“Una tarea de orden público que exige una gran especialización”
Recientemente, el Gobierno ha hecho público un informe, a través de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en el que se critica la actual situación de los colegios profesionales y se cuestiona la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador. Por mi parte, considero indiscutible que un letrado deba colegiarse para ejercer la abogacía. Estimo, asimismo, que dicho informe peca, cuando menos, de maximalista y de unilateral, y que se encuentra gobernado por la idea de resaltar todo lo que pueda limitar el derecho de la libre competencia. Cierto es que todo resulta susceptible de cambio, pero nadie puede negarles dos fines esenciales a los colegios de abogados: uno es la formación continuada de los colegiados en constante reciclaje, lo cual supone una garantía para el ciudadano, pues, al igual que la medicina, la nuestra es una tarea de orden público que exige un alto grado de especialización; el otro fin es velar por el cumplimiento del código deontológico. En Valencia contamos con una Comisión de Deontología independiente dela Juntade Gobierno que tramita las denuncias recibidas, sancionando a los colegiados cuando corresponde, práctica que constituye un ejercicio de autocrítica loable que la sociedad sin duda aprecia.
Por otra parte, me declaro un defensor entusiasta de la mediación y del arbitraje. Su práctica, voluntaria y siempre consentida por el interesado, agiliza las resoluciones y alivia el colapso en los tribunales, aparte de sortear la conflictividad que cualquier procedimiento judicial conlleva. En una mediación intervienen, y es bueno que así sea, diferentes profesionales además del letrado. El año pasado realizamos el primer máster en Mediación junto al CEU, pues juzgamos indispensable, tal y como ya ocurre en el resto de Europa, colaborar con las universidades. Precisamente, hace una semana celebramos unas Jornadas de Arbitraje Internacional en Valencia a las que asistieron unos 200 abogados de todo el mundo y donde se puso de manifiesto la necesidad de potenciar este mecanismo de resolución de conflictos.
Desearía destacar, en otro orden de cosas, que, históricamente, el letrado siempre ha jugado un gran papel en la sociedad. Defender los intereses de otros le hace reflexionar y someterse con gusto al principio de contradicción para llegar al diálogo, grandeza propia de la abogacía. Está más próximo a los problemas del ciudadano, y, dentro de la independencia que lo define, su capacidad de adaptación y voluntad de lucha por defender unos derechos y libertades inalienables lo hacen decisivo en tiempos de cambio, como aconteció durante nuestra Transición. Esa misma independencia debiera existir en el Consejo General del Poder Judicial, donde convendría cambiar el sistema de elección de sus miembros. En un Estado social y democrático las sentencias se han de dictar con arreglo a ley, sin presiones externas y objetivamente. La Administraciónde Justicia, no lo olvidemos, es un servicio público, como lo son la enseñanza y la sanidad, de modo que los jueces tendrían que impregnarse de esta idea.
Por lo demás, como esquema de funcionamiento político y fruto de un consenso coyuntural, nuestra Constitución ha funcionado bien durante treinta años. Estimo que, contando con un similar consenso de todas las fuerzas políticas, así como con la máxima cautela, podría ser modificada en aspectos que han quedado obsoletos.
