Texto del 30/07/2008 .
Fotografía cedida por José Antonio Rubio.
Más de cuarenta años de ejercicio avalan un análisis de la profesión y del Derecho claro, preciso, valiente y crítico. Este letrado asturiano, que logró hacer realidad su vocación con esfuerzo y tenacidad, pese a no contar con el respaldo de la tradición familiar, aboga por la independencia del poder judicial. Considera, sin tapujos, que la Administración de Justicia se sostiene sobre un sistema profundamente caduco y que no se resolverá con reformas o parches.
El abogado es tan bueno por ganar un juicio como por evitarlo
La abogacía es una profesión de utilidad pública. El abogado vive en medio del peligro, entre el cliente y el juez. Y lo más frecuente es que de esa situación se derive algún contratiempo. Desde el momento en que el letrado empieza a trabajar, el cliente descansa y él empieza a sufrir. Entre ambos se genera, además, una relación de plena confianza. Con los años y la experiencia, sabemos menos de Derecho positivo pero somos mucho más sabios en otros aspectos: comprendemos mejor al cliente, le advertimos de todo, somos más exigentes con él y forzamos un mayor número de arreglos, dado que un abogado no sólo es bueno porque gana un juicio, sino también porque sabe evitarlo. Si miro hacia atrás, lo que más añoro en el ejercicio profesional es la buena educación.
Nacimos en un tiempo de escasez que nos enseñó a salir adelante
Las madres cosían los calcetines con una bombilla dentro, se le daba la vuelta a la ropa, el pollo era comida de fiesta y el pluriempleo estaba institucionalizado. Eran tiempos difíciles, muy duros, pero que también nos permitieron un margen de maniobra importante. No tengo ningún tipo de frustración. Teníamos que pelear para salir adelante, y eso fue positivo. Como reacción, a los hijos les dimos demasiadas cosas hechas y les rodeamos de comodidades que no se alcanzaban desde el propio esfuerzo.
Para muchos, la dictadura de Franco no resultó especialmente traumática
La dictadura se vivió como un culto en sociedades provincianas, donde la paz y el orden eran los valores ansiados y donde no existía suficiente información ni sentido crítico. El franquismo nos privó de cultura, de formación y de libertades, pero también hay que admitir que para gran parte de las personas que lo vivieron no resultó especialmente traumático. No fue así para la gente más inquieta, que fue perseguida y detenida. Sin embargo, la mayoría fuimos una masa inerte que pasaba por allí ajena a todo. En la universidad, cursamos la carrera aprendiendo cuanto quisieron enseñarnos, sin inquietudes políticas. Nuestro despertar político, pues, no se produjo hasta la Transición.
Decir que durante el franquismo no existió un Estado de Derecho no es objetivo
Afirmar que durante la dictadura no existió un Estado de Derecho es incierto. Había una legislación básica, que luego se desarrolló, y unos derechos limitados. Es cierto que se mantenían todas las desigualdades y privilegios del mundo, pero no podemos negar que había un incipiente Estado de Derecho. Y no tiene nada que ver la dictadura y su ejercicio práctico con una legislación que estaba ahí. La preocupación social en algunas instancias existió. No sería exacto si lo negáramos.
La Transición nos permitió iniciarnos en el respeto por el pluralismo
La Transición fue una ventana que se abrió y nos dio aire, empezamos a respirar. Lo más importante de entonces fue el despertar a la crítica, sobre todo para muchos jóvenes de provincias, que no teníamos la posibilidad de viajar a Francia, que procedíamos de familias humildes y vivíamos una vida muy reducida. La Transición nos permitió debatir, opinar, emitir juicios, y eso fue muy interesante y ejemplarizante. El pueblo español empezó a reconocer sus derechos y libertades. Nos iniciamos en el respeto por el debate, la disidencia, el pluralismo. Uno de los aspectos más destacados fue el comportamiento ejemplar de las formaciones políticas. El respeto y la elegancia hicieron prevalecer el bien común. Por otro lado, creo que ese período debe ser juzgado de acuerdo con su momento. Las críticas sobre sus errores son ejercicios teóricos a posteriori que se hacen con ventaja.
Reformar la Constitución provocaría muchos conflictos
La Constitución puede presentar algún problema puntual pero no veo viable su modificación, en parte porque ningún partido aceptaría la disolución de las Cortes y porque una reforma en profundidad plantearía problemas más graves que los que se pretendan evitar. No creo que sea el momento de abrir ese debate. Pienso que hay otras urgencias, como es la necesaria independencia del poder judicial y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Por el momento, podemos seguir perfectamente con nuestra Constitución actual. Antes de cambiar nada, habría que ir subiendo “el nivel freático político y cultural”, e ir superando las trabas creadas por los nacionalismos.
