Texto del 02/12/2008
Fotografía cedida por Felicísimo García.
La sencillez y claridad con que se expresa este abogado salmantino, residente en Vitoria desde hace 45 años, refleja un carácter que no deja lugar al artificio ni a las grandilocuencias. Piensa que la Constitución no es estática y que podría modificarse en aquellos aspectos que lo requieran. Asimismo, cree que la monarquía perdurará siempre que el Rey sepa rodearse de buenos asesores. Recuerda que en el tardofranquismo se vivió una suerte de Estado de Derecho sui generis.
A las cuatro de la mañana estudiaba y a las nueve me ponía a trabajar
Me dedico a la Justicia desde que tenía 18 años, cuando obtuve plaza, con carácter de interino, y después por oposición, de oficial de la Administración de Justicia. Fue en 1966, año en que también comencé a cursar en horario nocturno los estudios de Graduado Social, los cuales simultaneé con mis servicios de oficial de la Administración de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Vitoria. Seis años más tarde, en 1972, decidí pedir una excedencia, porque comencé a trabajar en un despacho de abogados e inicié estudios de Derecho en la UNED. Tengo un grato recuerdo de esa época, aunque ahora no sería capaz de volver a hacer lo mismo: me levantaba a las cuatro de la mañana para estudiar y a las nueve empezaba a trabajar, sin contar con que también me casé y tuve mi primer hijo.
Las nuevas generaciones difícilmente entenderán lo que supuso la Transición
Es difícil que nuestros hijos o nietos puedan entender igual que nosotros la Transición. Fue una etapa impresionante y también muy dura. Significó pasar a un mar abierto, de aguas profundas, cuando antes todo parecía muy claro y estático. Este período supuso una apertura que desconocíamos; sólo la habían vislumbrado los que habían podido mirar entre rendijas hacia el exterior, ya sea a través de la lectura de algunos libros prohibidos o por medio de algún viaje a otro país.
A finales de la dictadura franquista existió una suerte de Estado de Derecho
En el tardofranquismo se vivió una suerte de Estado de Derecho. El país contaba con unas leyes y unas normas que teníamos que acatar y a las cuales debíamos adaptarnos para intentar impartir el Derecho que existía. Suele suceder que el ser humano se acomoda a lo que tiene y, si puede continuar sin mayores problemas, no se preocupa por mejorar. Sin embargo, se trataba de leyes sin mucha profundidad.
Tras treinta años, deberíamos ser más agradecidos con la Constitución
Tenemos que saber valorar que la Transición no diera lugar a una nueva confrontación entre los españoles, teniendo en cuenta los precedentes históricos. Así, el hecho de que no se produjera ninguna ruptura fue positivo. Hoy en día, sin embargo, se siguen escuchando voces disonantes; hay algunos políticos que me producen cierto pavor. Después de 30 años deberíamos ser más claros y agradecidos con la Constitución que nos ofrecieron los que entonces eran nuestros mayores.
El acuerdo es la consecución de un triunfo
La Carta Magna se elaboró con cierto miedo, pues nadie deseaba un nuevo conflicto social. Eso ocasionó que todos los grupos acabaran cediendo en alguna de sus demandas. Esto, en definitiva, sucede cuando se intenta llegar a un acuerdo: que las partes enfrentadas cedan conlleva que todos pierdan algo. De todas maneras, cualquier consenso supone un triunfo más que un fracaso, porque su consecución implica que se han sabido aunar los intereses de todos para llegar a un bien común. Ese beneficio para todos era, en aquel momento, la Constitución.
¿Qué artículos ocuparían el lugar de los que se reformaran?
La Constitución es una norma válida: ha servido hasta ahora y puede sernos útil en el futuro. Sin embargo, eso no implica que haya de ser estática. Después de 30 años, ciertos artículos deberían modificarse. Para mí no es ningún texto sagrado ni intocable: creo que ya ha llegado el momento de sentarnos, de estudiar y acordar las reformas que requiera, recurriendo a la clarividencia de expertos para que nos asesoren. Lo que no contemplo es la premura de algunos por cambiar aspectos que hasta ahora han funcionado bien, para no saber muy bien qué otros artículos ocuparán el lugar de los reformados. Hemos de quitarle el miedo al miedo: no puede ocurrir nada si se actúa con responsabilidad y conocimiento.
Defensa de los propios intereses con actitud abierta y respetuosa
Hay aspectos de la Constitución que están clarísimos y, sin embargo, sigue habiendo quien no los entiende. Me parece increíble tener que estar insistiendo aún en temas como el Derecho a la vida o la libertad de expresión. De entrada, nunca estoy en contra de nada, para mí es una cuestión de principios. Sin embargo, si defiendo mis intereses y mi opinión con respeto, no tengo por qué imponer a nadie –y mucho menos violentamente, lo que es radicalmente inadmisible– mi punto de vista.
