Texto del 29-10-2008 .
Fotografía: Foto Rodolfo.
Cabeza de una familia vinculada al Derecho, José Miguel Sáez Santurtún postula una actitud conciliadora en la profesión y en la vida. En su opinión, la existencia de un organismo de represión política como fue el Tribunal de Orden Público define claramente el tipo de Estado que era el franquismo. En cuanto a nuestro actual Estado de Derecho, le preocupan la politización de los altos órganos del poder judicial y la apatía del pueblo, que están convirtiendo la democracia en una partitocracia. Piensa igualmente que la monarquía terminará con don Juan Carlos.
Antaño el letrado gozaba de consideración social y moral
Tengo en el despacho a dos hijos abogados: María y Miguel Sáez-Santurtún Prieto. Este último está preparando el doctorado. María lleva casos de todo tipo y Miguel se encarga más del ámbito penal. Otro hijo, Jorge, el más joven, es notario. De momento ejerce en Mungía, pero se trasladará a Madrid, porque aprobó notarías restringidas. Es un orgullo que tres de mis cinco hijos se hayan decantado por el mundo jurídico, aunque no lo van a tener fácil. Hoy la profesión está masificada. Antes, el letrado gozaba de consideración social y moral; hoy, por desgracia, no es difícil encontrar en la profesión personas de ética dudosa. Aquí en Vizcaya, por ejemplo, somos cerca de 6.000 abogados. Cuando yo me colegié éramos 350, y nos conocíamos todos.
Defendí el primer delito fiscal que se juzgó en la Audiencia Provincial de Vizcaya
Tengo modestamente a gala haber defendido el primer delito fiscal que se juzgó en la Audiencia Provincial de Vizcaya. En su día fue muy importante. También declaré nulo un testamento notarial en las tres instancias: en primera instancia, en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Supremo. Gané también una popular batalla contra los cobradores del frac: en Vizcaya se acabó esta figura. Existe como gestor de cobro, pero sin la famosa indumentaria que buscaba el escarnio del deudor. Con el apoyo del Colegio de Abogados, emprendí cuatro procedimientos contra ellos y se me dio la razón. No estoy en contra de la gestión de cobros, pero sí de lo referente a humillar a quien tiene un problema económico. Este tipo de método vejatorio hundió a muchos empresarios. En este sentido, conviene distinguir al moroso de quien no tiene posibilidad de pagar. Me han llamado abogados de toda España pidiéndome las sentencias para iniciar procesos similares. Con la jurisprudencia que se ha sentado, auguro el final de tan nefasta figura en todo el país.
De guerrero a pactista
Cuando empecé, hace ya cuarenta años, prefería la guerra –laboralmente hablando– más que ahora. Suelo decírselo a mis hijos: siempre hay que buscar el acuerdo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. De cien asuntos que llegan a mi despacho, 98 son arreglos. Logro alcanzar un acuerdo en casi todos los casos, con el único límite a la hora de pactar de no perjudicar a mi representado y de defenderlo con honestidad. Los litigios son caros, se eternizan. Además, en el fondo el representado también prefiere pactar que ir a juicio.
Con la Transición se implantó el Estado de Derecho
La Transición fue muy dura en todos los sentidos. Su artífice principal fue el pueblo español y, si se quiere personalizar en alguien el mérito, quizá Adolfo Suárez sería la figura más relevante. Hubo momentos muy difíciles, como el golpe de Estado del 23-F, magníficamente abortado por el Rey, o las fuertes corrientes nacionalistas de Cataluña, el País Vasco, Galicia y también, aunque menos, de Andalucía… Al aprobar la Constitución, como norma superior que es del ordenamiento jurídico, quedaron derogadas todas las normas que regían el antiguo régimen: el Foro de los Españoles, los Principios Generales del Movimiento… La Carta Magna hizo posible que España se convirtiera en un Estado de Derecho, liberal, social y democrático. Es un Estado de Derecho por la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de lo no favorable y la seguridad jurídica; es liberal a través del pluralismo de los partidos políticos que hace viable la voluntad popular; es social porque la riqueza se distribuye entre los españoles y las regiones, y es democrático porque las urnas otorgan y quitan el poder. La democracia orgánica era una farsa: el franquismo era una dictadura pura y dura, nunca hubo en él un Estado de Derecho, el cual sólo se implantaría con el texto constitucional. Antes, no había garantías, sólo Tribunales de Orden Público y de Excepción.
Seis años para llegar al Tribunal Supremo
La Justicia, cuando no es rápida, como sucede ahora, pierde buena parte de su sentido y utilidad. Aquí en Bilbao, cuando un caso pasa del juzgado a la Audiencia y luego va al Supremo, transcurren cinco o seis años. La situación del sistema judicial es crítica. Se dijo que la reciente huelga era de secretarios, pero también pararon de manera encubierta los jueces. No me extenderé en explicar mi opinión sobre los magistrados, pero considero que necesitan mejorar bastante.
