Texto del 03/06/2008,
Fotografía cedida por M. Cobo del Rosal.
Manuel Cobo del Rosal es especialista en Derecho penal y en Derecho procesal-penal desde su triple vertiente de catedrático, ensayista y letrado. Su extensa y destacada trayectoria le ha permitido protagonizar episodios relevantes de nuestra historia reciente: tuvo el privilegio de ser procurador en Cortes cuando se votó la Ley de Reforma Política en 1976 y fue uno de los tres redactores del comunicado que leyó el Rey para frustrar el golpe del 23-F.
Cincuenta años como docente en distintas universidades
Desde que tenía los veintiuno, y a lo largo de cincuenta años, he impartido Derecho penal, cuarenta de ellos como catedrático. He tenido el privilegio de enseñar sucesivamente en la Universidad de la Laguna, en la Universidad de Valencia y en la Complutense de Madrid, donde me jubilé. Puedo decir, con gran satisfacción, que entre mis alumnos ilustres figuran Luis Gámir, quien fuera ministro por la UCD varias veces; Gregorio Peces-Barba, presidente de las Cortes por el PSOE; Óscar Alzaga, fundador del PDP y diputado a Cortes, y Gregorio Marañón nieto, entre otros. Siempre he simultaneado la labor docente con el ejercicio liberal de la abogacía. Ello me ha proporcionado una doble visión, teórica y práctica, del Derecho.
Prolijo ensayista de Derecho
He escrito mucho sobre Derecho penal y procesal-penal. Como ahora dispongo de más tiempo y todavía queda mucha tinta en el tintero, acabo de publicar un tratado de Derecho procesal-penal de 1.300 páginas que viene a sumarse a otros ciento cincuenta libros y monografías, aproximadamente, los cuales he ido publicando a lo largo de toda mi vida.
El momento del relevo generacional
Estoy acariciando, no sin amor, la idea de jubilarme del todo. Dejaría el bufete en buenas manos: conmigo trabajan excelentes profesionales. Además, mis dos hijas también son abogadas: Alejandra es doctora en Derecho Mercantil, y Gabriela, doctora en Historia del Derecho. Sabiamente, no han elegido mi especialidad, el Derecho penal. Aunque sin duda dramatizo, la vida de un penalista es poco llevadera, y ellas prefirieron otros derroteros.
Durante el franquismo no existía el Estado de Derecho
Contra lo que dicen algunos, el Estado de Derecho no existía con anterioridad a diciembre de 1976, cuando se promulga la Ley de Reforma Política, momento histórico en el que participé como procurador en Cortes, en mi condición de Rector, democráticamente elegido, de la Universidad de Valencia. Durante el franquismo, asistía continuamente a consejos de guerra con penas capitales de petición fiscal, y los jueces estaban sometidos al poder ejecutivo. Sólo quien no supiera en qué consiste un Estado de Derecho podría afirmar que éste existía bajo la dictadura franquista.
Tiempos de pena de muerte
Uno de los casos más dramáticos de mi experiencia profesional tuvo lugar en el año 1967, cuando ejercí como letrado en el pretendido asesinato de un sargento de la Guardia Civil. Actué como defensor de un chico de veintitrés años, contra el cual no había la menor prueba: alegó que, en el momento en que se produjo la muerte del sargento, estaba en Ciudad Real, a 180 kilómetros de Madrid (lugar del suceso), tomando unas copas, irónicamente, con una pareja de guardias civiles. Pedimos que declararan dichos agentes y se nos fue denegado. No admitieron ni una sola prueba de descargo –de cargo no había ninguna–. Necesitaban dar ejemplo y el chico fue un chivo expiatorio. Difícilmente olvidaré la noche que pasé con él en la cárcel de Carabanchel. A mis alumnos en la Universidad les he contado esta triste vivencia hasta la saciedad.
Las décadas de los sesenta y de los setenta: años de cambios
Llegué al período de la Transición después de unos años sesenta muy felices, tanto en el terreno personal como en el social. Luego, la década de los setenta aún resultó mejor, obviamente. Además, en esa época fui Secretario de Estado de Universidades e Investigación Científica con los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Teníamos muchas ilusiones e ideas que en gran parte pudieron cumplirse: por ejemplo, la democracia y la participación popular en la política y en la Administración de Justicia.
Primeras elecciones democráticas y referéndum constitucional
En aquella época, como todos los rectores, era procurador en Cortes. Tuve, en consecuencia, el gran privilegio de votar la Ley de Reforma Política en el año 1976. Durante las primeras elecciones democráticas a los rectorados universitarios, me presentaron como Rector de la Universidad de Valencia, una universidad muy conflictiva. Salí elegido, a pesar de no hablar valenciano, que era uno de los requisitos exigibles. Mi Junta de Gobierno era muy plural: socialistas, comunistas, nacionalistas, catalanistas, el PSAN… Hubo mucho debate, sobre todo, cuando tocó posicionarse sobre la Ley de Reforma Política. Finalmente, como todos los rectores, cuando voté en Madrid, lo hice con un sí inapelable.
