Texto del 14/10/08 .
Fotografía: Digitalprint Canarias.
Orgulloso de su labor como profesor, cuenta la satisfacción que le produce que sus antiguos alumnos aún le llamen “maestro”. Salvador Trujillo ha demostrado a lo largo de su carrera profesional su compromiso con el desarrollo social, cultural y urbanístico de su entorno. En momentos de crisis económica, ve la Constitución como el fruto milagroso de un excepcional consenso que conviene conservar. Desaprueba el exceso legislativo y secunda una reforma que dote de mayor eficacia e independencia a la Justicia.
Currículum profesional
Me afilié al Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas en 1952. Desde entonces, fui letrado del Cabildo Insular de Gran Canaria, del Consejo de Administración del Banco de Canarias y de la zona de Canarias del Banco Central. He sido decano de mi Colegio de Abogados durante 15 años, hasta 1997, fecha en que fui nombrado Decano de Honor. También soy Colegiado de Honor del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. En 1983 ingresé como miembro del Consejo General de la Abogacía Española, con reelecciones sucesivas hasta el último mandato, terminado en 1997. Asimismo, fui elegido para una de las vocalías de la Mutualidad General de la Abogacía en 1992, donde permanecí hasta julio de1998. Desde su fundación en 1985 hasta mi cese como decano, ejercí la tarea de presidente y profesor del Aula de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Las Palmas. En la actualidad, me dedico sólo a la dirección de mi gabinete, donde continuo ejerciendo, fundamentalmente en el ámbito del Derecho privado y del administrativo.
Hay que aumentar la implicación social de los colegios de abogados
Los colegios de abogados deberían aumentar su implicación social. Conviene recordar que estamos inmersos en la sociedad y que debemos prestarle toda nuestra atención, preocupándonos por la cultura y participando en aquellas cuestiones en las que su voz no puede faltar. El Colegio de Abogados de Las Palmas desarrolló en eso una intensa labor durante la Transición. Bajo mis mandatos, el Colegio se involucró muy activamente en gran número de cuestiones sociales, tales como la obtención de nuestra universidad, la circunvalación de la capital y el movimiento ciudadano en pro de la modificación del sistema electoral canario. Recuerdo con nostalgia las semanas de cine que organizábamos para proyectar películas de temática jurídica. Y no puedo olvidar el calado que tuvieron nuestras exposiciones de pintura, los ciclos de conferencias y conciertos musicales folclóricos y clásicos que organizábamos constantemente porque no queríamos un Colegio endogámico, sino abierto en todos los órdenes a la ciudadanía, como destinataria de nuestros servicios.
El milagro de la Transición
Por su complejidad, se ha dicho que la Transición no fue un hecho político sino un milagro. Es una expresión muy acertada, y puede añadirse que constituyó además un período histórico apasionante. La evolución se produjo por el agotamiento del pueblo español tras la larga dictadura franquista. El deseo de cambio generó un verdadero sentimiento de complicidad entre los distintos protagonistas políticos de la época. El Rey y Adolfo Suárez funcionaron como motores de la democracia con una sintonía extraordinaria. Durante los años 70 tuve el honor de conocer a Suárez en Peñíscola y percibir su enorme generosidad y sencillez, que pude corroborar años después, siendo vicepresidente del Cabildo grancanario, al que accedí en las elecciones de 1979 como candidato libre pero en la plancha de la UCD, y donde permanecí hasta ser decano colegial. Ese gran político jugó a modo de peón clave y logró consolidar la idea de transición. Debe recordarse que, en su desarrollo, hubo que vencer muchos escollos, entre ellos la aceptación de la monarquía. Desde la distancia, los hechos se aprecian con mayor perspectiva y claridad. Hoy siento gratitud y admiración por cómo se llevó a cabo el paso hacia la democracia y por los excelentes resultados obtenidos.
En la coyuntura actual, es preferible no modificar la Constitución
Nuestra Carta Magna ha sido un instrumento extraordinario que ha posibilitado el desarrollo del país. 30 años después de su aprobación, y pese a sus lagunas, temo su reforma en la presente época de crispación, que la crisis económica actual aumenta. Creo que es mejor dejarla como está, pues una modificación difícilmente conseguiría el consenso previo, y en cambio no es urgente reformarla. No obstante, si se modificara el artículo referente al Estado de las Autonomías, habría que cambiar otros puntos como la sucesión de la Corona o el Senado.
