Texto del 15-07-2008 .
Fotografía: Inma Sáinz de Baranda
José Luis Rosillo se define como un abogado en todos los sentidos. Su vocación, forjada a través de la experiencia, se inscribe dentro de una generación puente que vivió el establecimiento de la judicatura democrática, la que hoy requiere una reforma inmediata para hacer frente a las necesidades sociales actuales. Desde su rama, el Derecho penal económico, reclama mayor compromiso de los jueces ante los conflictos de este ámbito, así como la creación de juzgados especializados.
Mantener el sentido vocacional de la abogacía
El Derecho ha cambiado mucho y he tenido la suerte de vivir grandes transformaciones en nuestra profesión. La estructura de los despachos profesionales y nuestra forma de trabajar se ha adaptado a una nueva realidad social. Soy asociado en el bufete Sáinz de Baranda, un espacio compartido por distintos profesionales de la abogacía y de la economía entre los cuales existe una verdadera autonomía e independencia. Me he especializado en Derecho penal y penal económico. He estado muy vinculado a las actividades del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y del Libre Ejercicio de la Abogacía, ex-miembro de la CRAJ y ex-presidente de la Comisión de Derecho Procesal Penal. También formo parte de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona y colaboré en el Instituto de Reinserción Social (IRES). Formo parte de una generación puente porque he crecido con los valores tradicionales de la profesión, y me esfuerzo para que no pierda su sentido vocacional.
Docencia y divulgación del Derecho
Soy un firme defensor de la divulgación del Derecho. Por ello, a lo largo de mi trayectoria profesional he desarrollado una vertiente docente que me permite transmitir conocimientos y experiencia a futuros abogados. Fui profesor-colaborador de la Universidad de Barcelona, y lo soy de la Escuela de Práctica Jurídica, del máster de Derecho Penal del Colegio de Abogados y del Instituto Superior de Derecho y Economía de la Universidad Les Heures de Barcelona. Nuestro despacho ha colaborado con la Administración de Justicia y con la Escuela Judicial impartiendo formación a jueces. Es un tipo de docencia poco potenciada pero muy interesante, con la que el juez entra en contacto con la realidad social y la tarea del letrado. He visto que, en general, para administrar justicia falta formación psicológica: mi bufete permanece abierto siempre a los alumnos que quieran aproximarse al mundo de la abogacía. Por otro lado, he publicado varios estudios monográficos y artículos de opinión y realizo colaboraciones en radio y televisión.
Pasantía como escuela de comportamiento y ética profesional
Soy abogado por accidente. No tenía intención de estudiar Derecho porque me atraía la medicina, pero un psicólogo de la escuela dijo que yo había nacido para ser abogado y parece que tenía razón. Después se me abrió una puerta vocacional inmensa con el ejercicio de la profesión y me siento un letrado en todos los sentidos. Tuve la suerte de tener un gran maestro, Luis del Castillo, con quien trabajé durante siete años de pasante. Me dio unas pautas de trabajo, comportamiento y ética que han sido fundamentales para mi carrera. Por ello creo en la necesidad de la experiencia práctica de la abogacía como requisito previo al pleno ejercicio de la misma.
La Transición corrigió tendencias franquistas en la Justicia
Mi conciencia política nació en el instituto, donde entendí el significado de la opresión política y empecé a tener inquietudes por conocer qué era el franquismo y qué limitaciones imponía. Más tarde, en la universidad, viví de cerca el clima social y político del momento. Mi intervención profesional empieza en el tardofranquismo, al nacer la Constitución y los derechos fundamentales. Esta etapa me marcó bastante como letrado. Durante la Transición surgieron tensiones muy importantes en las instituciones políticas y administrativas, y la actuación de los juristas fue fundamental para corregir ámbitos que estaban cargados de actitudes viciosas, cuando no de represiones y vejaciones.
Irrepetible excepcionalidad política de la Transición
Tenemos que estar agradecidos a la sociedad y a sus representantes, los políticos, que hicieron posible la Transición. Hoy son una clase muy denostada pero en su momento hicieron un esfuerzo para captar los deseos e inquietudes sociales. Fue un camino recorrido de forma casi ejemplar. La Transición exigió protagonistas excepcionales. En la actualidad, la política se ha normalizado para acabar convirtiéndose en mera gestión administrativa, con escasos personajes de suficiente talla política.
