Texto del 30/07/2008
Fotografía cedida por Rafael Quecedo.
Rafael Quecedo ha desarrollado una extensa e importante labor profesional en el ámbito del Derecho concursal, llegando a intervenir en más de un centenar de procesos concursales. Considera que el Estado debe realizar un mayor esfuerzo para fomentar con espíritu constructivo la sociedad civil. Encuentra inaceptable que la realidad se explique en función de un partido político y alienta a un regreso al debate público razonado. Todo, según él, se reduce a una cuestión de sentido común.
Adolfo Suárez es el emblema de la Transición española
La primera imagen de la Transición que me viene a la memoria es la de Adolfo Suárez, retrato emblemático de aquel período. Quienes lo vivimos pusimos tanta pasión en la necesidad de un cambio, que todo lo demás ocupaba un lugar secundario. De ahí que a la hora de transmitir nuestros recuerdos y opiniones sobre la Transición, lo hagamos llevados por la pasión y, en gran medida, dibujemos esos años como una etapa manifiestamente idílica de nuestra vida. La intensidad vital con que se viven ciertos acontecimientos invita a recodarlos con indudable apego.
Ambigüedad jurídica durante la dictadura franquista
Originariamente, todo Estado de Derecho se fundamenta en el imperio de la Ley y, en cuanto a la aplicación de la misma, durante el franquismo España contaba con buenos magistrados dentro de los órganos jurisdiccionales civiles y en el Tribunal Supremo. El Tribunal de Orden Público, por su parte, ofrecía la imagen más dura de la dictadura. El Derecho civil, sin embargo, se veía menos afectado por el peso de los jueces “especiales” de Franco. En lo social, también contábamos con magistrados que evolucionaban de acuerdo con los tiempos. Todo esto, claro está, en el marco de una estructura vetusta de un campo jurídico ambiguo, propia del tipo de gobierno al que estábamos sometidos.
Incumbe al ciudadano determinar la cuestión autonómica
El problema territorial de España viene de antiguo, es una cuestión secular muy presente en el sistema carlista del siglo xix. Podríamos preguntarnos, pues, en qué medida los antiguos fueros han influido en nuestro actual sistema autonómico y hasta qué punto el pueblo, la España diversa y plural que conformamos, asume como una necesidad el hecho de la descentralización. Todo, en definitiva, se reduce a una cuestión de mentalidad, de sentido común. Las autonomías, a mi juicio, son asunto de la ciudadanía, y por tanto es ella quien ha de moverse por sí misma en la dirección que crea oportuna. El criterio para poder hacerlo lo adquiere el pueblo mediante el esfuerzo patrimonial que el Estado debe realizar para educar al ciudadano. ¿Se trata de discutir un anacronismo en un mundo global?
Adaptar la Constitución a la evolución natural de la sociedad
Nuestra Constitución es, sin lugar a dudas, una obra maestra. Ahora bien, en cuanto a su aplicación atañe, mi opinión es bastante menos entusiasta. Considero que el núcleo central de la Carta Magna no tiene por qué cambiar: los principios constitucionales son inalterables. No todo está escrito, pero, al mismo tiempo, todo lo está: he aquí la gran contradicción, la eterna paradoja humana. Lo cierto es que todo parece estar escrito a lo largo de miles de años de historia, cuya enseñanza fundamental para cualquier sociedad se reduce a la búsqueda de unas reglas que permitan la mejor convivencia posible entre quienes la componen. Un buen texto constitucional, pues, debe adaptarse a la evolución natural de su realidad social.
Es necesario modificar el actual sistema de partidos
Existe un punto jurídico elemental: es inadmisible que un hecho objetivo se explique en función de un partido político. Para poder establecer un diálogo sobre el sistema de partidos, necesitamos crear verdaderos foros de debate, bien sea en la universidad o bien en distintas fundaciones e instituciones públicas y privadas. Hoy nuestro principal problema es que no sabemos debatir, algo que hacíamos maravillosamente en la época de la Transición. Sin un auténtico debate público, la sociedad civil nunca podrá influir en el arcaico sistema de partidos que venimos padeciendo los últimos años.
La realidad social va por un camino y el legislador, por otro
Desde hace tiempo se oye decir que España es el país donde más se legisla pero donde menos se cumple lo legislado. La norma adapta o acomoda la condición humana a un momento histórico, es decir, produce una transformación de la realidad social, y ésta, a su vez, transforma la ley establecida. Se crea una simbiosis perfecta entre ambas. Por eso importa modificar la norma cuando convenga, pero no legislar para rectificar poco después. Es un error que el legislador no se rodee de expertos en Derecho, ni consulte con las escuelas de abogados ni sea informado de lo que acontece en el día a día por quienes beben directamente de la fuente que representan los juzgados. La realidad social va por un camino y el legislador, por otro. Tampoco ayuda el que en ocasiones se legisle por interés ni que se legislen imposibles, lo cual es simplemente absurdo.
