«Hay que evitar malbaratar el privilegio que supone vivir en un Estado de Derecho.»
Como historiador del Derecho he sentido un especial interés porla Historiadela Administraciónde Justicia, sobre todo en su versión no oficial, encarnada en la institución del arbitraje: una solución privada del litigio basada en la concordia y la conciliación. El arbitraje se ha utilizado a menudo en nuestra historia ante el fracaso secular de la Administración de Justicia oficial. La historia de ésta desde la revolución liberal es una sucesión fantasmal de proyectos abortados y leyes inaplicadas, sobre todo por falta de recursos. La Administración de Justicia ha sido la cenicienta del Estado, quizá porque no interesara que funcionase adecuadamente. La Segunda República fue sensible a esta problemática pero sus remedios no se practicaron por su corta vida. Con la democracia se han dado pasos muy importantes; pero sigue sorprendiendo lo bien concebida que están ciertas leyes al respecto y su deficiente implementación por falta de la financiación requerida.
La piedra angular de nuestro sistema democrático es la Constitución, norma básica de la organización social surgida de un pacto sobre el poder, su titularidad popular y ejercicio dividido, para la libertad de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional es el encargado último de custodiar dicho pacto. El Derecho no es más que una emanación del poder concretada en normas, preceptos o reglas para la convivencia en paz. Creo que se critica demasiado y sin fundamento el sesgo político de algunos altos órganos dela Administración de Justicia, sin pensar que son en realidad entes emanados del pacto político constitucional.
Desde luego hay que evitar malbaratar el privilegio que supone vivir en un Estado de Derecho. Durante la dictadura franquista no gozábamos de él; existían unas leyes denominadas fundamentales, fruto de la voluntad omnímoda del dictador, pero no un pacto entre ciudadanos sobre el poder, ni tampoco la división de poderes, pues los asumió todos desde septiembre de 1936 hasta noviembre de 1975. El franquismo supuso una involución hacia la época borbónica del siglo XVIII, pero con mayor vigor y eficacia en el ejercicio del poder absoluto. El Fuero de los españoles no era ni técnica ni políticamente una carta de derechos del ciudadano; término éste impropio de esa cultura política y que además estaba anatematizado.
Consecuencia de la restauración del Estado de Derecho es la creación progresiva de una cultura jurídica donde los medios de comunicación han jugado un gran papel. Y expresión del florecimiento de esa cultura es la proliferación de las facultades de Derecho y el gran número de juristas surgidos de ellas que ejercen como abogados. Esta cultura jurídica se quiere perfeccionar en la nueva estructura de los estudios universitarios, por cuanto todas las carreras deberán tener en cuenta una formación que contribuya al conocimiento de los derechos humanos y los principios democráticos, de igualdad entre sexos, de solidaridad, de protección medioambiental y de accesibilidad universal.
La abogacía, una de las salidas profesionales de quienes se forman en las facultades de Derecho, exige buena dosis de vocación y capacidad de gestión. Sus conocimientos, ahora, son más revisables que nunca, de ahí la gran oferta de posgrados o másteres. El doctorado, que es la energía nuclear dela Universidad, sirve para reflexionar sobre el saber, innovarlo, hacerlo progresar y reproducirlo.
