Texto del22-12-2008,
Foto cedida por: CELESTINO BARROS PENA
En contraste con la ilusión colectiva de la Transición, Celestino Barros Pena alerta sobre el actual desapego de la ciudadanía respecto a la política. Dedicado a temas de responsabilidad civil, opina asimismo que se legisla según la oportunidad político-mediática y no en base a valores comunes. Denuncia que las víctimas no interesen al Estado y reclama más respeto de los jueces hacia la legítima y necesaria actuación profesional de los abogados.
Del consenso y la ilusión de la Transición al desapego político actual
Lo que más echo de menos de la Transición es la voluntad de conseguir el bien común por encima de intereses particulares. Aunque era muy joven, recuerdo las elecciones de 1977. Mi padre fue designado como presidente de una mesa, hecho anecdótico que sin embargo en casa vivimos con preocupación. Había miedo a la propia consulta y a sus consecuencias, pero a la vez mucha ilusión: eran otros tiempos. Hoy existe un desapego preocupante de la ciudadanía respecto a la política.
Vida política carente tanto de libertad como de pluralidad
Hoy los partidos no evolucionan, no representan formas de participación abierta al pueblo, sino que más bien bloquean su acceso a la política; se diría que los ciudadanos les interesamos sólo en los períodos electorales, y en cuanto a meros votantes. Estas actuaciones generan un déficit de democracia real que se ve incrementado por la falta de liberad y pluralidad de los que son elegidos. A ello contribuyen los medios de comunicación, dando voz y protagonismo preeminente a los partidos hegemónicos. Como consecuencia, poseemos una clase política esclerotizada, generadora de un nuevo tipo de lo que podríamos considerar “democracia orgánica”, compuesta en su inmensa mayoría de gentes que, para alcanzar niveles de decisión, hacen carrera en los aparatos de los partidos y que, por deformación, acaban con una visión del mundo condicionada por su partidismo, ajenos a la realidad vivida por la ciudadanía. La clase política de la Transición estaba compuesta por personas con vida al margen de la política, que además tenían mayor facilidad para convencer con el respeto debido al discrepante en aras del interés común, y ello pese a existir unas ideologías mucho más alejadas. En cambio, la mayoría de los políticos actuales hacen de la política su modus vivendi y anteponen sus intereses particulares de permanencia, lo que les lleva a extremar sus partidismos.
No se legisla en base a valores comunes, si no en función de la oportunidad mediática
En Galicia tenemos un ejemplo paradigmático de legislación a la ligera: cuando se aprobó la anterior Ley de Derecho Civil de Galicia había una disposición adicional en la que se equiparaba en derechos a los matrimonios y a las parejas de hecho que acreditasen un año de convivencia: era una aberración jurídica. Sin embargo, la ley fue aprobada unánimemente por PP, PSOE y BNG, sin que ninguna de las tres fuerzas advirtiera que el estado civil es una materia de orden público que requiere de seguridad jurídica. Resultado: la misma unanimidad que se dio entre los tres partidos al votar la ley, se dio para derogarla antes de que entrara en vigor. No se legisla en base a valores comunes sino en función de la oportunidad política y, sobre todo, mediática.
Se penalizan conductas que el Derecho civil ni siquiera contempla
Se abusa del Código Penal, penalizando conductas que atañen al Derecho civil. Recuerdo que, al principio de mi ejercicio profesional, se intentaba dilucidar en el ámbito civil cuál de las dos partes era la culpable de una crisis matrimonial (por ciertas causas tipificadas: alcoholismo, toxicomanía, infidelidad…). Esas causas se discutían en el juicio y, generalmente, salía perjudicada del divorcio la parte culpable. Así fue hasta que los tribunales de Justicia concluyeron que para separarse bastaba con que una persona ya no quisiera vivir con otra. Por ello, hoy esa problemática se ha trasladado al ámbito penal, con lo que nos encontramos con situaciones tan pintorescas como que un insulto entre cónyuges, que no tiene repercusión en el ámbito civil, la tenga, en cambio, en el ámbito penal. Se penaliza, por tanto, una conducta que el Derecho civil ni siquiera contempla. De manera que el Derecho penal ha dejado de ser la última ratio, la última arma que tiene el Estado para prevenir conductas que atentan contra bienes jurídicos socialmente protegibles. Y eso es pernicioso, porque en muchos casos da pie a demandas por malos tratos totalmente infundadas, buscando con ellas ventajas en el procedimiento penal para las consecuencias civiles. El Derecho penal se antepone, por tanto, al Derecho civil, perdiendo la condición que les es propia.