¿Cuántos abogados se han puesto la toga alguna vez?
Somos el país de Europa que cuenta con mayor número de abogados. En mi opinión, no resulta en absoluto positivo esa abundancia, más bien creo que es un hecho negativo que trastorna considerablemente el correcto funcionamiento de la Justicia. ¿Cuántos de esos abogados se han puesto alguna vez la toga? Ello es otro síntoma de que la Justicia en nuestro país necesita ser reformada en profundidad.
Concienciar a la sociedad de que el pleito es siempre la peor solución
Preguntarse por el mejor modo de reformar la Justicia en España es una cuestión dramática. Entre abogados, procuradores, peritos, etc., el coste de un juicio es realmente altísimo. Para poder entrar de lleno en la peliaguda tarea de modificarla debemos, en primer lugar, concienciar a la sociedad de que pleitear es siempre la peor solución, y en segundo, formar debidamente a los jueces y letrados. Estos dos factores, unidos a una reforma a base de presupuesto y pequeñas medidas dictadas día a día, podrían constituir el primer paso para ir transformando nuestro sistema judicial y demostrar así que el poder hacerlo no es una entelequia.
Escaso número de jueces en España
La ciudadanía debe saber que el escaso número de jueces que hay en España se enfrenta individualmente cada año a casi 3.000 sentencias. Algunos de ellos, entregados a su labor y haciendo un sobreesfuerzo al que no están obligados y que no se les puede exigir, logran resolver esa cantidad de trabajo, con mayor o menor fortuna. El sistema judicial no puede estar sujeto a este tipo de situaciones, señal de las condiciones paupérrimas en que se encuentra sumergido. Ahora bien, sin una verdadera voluntad política de resolver estos problemas será difícil mejorar el sistema.
Fomentar la cooperación entre la sociedad civil y las instituciones
La política siempre es un tema importante, pero convendría olvidarse un poco de ella y en cambio hacer hincapié en las cuestiones que incumben habitualmente al ciudadano. Hay que fomentar la sociedad civil a través de esfuerzos constructivos que demuestren la cooperación entre ésta y las instituciones democráticas. No tiene sentido, en una sociedad tecnológica como la nuestra, que el sistema de partidos políticos siga operando según una estructura decimonónica.
Todos formamos parte del mercado
Una vía para poder resolver las situaciones de insolvencia es el Concurso de Acreedores. Esta normativa mercantil defiende la continuidad de las empresas en crisis e intenta facilitar su reestructuración o, en caso de no ser posible, su liquidación final. La Ley Concursal, a nivel procesal, evidencia muchas lagunas. Una ley no debería estar hecha por una escuela de catedráticos sino por un profesional del Derecho. El individuo, como persona física, también forma parte del mercado, no sólo la empresa; en el mercado entramos todos.
El principio de honor de una economía es saber liquidar las empresas o, si es posible, hacerlas sobrevivir.
Un concurso suele obligar, debido a los tiempos dilatados que conlleva, a la liquidación de la empresa. Esto es algo que en España no se termina de asimilar con normalidad porque el empresario tiende a confundir la empresa en sí con su empresa, mezclando de este modo ambos patrimonios de forma poco razonable. El concurso no está para acudir a él cuando ya no existen activos, es decir, demasiado tarde. El principio de honor de una economía para cualquier país desarrollado del mundo es saber liquidar las empresas o, si es posible, hacerlas sobrevivir. Esta situación viene a ser, por poner un ejemplo, como una caldera en ebullición, que acaba por estallar si se la deja demasiado tiempo en el fuego.
Contrasentido de la Ley de Memoria Histórica
La Ley de Memoria Histórica invita a revisar acontecimientos alejados en el tiempo y, de algún modo, a actuar sobre ellos desde el momento actual, de ahí que no pueda parecerme sino completamente desacertada, un contrasentido en toda regla. A mi juicio, no se debe legislar sobre el pasado, y más nos valdría preocuparnos por demostrar un cierto sentido común acerca del presente que nos afecta directamente a todos.
El futuro monárquico no es una cuestión trascendental
Considero que plantear la continuidad del régimen monárquico o, por el contrario, la instauración de un sistema republicano en España, hoy día es una cuestión accesoria que no tiene importancia para el ciudadano medio. La sociedad, a mi juicio, se preocupa por otro tipo de cuestiones. En cualquier caso, y como sucede con casi todas las cosas, el tiempo tiene la última palabra.
