Texto del 17/06/2008 .
Fotografía: Antonio Martín

Para este abogado arancetano, el principal objetivo de su profesión pasa por defender los derechos del pueblo llano del modo más asequible y explícito posible. Piensa que la Justicia, aún después de todos estos años de democracia, todavía tiene mucho camino que recorrer. Se siente orgulloso de pertenecer a un colectivo que le permite trabajar a diario activamente en beneficio de la sociedad y, por otro lado, no oculta su pesar por los casos de corrupción urbanística habidos en España.

Una profesión dedicada al servicio del ciudadano

Desde que me licencié, en 1977, nunca he cejado en practicar mi oficio movido por el propósito de corregir las injusticias que todavía se dan en nuestro Estado de Derecho. Dirijo junto a mi esposa, Carmen Rodríguez Flores, el Bufete de Abogados Ruiz de Toledo-Rodríguez y estoy especializado en Derecho laboral, especialmente en lo relacionado con la Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo. También he intervenido en casos relacionados con la mala praxis médica y la corrupción urbanística. Por otro lado, soy un enamorado del Real Sitio y Villa de Aranjuez y gran parte de mi tiempo libre y esfuerzo lo he dedicado –y dedico– a su conservación y recuperación, desde diversas entidades: el Ayuntamiento, el Ateneo de Izquierdas, la Sociedad para la Recuperación de la Azuda de la Montaña…

CCOO dejó su impronta en muchos abogados de entonces

Cuando, al caer la dictadura de Franco, se legalizaron los sindicatos, gran parte de los miembros de los despachos laboralistas de entonces nos integramos en la estructura de Comisiones Obreras. Posteriormente, bien porque no compartíamos el papel estrictamente funcionarial que se nos pretendía asignar, o bien porque ambicionábamos crecer profesionalmente, nos fuimos dedicando a la magistratura o volvimos al ejercicio libre de la profesión. En cualquier caso, la relación con Comisiones Obreras dejó una huella imborrable en algunos de nosotros. Nuestro afán por ayudar, nuestra empecinada lucha por la seguridad en el puesto de trabajo, nuestra dedicación a las clases menos favorecidas de la sociedad, definieron el carácter de nuestros objetivos. Un asunto de mi máxima preocupación es la mala praxis médica semioculta en un cierto oscurantismo gremial de la clase médica y los gestores de los hospitales. Las indemnizaciones, por lo general, llegan tarde y mal. Todavía hay mucho que lograr al respecto.

No hubo ruptura durante la Transición, sino reforma pactada

Poseo un recuerdo muy nítido de aquellos años de la Transición. En determinados momentos se produjo un vacío de poder que no se aprovechó suficientemente y que hubiera permitido avanzar más en la importante transformación que tuvo lugar. Para los más jóvenes dicha transformación trajo consigo una inevitable frustración, pues nuestro planteamiento inicial no contemplaba, por ejemplo, ni la aceptación del marco monárquico ni el posterior ingreso de España en la OTAN. No hubo exactamente una ruptura, sino una reforma pactada. Fue un período de claroscuros, pero el balance que puede hacerse desde la atalaya del tiempo transcurrido es, en definitiva, positivo. Creo, sin embargo, que ha llegado el momento de acometer lo que quedó pendiente entonces.

Es tiempo para negociar una reforma de la Constitución

La reforma de la Constitución debería aprovecharse para concretar aún más la organización territorial de España. El Estado de las Autonomías fue el mayor elemento de ruptura con relación al régimen franquista. Nuestro sistema autonómico es parecido al federal, pero con una importante diferencia de raíz: en los estados federales se trata de un proceso de unión de estados independientes que deciden, buscando su propio desarrollo político y económico-social, constituirse en una sola nación dotada de un gobierno central. En España el proceso es a la inversa. Contamos con un Estado centralista que decide constituirse en Estado descentralizado y ceder parte de sus atribuciones a otros estados, algunos de los cuales no tienen claro hasta dónde llega el límite de cesión de competencias por parte del gobierno central. Otro problema político de la Constitución, a mi juicio, consiste en definir el papel que debería jugar el Senado como cámara o institución territorial; incluso puede plantearse su eliminación y volver a un sistema unicameral como en la Segunda República.