La Constitución ha consolidado los valores democráticos
La Constitución, desde el punto de vista jurídico, es mejorable; aunque desde el punto de vista político ha sido un ejercicio de equilibrio espectacular. Conseguir un texto que aúne un país tan diferente, resentido… y que consensúe todo el mundo merece un respeto. El texto constitucional me gusta, es jurídicamente correcto. Y me parece esencial que haya logrado consagrar los valores democráticos y recuperar los derechos fundamentales.
Falta cultura democrática en parte de la judicatura
El sistema jurídico español arrastra problemas importantes y leyes fundamentales que no nacieron en democracia sino en un sistema donde las leyes orgánicas, y especialmente el Código Penal, eran un instrumento de control y represión social muy peligroso. Sólo cuando dichas leyes se han ejercido con mecanismos de autocontrol democrático ha habido garantías. Sin embargo, falta cultura democrática en un sector importante de la judicatura: hay un sentido lejano del servicio público y existe aún cierta actitud de “poder” en el ejercicio de la Administración de Justicia.
Corregir la politización y el endiosamiento de la Justicia
En el marco del Tribunal Constitucional debería corregirse no tanto la existencia de jueces de derechas e izquierdas, sino la utilización política del mismo. Tendría que haber una menor servidumbre a intereses partidistas por parte de los propios jueces. La Justicia es la gran asignatura pendiente de la Transición. Se dice que no funciona por culpa de la clase política pero en realidad existe un cierto endiosamiento del poder judicial. Como el control de sus actos lo establecen ellos mismos, es difícil alcanzar una correcta articulación, ya no digo independiente, sino democrática.
Se legisla más a base de corazón que de cerebro
Parece que ganarse el sueldo como político significa realizar el máximo número posible de leyes. Se legisla más a base de corazón que de cerebro. Esta situación crea inseguridad jurídica, porque es complicado saber cuándo se ha modificado una ley o cuándo se ha promulgado una que modifica parcialmente la anterior. Además, cada operador jurídico interpreta la ley de una manera diferente. A veces, el proceso, en vez de ordenar un litigio, lo complica y desordena. Ello no es más que una muestra de las innumerables causas que evidencian el funcionamiento deficitario de la Administración de Justicia.
Creación de juzgados especializados en Derecho penal económico
El Derecho penal es un código que ha regulado sobre todo conductas antinormativas. Generalmente, el juez resta importancia a los conflictos económicos de orden penal; carece de credibilidad ante ese tipo de cuestiones y actúa con cierto recelo y desconfianza. Hay poca sensibilidad judicial frente a problemas de índole económica. La materia no es sencilla y quizá, por una cuestión de alarma social, un homicidio necesita una reparación más inmediata que un conflicto entre empresas. Creo que la solución pasaría por crear juzgados especializados de Derecho penal económico.
Creer en la reinserción y la rehabilitación de la pena
Mi padre decía: “cuando gobierna la derecha hace política de izquierdas, y cuando lo hace la izquierda, hace política de derechas”. Traigo a colación esta cita porque, actualmente, tenemos un gobierno de izquierdas que legisla poniendo el acento en el sistema punitivo. Pero hay otras alternativas. Creo, como la Constitución (art. 25), en la necesidad de la reinserción y rehabilitación del trasgresor, sobre el que deben anteponerse soluciones anteriores al castigo. Y sobre todo echo en falta un sistema educativo que inculque valores cívicos de convivencia, que seguro evitarían la intervención tan constante del Derecho penal (violencia género, circulación, etc.).
Abandonar el funcionamiento piramidal de la Justicia
El Estado de las Autonomías, a nivel de gestión, ha sido provechoso. Sin embargo, mientras la Administración de Justicia tenga un funcionamiento piramidal y la resolución final del pleito esté en manos de un único órgano de control central, los resultados no serán del todo positivos. Sería conveniente descentralizar también el ámbito judicial.
Federalismo para el futuro de España
Me aterra volver a un estado centralizado, pero también me preocupa lo contrario, un nacionalismo exacerbado con planteamientos endogámicos y sin principio de solidaridad. Nuestro sistema político funciona, pero es susceptible de mejora; el futuro de España puede ser el federalismo, donde nadie se cuestione el conjunto del país pero donde cada Estado cuente con su propio funcionamiento autónomo.
Adecuada función arbitral del Rey
La Monarquía funciona porque no es incómoda, no distorsiona y no genera tensiones. Si tuviera tintes absolutistas o funcionara de otra manera, la ciudadanía reaccionaría. Juan Carlos I ha sabido ejercer muy bien su papel arbitral. Si sabe continuar así y traslada a su sucesor su estilo de actuación, la Monarquía se mantendrá.
