Texto del 15/01/2003 ,
Fotografía cedida por X. M. B.

El ascenso político y la repercusión social alcanzados en los últimos tiempos por el líder nacionalista Xosé Manuel Beiras le convierten en un hombre con un importante futuro en los asuntos públicos, sin olvidar un extenso pasado antifranquista. A través de sus palabras se puede descubrir la lucha clandestina contra la dictadura y la sensación de que la transición no ha quedado resuelta del todo.

Una vida dedicada a Galicia

Nací en el seno de una familia de clase media. Soy hijo de un militante del Partido Galeguista. Mi infancia transcurrió bajo el periodo más duro del franquismo y del nacional-catolicismo En el entorno familiar más íntimo, dada la ideología de mi padre, recibí el ideario político del nacionalismo en clave liberal, y estuve en contacto con la cultura y el idioma del país. En ese contexto histórico soy, dentro de la clase social de la que formo parte, un caso minoritario, porque aprendí a leer simultáneamente en gallego y en castellano. Desde la adolescencia fui un rebelde, con una clara orientación política antifranquista y galeguista, proclive a las posiciones nacionalistas. Estudié música y derecho, y al licenciarme viajé a París, donde amplié mi formación con las carreras de economía y literatura. Volví con una cosmovisión mucho más abierta gracias a esta estancia en el extranjero, y decidí orientarme hacia la docencia universitaria, viviendo muchísimas peripecias, porque al mismo tiempo había empezado a colaborar con el activismo político antifranquista. En el año 1963 participé en la creación del Partido Socialista Galego, que no tiene nada que ver con el psoe; más tarde ocupé la secretaría general de dicha organización, en la clandestinidad, hasta 1977. También acudí a la Conferencia Socialista Ibérica y tomé parte en la efímera federación de partidos socialistas formada por organizaciones políticas de las diversas nacionalidades españolas. En 1977 abandoné mi actividad política para concentrarme en la universitaria, pues desde 1970 soy catedrático de la facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela, y en esa vertiente abordo investigaciones básicas sobre economía gallega, demografía y sistema agrario (he publicado varios libros sobre el tema, con cierta repercusión académica). Soy miembro fundador del Bloque Nacionalista Galego, un frente plural (creado en 1982) donde se dan cita muchos sectores ideológicos, desde el centro progresista hasta la izquierda marxista, y obtuve el único escaño de la formación en las elecciones autonómicas de 1985. Desde entonces hasta hoy, el bng ha incrementado su cupo de votantes hasta convertirse en la primera fuerza nacionalista de izquierdas que sobrepasa en número de sufragios a los partidos de izquierda estatales.

Este es, en resumen, mi perfil biográfico: desde la adolescencia soy un antifascista y un galeguista, cada vez más radicalizado en una posición que hoy se llama soberanista; por otra parte, mi evolución política personal se decanta claramente hacia la izquierda, con la asunción de un pensamiento marxista expresado en términos democráticos. Al propio tiempo, mi orientación profesional ha sido siempre la docencia universitaria, pese a que la abandoné hace un par de años, por incompatibilidad con mi actividad parlamentaria. Estoy implicado en los lances políticos por convicciones ideológicas, concibiéndolos como un combate y no como una forma de ganarse la vida. Mi participación en la política se ha ido convirtiendo en algo más duradero de lo que yo había previsto, siempre dije que si mi país estuviese normalizado políticamente, yo participaría en los asuntos públicos como ciudadano, pero nunca como dirigente.

Acción cívica contra el franquismo

En el fenómeno histórico de la transición española conviene distinguir tres periodos y dos procesos distintos: la etapa del tardo franquismo, de 1971 a 1977; los años de la transición estricta, entre 1977 y el golpe de Estado frustrado de 1981, interludio en el cual, como ya comenté, estaba fuera de la actividad política; y el periodo de la postransición, que abarca desde el 23-F hasta la primera legislatura del psoe, finalizada en 1986.

Paralelamente se producen dos desarrollos políticos. Por un lado, el proceso constituyente, que arranca del tardo franquismo, cuando más patente se hace una participación cívica en la lucha contra el anterior régimen, manifiesta en la formulación y promoción de dinámicas alternativas al orden político y jurídico imperante. Por otra parte, el proceso de reforma política, solapado temporalmente con el anterior, que se desarrolló desde las instituciones parlamentarias surgidas en las elecciones de 1977 y desembocó en la Constitución de 1978.

