Texto del 13/10/08
Fotografía cedida por Florina García.

Aunque en el bufete que dirige cuenta con profesionales especializados en todas las ramas del Derecho, Florina García confiesa sentir una especial preferencia por el Derecho penal. Desde su equilibrada visión se rebela contra un sistema legislativo condicionado por la influencia de los medios de comunicación y expone diversos argumentos que justifican la reforma constitucional. En cuanto a la continuidad de la monarquía, cree improbable un futuro reinado de Felipe VI.

Ciudadana americana y española

Sin provenir de ninguna saga de letrados, vine a España desde Puerto Rico en 1970. Cursé Derecho porque era la carrera que siempre había deseado hacer. En 1974 me licencié por la Universidad de Oviedo. Al año siguiente obtuve la licenciatura de grado y posteriormente realicé los cursos de doctorado; finalmente, me colegié. Completé mi formación con numerosos cursos relacionados con el Derecho civil, penal, contencioso-administrativo y laboral, así como el Derecho comunitario europeo y de empresa. Tras diversas experiencias, en 1990 decidí crear el bufete Florina García y Asociados, integrado por un equipo multidisciplinar de siete abogados. Mi hija, Raquel Roca, se ocupa del Derecho comunitario e internacional, la que opino es la rama con mayor proyección de futuro: la gente suele centrarse en las leyes nacionales, olvidando que formamos parte de Europa.

Universidades implicadas en las transformaciones de la Transición

En aquella época las universidades se distinguieron por implicarse a fondo en los cambios de la sociedad. Las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho se contaban entre las más implicadas en las transformaciones que estaban produciéndose. Se palpaba en todos los ámbitos la ilusión y el entusiasmo por llevar adelante el cambio de la manera menos traumática posible. Igualmente, existía un cierto temor a que el proceso fuera el detonante de una nueva guerra. Para evitarlo, se buscó el acuerdo mediante el diálogo. Mientras el PSOE defendía la república, el Partido Comunista se mostraba proclive al pacto, llegando a acuerdos inconcebibles a tenor de su ideología. Pese a vivir una situación muy compleja, al final se logró el consenso que hizo posible la Transición.

Numerosos motivos que justifican la reforma constitucional

La Constitución es una ley de carácter superior que debe adaptarse a la idiosincrasia de los ciudadanos. Existen numerosos argumentos que justifican la enmienda de algunos de sus artículos. No olvidemos que tuvo un antecedente dictatorial y que se redactó en un contexto totalmente distinto al actual, bajo presiones y circunstancias que han desaparecido. Asimismo, la evolución experimentada por nuestra sociedad y nuestro entorno hace imprescindible el cambio. Adaptaría, sobre todo, el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial: me alarma su extremada politización.

Miedo a redefinir el Estado autonómico

Se percibe un cierto temor a la redefinición de las autonomías dentro de la Constitución, por creer que esto puede desmembrar el Estado. Es un miedo que considero incomprensible. En este sentido, y como medida de prevención, el artículo 2º de la Constitución establece que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Asimismo, debemos recordar los artículos que definen las competencias exclusivas del Estado. Con todo, cualquier planteamiento que pretenda instaurar un tipo de Estado federal, debería partir de un referéndum general en el que el conjunto del pueblo español diese su opinión al respecto.

Errores judiciales a causa de las carencias del sistema

A menudo, los denominados errores judiciales en realidad son consecuencia directa de las carencias del sistema. La labor de los jueces consiste en aplicar las leyes existentes y utilizar los medios de que disponen. Cuando los juzgados funcionan con una alarmante sobrecarga de trabajo, con escasez de material y de recursos humanos, es prácticamente imposible llevar a cabo una buena labor. Inmersos en esta situación, los magistrados hacen lo que humanamente les es posible para solventar los problemas que les acucian.

Medios de comunicación afines al poder

Hoy en día, los medios de comunicación son en verdad el cuarto poder, ya que ejercen una notoria influencia sobre el legislador. Su tan cacareada independencia es cuestionable, pues es de dominio público que en España determinados grupos mediáticos son afines al poder, sea éste del PP o del PSOE, y en ambos casos se asemejan al boletín oficial del Gobierno.