Retroceso en el ámbito judicial
En épocas pasadas, plagadas de presiones políticas, la Justicia era más eficaz y quizá hasta más independiente que en la actualidad. Paradójicamente, la mejor Justicia, en cuanto a la Administración, fue la existente en la Transición e incluso durante el franquismo, y lo afirmo a pesar de que mi padre fue uno de los condenados políticos de la dictadura. A partir de entonces, y pese a las constantes promesas de reforma, el sistema judicial ha retrocedido en numerosos aspectos. Las medidas que deben tomarse para remediar esta situación corresponden fundamentalmente a los partidos políticos. Y, en este sentido, los operadores jurídicos, de acuerdo con nuestra razón de ser, también debemos velar para que la Justicia funcione como es debido.
Al legislar, importan más los estados de opinión mediática que las necesidades del ciudadano
Desapruebo la labor legislativa realizada durante los últimos años, tanto en las Cortes como en los distintos parlamentos territoriales. En ambas esferas nos encontramos con un exceso de normas, redactadas apresuradamente. Parece que al legislador le importa más atender los estados de opinión mediática que tener en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos. Al principio de mi ejercicio profesional se necesitaban sólo dos tomos para los repertorios de legislación anual. Ahora, el número de leyes ha aumentado sobremanera hasta abarrotar las bibliotecas: ¡qué sería hoy de nosotros sin la informática! El caso de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil es significativo: se dictó para remediar los endémicos retrasos judiciales y ha superado las demoras anteriores, al establecer una serie de trámites innecesarios y contribuir a aumentar el número de asuntos aglomerados (más de dos millones) y el de sentencias pendientes de ejecución (más de millón y medio). Con dicha ley, se ha perdido una gran oportunidad para mejorar las cosas, ya que, carente de las dotaciones adecuadas –porque la Justicia está desamparada en medios materiales, de reciclaje y personales–, lo bueno que tiene de poco sirve.
Por una Justicia al alcance de todos y bajo control
La gran asignatura pendiente en materia social de nuestro país sigue siendo la reforma de la Justicia. Convendría ejercer un mayor control sobre las oficinas judiciales y revisar el trabajo de los funcionarios de manera que se ajustara a su función específica. Asimismo, es exigible un mayor escrúpulo en la concesión del beneficio de la Justicia gratuita para evitar litigios carentes de fundamento. Considero que, de la misma forma que el ciudadano paga cuotas a la Seguridad Social para su sanidad, o que la educación y el transporte tienen un coste, habría que adecuar un sistema de tasas, cuidadoso sin duda para evitar desigualdades sociales en el acceso a la Justicia, con el fin de contribuir a sufragarla y, también, de disuadir a los pleitistas por vocación.
Impropia elección partidista de las altas instancias judiciales
La Justicia es un estamento esencial de cualquier Estado de Derecho; pero, en España, sufre las consecuencias del olvido y de un funcionamiento patético. Me parece absolutamente impropia la forma de elección partidista del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. El hecho reciente de darse a conocer el presidente de éste antes de su elección es a todas luces esperpéntico. Con todo, albergo la esperanza de que pueda recuperarse la independencia del poder judicial, tal como predicó Montesquieu en el siglo xviii.
La autonomía canaria ha sido positiva para la isla
Me parece que la generalidad del pueblo canario nunca se sintió frustrada siendo gobernada desde Madrid. En ello tuvieron mucho que ver grandes figuras del pasado que lucharon enormemente por Canarias y Gran Canaria. Y, de las que he conocido, destaco al abogado Matías Vega Guerra, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria entre 1945 y 1960, luego Gobernador Civil de Barcelona y más tarde Embajador de España en Venezuela. Aunque existe una cierta controversia en torno a su figura política, afirmo que jamás fue un franquista y menos aún un obediente convencido, sino que aprovechó las oportunidades y los recursos a su alcance para luchar en pro del reconocimiento de Canarias y del bienestar de sus ciudadanos. Pero, con la Transición, llegó una realidad distinta: el Estado de las Autonomías, una nueva forma de gobierno que ha resultado muy positiva, tal y como lo prueba el gran crecimiento experimentado por todas las regiones y ciudades del país. Cada comunidad ha podido decidir sus prioridades y administrar mejor sus recursos que en una estructura centralizada. Desconozco si hubiera sido preferible una Administración inspirada en el modelo francés, pero la realidad es que hemos conseguido magníficos logros y, entre ellos, por circunscribirme a mi isla solamente, crear una universidad y unas infraestructuras que no teníamos, tales como buenas carreteras, el Auditorio Alfredo Kraus, una importante red hospitalaria, la reforma y ampliación del Teatro Pérez Galdós, etc.