El proceso social constituyente comenzó siendo una dinámica con escasos polos activos, tan sólo unas pocas organizaciones sindicales clandestinas (fundamentalmente Comisiones Obreras, aunque tanto en Euskadi como en Galicia surgieron, durante los años 70, sindicatos obreros en clave nacionalista) y algunas fuerzas políticas de izquierdas. Dicho espectro de oposición fue ampliándose en los años 70, a través de las plataformas ciudadanas surgidas del tejido social, como los colegios profesionales y los sindicatos universitarios, convirtiéndose así en una dinámica amplia y participativa que llevó una dirección precisa, intensificada tras el triunfo de la Revolución de los claveles en abril de 1974 en Portugal. Tal dirección no fue otra que la ruptura democrática, consistente en la demolición plena de las instituciones del franquismo y la apertura de un proceso constituyente ex novo.

Esa orientación llevaba la sociedad española cuando se entró en el periodo de la transición estricta, iniciado como todos sabemos por la legalización de los partidos políticos, las elecciones de 1977, la redacción –y aprobación– de la Constitución, el referéndum popular subsiguiente y la convocatoria de nuevas elecciones con la Carta Magna bajo el brazo. Durante este periodo, la dirección cambió de rumbo sutilmente: el rumbo político del Estado no se orientaría hacia una ruptura de tipo democrático con el sistema anterior, y tampoco a una simple reforma del marco jurídico del franquismo (como querían algunos, entre ellos Fraga), sino que se fijaron las condiciones de un pacto constitucional que permitiera la participación de sectores sociales y económicos importantes del régimen anterior, representados por partidos políticos surgidos del franquismo ideológico como ap y buena parte de ucd. Con ese acuerdo quedó truncada la inspiración original, rupturista, del movimiento ciudadano, que había sido el verdadero motor de la transición. Es decir: el cambio político se operó en las Cortes con la elaboración de una Constitución, cuyos mínimos estaban fijados por las exigencias del proceso social anterior, pero no fue planteado con la dimensión cualitativa de fórmula de Estado en que hubiera debido concebirse a tenor del propio proceso político.

Estado de las autonomías y pretensiones nacionalistas

Los tres motores del proceso social de los años 70 fueron los siguientes: por una parte, la lucha en pro de las libertades, planteada por los partidos clandestinos antifranquistas; de otro lado las reivindicaciones sociales, estimuladas por los sindicatos obreros; por último, las cuestiones nacionales sin resolver, con Euskadi y Cataluña –las sociedades más concienciadas– a la cabeza, pero también Galicia. Los planteamientos de la ruptura democrática exigían, como mínimo, una estructura federal del Estado, propuesta abandonada en el proceso de elaboración de la Constitución. La plurinacionalidad del Estado español, asumida por todo el movimiento antifascista en sus dimensiones políticas, ­sindicales, cívicas, etc., se trocó durante el proceso de reforma política en el Estado de las autonomías, surgido como solución de compromiso. Ante los procesos de autodeterminación pendientes de las tres nacionalidades histó­ricas del Estado español, los partidos de ámbito ­estatal consideraron que lo mínimo aceptable sería la concesión de estatutos de autonomía política, pero al mismo tiempo se pensó que la experiencia autonómica de la República había generado agravios comparativos y sentimientos de discriminación y, por tal motivo, se generalizó el modelo estatutario. Sin embargo, este argumento peca de in­congruente pues, si en Galicia, Euskadi y Cataluña las autonomías políticas surgieron como una concesión mínima indispensable para las reivindicaciones nacionales de los tres pueblos, en el resto de las regiones hubo que incentivarlas desde arriba.

Por eso en la propia Constitución se contemplan con normas distintas el establecimiento de regímenes de autogobierno para las nacionalidades históricas, junto con otras vías aplicables al resto de las autonomías, que pueden ser ­regionales, uniprovinciales e incluso de ciudades, como el caso de Ceuta y Melilla. De esta forma se diseñó el llamado Estado de las autonomías, por la vía del conocido café para todos, que añadió confusión al proceso autonómico y potenció precisamente cuanto pretendía evitar, como son las sensaciones de agravio comparativo.