Al Estado no le interesan las víctimas, sino los delincuentes
Desde el punto de vista penal, una víctima es sólo la excusa para iniciar un procedimiento. La Fiscalía no se pone en contacto con ellas para preguntarles qué les ha sucedido; tampoco les notifican las sentencias, a pesar de que es preceptivo según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello es así porque la víctima no le interesa al Estado. Una vez se abre el procedimiento, el protagonista es quien comete el delito. La víctima se ve ninguneada por el propio sistema judicial, y cuando, rara vez, se quiere subsanar este menosprecio por su repercusión mediática, como ha ocurrido con las víctimas del 11-M, se hace por medio de indemnizaciones desproporcionadas que no tienen parangón en nuestra práctica judicial; un ejemplo, sin duda, del poder y repercusión de los medios de comunicación en la vida judicial.
A veces, los magistrados de primer destino muestran una insultante falta de respeto por la labor de los abogados
Suele decirse que la Administración de Justicia carece de medios, algo no del todo cierto. Aunque ya no quedan juzgados sin ordenadores, en muchos de ellos, durante la mañana se pierde tiempo de manera sistemática en cosas que no deberían ocuparlo. Y también ocurre que, si bien la jornada laboral finaliza a las 15 horas, en muchos casos a las 14 ya apenas queda nadie trabajando en un juzgado. Hay que exigirle a la Administración de Justicia, por tanto, que asuma sus responsabilidades. Otra cosa a tener en cuenta es la falta de respeto de muchos jueces hacia la labor de los abogados, ninguneando nuestra necesaria y legítima actuación profesional, lo que daña en sobremanera a la Justicia, ya que parecen no caer en la cuenta de que el abogado es la voz del justiciable en el proceso y que, al atacar dicha voz, se perjudica precisamente el derecho de defensa del justiciable y se le limita el derecho a la tutela judicial efectiva.
El objetivo de la Administración judicial no es ser rápida, sino justa
“El tiempo se venga de las cosas hechas sin su consentimiento”; es cierto que la Justicia debe ser rápida, y se ha evolucionado mucho en ese sentido, pero la finalidad última de la Justicia no es ser veloz, sino justa. Y si las resoluciones judiciales tardías pueden resultar injustas, la Justicia no ha de impartirse a la ligera, sino que es intrínsecamente reflexiva. Los juicios rápidos suponen algo aberrante, inconstitucional. La astucia de la Justicia rápida es que ofrece al encausado una reducción de condena a cambio de ahorrar al Estado la tramitación de su causa. Lo considero una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva y del derecho de defensa.
Ajustes en materia lingüística y educativa
La Constitución nos ha dado 30 años de paz y prosperidad. Cualquier reforma debería partir de un gran consenso en el que interviniera la pluralidad real: colegios, universidades, sindicatos, organizaciones profesionales… y no sólo los actuales partidos políticos. En el tema de la lengua, considero que de facto se está vulnerando por algunas políticas lingüísticas autonómicas el artículo 3 de la Carta Magna que impone a todos los españoles el deber de conocer el castellano. Amén de ello, el conocimiento del idioma se refuerza por su importancia en la formación del conjunto de ciudadanos, para que todos tengan las mismas posibilidades reales y efectivas de desarrollo personal, pues recordemos que se trata de la tercera lengua más hablada del mundo. Ambas razones, la jurídica y la práctica, deberían hacer reflexionar a los responsables de las distintas autonomías. Se está exacerbando la importancia de saber lo que podemos considerar como “conocimientos identitarios locales” en perjuicio de una enseñanza más científica, lo que sin duda perjudicará a los futuros actores de nuestra aldea global. La politización de la enseñanza es absolutamente negativa, como también el progresivo deterioro del derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban una enseñanza de acuerdo a sus convicciones.
La Administración autonómica es más cercana pero de peor calidad
El Estado de las Autonomías ha acercado la Administración al administrado, pero no tengo claro que esto haya sido clave para el evidente desarrollo del país, pues no sabemos cómo hubiera funcionado su alternativa, una Administración moderna y fuertemente centralizada, a la francesa. El gran problema de la Administración autonómica es la dependencia que tiene de los partidos que ostentan el poder, hecho generador de un notable incremento de la corrupción: cuando están en la oposición, todos los partidos critican la corrupción existente en el nombramiento de funcionarios y personal al servicio de la Administración, mas cuando alcanzan el poder, son víctima de los mismos comportamientos. Ello es un verdadero lastre de las distintas administraciones autonómicas y una vulneración palmaria de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