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: cuando la democracia fue amenazada
El golpe de Estado del 23-F me sorprendió siendo subsecretario del Ministerio de Universidades y Ciencias, la única vez que ha habido en España un ministerio de tal materia. Me llamaron para comunicarme lo que pasaba. Fui al Ministerio del Interior y el panorama entre los compañeros era realmente desolador. No sabían qué decir, pero estaban todos. Tuvieron la gallardía de ir: su comportamiento fue ejemplar.
Un comunicado que hizo historia
En el mismo Ministerio del Interior, colaboré en la redacción, junto a José Terceiro, Catedrático de Económicas de la Complutense, y Paco Laína, Secretario de Estado de Interior, del célebre comunicado que más tarde leyera Su Majestad el Rey don Juan Carlos I para atajar el golpe de Estado. Era una pieza de oratoria demócrata impecable, y el Rey lo leyó tal cual. No puedo decir lo mismo del Jefe de la Junta de Estado Mayor, quien no leyó otro texto que le enviamos. A pesar del significativo mutismo de éste, nunca tuve sensación de peligro, en parte gracias a la televisión, que aquella aciaga noche fue nuestro consuelo; la salida de don Juan Carlos con el uniforme de Capitán General fue espectacular. Nunca como entonces Su Majestad ha hablado y pronunciado con tanta claridad sus palabras. Si aquella noche, en lugar de Monarca hubiera habido un presidente de república al frente de la Jefatura del Estado, seguramente los golpistas habrían acabado con la democracia.
Justicia y modernización no van a la par
Tenemos todavía pendiente la modernización de la Administración de Justicia. Puede parecer exagerado, pero en este ámbito seguimos estancados en el siglo xix, o peor, porque entonces no había masificación. No es cuestión de dinero; modernizar el sistema judicial sale más barato que diez kilómetros de autopista. Si no se hace es porque, en el fondo, no se quiere. Y eso, al margen de nuestra tradición histórica; no olvidemos que la dictadura franquista nos produjo un retraso de cuarenta años respecto a otros países de nuestro contexto, también en materia de Justicia. Me temo que, para la perentoria modernización de nuestra Justicia, falte interés y convicción.
Politización de los máximos órganos y estamentos de la Administración de Justicia
Los máximos órganos y estamentos de la Justicia se hallan politizados. Aunque con la ley en la mano podría evitarse dicha politización, lo cierto es que no se hace. Últimamente se están dando algunos pequeños propósitos de enmienda: verbigracia, ahora el Fiscal General del Estado y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial tienen que comparecer ante el Congreso para darle un tinte de mayor objetividad. Sin embargo, son solamente gestos. La Justicia se mueve dentro de la farsa y la democracia no ha mejorado sustancialmente las cosas. Las leyes son algo más justas, pero, lamentablemente, poco más se ha avanzado.
Se legisla demasiado y de forma errónea
Los parlamentarios legislan demasiado. Y, sobre todo, legislan mal, lo cual es más grave. Es evidente que el lenguaje que expresa hoy las leyes es muchísimo peor que el que se empleaba durante de la dictadura. En eso, los procuradores en Cortes aventajaban a los diputados actuales.
Una realidad, diecisiete realidades
El Estado de las Autonomías ha permitido el actual desarrollo económico y social de nuestro país, aunque es verdad que fue uno de los detonantes del golpe de Estado del 23-F. En este sentido, no podemos esperar demasiado: siempre despertará recelos entre ciertos sectores de la sociedad española. Sin embargo, ha significado una descentralización importantísima y un signo de democratización. Pocos Estados del mundo tienen en su interior entidades menores con tanta capacidad de autogobierno. En contrapartida, el coste de este modelo de Estado autonómico resulta disparatado: se han multiplicado por diecisiete los gastos públicos.
No resulta conveniente descentralizar la Justicia
No es conveniente que la Justicia esté descentralizada. El órgano común, el Tribunal Supremo, tiene que seguir siendo común para todos. La unificación de la doctrina jurisprudencial es una función de primera magnitud en un Estado de Derecho. La unidad del ordenamiento jurídico, sobre todo en el Derecho penal y el procesal-penal, debe estar siempre contrastada por un único órgano judicial, porque, en caso contrario, el delito en una comunidad tal vez no lo fuera en otra y viceversa, lo que obviamente crearía una inseguridad jurídica que en la actualidad proscribe nuestra Constitución. Pese a lo dicho, existen algunas reformas estatutarias que pretenden romper la unidad vigente: habrá que esperar para ver qué nos depara el futuro.