La comunidad internacional puso trabas al proceso democrático español

Algunas reflexiones retrospectivas sobre la transición sugieren que la reforma política fue posible gracias a la presión exterior de la comunidad internacional. Según esta tesis, dicha presión compensó las deficiencias del propio movimiento interno y, sin ella, ni siquiera existiría la Constitución que tenemos hoy. Mi opinión es completamente contraria; desde fuera se frenaron las alternativas barajadas en los años 70, por dos razones primordiales: la transición política se dio en el contexto de la guerra fría y, además, en la península Ibérica ya existía el modelo portugués, que comenzó con un golpe de Estado militar progresista, democrático y antifascista, inicialmente respaldado en el exterior al considerar que sería controlable. Pero el caso portugués desembocó en un proceso revolucionario de izquierda radical, con el mfa y los gobiernos provisorios de Vasco Gonçalves1, persona que traté mucho y con la que, incluso, mantuve correspondencia y amistad personal.

En el contexto de la guerra fría y con un Portugal revolucionario, no podía permitirse en España un cambio democrático que diese lugar a la hegemonía de las fuerzas de izquierda. El proceso fue frenado desde el exterior, como ­quedó bien claro en los convenios del congreso del psoe de Suresnes, en otoño de 1974, donde se adoptó la nueva orientación que echó al traste la Conferencia Socialista Ibérica convocada anteriormente por el mismo psoe.

La intervención exterior frenó la dinámica original del proceso de cambio político surgido de los agentes sociales. Un tema diferente es el riesgo de posibles traumas internos en la sociedad española y en la transición política que la vía en marcha podía vertebrar, porque subsistían el ejército, la jerarquía eclesiástica y los poderes económicos inmovilistas.

Figuras olvidadas de la transición

Hay algunas personalidades políticas de las que nunca se habla, pese a ser figuras clave del espacio político clandestino en que me movía a finales del franquismo y en los inicios de la transición. Merecen un recuerdo porque también contribuyeron, quizás en mayor medida que otros más célebres, al advenimiento de la democracia.

Josep Pallach, cuya muerte dejó un hueco inmenso, es para mí la figura más destacable de la izquierda nacionalista y antifascista. Lo traté muchísimo en los años 60, cuando estuve en París, y nos veíamos constantemente. Posterior­mente mantuve muchos contactos con el Moviment Socialista de Catalunya, que él dirigía. Pablo Castellano puso en marcha la Conferencia Socialista Ibérica, antes de la ascensión de Felipe González a la ejecutiva del psoe; después, evidentemente, las circunstancias internas del partido hicieron que la Conferencia quedase en vía muerta.

Con Joan Garcés, dinamizador del Partit Socialista del País Valencià, tuve muchísima relación en la clandestinidad. Últimamente vuelve a estar en candelero con el proceso a Pinochet, al haber sido asesor personal de Sal­vador Allende y haber permanecido a su lado en la Casa Rosada hasta el último momento. Se salvó por los pelos, y al volver a España se convirtió en una figura clave de la federación de partidos socialistas. Ambos tenemos visiones análogas sobre la transición española, pese a haber perdido el contacto desde mediados de los años 70.

Garcés pudo consultar documentos desclasificados del Foreign Office británico y del Departamento de Estado norteamericano, que abundan en la línea de análisis recién expuesta sobre el intervencionismo exterior en nuestro proceso de cambio político. Otras figuras destacadas de aquel momento fueron Vicent Ventura, Raimón Obiols y Joan Reventós2 en Cataluña.

Papel de la derecha política en la transición

Adolfo Suárez es un personaje al cual, durante el periodo estricto de la transición, debe reconocerse un mérito y una contribución muy positiva, en términos de política de Estado, pero tal vez no desde otras perspectivas. Siendo quien era, su voluntad reformista precisó mucha claridad de ideas, mucho valor y el sentido de asumir operaciones de riesgo, que no es propio de una mentalidad conservadora (mucho menos, de una práctica política conservadora). Asumió ese riesgo, sobre todo, con la legalización del Partido Comunista de España, como demuestra la frase pronunciada ante el Estado Mayor del ejército: acabo de legalizar el partido comunista, fusílenme. También cabe señalar la manera en que más tarde llevó adelante la dinamización del aparato de Estado plasmado en la Constitución, su capacidad de negociación, de flexibilidad política, etc. Sobre la aportación de la derecha al proceso democrático, el suyo es un caso muy claro; otros ejemplos, creo que no tanto.

