Texto del 29-09-2008
Fotografía cedida por José Mª Rosales.
Decano del Colegio de Abogados de Granada, consejero del Consejo General de la Abogacía y académico de la Real Academia de Jurisprudencia, José Mª Rosales de Angulo fue promotor y vicepresidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Granada en la Transición. Ante el exceso de legislación, demanda un claro reparto de las competencias. Aunque autonomista, no teme el federalismo si éste respeta el principio de igualdad entre los ciudadanos. Ve la monarquía del futuro sólo como una institución histórica, liberada de todo poder.
Libertades conquistadas una a una
Añoro el espíritu de consenso entre las distintas maneras de pensar de los partícipes en el proceso de la Transición, la responsabilidad con la que actuaron para construir una sociedad democrática y pacífica. No fue una tarea fácil. Las libertades se fueron consiguiendo una a una. Más que consiguiendo, arrancando. Por poner un ejemplo, el andalucismo fue legalizado más tardíamente que el Partido Comunista, quizá porque se consideraba incluso más peligroso. Los eventuales males del comunismo ya eran conocidos; los del andalucismo todavía eran una incógnita. Como andaluz, valoro con gran respeto y admiración la tarea desarrollada entonces por Felipe González, Alfonso Guerra, Luis Yáñez o Manuel Chaves, el llamado “poder sevillano”, pero siento un especial agradecimiento hacia Alejandro Rojas-Marcos, que hizo una extraordinaria labor, y que no creo que esté siendo recordado como debiera. Habría que forzar a los políticos actuales a llegar al consenso que se dio entonces, por lo menos en los grandes temas de Estado.
Recuerdo a don Antonio Pedrol y a los grupos de abogados jóvenes
Los colegios de abogados en general, y los letrados también en general y en particular, realizaron una extraordinaria labor en pro de la democracia y la paz. Recordemos, por ejemplo, el entierro de los compañeros laboralistas de Atocha, presidido por don Antonio Pedrol, entonces decano de Madrid y presidente del Consejo General de la Abogacía, en un gesto que ha quedado para los anales de la historia. Pero no fue sólo aquel hecho concreto. En todos los colegios del país hubo movimiento; y esto fue así porque el ejercicio de esta profesión exige intrínsecamente la defensa de una serie de condicionantes, entre ellos la libertad y los derechos humanos. Tenían una enorme influencia los llamados “grupos de abogados jóvenes”. Con su explícito y elocuente nombre, fueron un motor impresionante de transformación política y democrática en muchísimos sitios de España. Fue una tarea muy anónima, los nombres de aquellos abogados no pasarán a la historia, pero ello no desdice su importancia. Tengo el honor de haber formado parte de uno de aquellos grupos que, además, representaban un amplio abanico ideológico.
Reparto claro y correcto de competencias
Es necesario legislar de continuo para avanzar socialmente. Vivimos en sociedades en las que nada permanece; sin embargo, no es fácil encontrar el equilibrio entre poco y mucho o entre bien y mal. Por eso suele decirse que se legisla demasiado y mal, lo cual en cierta manera es verdad. Quizá la profusión de normas que hoy padecemos la explique el hecho de que se legisla simultáneamente en varios ámbitos: a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel autonómico (sin contar las normativas locales). Podría subsanarse esta superposición de normativas repartiendo de manera clara y correcta las competencias entre los tres niveles. Cuestión aparte es que se hagan leyes al ritmo que marquen los titulares de los medios de comunicación y no según las necesidades sociales, como debería suceder. Esta mediatización de la legislación difícilmente remitirá mientras vivamos en una permanente campaña electoral, con los dos grandes partidos siempre enfrentados, sin apenas sentido de la responsabilidad.
Los dos partidos mayoritarios tienen la obligación de acordar definitivamente el método de elección de los órganos del poder judicial
Es lamentable que los partidos políticos mayoritarios no hayan sido capaces hasta ahora de ponerse de acuerdo a la hora de resolver un tema tan importante como es la renovación de los órganos de Poder Judicial. Y es tremendo, sobre todo, porque es su obligación y su cometido sentarse alrededor de una mesa y consensuar sus posturas. Deberían acordar si los órganos de Poder Judicial deben elegirlos los políticos o los propios jueces. Como hombre de leyes y firme defensor del Estado de Derecho, cualquiera de las dos posibilidades me parece aceptable. Sin embargo, es un tema aún por decidir. En caso de que sea una elección política, por ejemplo, puede hacerse vía parlamentaria. Que el Parlamento decida con arreglo a su propia composición, la configuración equitativa de los órganos de poder judicial.
