Texto del 1-07-2008
Fotografía cedida por Manuel A. García Martínez
Una visión tradicionalista del Derecho, comprometida con el rigor jurídico, y un gran sentido de la ética deontológica rigen a dos generaciones de abogados que desarrollan el ejercicio de la abogacía con pasión y profesionalidad. Ambos se muestran críticos con el sistema jurídico español pendiente de reforma y defienden con orgullo la Constitución de 1978, una norma básica, válida y actual que debe ser preservada y respetada.
Una vida dedicada al Derecho de empresa
De 1971 a 1978 presté mis servicios profesionales a la sociedad SEPSA dirigiendo los pleitos de la compañía en el terreno mercantil, civil y laboral, así como coordinando la actuación de los letrados de la empresa en diferentes provincias. Desde julio de 1978 hasta el año 1990, al ser absorbida esta sociedad por el Grupo Fagor, pasé a ser socio cooperativo, donde he desempeñado la dirección de la Asesoría Jurídica en el ámbito nacional, lo que me ha permito intervenir en toda clase de asuntos jurídicos. También he ejercido como docente impartiendo materias del área mercantil en los masteres de Asesoría Jurídica del Instituto de Empresa de Madrid y en cursos de postgrado organizados por la CEOE y las organizaciones sindicales. Actualmente desarrollo el ejercicio liberal de mi profesión con especial dedicación a temas mercantiles y laborales, y mis clientes mayoritarios son importantes empresas nacionales.
Especialización en Derecho procesal
Mi padre ha sido un referente a lo largo de mi trayectoria profesional. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. He estado en el Gabinete Jurídico Apodaca, así como en el Despacho Salas Martín, con dedicación casi exclusiva al Derecho procesal en las materias de Derecho civil-mercantil, penal y laboral. Desde el año 2005 formo parte del equipo de García Ruiz Abogados, dedicado al ejercicio del Derecho en todas las materias y especialmente al Derecho civil y penal por vía contenciosa. Colaboro con el Colegio Jurídico del Instituto de Empresa y he publicado diversos artículos en materia de Derecho procesal civil. Me he especializado en una materia apasionante y sobre la que, además, imparto clases en los masteres de Práctica Jurídica y de Práctica Procesal Civil del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas. Además, formo parte del turno de oficio civil del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Aconsejamos el acuerdo para evitar el juicio
Un despacho debe crecer con cuidado, dando prioridad a la realización de un trabajo de calidad y primando el rigor y la profesionalidad por encima de otras consideraciones. Intentamos ofrecer a nuestro representado el mejor asesoramiento. Aunque no nos preocupa llegar a los tribunales porque somos procesalistas –estamos especializados en litigios–, consideramos que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Por ello, siempre aconsejamos al cliente que, si hay posibilidad de acuerdo, lo acepte, pese a que ello a veces vaya en contra de nuestros intereses económicos.
Función pedagógica del abogado actual
El letrado actúa a menudo como pedagogo de la ley y transmisor de las novedades jurídicas a la sociedad. El mundo de la empresa ha vivido muchos cambios en las últimas décadas y los empresarios se han tenido que adaptar a las normativas. Los abogados hemos participado en la normalización jurídica del mundo empresarial, ámbito algo olvidado dentro de la Constitución, que prioriza aspectos políticos.
La Transición fue una época de diálogo difícil
Los años previos al advenimiento democrático fueron complejos a nivel económico e industrial, con el cierre de muchas empresas. Las problemáticas sociales eran evidentes e imperaba la lucha de clases. CCOO era el sindicato más reivindicativo. En esa época el diálogo era muy difícil. Aquellos abogados que se mostraban partidarios de la izquierda planteaban la lucha de clases; en realidad, había más voluntad de enfrentamiento que de diálogo constructivo.
Últimamente existe una mayor fluidez en la relación entre empresario y trabajador
A lo largo de las últimas décadas, afortunadamente las relaciones entre empresario y trabajador han sufrido cambios destacables. Sin ir más lejos, hoy los conflictos son más fáciles de resolver gracias a la negociación y al diálogo entre las partes.
Validez de la Constitución, hoy igual que hace tres décadas
La Constitución lleva 30 años demostrando su validez y el buen criterio de su redacción. No es necesario cambiar algo que ya funciona bien. El trabajo de los padres de la Constitución, con la figura eminente de don Adolfo Suárez, fue fundamental para que hoy esta norma continúe viva. Unos años antes nadie pensaba que en este país se podría plantear la elaboración de una Constitución y la ejecución de una Transición pacífica y modélica hacia la democracia. Para muchos, el fallecimiento de Franco hacía pensar en una total debacle nacional.