Franco murió matando

La reforma política fue un escamoteo para todos los segmentos de la ciudadanía que estaban realmente concienciados y activos, que se habían jugado algo al oponerse al franquismo. El régimen dictatorial murió matando: Franco falleció en noviembre de 1975, pero dos meses antes todavía se fusilaba a luchadores antifranquistas. Ese escamoteo no hubiera sido posible sin un pacto con personajes como Fraga. En este sentido, la democracia española surgida de la Constitución de 1978, nació si no secuestrada al menos excesivamente tutelada (no en el plano formal del texto constitucional propiamente dicho, pero sí de su aplicación y, por tanto, de la práctica democrática). De ahí derivan buena parte de los problemas que estamos padeciendo ahora, en esta involución brutal provocada por el aznarismo.

No puedo cuestionar si esa fue la única salida posible, dado el contexto de la guerra fría: una vía para evitar situaciones sangrientas o traumáticas (de todos modos, una nueva guerra civil era impensable, la otan lo hubiera impedido), pero la integración en el proceso de la clase política del tardo franquismo ha posibilitado que ahora se vuelvan a plantear cuestiones absolutamente preconstitucionales como pautas de actuación de los poderes políticos, tanto del gobierno del Estado como del Parlamento, en cuanto se produce una mayoría absoluta como la del pp.

Reforma política sin solución a los problemas de fondo

Estamos pagando muy caro la opción por la reforma política. Una especie de enfermedad crónica como es el problema de la violencia en Euskadi no estaría ahí, de haberse consumado el proceso democrático truncado durante la transición, o por lo menos carecería de cualquier posibilidad de apoyo social.

En 1946 se promulgó la Ley de Sucesión, que declara España como un reino con un regente (una ley producto de la posguerra, de una operación de los aliados: lo descubrió Joan Garcés en documentos secretos de 1942, muy interesantes). Esa misma Ley de Sucesión se aplicó a la muerte de Franco. Juan Carlos pasó de Príncipe de Asturias a Rey, proclamado por unas Cortes franquistas. Luego asumió la Constitución, una monarquía parlamentaria según modelos europeos. Mas no por ello resulta menos cierto que fue coronado en el marco de las leyes franquistas; que las primeras elecciones se convocaron de la manera en que fueron convocadas para poder lograr un pacto político imposible de concertar en otras circunstancias; y que las fuerzas políticas más activas en la lucha contra el franquismo quedamos prácticamente barridas o absolutamente disminuidas en esas elecciones.

Me manifiesto muy crítico con la reforma política, aunque como no soy dogmático, no voy a considerar perfectamente factible la vía de la ruptura democrática sin que aquí pasase nada grave. Quizá la fórmula reformista empleada era la única para lograr la transición en los términos en que se logró, pero no ­para resolver los problemas políticos de fondo.

A mi entender, faltaron en la reforma política, en la Constitución y en su aplicación por lo menos dos cosas: una, la depuración del aparato judicial y policial del franquismo; otra, el control democrático del ejército, y eso se pagó durante mucho tiempo. En el caso concreto de las Fuerzas Armadas, soy íntimo amigo del entonces capitán Fortes Bouzán, uno de los funda­dores de la umd3. Des­pués de estar en la cárcel, de salvarse tanto él como sus compañeros de ser fusilados por puro milagro, tuvieron que esperar un decenio para conseguir el reingreso en la milicia, con el imperativo de no promocionar nunca para generales, mientras los militares franquistas más recalcitrantes estaban bien instalados en la escala de mando e intervenían continuamente en la política del país. Durante su etapa de ministro de Defensa, Narcís Serra actuó muy acertadamente para evitar en el futuro la posibilidad de un nuevo golpe de Estado y con mucha diplomacia renovó definitivamente el estamento castrense.

De todos modos, desde el punto de la justicia histórica restan muchas deudas pendientes, así que la transición fue pan para hoy y hambre para mañana.

