Texto del 11/03/2013
“El mayor salto cualitativo que ha experimentado España en el último cuarto de siglo ha sido el de la educación. Por ello, debemos concebir la universidad desde el punto de vista cultural, social y también económico”
En las universidades españolas estudian más de un millón y medio de personas, en su inmensa mayoría jóvenes de los que se espera que –gracias a su formación superior– puedan contribuir de forma decisiva a nuestra riqueza colectiva (social, económica, cultural…) en un futuro cercano. El sistema educativo en nuestro país, en particular el sistema público, está concebido como uno de los pilares del Estado Social que nuestra Constitución preconiza. Hoy la sociedad española contempla la educación pública como una conquista histórica, que garantiza la igualdad de oportunidades en un marco de equidad.
En lo que corresponde a la universidad, la sociedad española tiene derecho a que este objetivo de progreso se logre con los más elevados niveles de calidad y referencia internacional, para lo que es imprescindible una suficiente disponibilidad de recursos materiales y humanos, una buena capacitación docente e investigadora del profesorado, y el fomento de la transferencia del conocimiento más allá de los aspectos puramente formativos.
En un llamamiento a mejorar la preparación de los jóvenes españoles, el Príncipe don Felipe afirmó recientemente que “invertir en educación e investigación [sic] es siempre social y económicamente rentable. No nos podemos permitir dudar sobre esto; es absolutamente necesario; diría que es un imperativo de nuestros tiempos. Es el camino.”
La universidad pública es justicia social, riqueza y empleo sostenible hoy y también garantiza la justicia social, la riqueza y el empleo sostenible del futuro. El mayor salto cualitativo que ha experimentado España en el último cuarto de siglo ha sido el de la educación. Por lo tanto, debemos concebir la universidad no solo desde el punto de vista cultural y social, sino también desde el económico.
Un estudio realizado por el conjunto de las universidades catalanas sobre el impacto socioeconómico de la educación superior no deja lugar a dudas. Su principal conclusión es que “las universidades son probablemente las instituciones de mayor impacto y que más valor añadido aportan a su territorio, ya sea por la vía de la formación y el capital humano, la investigación científica, el desarrollo social y cultural, o por la innovación.”
En Andalucía contamos con un informe aún más contundente que cuantifica la contribución de las universidades públicas al desarrollo territorial. Un estudio de la Universidad de Málaga sobre el “Impacto Socioeconómico de las Universidades Públicas de Andalucía” revela que, mientras la inversión pública en educación superior apenas supera el uno por ciento del PIB regional, la aportación de las universidades andaluzas al PIB de la comunidad llega al cuatro por ciento.
Por ese motivo los rectores y las rectoras de las universidades españolas nos hemos dirigido al Gobierno de España y a los Gobiernos autonómicos para que consideren la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación como una inversión esencial y no como un gasto. La apuesta por el futuro pasa necesariamente por poner en valor y apoyar activamente al sistema público universitario, como factor imprescindible para la recuperación económica y la construcción de un nuevo modelo de crecimiento sostenible.