Abogar por un Tribunal Constitucional cercano al ciudadano

La tarea del Tribunal Constitucional es resolver los conflictos entre los estados autonómicos y el gobierno central, o los de los gobiernos autonómicos entre sí. La institución, en principio, debería velar por los derechos constitucionales de los ciudadanos y no sólo por las diferentes estructuras gubernamentales o estatales. No debería actuar como árbitro entre los distintos estados, sino entre los estados y los propios ciudadanos. Sin embargo, la realidad es que se da preferencia a los recursos presentados por las comunidades autónomas o los organismos económicamente más poderosos en detrimento de los recursos presentados por los particulares en condiciones económico-sociales menos favorables.

Los jueces, en su conjunto, no están a la altura de la sociedad

Creo que el problema de fondo no lo constituye tanto la escasa calidad de las leyes sino la imposibilidad o la desidia de ejecutarlas. Indudablemente faltan medios técnicos y humanos para poder resolver esta cuestión de un modo adecuado. Los jueces, en su conjunto, no están a la altura de la sociedad. Ni el sistema de selección ni la práctica ausencia de control sobre su actividad diaria garantizan una aplicación de las leyes según la lógica y sana crítica. Por lo demás, nunca debería legislarse en función de los titulares del periódico. Hay que dejar que los acontecimientos reposen y que cada ley se tome su tiempo para demostrar su eficacia.

España es más un Estado democrático que social

El artículo 47 de la Constitución declara que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es un propósito admirable pero su incumplimiento es palmario. Ya el Conde de Romanones, en los convulsos años de la Restauración, decía: “Aprueben ustedes las leyes, que yo aprobaré los reglamentos”. En el artículo 1.1 de la Constitución se define España como un Estado social y democrático. Es evidente que se han desarrollado mucho más los reglamentos relativos al carácter democrático que al social. Queda un largo trecho que recorrer para el reconocimiento efectivo de los derechos constitucionales de mayor contenido social.

Justicia, parcela relegada por la Administración

No hay parangón posible entre la situación del Ministerio de Economía y Hacienda y la del Ministerio de Justicia. Hubo en su día interés en que la Agencia Tributaria funcionase y efectivamente así ha acabado haciéndolo. La Justicia aún sigue pareciendo una especie de “Cenicienta” de la Administración. Se han firmado varios pactos por la Justicia pero han sido insuficientes. Es inaceptable la dilación en la ejecución de las sentencias.

La corrupción mina el Estado de Derecho

Un país en el que se dan casos de corrupción urbanística y fiscal tan graves como los producidos en la Costa del Sol y en la región de Murcia es un Estado de Derecho de baja calidad. Este tipo de corrupción no solamente afecta a la Administración municipal y, en algunos casos, a la autonómica, sino también a la propia Administración de Justicia y a las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Administración de Justicia no dedica medios suficientes, quizás porque carece de ellos, a atajar los delitos que se cometen a este nivel. La tramitación de este tipo de procesos se alarga excesivamente en el tiempo, en parte por el absentismo de jueces y fiscales. En muchos casos las Sentencias condenatorias adquieren firmeza cuando los políticos condenados ya han abandonado hace tiempo la actividad pública y los funcionarios implicados disfrutan de la jubilación. Deben ampliarse las penas por corrupción y actuar con mayor contundencia al respecto: adoptar medidas cautelares, intentar agilizar los procedimientos, crear jueces de apoyo, etc. Todo juicio complejo retrasa demasiado su conclusión.

Burocratización excesiva del Estado autonómico

El Estado español que existía a la muerte del dictador no se parece en nada al actual. La Administración funciona mejor y los niveles de riqueza y de igualdad son mayores. El Estado autonómico ha favorecido esa evolución. Sin embargo, un problema, que no sólo afecta a las comunidades autónomas sino también a los municipios, es el surgimiento de burocracias superpuestas que van paulatinamente aumentando y consumen buena parte del gasto público. A veces se produce un cierto clientelismo tanto a nivel municipal como autonómico: sufrimos sin duda una proliferación injustificada de funcionariado en determinados departamentos cuando su número en otros, por ejemplo Inspección de Trabajo o Fiscalía especializada, es claramente insuficiente. Las autonomías, pese a ello y en la medida en que han acercado palpablemente la Administración al ciudadano, han sido un gran agente democratizador.

La institución monárquica es esencialmente antidemocrática

Creo que la transmisión de la Jefatura del Estado por vía hereditaria se contradice con el principio democrático y de igualdad ante la Ley. Es cierto que el actual Rey es aceptado de forma mayoritaria, especialmente por su actuación durante el 23-F. En cualquier caso, la Monarquía subsistirá en España mientras los españoles quieran.