Declaración de Barcelona

La Declaración de Barcelona de 1998 constituyó un hecho político insólito, al no tener precedentes desde los años 30 y, además, por la idiosincrasia de los tres partidos políticos que la suscribimos, muy diferentes entre nosotros.

La Declaración surgió como respuesta a la necesidad de retomar la dirección transformadora iniciada en los años 70, de la que nos desviamos en los tiempos de la reforma política; es necesaria una segunda transición para establecer una nueva dialéctica entre el poder central y los gobiernos autónomos. Esa relación, a finales de los 80 y principios de los 90, incluso antes de acceder al poder Aznar en 1996, estaba yendo marcha atrás, sobre todo en el caso de las nacionalidades históricas, y los contenciosos por reparto de competencias entre el gobierno central –sea el poder ejecutivo o legislativo, con la doctrina del Tribunal Cons­titucional– y las correspondientes autonomías demostraban una cierta involución. Desde el mismo momento de su aparición, la Declaración fue atacada desde distintos frentes, y en cuanto Aznar logró mayoría absoluta, el ataque se dirigió contra los poderes autonómicos respectivos de los gobiernos firmantes.

Despropósito gubernamental

Últimamente asistimos a un chantaje por parte del pp sobre el poder político de la Generalitat de Catalunya, así como a un ataque frontal, o agresión, del ejecutivo central contra el gobierno vasco. De modo patente y manifiesto, la llegada de Aznar al poder extinguió toda posibilidad y cauce de negociación política para intentar resolver el tema de la violencia en Euskadi, en contraste con la política desarrollada anteriormente por los gobiernos socialistas (no hace mucho, Pérez Esquivel me explicaba su intervención en los contactos mantenidos por el gobierno central y eta entre enero y abril de 1996). Hay un ataque furibundo, una especie de política de romper todo tipo de puentes de diálogo y de poner contra las cuerdas a las autonomías que intenten ejercer los poderes políticos propios, sobre todo en las cuestiones de desarrollo del autogobierno.

Impedimentos a la difusión de las ideas nacionalistas

Estos ataques vienen acompañados de un proceso de demonización de la conciencia nacional de las sociedades vasca, catalana y gallega, simple aplicación, en el Estado español, de un precepto ideológico característico del proceso de globalización mundial, hasta el punto de impedir que las fuerzas nacionalistas puedan mantener un diálogo con la sociedad y exponer esa nueva cultura política de que habla la Declaración de Barcelona.

Cuando llegamos a una situación de paroxismo tan descomunal como la alcanzada en los últimos tiempos, desde los inicios del mandato de Aznar particularmente, rondan la palestra política una serie de temas que han sido convertidos en tabú por el aparato de propaganda del gobierno central: la reforma de los estatutos de autonomía y de la misma Constitución, el concierto económico, la estructura del Estado, la posibilidad de autodeterminación, etc. Resulta sintomático que salgan a la luz estas cuestiones, pero hubiera sido más lógico hablar de ellas durante todos los años anteriores. Conceptos que forman parte de la sociopolítica más normal se han convertido, por intereses electorales, en armas arrojadizas.

Jordi Pujol, estadista

Jordi Pujol desempeñó un protagonismo decisivo en la transición, porque es un demócrata, un nacionalista y un antifascista, atributos patentes en su biografía personal; al mismo tiempo, su figura y actuación dignifica, dota de contenidos y hace eficaces los poderes atribuidos a la Generalitat y al Parlament en el Estatut de Sau. Ha tenido la capacidad de crear un aparato de Estado catalán sin colisionar con las pautas estructurales de la Constitución española y sus reglas de juego, logro tan difícil como importante. Pujol actúa como hombre de Estado, éste es su valor más reseñable. En los años 80 y 90 se configuró cual verdadero estadista, al entender las cuestiones de España sin abandonar los postulados, criterios y prioridades que corresponden a un President de la Gene­ralitat de Catalunya. Por otra parte, un gobierno prolongado durante más de veinte años, no sólo personalmente sino también a nivel de grupo político, crea una serie de rutinas o de mecanismos de inercia, incluso de resortes y de reflejos en el entorno, como si las cosas fuesen a funcionar siempre igual. En este último mandato hay un enigma en cuanto a su actuación: si no alberga ninguna veleidad de volver a presentarse candidato, como President de la Generalitat tiene las manos mucho más libres para actuar, pues no está condicionado personalmente –otra cosa es su partido– y por tanto cabría pensar que va a actuar con más autonomía en el ámbito de las decisiones. Sin embargo, resulta enigmático ver a Pujol mucho más vacilante ahora, cuando diluye su personalidad de hombre de Estado con capacidad para mantener sus criterios demócratas y nacionalistas. No creo que esta actitud se deba a la situación de su partido ante el pp en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de Diputados.

