Texto del 10/06/08
Fotografía cedida por Francisco Javier Herrera.

En la hermosa villa de Aranjuez, fuente de inspiración de músicos, poetas y pintores, desarrolla su labor diaria Francisco Javier Herrera. Este abogado, que se define a sí mismo como una persona imparcial, revolucionaria y optimista, ansía aportar su granito de arena para combatir todo aquello que le disgusta, principalmente el radicalismo y la injusticia. Sabe que es una utopía, pero su compromiso social le empuja a mantener viva la ilusión de participar en este sueño.

De la seguridad privada a la abogacía

Nací en Madrid dos años antes de la muerte de Franco y ya desde la infancia quise estudiar para ser abogado, carrera que finalmente cursé en la Universidad Complutense de Madrid y que finalicé en 1997 con mucho esfuerzo y tesón. Después hubo un impasse de siete años, antes de abrir mi propio bufete, en el que me dediqué a trabajar en distintas empresas, sobre todo en el ámbito inmobiliario –para Fincas Corral y Valor del Cliente Vitalicio– y en el de la seguridad privada (campo en el que realicé numerosos cursos de formación), para Servimax y Prosegur. Actualmente me dedico al Derecho civil y penal desde mi despacho de Aranjuez.

Hay que abandonar la idea que asocia vivienda con inversión

Toda la experiencia adquirida durante mi etapa como agente inmobiliario me enseñó que en España muchas personas no contemplan la vivienda como un bien imprescindible, sino como una inversión. Hoy en día la gente quiere comprar el piso más grande y más caro para obtener el máximo beneficio cuando decida venderlo. Si pretendemos conseguir la socialización de la vivienda, primeramente habría que cambiar la mentalidad de los españoles y hacerles entender que su casa es únicamente un bien destinado a vivir y, como tal, debe adecuarse a las necesidades reales de cada persona, familia o grupo.

Es competencia del Estado garantizar la seguridad

La seguridad privada está ganando terreno a una protección civil que debería ofrecer el Estado. En algunos lugares hay vigilantes cuya figura es totalmente inútil, mientras que en otros desarrollan funciones propias de los cuerpos de policía o de la guardia civil. Esta situación resulta enormemente provechosa para las empresas privadas, puesto que obtienen cuantiosos beneficios económicos. Al mismo tiempo, esta realidad es cómoda para la Administración, ya que reduce costes y jornadas de trabajo en el funcionariado. Con todo, y después de mi experiencia, pienso que las empresas de seguridad deberían ocuparse exclusivamente de los casos excepcionales, como la protección de establecimientos de alto riesgo.

Abogacía, una profesión vocacional

Existe la falsa creencia acerca de que la abogacía es una ocupación lucrativa, pero mucha gente olvida que es preciso invertir un considerable número de horas y grandes esfuerzos hasta lograr resultados fructíferos. Quien emprende esta labor lo hace generalmente por vocación y esperando cosechar éxitos en el futuro. Para aquellos faltos de afición, siempre será mejor dedicarse a otra tarea. Tal como está estructurada nuestra sociedad, los abogados hemos llegado a convertirnos en piezas clave de nuestro sistema: somos profesionales acostumbrados a lidiar en todos los campos para defender los derechos de los ciudadanos. Sospecho que, sin la independencia de los letrados, se impondría el mando de los poderosos.

Luces y sombras del período de la Transición

El objetivo principal de las fuerzas políticas y de los agentes sociales durante la época de la Transición española consistió en aunar esfuerzos para evitar caer nuevamente en una guerra fraticida. Posteriormente, se extendió la idea de que el cambio había sido un proceso tranquilo, superado con sobresaliente. Vista con una mayor perspectiva histórica, la valoración se reduce hoy a un aprobado mejorable, pues pasamos de la férrea disciplina de una dictadura a una etapa en la que se tomaron demasiadas libertades. Así, el lema hobbiano del hombre lobo para el hombre se tornó en el hombre bueno por naturaleza de Rousseau. Quizás, y puesto que la verdad absoluta no se encuentra en ninguna de las dos expresiones, habría sido más acertado haberse situado en el término medio.

