Entrevistado el 10/06/08 por el Sr. Àngel Font
Aunque comenzó trabajando en el campo jurídico como Graduado Social, su experiencia le animó después a seguir estudiando para dedicarse a la abogacía en toda su plenitud. Hoy, desde su despacho, el joven letrado Jorge Martínez desgrana los entresijos de la asesoría social y laboral y expone su preocupación por cuestiones tan candentes como el mobbing, la seguridad de los empleados o los derechos de los trabajadores autónomos.
Formación y experiencia en el servicio social
Obtuve el título de Graduado Social en el año 1995, en la Escuela Social de Barcelona. Posteriormente, cursé la licenciatura en Derecho, estudios que terminé en 2009. He colaborado con M. Marcos Asesores en el período comprendido entre 1995 y 1997, así como en la Asesoría Martínez desde 1994 a 2003. Mi función durante estos años ha consistido básicamente en el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas en el ámbito laboral y fiscal. Desde 2004 trabajo en el despacho de abogados Martínez & Altirriba, nacido ese mismo año como fruto de la asociación con un compañero letrado al que adquirí su parte y cuyo apellido he conservado. Mi padre, José Martínez Ruiz, era también graduado social y se ocupó durante cuarenta años del departamento de recursos humanos en SEAT. Su apoyo y su experiencia en materia laboral fueron decisivos en los inicios de mi carrera profesional.
Nos ocupamos principalmente de la invalidez laboral
Somos especialistas en invalidez laboral, aunque también nos ocupamos de cuestiones fiscales, contables, civiles y penales, con la ayuda de colaboradores externos. La incapacidad laboral afecta a aquellas personas que padecen lesiones o patologías que les imposibilitan efectuar su profesión habitual o cualquier otra actividad laboral. Iniciamos los trámites con una solicitud a la Seguridad Social. A continuación, el demandante ha de pasar un reconocimiento médico ante el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas. Finalmente, la Seguridad Social envía una resolución en la que se reconoce o se deniega la situación expuesta por el demandante. Cuando la resolución es negativa, el paso siguiente consiste en presentar una reclamación previa y después llevar la demanda ante la Magistratura de Trabajo. Del mismo modo, llevamos casos de invalidez por accidente; éste es un procedimiento aún más complejo que el anterior, debido al mayor número de personas y organismos que suelen verse implicados en el mismo.
Graduado Social, asesor en materia social y laboral
Ésta es una de las tres profesiones jurídicas existentes en España, junto con la de abogado y procurador, que están autorizadas para intervenir en procesos judiciales. Sin embargo, la profesión de Graduado Social es bastante limitada, porque solamente permite la actuación en el ámbito del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social y ante los juzgados de primera instancia. Cuando hay que recurrir al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, los graduados sociales no pueden firmar los recursos ni personarse en las causas. Tienen potestad para actuar ante los órganos judiciales gestionando despidos, incapacidades o reclamaciones de cantidad; es, por tanto, un asesor jurídico en materia social y laboral.
Función pedagógica de los graduados sociales y los abogados
Los graduados sociales y los abogados han llevado a cabo un papel pedagógico fundamental en la mentalización del empresario acerca de sus obligaciones. Han sabido explicarle lo que debían hacer para cumplir con las nuevas normativas europeas. Actualmente, continúan efectuando esta labor en una materia tan importante como es la prevención de riesgos laborales. Las distintas administraciones también están apostando por este fin mediante sus diferentes campañas informativas.
Despidos disciplinarios y objetivos
Al despacho llegan numerosos casos de empleados que han sido despedidos por parte de la empresa donde trabajaban. Actualmente están en boga tanto los despidos disciplinarios como los objetivos. Los primeros pueden ser declarados nulos, procedentes o improcedentes y se basan en las faltas reiteradas de puntualidad y otras actitudes del trabajador que influyen de manera negativa en el trabajo. El despido objetivo es aquél que puede llevarse a cabo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se trata de un procedimiento barato al que recurren determinadas empresas cuando tienen pérdidas o bien ante la falta de un buen funcionamiento económico.
