“El Consejo General del Poder Judicial debería poder elegir su propio presidente”
El poder judicial se encuentra inmerso en una profunda crisis. Al PP y al PSOE les es difícil abordar las reformas necesarias para adecentarlo porque el sistema actual responde a una estrategia conjunta de los dos partidos españoles, de cuya puesta en práctica ambos salen beneficiados.
Debemos asumir la realidad tal como es. España, en lo que atañe a imparcialidad e independencia judiciales, se halla por debajo de países como Botswana, Togo, Uganda, Egipto o Arabia Saudita, según los informes internacionales. Si exceptuamos pequeños retoques, su sistema de Justicia sigue siendo el del siglo xix; los retos para mejorar su Administración no se han sabido abordar. Se carga a los jueces con demasiadas obligaciones, para muchas de las cuales ni siquiera están preparados; no existe carrera judicial propiamente dicha, el ascenso de un juez requiere la designación de un órgano superior sectario y amiguista, no se evalúa su trayectoria ni se reconocen sus méritos o deméritos, lo que produce una gran desmotivación. Si no fuera por el enorme sacrifico de muchos jueces, sería imposible mantener en pie la Administración de Justicia.
En teoría, la función del Consejo es defender la independencia de los jueces, aparte de ocuparse de su nombramiento, formación, expedientes disciplinarios, etc., pero en realidad actúa como una especie de tercera Cámara que, en correspondencia al apoyo político, defiende las posiciones del PP y del PSOE. Sólo gobiernan los miembros del grupo que ostenta la mayoría absoluta, como ocurre en los ayuntamientos; es decir, existe en su seno una mayoría que gobierna y una minoría que se opone.
Ello no obstante, la inmensa mayoría de los jueces de a pie son independientes y su ideología personal no se antepone a la aplicación del Derecho. La cuestión reside en asumir con transparencia los criterios para designar a personas imparciales y no a simpatizantes de sectas, asociaciones o PP-PSOE. En este sentido, no serviría reformar la Constitución para resolver el problema de la Justicia, no es una cuestión tanto de normas como de prácticas. Y el PP-PSOE no va a cambiar un sistema que les beneficia a ambos. Es precisa una reforma a fondo del poder judicial, pero no se hará. Por añadidura, el Consejo General del Poder Judicial tiene un defecto primordial: sus 21 miembros se renuevan todos a la vez cada cinco años. Cada Consejo es nuevo, lo cual le condena a una infancia permanente. Es un órgano sin tradición, pues la memoria de sus vocales se extingue con su relevo. Esto genera nerviosismo entre dichos vocales en la última etapa y afecta a la eficacia de la institución. Renovar es positivo, pero no todo el Consejo a un tiempo, modo perfecto de hacer inútil la búsqueda del acuerdo. El primer examen que debería pasar este órgano para saber si está en condiciones de ejercer sus funciones con independencia consistiría en que el propio Consejo ejerciera la potestad de nombrar a su presidente, y no ratificar lo acordado por PP-PSOE: sería la primera vez en treinta años.
Para finalizar, decir que notarios y registradores disfrutamos de un régimen especial que nos permite ejercer un cargo público y a la vez tener despacho abierto con un sustituto al cargo; es una práctica legal, pero personalmente no considero ético que, mientras se sirve a un cargo de esta relevancia, se goce de los beneficios de un despacho privado. Por eso no lo he hecho.