Los principios rectores de la Constitución son inamovibles
Esta norma básica establece unos principios válidos que no deberían tocarse, en especial los que hacen referencia a los derechos fundamentales. Sin embargo, no es un libro sagrado; se pueden hacer pequeñas correcciones en determinados aspectos, pero los principios rectores son inamovibles. La Constitución es un auténtico acuerdo pactado y transaccional, en el que todas las partes alcanzaron unos resultados que, sin ser los esperados, convencieron a la mayoría.
Exceso legislativo y mala calidad normativa
En nuestra práctica diaria nos encontramos con una constante evolución legislativa: se legisla demasiado. La sociedad va siempre por delante de la norma, pero ésta nunca se adapta del todo a la realidad porque se introduce con poco criterio. Antes de 1978, la abogacía utilizaba un libro de Marañón que era un compendio de leyes sustantivas y procesales. A partir de la instauración de la Constitución, esto cambió y comenzaron a generarse nuevas normas con excesiva rapidez. En las Cortes no constituyentes existía el proceso de corrección de estilo, es decir, las normas, antes de publicarse, pasaban por unos correctores que las adecuaban gramatical y semánticamente a fin de que fueran inteligibles para la gente. Hoy las normas salen sin revisiones. Por tanto, al exceso legislativo se añade la mala calidad normativa.
Se requiere la intervención del abogado en la redacción legal
La presión de los medios de comunicación en referencia a ciertos temas que salen a la luz pública obliga a legislar con prisas: ni los abogados ni el estamento jurídico intervienen con su opinión y criterio a valorar normas sustantivas y procesales. A veces tenemos la sensación de que los redactores no conocen la dinámica de los juzgados. No es lógico que se elaboren las distintas normativas en función del contexto social y de los intereses concretos del partido que gobierne en ese momento.
Hay que buscar la redención del delincuente
Depende del partido en el gobierno y de la situación social la legislación se modifica en un sentido u otro. Los delitos siguen siendo los mismos, pero se hacen cambios legislativos como si en el Código Penal faltase añadir algo. No es así. Los delitos y penas son los que son y, al fin y al cabo, se trata de aplicar la norma con sentido común. Lo que hay que hacer es redimir al preso, sin embargo, esto es complicado porque faltan medios y la solución, desde luego, no recae en aumentar las penas.
Nadie se atreve a reformar el sistema judicial español
La separación de poderes del Estado nunca será perfecta. Y últimamente parece que esta división ideal propuesta por Montesquieu está cada vez más diluida. En este sentido, la adecuación de la Justicia es una tarea pendiente que nadie se atreve a emprender. Se debería reformular partiendo de cero. Un problema muy importante de la Justicia actual es la dilatación de los plazos. Cuando tenemos que aplicar las leyes en los juzgados nos encontramos con callejones sin salida porque no podemos enmendar dichas leyes y tenemos que esperar a que se rectifiquen. Además, hay algunos funcionarios judiciales que no rinden lo que deberían y algunos jueces que no actúan adecuadamente.
Recuperar el prestigio del abogado
En los últimos años, la figura del letrado ha perdido importancia e interés. Pero el abogado cumple una función social muy importante: es un instrumento más de la Justicia y como tal debería reconocerse su labor.
Se ha roto el principio de solidaridad
Si analizamos la situación presente bajo las modificaciones realizadas en los estatutos autonómicos, el principio de solidaridad se ha roto. Por desgracia, los políticos actuales no tienen visión de Estado, sólo una perspectiva partidista. El Tribunal Constitucional debería defender el principio de solidaridad y mantenerse al margen de cuestiones de índole política. Sea como fuere, la descentralización ha sido positiva para el conjunto del Estado porque ha significado el acercamiento de la Administración al ciudadano. Lo que no se ha hecho correctamente es la multiplicación del funcionariado que esta descentralización ha supuesto. Los gobiernos autonómicos no deben enfrentarse al gobierno central, pero a veces parece que así ocurre.
España es juancarlista
Don Juan Carlos I se ha ganado a pulso su cargo, con actuaciones memorables como la del 23-F. Es, además, el mejor embajador de España en el extranjero. Por ello, a muchos nos preocupa el momento en que falte. En los últimos años ha habido una cierta campaña a favor de una tercera república; en todo caso, el Rey ha cumplido muy bien su misión, con habilidad para representarnos y como árbitro y moderador de muchas situaciones, siempre demostrando gran cariño hacia los españoles.