Todos sufrimos el deficiente estado de la Justicia actual
La Justicia requiere un enorme esfuerzo de cambio y de adecuación a los tiempos. Aparte de los errores humanos de los funcionarios de todo rango que se puedan dar, la Justicia funciona en base a un antiguo sistema que demanda cambios muy profundos. La informatización, por ejemplo, es urgente. O la mejora en la Justicia penal, que es quizá la que trasciende más a la opinión pública… Por otro lado, las tardanzas en la jurisdicción contencioso-administrativa son dramáticas. Algo tan simple como pedir una partida de nacimiento, puede conllevar un retraso más propio de un país tercermundista que de un Estado de Derecho. Todos padecemos estos atrasos en la Justicia. ¿Cómo se corrige el despropósito? Está pendiente, por ejemplo, el Libro Blanco de la Justicia. Aunque, para ser también un poco positivo, no todo en el ámbito judicial está tan mal: las autonomías, en líneas generales, están haciendo un tremendo esfuerzo con las competencias de Justicia que les han sido transferidas y su labor ha propiciado una gran mejora en materia de infraestructuras.
Una de la funciones de los abogados es aliviar el colapso de los juzgados
La Justicia es un servicio público de primera magnitud. Sin embargo, no se la dota de grandes partidas presupuestarias. Y eso es así simplemente porque los políticos no van a obtener réditos electorales de ello. Prueba de esto es que no lo ha hecho ninguno de los gobiernos de distinto signo que se han ido sucediendo en democracia. Respecto a los recursos humanos, faltan jueces, secretarios, fiscales… En la formación de los magistrados, por ejemplo, echo de menos un mayor hincapié en la humanística. Pero el problema real no es humano, sino de sistema. Se impone una severa desjudicialización de la sociedad en diversos ámbitos de la vida pública (a favor del arbitraje o la mediación). Harán falta entonces menos efectivos que si se sigue judicializando todo. Muchísimos conflictos no deberían llegar a los juzgados, podrían encauzarse a través de otros mecanismos más económicos. Una de las funciones de los abogados es la de ejercer como filtros. Sin nosotros, habría más pleitos y los juzgados estarían más colapsados; y éste es un servicio que apenas se nos reconoce.
La Constitución es susceptible de mejora
Como toda ley, la Constitución es susceptible de mejora. Los textos de esta índole tarde o temprano deben adecuarse al signo de los tiempos. Con todo el respeto y la consideración que siento por nuestra norma máxima, creo que ya es oportuno que, con mucha cautela, pase por un proceso de transformación, sobre todo en algunos aspectos en los que ya hay un cierto consenso (reforma del Senado, Ley Sálica…). Si hay que estipular qué mayoría sería la necesaria para afrontar la reforma del texto constitucional, me decantaría por los dos tercios. La reforma del Título VIII, relativo a las autonomías, es todo un reto e inspira, qué duda cabe, un cierto temor. Pero nos interesa a todos que las cosas queden bien estipuladas para dotarnos de estabilidad en este ámbito.
Del autonomismo a una España federada
Soy autonomista: me parece muy bien la formula autonómica como sistema de organización del país. Siempre he creído en acercar la Administración al ciudadano. Creo que acercar los problemas es acercar las soluciones. El quid de la cuestión está en repartir bien las competencias. Lógicamente, habrá algunas que sean estatales y otras, sin embargo, que estén mejor en manos de las autonomías. El problema está en determinar bien ambos niveles de competencias y en que su aplicación sea la mejor posible. No sé si estamos cerca de una España federada, porque el federalismo muchas veces es más una cuestión nominalista que efectiva. Lo que se trata, en realidad, es que todas las personas tengan los mismos derechos y deberes, nos llamemos como nos llamemos.
Mantener la monarquía aunque sea sólo como institución tradicional
Hay consenso sobre la monarquía, al menos en lo que se refiere a nuestro actual Rey, don Juan Carlos. No veo por qué ese consenso no puede hacerse extensivo a su sucesor, don Felipe, llegado el día. Según mi impresión, y a pesar de ciertos rumores contrarios, Felipe VI llegará a reinar, pero no lo tendrá fácil tras de la impecable trayectoria de su padre. Aun en un futuro contexto pro-republicano, la monarquía podría ser mantenida, por respeto histórico, como se conserva una institución tradicional o un edificio monumental –si se me permite la comparación–. Evidentemente, este mantenimiento de la institución no conllevaría poder o mando alguno. El Rey podría seguir siendo Rey liberado de la Jefatura del Estado. Respecto a la posibilidad de que don Juan Carlos abdique en favor de su hijo, no me parece deseable. Si sus condiciones físicas y mentales lo permiten, podría alargar su reinado hasta el final.