Una notaría abierta equivale a un juzgado cerrado
Las dos vertientes de la seguridad jurídica son el cuerpo normativo y la aplicación de la ley. Respecto al primero, hay demasiadas normas. Y, para pasmo de juristas, duran poco tiempo; son derogadas con la misma celeridad con la que se publican. La Ley del Suelo, por ejemplo, la están cambiando continuamente. Además, se trata de leyes farragosas: la redacción es nefasta, con faltas gramaticales y sintaxis deficiente. No tenemos leyes claras. En cuanto a la aplicación de la ley, antes de llegar a un litigio debería haber otros sistemas de arbitrio o control, quizá a través de los notarios, quienes podrían clarificar mucho las cosas. Siempre he defendido que una notaría abierta equivale a un juzgado cerrado.
Prudencia a la hora de reformar la Carta Magna
Cuando se habla de reformar la Constitución, yo sería muy prudente. Dimos un paso de gigante con ella, a pesar de los defectos que tiene. Por eso soy partidario de no forzar una modificación que pueda llevar a una destrucción completa del texto. Por supuesto que habrá que cambiarlo, pero manteniendo su estructura fundamental. Lo que sí es innegable es el hecho de que esas posibles modificaciones habrán de afectar el poder judicial, que en la actualidad está totalmente politizado. Los jueces carecen de independencia y poder de decisión. Los juristas debemos seguir luchando para recuperar el territorio perdido en ese sentido. También demanda cambios el Tribunal Constitucional, al que se está acudiendo en exceso para dilucidar cuestiones que deberían resolverse en el Parlamento. Dicho organismo, al igual que otras instituciones del Estado como el Tribunal de Cuentas, el Fiscal General del Estado o el Defensor del Pueblo, está excesivamente supeditado a los partidos políticos. Es el problema de nuestra democracia: la voz del pueblo se está apagando. Evidentemente, estamos mejor que en tiempos pretéritos, pero debemos permanecer vigilantes o de lo contrario tendremos que dejar de hablar de democracia y usar un término más exacto para definir nuestro actual funcionamiento: partitocracia. No quisiera cerrar este apartado de reformas necesarias sin aludir al Senado, una cámara totalmente inútil, que debe ser modificada –quizá convirtiéndola en una cámara territorial– o eliminada.
Regionalismo, nacionalismo y autonomías
No hay que confundir el regionalismo con el nacionalismo. El nacionalismo persigue la independencia, la secesión. El regionalismo, en cambio, defiende la idiosincrasia de cada territorio –su cultura, su idioma, su Derecho foral…– pero siempre dentro de la unidad de España. Para mí, las comunidades autónomas responden a ese segundo propósito y por ello son adecuadas e importantes. Sin embargo, hay que reconocer que el Estado autonómico tiene sus luces y sus sombras. Así, si bien es verdad que, por ejemplo, resulta muy beneficioso que la gestión de los servicios públicos la hagan las propias comunidades, oscurecen sus logros otras desventajas del sistema autonómico; la principal, el exceso de funcionariado y de administraciones duplicadas. Esto es una realidad que sufrimos diariamente los juristas. El problema podría solucionarse con un pacto de Estado en el que se precisasen nuevamente las competencias de cada uno de los entes públicos. El País Vasco –y también Navarra– funciona con un régimen fiscal distinto, llamado del “cupo” o del “concierto”. Esto significa que todos los impuestos que se recaudan en la comunidad, se quedan en ella. Solamente pasa al Gobierno central el cupo, esto es, una cantidad determinada. Esta diferencia fiscal llevó a que muchas sociedades de otras comunidades se inscribieran en el País Vasco porque les interesaba, lo que hipertrofió nuestra realidad económica. Además, aunque este tipo de autonomía fiscal es beneficiosa en tiempo de bonanza, en épocas de crisis, sin embargo, resulta nefasta.
La monarquía: una institución sin futuro
En España tenemos formalmente una monarquía parlamentaria, pero incluso la más alta institución del Estado no escapa del todo a la politización que afecta al resto de órganos de poder. Y si bien don Juan Carlos ha tenido actuaciones memorables, como desbaratar el golpe de Estado del 23-F, hay que recordar que fue designado por Franco, no por las urnas. Es verdad que los ciudadanos, en general, se sienten juancarlistas. Además, me da la impresión que, en España, los monárquicos, aunque por un estrecho margen, aventajan a los republicanos. Pero en todo caso, el Monarca no es eterno, y cuando él fallezca –o abdique– su sucesor tal vez no ocupe la vacante. Para mí, la monarquía no tiene futuro.
