ENRIQUE VALDÉS Y ESCALONA
ENRIQUE VALDÉS Y ESCALONA
TH, 3r VOLUM. El estado de derecho después de 1978

ENRIQUE VALDÉS JOGLAR. VALDÉS Y ESCALONA ABOGADOS

Texto del 28/10/08 .
Fotografía cedida por Enrique Valdés.

Decano del Colegio de Abogados de Oviedo, institución que considera imprescindible dada su labor de servicio público, combina esta responsabilidad con el ejercicio liberal de la profesión y los cargos de consejero de la Abogacía Española y de delegado de la Mutualidad General de la Abogacía en Oviedo. Es partidario del Estado autonómico aunque se muestre crítico con algunas competencias, como las medioambientales. Pese a considerarse republicano, valora positivamente la actual monarquía.

Hijo de padres agricultores y experto en Derecho rural

Ejerzo mi profesión de forma libre asesorando y defendiendo a particulares y empresas en el despacho familiar creado en 1994 con mi esposa Begoña Escalona, también abogada. Estamos especializados en Derecho civil y rural, Derecho del trabajo y de la Seguridad Social y Derecho de familia. Entré en contacto con los asuntos del ámbito agrario y rural, especialmente en materia de arrendamientos rústicos históricos, en 1980, cuando comencé a trabajar como asesor jurídico para la Unión de Campesinos Asturianos, una asociación profesional de agricultores y ganaderos. Al principio, mis servicios se limitaron al municipio de Piloña para extenderse después a toda Asturias. Curiosamente, soy hijo de padres agricultores que emigraron en su juventud y que regresaron al pueblo en edad adulta para hacerse cargo de la explotación agraria familiar y continuar así con el oficio de sus antepasados.

 

Recuerdos de la Transición: efervescencia política universitaria y mítines de líderes políticos

Me quedé huérfano a los 16 años y antes de finalizar el bachillerato comencé a trabajar como auxiliar de laboratorio. Cuando obtuve una beca-salario del llamado PIO (Principio de Igualdad de Oportunidades), pedí la liquidación en la empresa y me matriculé en la Facultad de Derecho de Oviedo. El primer recuerdo de la Transición lo asocio, precisamente, con mi traslado a Oviedo. Mi llegada a la ciudad, procedente del pueblo, me produjo un fuerte impacto. En la facultad había una intensa actividad política: fue como descubrir un mundo nuevo. Recuerdo también los mítines de diversos líderes políticos, como Santiago Carrillo, la Pasionaria, Felipe González o Adolfo Suárez. Durante mi estancia en la universidad me afilié al PCE. Formé parte del Comité Universitario del Partido como secretario de Finanzas y participé activamente, desde la retaguardia, en las campañas de las elecciones generales y municipales, así como en los referendos de la reforma política de 1976 y de la Constitución de 1978. Al licenciarme, acabé mi militancia y me dediqué al ejercicio de la abogacía.

La Constitución, que en principio no satisfizo a todos, hoy sigue siendo vigente

Entonces fue menester luchar duramente, porque las diferencias de opinión entre los españoles eran notables, y al final todos nos vimos abocados a ceder para ponernos de acuerdo en unos mínimos fundamentales. Prueba de ello es que la Constitución, que en un principio no satisfizo a todos, aún se mantiene. Por tanto, de momento no considero necesario modificarla; con las interpretaciones del Tribunal Constitucional y los nuevos estatutos de autonomía puede funcionar tal y como está unos cuantos años más. No obstante, si planteamos un proceso de reforma, éste debería desarrollarse de manera muy controlada, sabiendo antes de empezar a dónde pretendemos llegar para evitar futuros desencuentros y problemas.

 

Reformar el Senado y acabar con la Ley Sálica

Si se sopesa una reforma del texto constitucional, uno de los aspectos que podrían modificarse, siempre y cuando hubiera un control de todo el proceso, es el papel del Senado, a fin de que fuera una verdadera Cámara de representación territorial. En otro orden de cosas, una Constitución que refleja la igualdad de género debería permitir que la Corona pudiera recaer sobre una mujer.

 

Partidario de la descentralización siempre que no implique caos administrativo

Soy partidario de la descentralización y del Estado de las Autonomías, siempre y cuando éste contribuya al buen funcionamiento de las instituciones y busque el beneficio de todos los ciudadanos. Aunque las autonomías merecen tener voz y voto, considero que la última palabra ha de ser potestad del Estado, pues es un poder superior al de cada comunidad. Por poner un ejemplo, el Parque Nacional de los Picos de Europa depende de cuatro administraciones públicas: las comunidades autónomas de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León, así como del Ministerio de Medio Ambiente. Ante tan diversos responsables, la toma de decisiones se hace harto difícil.