La Ley de Violencia de Género considera como agravante pertenecer al sexo masculino

Sabemos que la redacción de las leyes requiere serenidad y rigor, que no deben dictarse normas sin un proceso de reflexión y estudio previo, jaleadas por la presión de los medios. Cuando una ley se elabora a la luz de determinados acontecimientos e incluso de intereses políticos, es en sí misma perversa. En España se legisla en exceso, de manera demasiado rápida y a menudo se elaboran leyes intrascendentes. Ello sucede porque la realidad política, las noticias y la sociedad influyen poderosamente a la hora de legislar. Así, surgen normas como la Ley de Violencia de Género, que considera una agravante específica el hecho de pertenecer al sexo masculino, ya que es una agravante que la víctima sea esposa o mujer o esté ligada por una análoga relación con el autor, pero no sucede lo mismo a la inversa. Este tema se ha llevado al Tribunal Constitucional, que lo defiende amparándose en la mayor fuerza física del hombre. Efectivamente, el hombre suele ser más fuerte, pero también es cierto que la mujer puede hacerse fuerte asesinando con un arma o un vehículo de motor y, en este caso, no se aplicaría esta agravante específica. Por nuestra parte, y en un caso concreto, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, rebatiendo la aplicación de esta agravante específica, y hemos anunciado que, de no admitirse, recurriremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque no podemos contemplar impasibles una injusticia tan flagrante como ésta.

Código Penal y criterio de intervención mínima

El Derecho penal está concebido para aplicarse sólo a determinados supuestos, puesto que tiene un carácter punitivo y sancionador. La gente intenta generalmente recurrir a esta vía, pero los jueces se decantan siempre por el criterio de intervención mínima. Últimamente se ha utilizado en exceso la vía penal para abordar determinadas situaciones que no deberían incluirse en ese ámbito, sino preferentemente en el civil. Aunque algunos de los artículos introducidos recientemente sobran (mientras otros faltan), considero que nuestro Código Penal es bastante aceptable.

Arbitraje y mediación: métodos eficaces pero caros

Con el arbitraje se ahorra mucho tiempo; es un método bueno, rápido y eficaz, aunque muy caro. Sin las ayudas de las instituciones y del Ministerio de Justicia, el arbitraje nunca podrá estar al alcance del pueblo, porque aparte de pagar a los abogados hay que costear a los árbitros. La mediación se introdujo en Asturias en los años 80. En un congreso en Londres descubrí en qué consistía cuando aquí prácticamente no existía este procedimiento de resolución de conflictos. Personalmente, soy partidaria de la mediación: considero que es mejor pactar si existe la posibilidad de alcanzar un buen acuerdo para el cliente, siempre y cuando éste así lo quiera, pues en definitiva es él quien tiene la última palabra.

Frente a un nuevo orden mundial de la economía

Algunas personas que vivieron personalmente el crack del 29 consideran que en estos momentos la crisis económica mundial es incluso más grave que aquélla. Esta opinión es compartida por mucha gente de mi entorno, entre los que se cuentan empresarios, como mi padre, una persona muy culta y preparada, ya nonagenario, que padeció esa crisis cuando vivía en Nueva York. Diez años después estalló la Segunda Guerra Mundial y, tras ella, la economía volvió a resurgir. Todos los analistas apuntan a que la debacle económica presente es durísima, pero también añaden que ahora existe una mayor preparación y coordinación internacional para combatirla. Probablemente, la actual crisis durará menos que otras. Es posible que, tras el declive, resurja una nueva economía, porque parece claro que estos acontecimientos son tan graves que sólo pueden conducirnos a una transformación del sistema económico.

Incierto futuro de la continuidad monárquica española

Resulta chocante que hoy mucha gente se declare juancarlista, aunque no monárquica. Apoyan esta preferencia en actuaciones concretas del Rey, como haber frenado el golpe de Estado del 23-F. Tanto en ésta como en otras intervenciones reales, es tan importante interpretar los resultados como analizar las causas que los produjeron y los actores que intervinieron. La confrontación entre los partidarios de la instauración monárquica y los de la continuidad dinástica se resolvió con la renuncia de derechos de don Juan de Borbón, pero eso no garantiza el futuro monárquico; y, puesto que el juancarlismo no debería trascender a la figura de don Juan Carlos, parece improbable un futuro reinado de Felipe VI, aunque esto es difícil de predecir. Por otro lado, para cambiar de modelo de Estado, es preciso que el pueblo entienda que la monarquía no es imprescindible. Si hubiera elecciones sobre su conveniencia, probablemente el resultado sería negativo por el voto de los nacionalistas y los republicanos tanto de derechas como de izquierdas.