Conseguimos una Constitución perfectamente imperfecta

Desde el punto de vista del Derecho, la elaboración de la Carta Magna significó un fuerte giro en el terreno legislativo. No obstante, fue una Constitución contradictoria, en la que en un artículo se daba la razón a unos y en otro apartado se le daba a otros. Sin ir más lejos, en un párrafo se dice que todo español tiene derecho a una vivienda, pero en otro se indica que se le dará si es posible. Consecuentemente, siempre nos hace falta el Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos que surgen de la interpretación de las nuevas leyes. Ahora, pocos se atreven a modificar la Constitución por temor a descompensar un equilibrio que en ocasiones llega a pender de un hilo. Sin embargo, si insistimos en anclarnos en una Constitución anticuada, cuando llegue el momento de modificarla tal vez haya demasiados cambios que realizar, y el proceso será entonces mucho más complicado. Aunque su revisión sea compleja, dada la situación de crispación política que vive España, se trata de remediar fallos y limar discordancias a fin de alcanzar la armonía deseada.

Incongruencias en la legislación española

En nuestro país se dan paradojas tales como la coexistencia de artículos del Código Civil escritos en estilo decimonónico y normas como la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que sólo en un año ha sufrido cuatro modificaciones. A menudo se crean normas reiterativas con el objetivo de aparentar que se legisla, pero el político puede y debe hacer otras cosas. No debería limitarse a repetir con otras palabras lo que se dijo anteriormente o a crear, por electoralismo, normas contrarias a las del partido rival. Al contrario, debería impulsar la mediación y la regulación para llevar las leyes existentes a la práctica del mejor modo posible.

La Ley de Violencia de Género, un arma de doble filo

Cuando un conflicto puede arreglarse de forma dialogada, soy partidario de la solución consensuada; pero también es cierto que ante una injusticia flagrante rechazo el acuerdo. En toda España, algunas mujeres utilizan la nueva Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para obtener el máximo beneficio particular en el divorcio. En estos casos hay que ir a juicio, porque, si los hombres que comenten violencia de género se merecen la condena que se les impone, la mujer que abusa de la ley también debe recibir un castigo ejemplar, puesto que con esta actitud perjudica gravemente a su ex pareja, así como también a las mujeres que realmente sufren este grave suplicio.

Un poder judicial sometido al Legislativo y al Ejecutivo

Si la clásica división de autoridades del Estado, definida por Montesquieu en su obra Del Espíritu de las Leyes, contemplaba tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, cuya función recaía respectivamente en el Parlamento, el Gobierno y los tribunales de Justicia, hoy en España aquella división se reduce a los mandos legislativo y ejecutivo. Sucede así porque, desde el momento en que el Tribunal Constitucional fue nombrado por el Congreso, el poder judicial quedó inexorablemente sometido a los otros dos poderes. Apruebo que los primeros nombramientos del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial se llevaran a cabo mediante las Cortes; era inevitable en los inicios del período democrático. Sin embargo, tras la incorporación de juristas posteriores a la dictadura, debió cambiarse el sistema de elección para dejar en manos de los jueces la potestad de designar a sus propios representantes.

Caminamos hacia un Estado federal

A mi entender, existe una idea distorsionada acerca de la esencia del Estado de las Autonomías. Debemos ser conscientes de que vamos en dirección a un Estado federal y no hacia una comunidad de Estados, como pretenden hacernos creer algunos partidos políticos. No se trata de crear países totalmente independientes, ya que de esta manera España perdería peso político en todos los ámbitos. En un sistema federal existe un Estado central con otros Estados menores que gozan de libertad dentro del sistema y de una relación ecuánime. De igual manera, para posibilitar el federalismo a largo plazo y consolidarlo, debería establecerse una adecuada compensación entre las distintas entidades territoriales, de manera que ninguna de ellas se considerara víctima de un agravio comparativo.

Premiar al Rey sin renunciar a la república

Por mi educación republicana, me incomoda que la Jefatura del Estado sea asignada por vía hereditaria. Sé que el Rey ha asumido este papel por diversas circunstancias históricas. También reconozco su labor en el cargo y me siento orgulloso de que ocupe este alto puesto. Por tanto, hay que premiarlo manteniéndolo en él, pero me gustaría votar al próximo representante de nuestro país y que fuese en la forma de un presidente de república. Hemos sido afortunados al contar con un monarca como don Juan Carlos I, pero no deberíamos exponernos en el futuro a tener un rey que no cumpla apropiadamente su función. Por otro lado, todavía nos quedan reminiscencias de la dictadura y de la Guerra Civil, y mucha gente suele asociar el sistema republicano con la izquierda. Llevamos sólo treinta años para restañar una herida de cuarenta y la sociedad no parece todavía lo suficientemente madura para afrontar un cambio de esta magnitud. Sin embargo, sí estamos preparados para empezar a abrir un debate constructivo y necesario acerca del tema.