 

Quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos

No ha sido positivo otorgar tantas competencias a los ayuntamientos en materia de urbanismo, sobre todo a los pequeños. Es más fácil corromper a un alcalde o a un técnico en el consistorio de una localidad que a un representante de una autonomía o de un Estado. Se han llegado a cometer verdaderas barbaridades en este ámbito.

 

Habría que unificar los programas sanitarios y educativos

Opino que habría que unificar los programas educativos de las diferentes comunidades autónomas. Ocurre que los escolares estudian mucha historia de su tierra, lo que sin duda es importante, pero no ponen esa información de tipo local o provincial en relación con un contexto mayor, bien sea estatal, europeo o mundial. Deberían establecerse los distintos planes educativos con una perspectiva más amplia. En Asturias se cuenta que en Cataluña hay un libro escolar que explica que el Ebro es un río catalán que nace en tierras lejanas. Con la Sanidad también ocurre algo similar: los ciudadanos tienen cobertura diferente según la comunidad autónoma en la que residan.

 

Se introducen enmiendas legislativas sin volver a leer la norma entera

Actualmente, cuando un abogado redacta una demanda y la deja encima de la mesa unos días para estudiarla mejor puede ocurrir que, durante ese plazo, cambie algún precepto de la legislación aplicable. Si la presenta en el juzgado sin tener en cuenta esa modificación, quizá cometa un error irremediable. Además, se suelen introducir enmiendas para modificar un artículo o un párrafo concreto sin volver a leer la norma entera; esto es muy peligroso, porque en ocasiones hay artículos que se contradicen. Se legisla demasiado y con poco sosiego.

 

Defectos técnicos en la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos

La Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos padece una deficiente redacción: algunos de sus puntos están poco o nada desarrollados. Además, existen jueces, afortunadamente pocos, que mantienen una postura militante en contra de lo que consideran privilegios injustificados de los arrendatarios. Se dice que hay bastantes jueces hijos de arrendadores, es decir, de los propietarios de las tierras, pero que no hay ninguno que sea hijo de arrendatarios. Personalmente, creo que son exageraciones. Sin embargo, es cierto que la ley, a pesar de ser relativamente buena, tiene algunos defectos técnicos que permiten a algunos jueces dejar de aplicarla. Uno de sus grandes problemas es la cuestión de las mejoras. He manejado docenas de contratos de arrendamiento del siglo xix y cuando se describe la vivienda se suele decir: casa de tantos metros cuadrados de una sola planta con piso terreno. Eran, pues, casas que no tenían ni cemento ni madera en el suelo y que gracias a las inversiones realizadas por el inquilino hoy son dignas, con dos plantas, suelo de madera, agua corriente, luz, teléfono y cuarto de baño. Sin embargo, cuando al arrendatario se le acaba el contrato y no se le renueva, se tiene que ir sin ningún tipo de compensación económica por las reformas realizadas. La ley exige demasiados requisitos para que las mejoras sean indemnizables y el abogado del arrendador siempre puede encontrar algún argumento para no pagar: es una injusticia flagrante.

 

La abogacía es la única profesión colegiada que se nombra en la Constitución

La abogacía es la única profesión colegiada que se nombra en la Constitución, es “el colegio” por excelencia. Los colegios profesionales tienen dos funciones: el servicio a los colegiados y el servicio al público. Lo segundo es muy importante en nuestra profesión. Tengamos en cuenta que el ciudadano que acude a un abogado no tiene por qué poseer conocimientos de nuestro trabajo o nuestros honorarios. Y hay compañeros –los menos– que abusan de ello. Cuando nos llega una queja, abrimos un expediente y, si hay responsabilidad, sancionamos. En nuestro oficio, el colegio es imprescindible.

 

Una actividad que me reporta satisfacción

Soy decano del Colegio de Abogados de Oviedo desde el año pasado. Me conmueven las muestras de apoyo y agradecimiento de muchos compañeros por los esfuerzos que le dedico a este cargo y a la profesión. El decanato toma buena parte de mi tiempo y no me genera ningún beneficio económico; hay quien no entiende, pues, que invierta tantas horas en él, y más cuando tengo un despacho en funcionamiento. Pero, como he dicho, los colegios de abogados me parecen imprescindibles y, siendo por tanto consecuente con ello, es un orgullo y una satisfacción estar al frente de uno.

 

El Príncipe Felipe llegará a reinar, pero dudo que sea por abdicación del Rey

Intelectualmente, me defino como republicano. Sin embargo, me agrada la monarquía española. Creo que esta institución puede durar muchas generaciones siempre que no suceda algo extraordinario o el Monarca de turno no cometa algún error grave. El Príncipe Felipe llegará a reinar, pero dudo que sea por abdicación del Rey, ya que dar ese paso podría ser arriesgado: hay consenso sobre don Juan Carlos, pero no tanto sobre su hijo.