El matrimonio del Príncipe Felipe significó un aire fresco y modernizador
El debate sobre la monarquía y la república es ficticio y oportunista. En la calle no se plantea esta cuestión. Es cierto que, desde el punto de vista intelectual, todos podemos ser republicanos; sin embargo, existe una aceptación general de la monarquía. Y el matrimonio del Príncipe Felipe significó un aire fresco y modernizador.
Se ha pasado de la descentralización necesaria a la excesiva
Las autonomías, que nos han traído cosas positivas y negativas, nacen como una reacción a un centralismo acartonado, paralizante, enquistado durante la dictadura. Antes se tenía que ir a Madrid para todo, lo cual era incluso lacerante. Sin embargo, como consecuencia de los guiños políticos a los nacionalismos hechos por los gobernantes de turno de cualquier signo, se ha pasado de la descentralización necesaria al exceso, y eso ha planteado muchos problemas, como una cierta desigualdad de competencias en función de los estatutos. Del mismo modo, en cada autonomía se dictan leyes cuya calidad deja mucho que desear. Y el fomento de la lengua propia se ha convertido en un vehículo de confrontación, en lugar de ser un puente de entendimiento y unidad. A mí me parece que la solución actual pasa por el juego de las reivindicaciones, del debate político, del consenso, mientras se van desgastando los nacionalismos y se desarrollan conductas más universales. En cuanto al Estado federal, pienso que crear 17 naciones en España, con comunidades como la Rioja, con poco más de 250.000 habitantes, es inviable.
Falla la imparcialidad de la Justicia a causa de la política
Los representantes de las cámaras, que designan a los tribunales, son delegados por el pueblo, por consiguiente esto legitima los nombramientos. Pero ya sabemos lo que sucede cuando la política entra en contacto con la Justicia: la politización inevitable de la misma hace que desmerezcan sus valores. No hay otra opción: la cúpula judicial debe organizarse desde sus propias instancias, con un concurso de méritos, con magistrados con una carrera dilatada detrás, que sean dignos de crédito. Por muy mal que lo hagan, sus decisiones estarán desprovistas de intereses espurios.
Los ministros de Justicia son políticos que obvian las mejoras de su ministerio
Un país sólo se vertebra equilibradamente mediante el buen funcionamiento de los tribunales y el buen control judicial de la actividad política, pero ello le supone al gobernante un elevado coste económico, el control de su propia actividad y una escasa proporción de votos. ¿Cuál es el resultado? Los ministros de Justicia son políticos puros, desentendidos de las verdaderas necesidades de la Justicia. En el Ministerio sobran los ministros de Justicia.
Soy partidario de Joaquín Costa: pocas leyes y que se cumplan
Hay una proliferación legislativa agobiadora, contraria al principio de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Personalmente, soy del todo partidario de Joaquín Costa: pocas leyes y que se cumplan. Tantas normativas y decretos reflejan un exceso de politización. Hay leyes inoperantes que no conoce nadie. No se puede vivir así de ninguna manera. Debemos tender hacia una legislación comprensible, clarificada. No podemos hacer juegos de manos ni malabarismos en las sentencias, que nadie entiende. Por otro lado, falta en los juzgados una informática puntera. La lentitud instalada en los tribunales se convierte en una forma de injusticia. Asimismo nos encontramos con una disparidad en las resoluciones judiciales que genera una inseguridad jurídica tremenda. No existen medidas eficaces para lograr una unidad de criterios y, como algunos jueces están endiosados, mantienen su criterio. También es vergonzosa la politización de las instancias superiores del poder judicial. Sabemos cómo va a votar el Consejo General antes de tener el resultado. Y estamos empezando a ver ejemplos frecuentes de prevaricaciones.
Nuestro sistema judicial está caduco
La situación de la Justicia no va a solucionarse con ninguna reforma ni parche. Nuestro sistema judicial está caducado. Los procesos están desfasados, son lentos y pesados; los trámites tendrían que simplificarse; la doctrina judicial no está unificada, y las resoluciones frecuentemente se convierten en disquisiciones de salón, teóricas y ajenas al justiciable. Hay que tender hacia una simplificación, una reunificación y una actualización. Propugno la elaboración de un nuevo Código Civil y un nuevo procedimiento. Se debería empezar a consultar a los mejores juristas, a pedir ayuda a los colegios profesionales, a hacer lo que fuera necesario para alcanzar una solución a este problema, que es acuciante pese a que el político se desentienda de él.
