independencia del poder judicial

Toda sociedad cambia con el devenir de los años; actualmente, en cierto modo estamos “reconstruyendo” la Constitución de 1978. Hay aspectos del texto que se cuestionan y, desde una mayor libertad, la abogacía debe ir dejando claros determinados conceptos. Me preocupa mucho la situación actual de nuestro país, puesto que, gobierne el partido que gobierne, continuamente observo que nos hartamos de legislar y, sin embargo, no dotamos al Estado de Derecho de medios que garanticen la independencia del poder judicial; más bien lo contrario.

Los jueces no son responsables del exagerado número de causas que desbordan los juzgados

Algunas de las leyes que se promulgan son acertadas, pero frecuentemente derribamos la legislación cuando algún suceso de actualidad pone de manifiesto el exceso de ejecutorias pendientes que tienen los jueces. Lamentablemente, a pesar de que este colectivo reclame más medios, nadie lo abastece de personal y a menudo se les convierte en culpables de la deficiente situación de la Justicia. No obstante, es bien sabido que los magistrados no son los causantes del exagerado acopio de causas que desbordan los juzgados.

Modificar algunos aspectos de la Carta Magna sin dejarse influir por los medios de comunicación

La redacción de nuestra Carta Magna revela un texto riguroso que demuestra que sus impulsores miraban hacia el futuro. Ciertamente, considero que después de 30 años existen algunos aspectos de la Constitución que podrían ser modificados, pero también pienso que sería interesante que no nos dejáramos influenciar por los medios de comunicación. Desde mi punto de vista, muchas de las hipotéticas reformas que se elucubran están forzadas por columnistas interesados en crear estados de opinión que probablemente no existen en la ciudadanía. Creo que, a menudo, establecemos principios o debates sobre hechos que son excepcionales, y la excepcionalidad no puede llevar a crear una norma como si fuere lo general.

Hacia una impermeabilidad política del poder judicial

La división de los poderes del Estado es fundamental; por ello, debemos conseguir una impermeabilidad política del poder judicial. El alto órgano que gobierna a los jueces, hoy es público y notorio que está configurado con una cota de poder político que lo desprestigia. Este descrédito se está haciendo injustamente extensivo a los jueces; pero, del mismo modo que la independencia del órgano de gobierno de los jueces es inexistente, la de los magistrados, en cambio, está esencialmente garantizada.

Cuanto mejores sean los abogados, mejores serán los jueces

Con el tiempo, el sistema de acceso a la judicatura ha mejorado. Actualmente, los aspirantes a jueces realizan una trayectoria de dos años en prácticas antes de iniciar su ejercicio, durante los cuales también practican en despachos de abogados. Creo que la disciplina del Derecho se rige, primero, por el sentido común, y, para llegar a ejercer como juez, es necesario saber aplicar sensatamente la norma. Los letrados somos colaboradores de la Administración de Justicia con la función de defender y trasladar el desarrollo normativo a los magistrados. El buen abogado, siempre quiere enfrente al mejor abogado. Y los jueces que celebren juicios con buenos abogados se convertirán en grandes jueces.

Nuestra técnica legislativa es deficiente

En España debemos reflexionar sobre la legislación y dejar de modificarla constantemente. Aunque el concepto legislativo sea correcto, la técnica es en demasiadas ocasiones muy deficiente. Podríamos mostrar un texto legislativo aprobado por el Congreso (luego retirado en el Senado) que contiene tres veces aprobado el mismo artículo con tres redacciones diferentes, y que se aparta del propuesto por la Comisión General de Codificación. Creo que España es un país que dispone de juristas muy competentes, pero fracasa en la calidad de sus legisladores.

Tendencia de asignar al Derecho penal lo que previamente ha fallado en el administrativo

Asistimos a una tendencia en la que los gobernantes trasladan al Derecho penal todo aquello que previamente ha fallado dentro del ámbito administrativo. Hemos suspendido en educación y, por este motivo, nos dedicamos a sancionar; hay una clara propensión a criminalizar y a convertir en delito ciertas conductas que deberían ser controladas con faltas o sanciones administrativas. Es contradictorio, por ejemplo, que sea un proscrito el que fuma cuando hace unos años era el héroe de la película, o que directamente sea un delincuente el que supera la tasa de alcohol que hace 5 años era el límite sancionador, o que se penalice la velocidad, pero sólo se controle en las vías con el menor índice de siniestralidad y no en donde se produce el 80% de accidentes; y todo ello, con sanciones económicas que convierten en negocio el régimen sancionador. Probablemente las normativas no están bien encauzadas, porque no es lógico que, mayoritariamente, las leyes no se acaben cumpliendo.

Desaprovechamos la oportunidad que nos brindaban las diputaciones provinciales

Después de 30 años de vigencia del Estado de las Autonomías, mi opinión es que no supimos aprovechar la oportunidad que nos brindaban las diputaciones provinciales, que representaban un mecanismo descentralizador importantísimo. Actualmente percibo ciertos defectos en materias que tratan las autonomías y considero que han reportado una descentralización excesiva. No es positivo que, por ejemplo, la plataforma de comunicación telemática de Justicia sea distinta entre las diferentes comunidades autónomas. El autogobierno no se demuestra creando signos de distinción ni medidas restrictivas para con los demás, sino prestando eficientemente sus servicios. Evidentemente, un país con tanta diversidad como el nuestro no puede permitirse perder ni un solo rasgo cultural, pero no por ello debemos mostrarnos excluyentes.

Prescindir de la monarquía es complicado porque nuestro Estado se organiza en base a ella

Nuestra monarquía parlamentaria es una institución que nada tiene que ver con el resto de formas monárquicas. Al morir Franco, en España se hizo un pacto para crear el nuevo marco de convivencia y organizamos un esquema democrático basado en una serie de cimientos, entre los que se encuentra la monarquía parlamentaria, el sistema autonómico o la división de poderes. Aunque todo es siempre revisable, cuestionarse la continuidad de dicha institución significa poner en tela de juicio un punto concreto, y capital, de nuestro marco constitucional de convivencia. La posibilidad de prescindir de la monarquía en un futuro es complicada, puesto que es uno de los pilares del marco constitucional de convivencia, es la Jefatura del Estado y legitimaría la revisión completa del sistema constitucional, lo que exigiría un nuevo pacto de la sociedad, de toda la sociedad.