En torno al 15% de los trabajadores españoles sufre mobbing
Por desgracia, el acoso al empleado en el trabajo es un hecho. Se calcula que uno de cada seis trabajadores padece esta agresión moral conocida con el término de mobbing. A nuestras manos han llegado diversos casos. Generalmente, se trata de una persona muy capacitada, con mucha antigüedad en la empresa y a la que se molesta continuamente con el fin de que abandone su centro de trabajo de forma voluntaria, renunciando así a una indemnización cuantiosa a la que tendría derecho. Ante este hostigamiento, a menudo el empleado se resiste a denunciar por temor a la reacción del empresario y en ocasiones acaba marchándose hastiado de la situación. En otros casos, el empleado hace frente al acoso pidiendo la baja médica y estableciendo de esta manera una tregua que puede prolongarse hasta dieciocho meses. El mobbing puede provocar una incapacidad laboral e incluso inducir al suicidio en los casos extremos. Si bien el Código Penal, en su artículo 373, reconoce como delito el trato inhumano y degradante, la jurisprudencia demuestra que los jueces son reacios a la inclusión del mobbing en este apartado.
El CMAC, paso previo antes de acudir a los tribunales
El mayor porcentaje de los casos de despido se resuelve mediante acuerdo en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, evitando así tener que llegar a la Magistratura de Trabajo. Suele ser la mejor opción pues, por ejemplo, en un despido improcedente, en el que la indemnización corresponde a 45 días de salario por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades, llegar a la Magistratura de Trabajo significaría asumir demasiados riesgos. El CMAC realiza una función muy positiva de mediación y resolución de los conflictos laborales y contribuye enormemente a la descongestión de los juzgados.
Trabajadores autónomos: la discriminación continúa
Aunque la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo significa un avance en el camino de los trabajadores independientes hacia la equiparación de su protección social con la de los trabajadores por cuenta ajena, todavía queda un largo camino por recorrer. Una de las circunstancias más importantes que nos diferencia del trabajador por cuenta ajena es la base por la que cotiza el autónomo y las prestaciones a las que puede tener derecho. La pensión de jubilación que obtiene un autónomo, teniendo en cuenta que puede jubilarse con 65 años de edad y 35 de trabajo, no suele alcanzar los 700 euros.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y PYMES
Nadie duda de los progresos alcanzados en materia de seguridad en el trabajo en España. Aún así, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales continúa siendo una asignatura pendiente en numerosas pequeñas y medianas empresas del país. Especialmente, en determinados sectores en los que la siniestralidad es elevada, como el de la construcción o el de la siderometalurgia, debería existir una mayor prevención, seguimiento y vigilancia por parte de empresarios y trabajadores.
De la mano de la Transición llegó la libertad
Tengo vagos recuerdos sobre la Transición, pues cuando se promulgó la Constitución contaba sólo cinco años. Los relatos de mi padre sobre aquella época me sonaban a fábulas acaecidas en un mundo lejano. El acontecimiento que evoco con mayor precisión es el asalto al Congreso de los Diputados, del 23 de febrero de 1981 y la decidida actitud que mostró el Rey don Juan Carlos ante aquellos terribles acontecimientos. Las imprecisas imágenes de mi niñez fueron completándose posteriormente, gracias a mis estudios universitarios, principalmente en el terreno del Derecho: en definitiva, la Transición supuso el fin del régimen dictatorial y represivo del general Franco y la recuperación de la libertad
Es preciso adaptar la Constitución a la realidad
La promulgación de la Constitución trajo consigo la elaboración de numerosas leyes. No obstante, a pesar de que podría darse la sensación de un exceso de legislación, esto no es exactamente así: el hecho de que la realidad vaya siempre por delante de las normas ha hecho que el ordenamiento de la antigua legislación con respecto al nuevo contexto político y social de un Estado de Derecho plural, que recoge las aspiraciones de los organismos estatales, autonómicos y europeos, haya conllevado irremediablemente una mayor dinámica y un aumento en el cuerpo normativo jurídico. Consecuentemente, si se quiere evitar el anquilosamiento, hasta la propia Constitución debería adaptarse a las necesidades actuales.
Elecciones de 1977, pilar del actual Estado de Derecho
Con las primeras elecciones democráticas de 1977, que dieron la victoria a la coalición Unión de Centro Democrático encabezada por Adolfo Suárez, se dio el primer paso para posibilitar la elaboración de la Carta Magna. Se consagró así el Estado de Derecho que hoy disfrutamos todos los españoles y en el que tienen cabida las distintas nacionalidades que componen el país, hecho que ha favorecido el acercamiento entre la Administración y el ciudadano. Indudablemente, ésta es una coyuntura adecuada, sólida y favorable para garantizar la continuidad monárquica en España.