Derogar cuanto antes la Ley Sálica
La Ley Sálica, que impide a las mujeres acceder a la Corona en tanto haya descendencia masculina, es un tema que debería modificarse inmediatamente, antes de que surja el problema, pues ¿qué pasaría si doña Letizia tuviera un hijo varón? Actualmente es una norma tan claramente injusta que los partidos políticos podrían llegar fácilmente a un consenso acerca de su derogación.
Se aprueban nuevas leyes, o se modifican las existentes, sin tener en cuenta a los juristas
Los políticos deciden aprobar nuevas leyes o cambiar otras sin tener en cuenta a los juristas, que somos quienes realmente estamos en contacto con la ley cada día. ¿Por qué no se nos pregunta nuestra opinión antes de llevar a cabo alguna modificación? ¿Por qué no se acude en busca de asesoramiento a los colegios de abogados o al Consejo General de la Abogacía o a profesionales de prestigio? Lo cierto es que, además de legislar en demasía –y, por tanto, de forma imperfecta–, los parlamentarios modifican leyes sin antes haber razonado suficientemente. Por ejemplo, decidieron cambiar el Código Penal, y, aunque reconozco que hay aspectos de la reforma que funcionan bien, la mayoría han resultado un desastre. Otro tanto ocurre con otras leyes en la mente de todos.
Una Justicia en la que los procedimientos se eternizan no es limpia ni justa
En cuanto al funcionamiento de la Administración de Justicia, hay que reconocer que en el País Vasco somos unos privilegiados, pues se producen pocos retrasos y las sentencias se resuelven de forma rápida. Un procedimiento ordinario se soluciona, en primera instancia, en un período de tres a seis meses y, si hay apelación, se alarga sólo otros tres meses más. Por otro lado, también contamos con un sistema informatizado, que funciona bien. Soy del parecer de que una Justicia en la que los procedimientos se eternizan no es limpia ni justa.
¿Es realmente la Justicia un poder independiente?
Los políticos tienen miedo a modificar la Justicia, porque, si introducen cambios en ella, temen que se les pueda escapar de las manos. Y eso es precisamente lo que no quieren. Llegados a este punto, uno se pregunta si realmente la Justicia es un poder independiente. Personalmente, me resisto a admitir que órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tengan que estar tan politizados. El problema de los altos organismos judiciales es que son muy pocos los juristas que pueden llegar a ellos. Y los que lo alcanzan, ¿cómo lo consiguen? ¿A través de favores? ¿O a través de méritos propios? Porque parece claro que, a esos niveles, todos poseen méritos de sobra. La mayoría de los que pretenden llegar al Tribunal Supremo son merecedores de su puesto. Sin embargo, si luego observas como actúan los elegidos, es fácil llegar a la conclusión de que ocupan el cargo gracias al favor de un partido político u otro. La verdad es que demasiadas veces oímos declaraciones de políticos que advierten de antemano el resultado de votaciones y, sinceramente, ¿no roza esto la prevaricación?
Un juez sobrecargado de trabajo no puede cumplir eficazmente su función
El sistema judicial no funciona cuando un juez se ve obligado a asumir miles de sentencias al año. ¿Qué ocurre entonces? Pues que ese magistrado no cumple eficazmente su función porque está sobrecargado de trabajo. Es inútil pretender buscar otras respuestas al mismo problema: la culpa no es del juez, sino, en todo caso, del sistema judicial.
Quizá hubiera sido mejor crear sólo dos autonomías
Es un derroche tener 17 comunidades autónomas, cada una de ellas con los gastos que conlleva su funcionariado, sus gestiones y las infraestructuras para cobijarlos. Cuando se crearon las autonomías, se quiso ofrecer una igualdad para todos los territorios que resultó irreal. Como había una fuerte demanda de autogobierno por parte de dos comunidades, al final se ofreció la misma solución para todas. Pero quizá hubiera sido mejor crear sólo dos autonomías, la del País Vasco y la de Cataluña; dudo que en otras comunidades –con excepción, tal vez, de Galicia– exista ese sentimiento tan fuerte de ser diferente del resto. Un castellano, por ejemplo, se ve español sin más. Por otro lado, hay que reconocer que a Cataluña y a Euskadi les ha tocado tirar del carro, y que han conseguido elevar el nivel económico del país.
La monarquía perdurará con buenos asesores
El quid de la continuidad monárquica reside en el hecho de que el Rey se rodee en todo momento de personas expertas y válidas para asesorarle. Los ciudadanos necesitan ver que las actuaciones del Monarca convencen y que, siempre que se le ha necesitado, ha sabido responder adecuadamente. Así que la monarquía perdurará si don Juan Carlos sabe rodearse de gente que le respalde.