Elogio de Pere Esteve

En un momento dado, Convergència Democràtica de Catalunya decidió romper la inercia continuista para abrirse a nuevos horizontes: hablo del periodo en que Pere Esteve asumió la secretaría general del partido. Ha sido un hombre fundamental para la renovación del catalanismo político; uno de los pocos políticos nacionalistas catalanes que han entendido cómo se hace política de Estado yendo más allá de la clave doméstica. Fue el artífice y mentor ideológico de la Declaración de Barcelona, y de muchas más cosas.

Nunca como en este momento se hizo patente, ante la propia ciudadanía, lo que significa ser una nación sin Estado

Algo muy importante se puso en evidencia con el desastre ecológico del Prestige4: a efectos estructurales, Galicia no tiene peso ni está considerada cualitativamente dentro de la estrategia del Estado, incluso cuando hay gobiernos del mismo color en los palacios de San Caetano (con Manuel Fraga) y la Mon­cloa (con Aznar), que además tiene un vicepresidente primero gallego (Mariano Rajoy). El gobierno central –y el autonómico también– nos ha brindado un espectáculo de desidia y de desprecio hacia la ciudadanía; de mentira, infundio, inoperancia absoluta e ignorancia de datos muy importantes y elementales, por ejemplo cuáles son los vientos dominantes en las costas gallegas durante el invierno y cuáles son las corrientes marinas.

Nunca como en este momento se hizo patente, ante la propia ciudadanía, lo que significa ser una nación sin Estado. De pronto, los gallegos comprendieron que las instituciones españolas no eran operativas, ni a nivel de la Xunta ni del gobierno central. La ciudadanía hubo de suplir esa carencia y emergió la nación gallega. La tragedia del Prestige ha provocado, como efecto de signo inverso, la emergencia de un nivel de conciencia desde hacía tiempo aletargado en sectores muy amplios del pueblo gallego, y sobre todo la revelación de cuál era la auténtica índole y catadura del poder político del pp dentro de la Xunta de Galicia. Creo que esta conciencia dará lugar a que se limpie mucho más que chapapote.

Fraga llegó a Galicia en los años 80 con ese famoso eslogan, Galego como ti

La fractura en la credibilidad del pp, verificada entre su propia base socioelectoral, no puede remediarse. Es muy grave lo ocurrido con el caso Prestige y conllevará la caída del mito de Fraga. En anteriores elecciones, ciertos sectores de la sociedad gallega se decantaron por el voto al PP al considerar que, en definitiva, se trataba del partido más serio, en donde estaban los políticos que mejor sabían cómo funciona un aparato de Estado. Sin embargo, al comprobar la inoperancia de quienes presumían de eficaces, los electores se han quedado, por así decirlo, patidifusos. También ha contribuido a romper el halo de virtud de Manuel Fraga su autorización a que el gobierno central invadiese las competencias autonómicas, sin ningún resultado positivo. Fraga llegó a Galicia en los años 80 con ese famoso eslogan, Galego como ti; le funcionó entonces, pero ahora buena parte de su base electoral se percata de la falta de respuestas de ese gobernante, cuya acción desmerece de quienes se están enfrentando a la tragedia.

De todos modos, no creo que haya una traslación automática e inmediata de todas estas consideraciones a las elecciones autonómicas venideras, que son municipales y no legislativas, pese al bajón previsto por las encuestas para el pp y a la crisis actual del gobierno de la Xunta. Aunque el pp tendrá enormes dificultades para salir indemne en esas elecciones, pero el verdadero impacto electoral vendrá más tarde, en las legislativas españolas o gallegas.