“La Constitución contiene los fundamentos del orden económico establecido”
En una Carta Magna como la nuestra, nacida del consenso de todas las fuerzas políticas y sociales protagonistas dela Transición, se encuentran recogidos los fundamentos del orden económico establecido. Se trata de un conjunto de preceptos constitucionales dentro de cuyos límites ha de ir desarrollándose la vida económica del país. Estos preceptos rigen la actividad económica desplegada por el propio Estado y por los ciudadanos que lo conforman, determinando y acotando los derechos y las libertades, las obligaciones y los deberes tanto del uno como de los otros a la hora de poner en práctica dicha actividad. A este conjunto de normas se le ha denominado “Constitución Económica”. Dentro de ella se asientan conceptos tan esenciales como la propiedad privada y la libertad de empresa, así como la iniciativa y propiedad públicas, agrupados y tutelados todos ellos bajo los parámetros de una estructura estatal que regula e interviene en una economía de mercado, lo que se entiende comúnmente por capitalismo mixto.
El papel que desempeña el Gobierno en este tipo de capitalismo es vital. La legalidad del marco social, la necesidad de reordenar y asignar recursos y la redistribución de la renta son funciones del Gobierno, así como procurar el logro de una sólida y duradera estabilidad económica. Además, debe cerciorarse de que ningún individuo o empresa obtenga beneficios ilegítimos de otros. Así, protege la propiedad, asegura que se cumplan los contratos y, en general, vigila que todos los mercados lleven a cabo su cometido correctamente. También debe intentar mantener el máximo nivel de competencia posible en tales mercados. Por último, ha de invertir en ámbitos primordiales para la sociedad, como la educación o la sanidad, asumiendo la responsabilidad de evitar períodos de anomalía económica que suelen producirse cuando hay demasiado desempleo o inflación. Con este fin, el Estado desarrolla un sistema regulatorio: establece un régimen jurisdiccional, cuida del orden interior y exterior, asegura las infraestructuras necesarias, ordena y tutela el mecanismo financiero y gestiona el Estado del Bienestar.
Como es sabido, el capitalismo se basa en los principios anteriormente mencionados de propiedad privada, libertad de elección, competencia y economía de libre mercado, pero siempre dando curso libre a la intervención controlada del Gobierno. En una economía de capitalismo mixto desarrollado como la nuestra, mediante un conjunto de agentes integrados en el sector público, y a través del ejercicio del principio de autoridad y representación y del propio mecanismo del mercado, el Estado coordina las funciones económicas principales para garantizar el mayor nivel de bienestar social. En razón de ello, precisa de competencias e instrumentos para la realización de estas funciones económicas. No cabe duda de que el crecimiento económico ha de ser considerado el objetivo central de las políticas estatales para lograr y mantener un óptimo desarrollo tanto financiero como social, pues no es sino dicho crecimiento económico el que proporciona los recursos fiscales, requeridos de forma creciente.
En definitiva, toda democracia que se quiera participativa parte del compromiso estatal de realizar una tarea ligada a la ciudadanía, que coordine con rigor sus funciones sociales, preservando al mismo tiempo, y sobre todo, los intereses de la sociedad civil en su conjunto.
